México, (SEMlac).- Los próximos meses de 2011 serán decisivos para América Latina en el terreno electoral, aunque no para las mujeres, cuyas limitaciones de promoción y liderazgo siguen vigentes. Habrá elecciones presidenciales en segunda vuelta en Perú en junio; en Guatemala, en septiembre, en Argentina en octubre y en Nicaragua en noviembre, con varias mujeres en la pasarela electoral. 

Las campañas han incluido discusiones sobre la participación política de las mujeres, aunque la realidad pintada por un estudio minucioso presentado en el Foro Hemisférico sobre la Ciudadanía de las Mujeres, en Washington, del 4 al 6 de abril, evidencia que es necesario y urgente adoptar sanciones para los partidos comprometidos a promover a las mujeres en sus estatutos y que no cumplen.

Realizado en 18 países de la región, el estudio “Partidos políticos y paridad: la ecuación pendiente”, demuestra que, pese a los avances en participación de las mujeres en los últimos 20 años, lapso en el que ha habido nueve jefas de gobierno, el avance no es lineal ni progresivo y la participación femenina es “volátil e incierta”.

Para afirmar los hallazgos, se ha creado la base de datos: Género y Partidos Políticos en América Latina (GEPPAL), disponible para las mujeres en procesos electorales, que aporta información comparativa para mujeres y hombres de los 94 partidos políticos estudiados.

Según el estudio, pese a que en promedio las mujeres son 51 por ciento de la base de los partidos, apenas tienen 16 por ciento de las presidencias o secretarías generales y no llegan a 20 por ciento en cargos de los comités ejecutivos.

Patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (Idea Internacional), el estudio constató que en algunos períodos existen muchas oportunidades para las mujeres y, súbitamente, en la siguiente elección, desaparecen.

El análisis señala que, no obstante los argumentos, se ha demostrado científicamente que ellas sí quieren participar, y que el electorado no las rechaza y las aplaude para que gobiernen.

Dirigida por Vivian Roza, Beatriz Llanos y Gisela Garzón de la Roza, funcionarias del BID y de Idea, la investigación contiene encuestas, testimonios y el examen de los documentos oficiales de los 94 partidos analizados.

El resultado es que en estos existe un “cuello de botella” que impide a las mujeres avanzar y participar realmente en la toma de decisiones de los organismos donde militan.

El estudio da elementos a las mujeres para analizar y exigir a sus órganos partidarios lo que les corresponde, de jure y de facto; exigir que cumplan con los mandatos internacionales, con sus propios estatutos y la retórica con que plantean la necesidad de incluir a las mujeres en los procesos electorales y la democracia.

Durante el foro se recordó que en Argentina, Guatemala y México hay mujeres peleando de la presidencia a las gubernaturas y puestos en las cámaras.

Son momentos de cambio y elecciones definitorias, tras una andanada hacia la derecha que podría desmantelar derechos largamente perseguidos y muchos ganados, como aborto legal, anticoncepción de emergencia y equidad, se advirtió. “Estos meses son críticos y fundamentales”, señaló Vivian Roza en Washington, el 6 de abril, durante el Foto Hemisférico.

En la región, organizaciones de mujeres han levantado una campaña por la paridad en la representación política, se han organizado para colocar la agenda de las mujeres en la sociedad y en los partidos políticos.

La mexicana Carmen Ojesto, coordinadora de mujeres del partido Convergencia (de la coalición de izquierda), sostiene que hay miles de ellas que pueden ocupar puestos electorales, con capacidad y destrezas suficientes para dirigir a sus comunidades.

Es en este contexto que el estudio revela esa volatilidad caprichosa que impide que se consiga una masa crítica de 30 por ciento de mujeres, como lo plantea la meta tres de los objetivos del Milenio, que es la representación mínima, sin la cual es imposible producir cambios sustantivos.

Hallazgos

Los datos del estudio muestran que América Latina está lejos de alcanzar la paridad, entre otras cosas, porque los partidos políticos determinan y seleccionan el sexo de las candidaturas y oportunidades, e impiden, como se hace en el campo de fútbol, desde la portería, que la bola llegue y gane.

Se pudo establecer que en 32 de los 94 partidos políticos de 18 países, no se hace mención alguna de los principios de igualdad y equidad de género o sobre la no discriminación. En México, por ejemplo, sólo es elocuente, el socialdemócrata Convergencia, señala el estudio.

Paradójicamente, en todos los partidos existe una unidad, secretaría o comisión de la mujer, pero con participación limitada en la política general y las decisiones fundamentales. En el 50 por ciento –47 partidos– esa comisión está fuera de los Comités Ejecutivos; solo en el 15 por ciento (13 partidos) se otorgan recursos económicos a esas comisiones.

