El 31 de diciembre de 2004 se había certificado la existencia de 26,70 Trillones de Pies Cúbicos (TCF, por sus siglas en inglés); si a esa cifra le restamos 3,06 TCF producidos entre 2005 y 2010, en el país tendrían que haber actualmente 23,63 TCF; sin embargo, Ryder Scott ha certificado únicamente la existencia de 9,94TCF. ¿Qué ha sucedido con los 13,69 TCF que ahora no existen?

La pregunta que formulamos no es para nada baladí. La cantidad de reservas que ahora no existen a los precios promedios de exportación al Brasil y a la Argentina representan 82.459 y 99.515 millones de dólares, respectivamente. Al actual ritmo de explotación significan también 23 años de producción y/o movimiento económico que no se generaran, regalías e impuestos que el Estado boliviano no percibirá.

Lamentablemente, los ejecutivos de YPFB sólo han ratificado la reducción, no han presentado hasta ahora la información completa ni han brindado las explicaciones suficientes sobre el por qué de dicha reducción. A lo sumo, figura en la página web de YPFB una escueta nota de prensa que en relación a la pregunta formulada aquí, señala:

“…Desde 2004, se aplica un nuevo concepto para interpretación petrofísica para los reservorios fracturados a nivel mundial, determinando los espesores netos productores con mayor precisión debido al avance de tecnologías, así como los nuevos factores de recuperación en base al comportamiento de los campos. …en el pasado, de Golyer y Macnaughton, concebía un método convencional que suponía que dentro del reservorio las estructuras contenedoras de hidrocarburos eran concebidos a un cubo lleno, […] sin embargo el nuevo método petrofísico, más exacto, señala que estas estructuras son fracturadas […] sólo dejan fluir hidrocarburos por pequeños canales, o sea los volúmenes mesurables.”

El problema con esta explicación es que los reservorios fracturados son conocidos hace mucho tiempo, y el conocimiento (modelos) para estimar las reservas que contienen se aplica en la industria petrolera mundial por lo menos desde la década del 70, no desde el año 2004. Algunos analistas sostienen que el modelo petrofísico se cambió porque la Securities and Exchange Commission (SEC) impuso nuevas reglas a fin que las empresas petroleras registren en la Bolsa con mayor exactitud sus reservas; pero esas afirmaciones no son precisas, los cambios realizados por la SEC son efectivos a partir del 1º de enero de 2009, además, la mayoría tiene relación con cuestiones económicas antes que técnicas, y ninguna hace relación a los reservorios fracturados. Entonces ¿Por qué De Golyer and MacNaughton no aplicó el conocimiento sobre reservorios fracturados antes del 2004, o por qué decide aplicarlo recién el año 2005, o es que sólo la Ryder Scott posee este conocimiento?

Si tenemos en cuenta que son las empresas operadoras las que cuantifican las reservas y la certificadora simplemente revisa los métodos y tecnologías utilizados por éstas, y avala la interpretación y las estimaciones realizadas sobre la información obtenida, las preguntas son más apremiantes: ¿Las empresas operadoras entregaron a De Golyer and MacNaughton la información correcta y ésta no supo interpretarla; o le entregaron información alterada de tal manera que la llevaron a un error tan grande; o tanto las operadoras y la certificadora coludieron a fin de inflar el volumen de reservas? Más grave aún ¿qué cantidad de reservas se tomó cómo parámetro para valuar las acciones de Andina y Chaco que el Estado adquirió a fin de obtener la mayoría accionaria en dichas empresas?

Existen muchas otras interrogantes que exigen respuesta, sin embargo, lo completamente inaceptable es que la reducción de reservas afecte sólo a la economía del país y no tenga ninguna consecuencia para quienes cuantificaron de forma errónea y para quienes certificaron ese error; máxime si dicho “error” llevó al Estado Boliviano a comprometerse con volúmenes de exportación, con planes de industrialización y ampliación del consumo interno que ahora no podrá cumplir. Si en el ámbito internacional ocurriese una reducción de la décima parte de la reportada en Bolivia, las consecuencias serían implacables y se reflejarían inmediatamente en la reducción de las utilidades de las empresas; aquí en Bolivia, de acuerdo con la actitud tomada por los personeros de YPFB, no pasará nada.

¿De la falsedad a la impunidad?

