Sucre, (ABI).- El fiscal general Mario Uribe rechazó la renuncia del fiscal Marcelo Soza, de la jurisdicción de La Paz, a la investigación de una célula de mercenarios europeos contratados en 2008 por opositores para encender una guerra en Santa Cruz, fracturar Bolivia y producir un quiebre institucional en el país andino amazónico, conocida como “caso terrorismo”. El Presidente Evo Morales afirmó que la renuncia del fiscal es responsabilidad del Órgano Judicial y llamó a esa instancia a esclarecer esa acción que se investiga desde abril de 2009.

Soza asumió la investigación luego que la Policía desbaratara, el 16 de abril de 2009, en un hotel de Santa Cruz, una gavilla de milicianos europeos, veteranos de la guerra secesionista de los Balcanes, a principios de la década de los ‘90 del siglo pasado.

La banda, encabezada por el mercenario boliviano-húngaro croata, Eduardo Rosza Flores, fue contratada a fines de 2008, luego de fracasar un golpe cívico prefectural contra el presidente Evo Morales, cuyo mandato fue ratificado en agosto de ese año en las urnas con el 67% los votos.

El ex líder civil de Santa Cruz y acaudalado empresario Branco Marinkovic, fue acusado de financiar, junto a otros grupos de poder empresarial, las acciones de la célula de mercenarios europeos.

Una Comisión Multipartidaria del Congreso boliviano de entonces, integrada por legisladores oficialistas y opositores al gobierno de Morales, confirmó, tras una indagación de varios meses, que el grupo terrorista de Rosza, que llegó a Bolivia a cuenta gotas entre octubre de 2008 y marzo del año siguiente, planeaba encender una guerra civil en Santa Cruz y luego promover la separación de la rica provincia boliviana del resto del país andino amazónico.

Tras un atentado con explosivos a la residencia en Santa Cruz del cardenal boliviano Julio Terrazas, el 14 de abril de 2009 y otros anteriores a esa fecha a la casa de dirigentes del gobiernista Movimiento al Socialismo, en esa ciudad oriental, la Policía boliviana halló un arsenal de potentes explosivos en una tienda de la Cooperativa de Teléfonos local (Cotas) en la Expocruz.

Servicios de la inteligencia boliviana lograron infiltrar a Rozsa antes del 16 de abril, uno de cuyos operadores locales, Ignacio Villa Vargas, ‘El Viejo‘, reveló los alcances de la banda de milicianos europeos y sus pretensiones en Bolivia.

La Comisión Multipartidaria del Congreso boliviano de 2009 tuvo acceso a una serie de correos electrónicos enviados, de ida y vuelta, por Rozsa, sus cómplices y sus financiadores locales, sobre cuya base el fiscal Soza fundó las certezas de la investigación que la semana pasada entró a su fase conclusiva. También sobre fotografías y documentos fiscales (facturas) que confirmaron las actividades irregulares de Rózsa y sus cómplices.

El periodista español, Julio Alonzo, corresponsal de guerra en Europa y que siguió a Rozsa en la campaña de los Balcanes, que atomizó a la ex Yugoslavia, con centenares de miles de muertos, incluso en ejecuciones sumarias y genocidio racial, dio fe de las acciones irregulares de Rozsa, que a su vez, en declaraciones a un periodista húngaro, Andreas Kepes, antes de su tristemente célebre incursión boliviana, reveló el contenido de los aprestos para los que fue contratado en Bolivia.

Tras dos años de investigaciones, Soza formalizó, el 17 de diciembre último, a 39 personas vinculadas a la célula terrorista, tras realizar “la valoración sobre el grado de participación de cada uno de ellos en el caso y también porque hemos encontrado suficientes elementos de convicción que los involucran en el hecho terrorista”.

Los acusados detenidos preventivamente en la cárcel de San Pedro, de La Paz, son: Mario Francisco Tadic Astorga, Elod Toaso, Juan Kudelka Zalles, Gelafio Santiesteban, Adalberto Torrez, Mauricio Melgar Roca, Solilo Salces, Gelafio Santiesteban Hurtado, Zvonko Matkovic Ribera, Jorge Eduardo Ribero Durán, Osvaldo Pereira Rivera y Hugo Paz Lavadenz.

Los recluidos en el penal de Palmasola Santa Cruz, son Hugo Vázquez Ortiz, Fernando Hevia y Juan Carlos Velarde, Alcides Mendoza, Juan Carlos Guedes (detención domiciliaria), Mario Herrera Sánchez, Eduardo Soza Chávez, Rodolfo Justiniano, Marco Monasterios, Gary Prado Arauz, Lucio Añez Pedrazas, Juan Carlos Santiesteban, Ronald Castedo, Gary Prado Salmón, Fernando Hevia Correa y Herlan Camacho, que fue liberado por su avanzada edad, y Ronald Suárez imputado en libertad.

Entre los prófugos formalizados figuran Marinkovic, el abogado de la Cámara de Industria y Comercio Alejandro Melgar Pereira, el ex presidente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) David Cejas López, el ex dirigente de la UJC Alfredo Saucedo Ayala, el abogado Alejandro Brown Ibáñez, el ex gerente del Comité Cívico Lorgio Balcázar Arroyo, el ex funcionario de la Fexpocruz Enrique Vaca Pedraza, además de Hugo Achá Melgar, Rony Hurtado Vaca, Luis Alberto Hurtado Vaca, e Ignacio Villa Vargas.

El Jefe de Estado dijo que se sorprendió por la decisión de Soza, que el lunes por la noche anunció que se apartaba del caso, a causa de una campaña mediática de desprestigio y desinformación montada en su contra y de la misma investigación.

“Esta mañana me ha sorprendido esa renuncia a su cargo. Siento que es estrictamente responsabilidad del Órgano Judicial, no responde al Órgano Ejecutivo. Como cualquier ciudadano, como cualquier boliviano es nuestro deseo que se esclarezca lo más antes posibles, no el caso terrorismo, sino separatismo”, puntualizó en una conferencia de prensa dictada en Palacio de Gobierno.

Ante la insistencia de los periodistas sobre una opinión de la decisión de Soza, Morales reconoció que el Estado, el Gobierno, es parte importante del proceso, porque “como Presidente, como Vicepresidente y como Gabinete es obligación defender la unidad del país”. Pero dijo que el Gobierno “salva su responsabilidad”, entregando toda la documentación de la investigación al Órgano Judicial, que debe asumir toda la responsabilidad.

“La renuncia del Fiscal Soza no depende del Presidente ni del Gabinete, depende del Órgano Judicial que tiene que asumir su responsabilidad de dar con los autores, internos y externos, sobre esta división, sobre esta separación”, complementó.

El fiscal Uribe dijo que “mientras él sea funcionario del Ministerio Público y ejerza la labor de fiscal de materia está sujeto no a su voluntad sino a la voluntad de la ley”.