La falta de recursos en 81 de los 94 partidos estudiados evidencia, además de nula voluntad política para promover a las mujeres, una situación que las limita en su funcionamiento de promotoras de mujeres, en la elaboración de estrategias y en acciones que las induzcan a participar.

Solamente en Brasil, México y Costa Rica la ley electoral obliga a dar un porcentaje de sus recursos para la capacitación de las líderes, que igual se les escatima; y, en México, ningún partido político lo cumple. Se diría que “creada la Ley, creada la trampa”.

Aunque las cuotas de participación están reglamentadas en toda la muestra analizada, faltan mecanismos efectivos de fiscalización y las autoridades electorales no piden rendición de cuentas ni hay sanciones para hacer cumplir los mandatos. Un déficit técnico que se vuelve contra la democracia, subrayan las autoras. El promedio de participación política de las mujeres en la dirección de sus partidos es apenas de 29 por ciento y el problema no es que exista o no la cuota, sino cómo se diseña y cómo se trampea.

Se fueron dictaduras militares, hoy son patriarcales

Las autoras señalan que, 30 años después del retorno de las democracias formales, pese a que fue Chile con la presidencia de Michelle Bachelet el primer país de la región con gabinete paritario, y de que entre 1998 y 2008 creció el número de mujeres ministras, solamente subió 20 por ciento el de las congresistas.

Los promedios en el Congreso, según lo hallado por el estudio hasta 2009, arrojaron que en las cámaras de diputados la participación femenina fue en promedio de 19 por ciento; en los senados, de 15 por ciento. Además, las mujeres solamente estaban dirigiendo 20 por ciento de las comisiones parlamentarias al momento del estudio.

Los promedios, reconocen, ocultan variaciones notables. Por ejemplo, ese año la representación femenina en el Congreso argentino fue de 40 por ciento; mientras, en Colombia, apenas de ocho. Este desbalance es agresivo, ya que varía elección con elección y no hay una línea progresiva.

Las listas electorales para las elecciones en curso muestran que apenas una de cada cuatro candidaturas es para una mujer. Donde la cuota es obligatoria por ley, ellas pueden llegar hasta 25 por ciento.

El estudio señala que este desbalance afecta a mujeres entre mujeres, ya que existe una subrepresentación preocupante para las indígenas y afrodescendientes, incluso en países como Guatemala, donde hay un porcentaje muy alto de población indígena.

El contexto

El estudio reconoce que la situación socioeconómica y la cuestión cultural afectan a las mujeres, pero el verdadero “cuello de botella” está en los partidos, porque “no hay un problema en la oferta de candidaturas elegibles ni en la demanda del electorado”, sino en las reglas de las organizaciones, donde deben trabajar las conciencias feministas arduamente.

En los partidos políticos, los modelos de participación siguen siendo preeminentemente masculinos, poco inclinados a la promoción de los liderazgos femeninos y más si se trata de indígenas o afrodescendientes, señala.

El informe indica que esos espacios juegan un papel fundamental en la determinación del número de mujeres en los cargos; son responsables de reclutar y seleccionar a las y los candidatos; ejercen control sobre quienes eligen en la medida en que deciden quién llega al poder, conforma las listas electorales y tiene recursos para participar, pero que cada vez se alejan más de los intereses de los electores y de sus militantes.

Como partidos, debieran cumplir un papel importante en abordar y representar las preocupaciones y prioridades estratégicas de las mujeres, pues son los principales “guardianes del avance de las mujeres hacia el poder”, por lo que ha llegado el momento de actuar., sostienen, organizando a las mujeres y capacitándolas.

También señalan que las mujeres llegaron a los partidos luego de conseguir el voto, que se logró entre los primeros años y la década del cincuenta del siglo XX en toda América latina, pero fue sobre todo porque los partidos políticos querían ampliar las bases electorales, sin derechos y sin nada. En los últimos 20 años, al influjo del movimiento feminista, las bases femeninas de esos partidos han impulsado algunas modificaciones, a veces sin eco.

* saralovera@yahoo.com.mx

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Bolivia: Las mujeres sólo ocupan la Presidencia en 4 de las 22 Comisiones de la Asamblea

Coordinadora de la Mujer

Mientras el análisis de los datos de representantes en el Órgano de Poder Legislativo a nivel nacional en Bolivia demuestra avances históricos en términos de la presencia de mujeres Diputadas y Senadoras en este espacio[1], su profundización respecto a las jerarquías en el modo de funcionamiento y organización al interior de este ámbito, indica la persistencia de distribuciones asimétricas y desiguales del punto de vista de género de las tareas y los puestos de poder: con los hombres ocupando arrasadora mayoría en las presidencias de las comisiones[2] tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, aparte de las presidencias de las dos Cámaras.