El domingo 10 de abril, Carlos Villegas sostenía que la empresa certificadora recurrió a la “manipulación financiera” para inflar el volumen de reservas con la intención de aumentar el valor de las acciones de las empresas. Extraña que el viernes 8, cuando se presentaba la cifra oficial de reservas probadas, sólo se haya mencionado que De Golyer MacNathun había utilizado “un modelo convencional” y que la Ryder Scott “contempla una metodología más exhaustiva de cálculo”. Las explicaciones “técnicas” como se mencionó en un anterior artículo, eran insuficientes, ahora que surge la explicación “financiera” aumentan mis interrogantes y crecen mis dudas sobre las acciones que los ejecutivos del sector están asumiendo en este asunto.

La primera interrogante surge al comparar la proporción de la sobreestimación de reservas. El año 2004 la Shell “reclasificó” sus reservas y anunció una reducción de 4.700.000.000 Barriles Equivalentes de Petróleo (BEP); luego, el año 2006 Repsol YPF también realizó una rebaja cercana a los 900.000.000 BEP; en ambos casos las reducciones representaban el 25% de las reservas probadas de cada empresa. En Bolivia, hoy sabemos que con decimas más o décimas menos, la reducción es de 13 Trillones de Pies Cúbicos (TCF, por sus siglas en inglés), cifra equivalente a 2.315.227.070.347 BEP. 500 veces más que la Shell y 2.500 veces más que Repsol, es decir, lo sucedido en Bolivia no es una simple sobreestimación, ni un leve error de cálculo.

Aquí vale la pena insistir en los procedimientos, quienes cuantifica las reservas son las empresas operadoras, ellas ejecutan los estudios y realizan las interpretación de los mismos, las certificadoras sólo avalan y respaldan todo ese trabajo. En el caso boliviano, de acuerdo con la normativa surgida con la privatización, si las operadoras querían retener un área o comenzar a explotar las mismas estaban obligadas a entregar a YPFB Residual toda la documentación correspondiente a la cuantificación de reservas probadas existentes en dichas áreas; además, los personeros de YPFB Residual estaban obligados a recopilar, sistematizar (entiéndase, revisar y valorar) y publicar oficialmente esta información. Siendo así ¿Cómo puede haberse inflado tanto las reservas probadas sin que nadie lo haya advertido?

La novedad de toda esta situación no está en confirmar, una vez más, que los datos en el sector petrolero transnacional son manipulados, habitualmente las empresas tienden a sobreestimar la cantidad de reservas probadas que poseen, eso les reditúa mayores ingresos. Tampoco es novedoso que el sujeto pasivo de esta manipulación, la víctima, sea un Estado como el boliviano, no, la novedad está en que la víctima y las autoridades llamada a defenderla no asuman ninguna medida legal, ni económica a fin de resarcir los daños que la inflación de reservas y la manipulación financiera ha ocasionado; el extremo de todo estos es que tampoco asuman ninguna acción preventiva para evitar que en el futuro una situación similar se repita.

Internacionalmente lo normal es que este tipo de casos se sanciona duramente. Las empresas que mencionamos arriba sufrieron una brusca caída del valor de sus acciones; además, la Shell tuvo que enfrentar un juicio donde la Comisión de Valores de Estados Unidos le acusaba de haber “emitido estados financieros erróneos y materialmente falsos”, también tuvo que establecer un fondo de 120 millones de dólares para resarcir los daños de todos quienes adquirieron sus acciones basados en las reservas infladas. Repsol por su parte sufrió una reducción de 50 millones de Euros en sus utilidades de la gestión anterior al ajuste (2005) y de 250 millones de Euros a las utilidades correspondientes al año de la reducción 2006.

Con estos antecedentes y aunque internacionalmente existe toda una estructura jurídico-legal favorable a las empresas, el Estado boliviano perfectamente podría usar algunos de estos instrumentos legales y de mercado para obligar a las empresas a resarcir los daños ocasionados por la sobreestimación desmesurada de las reservas probadas y la manipulación financiera realizada sobre esa base.

Internamente, debe asumirse que las empresas y las instituciones públicas no son entes abstractos y con vida supra terrenal, por el contrario son entidades dirigidas por personas de carne y hueso, que en el caso específico de las reservas en Bolivia, han omitido información, han otorgado información errónea y/o han falseado la información a fin de obtener beneficios extraordinarios. Esos individuos deben ser claramente identificados y sometidos a las leyes bolivianas aplicables a estos casos. ¿O es que la soberanía de las leyes bolivianas no vale para este tipo de casos?