Respecto al tema, vale subrayar que ha habido una reducción de las mujeres presidentas de comisiones en el actual periodo legislativo en comparación a la gestión 2010-2011, a pesar de que entonces ya eran una minoría. Asimismo, en la gestión 2010-2011, el número de mujeres presidentas de comisiones en la Cámara de Diputados era de 4 de un! total de 12 comisiones y pasó a ser de 2, en la actual gestión. En el caso de la Cámara de Senadores, mientras que entre 2010-2011 sí había paridad en las presidencias de las comisiones, con 5 de 10 ocupadas por mujeres, en el actual periodo la presencia de las mismas ha sido reducida a 2 de 10 de comisiones.

En términos de proporción, las mujeres representan un 16,7% en las cabezas de comisiones de la Cámara de Diputados[3], mientras los hombres ocupan 83,3% de las mismas y en la Cámara de Senadores la proporción es de 20% mujeres y 80% hombres. El gráfico abajo ilustra este desbalance de género en la dirigencia de las comisiones temáticas en las dos Cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La desproporción observada se agrava en término de implicaciones de poder si se tiene en cuenta que las dos presidencias de las Cámaras son también ocupadas exclusivamente por representantes masculinos y que, a pesar del aumento de mujeres legisladoras a nivel nacional, estas todavía no llegan a representar la mitad de esta esfera, alcanzando un 28% de los puestos.

Los datos recogidos demuestran la necesidad de reevaluar y profundizar las estrategias para lograr una conformación inclusiva y equitativa de los espacios de poder, como paso necesario para frenar los obstáculos institucionales y las prácticas sistémicas que implican un menor poder de facto a las mujeres, dificultando no solo su ingreso en las esferas públicas de toma de decisión sino también, afectando su posicionamiento y posibilidades una vez dentro de ella.

Estamos en un momento único de la historia del país, en que se evidencia la existencia de voluntad política para la aplicación de los principios de paridad y alternancia en la conformación de los órganos de poder, plasmada como principio en diversos artículos de la Nueva Constitución Política del Estado y traducida y reglamentada, a través de diferentes normas nacionales.

Lograr la paridad, más allá de hecho simbólico, emerge como aspecto central para afianzar la democracia en el país, como medida correctiva de un largo pasado político bajo cuya lógica la simple pertenencia al sexo femenino era sinónimo de no poder ingresar en espacios de toma de decisión. Sin embargo, es necesario profundizar los análisis y acciones en torno a la aplicación de la paridad para que la equidad también se plasme al interior los órganos de poder: en sus valores, mecanismos y reglas de funcionamiento/organización, de manera que, en las prácticas y actividades cotidianas ambos puedan compartir el poder, plantear sus propuestas y decisiones para tener el mismo peso político en las posiciones directivas.

A partir de la difusión de estos análisis y críticas constructivas, esperamos seguir aportando para profundizar reflexiones para seguir el debate hacia la construcción de un Estado y una sociedad que nos incluya, desde la cual podamos aportar con nuestras vivencias, opiniones y decisiones, en igualdad de condiciones, hacia una realidad más justa.

Notas:

1. Respecto al tema, las elecciones de 2009 (posteriores a la promulgación de la nueva Constituciión Política del Estado) evidencian un salto considerable en el número de mujeres parlamentarias a nivel nacional, en la recién creada Asamblea Legislativa Plurinacional, alcanzando la marca histórica de un 44% de la composición del Senado y 23% en la Cámara de Diputados. En ambos casos ha habido aumento en la proporción de legisladoras, siendo que en el caso específico del Senado el número de mujeres saltó de un 4% en la gestión anterior, a un 44% de mujeres.

2. Las Comisiones son órganos permanentes de trabajo, coordinación y consulta de las Cámaras, que cumplen funciones de promover acciones legislativas y fiscalizar las políticas relacionadas con el sector o área de su competencia; informar a la Asamblea sobre los proyectos de ley; considerar, aprobar y hacer seguimiento de las minutas de comunicación; conocer e informar a la Asamblea acerca de los proyectos de resolución y declaraciones camarales; propiciar eventos destinados al análisis de los asuntos referidos a su área; entre otras.

3. En cuanto a la organización de los Comités que conforman cada Comisión, las mujeres encabezan 7 de 37 Secretarías, lo que representa un 18,9% de las mismas. Vale mencionar que los Comités son instancias operativas y de investigación que adicionalmente cumplen la función de nexo entre la ciudadanía y las instituciones del Estado.