Pienso que el Estado boliviano no está exento de instrumentos que le permitan esclarecer lo sucedido, identificar claramente a los responsables y establecer responsabilidades; mas lo que le está faltando es la decisión política para hacerlo. Y aquí me surge otra interrogante ¿no será que mientras los ejecutivos del sector hidrocarburífero boliviano dicen dar el paso de la “ficción a la realidad”, los responsables del tremendo engaño al país están recorriendo el camino de la falsedad a la impunidad?

De la realidad a la ficción

Al ratificar la reducción de las reservas de gas en el país, Carlos Villegas sostenía que era un paso de la “ficción a la realidad”, generalmente sin embargo, es la realidad la que siempre supera a la ficción, es decir, crea y recrea aquello que jamás siquiera habíamos imaginado, por ello y teniendo en mente la situación de la industria hidrocarburífera boliviana, pienso que es más preciso decir que hemos transitado de la “realidad a la ficción”.

Me explico, la realidad boliviana antes de la Guerra del Gas era: Bolivia la “segunda potencia gasífera” del cono sur americano, nadie lo dudaba, ni las Bolsas de Valores donde las empresas petroleras anotaban las reservas a las que tenían derecho en el país, ni las autoridades gubernamentales encargadas de supervisar a la industria, ni la infinidad de analistas y expertos petroleros afines a la inversión extranjera.

La realidad era que Bolivia tenía tantas reservas probadas de hidrocarburos que ya no era necesario seguir explorando el territorio nacional, por este motivo, las empresas petroleras, en su sano juicio y a su buen entender convencieron a Jorge Quiroga para que promulgará un decreto que las exoneraba de la obligación de perforar un pozo por parcela; tan abundantes eran las reservas de gas que al ritmo de consumo del mercado interno nacional “alcanzarían para 100 años”, ni la exportación al Brasil podría agotarlas, por eso era completamente viable y realista iniciar la exportación hacia California, por supuesto, haciendo una necesaria e inevitable paradita en Chile.

Toda esta realidad, potente y latente, se debía, a no dudarlo, a la acción de la sacrosanta y nunca bien ponderada inversión extranjera, que habían tenido a bien arribar al país gracias a la capitalización/privatización de YPFB.

El pueblo boliviano, levantisco e indómito, no sólo amenaza esta realidad sino que con la Guerra del Gas exige que se la cambie. Exigencia que era completamente inaceptable para los inversores extranjeros y sus acólitos nativos que muy trabajosamente habían expulsado al Estado de todas las esferas determinantes de la industria petrolera, inclusive la habían circunscrito a una especie de ornato público denominado “YPFB Residual”. Indudablemente, en esas condiciones y ante esos logros era impensable siquiera ceder un ápice, mucho menos dar paso al anacronismo de nacionalización de la industria petrolera.

Empero, rechazar las exigencias no era tan fácil, ni los llamados a la seguridad jurídica, ni los alegatos a favor de la inversión extranjera, tampoco las diversas maniobras políticas y mucho menos las balas habían logrado acallar las exigencias, así que había que evitar la confrontación y cambiar de escenario, y qué mejor que los múltiples escenarios de una ficción.

Así surge el libreto titulado: “nacionalización inteligente”. Esta si es una verdadera ficción, es tan verdadera que no es la nacionalización exigida por la mayoría de los bolivianos, es más y mejor. Es tan “inteligente” que en la nueva Constitución Política del Estado, en las leyes y decretos, en los contratos, en el último papelito y discurso lanzado sobre este tema se señala que los hidrocarburos son del pueblo boliviano, ojo no del Estado, del pueblo; inclusive las empresas petroleras lo repiten.

El libreto indica también que YPFB Corporación es el actor principal y las empresas petroleras los actores secundarios; señala que la corporación estatal controla toda la cadena productiva, que las empresas no “mueven un pelo” sin autorización de ésta. El libreto cambia los roles, las empresas dejarían de ser las patronas para ser las socias del Estado, así se establece que presentaran sus planes y pedirán permiso para ejecutarlos, aunque, también se cuida puntillosamente que YPFB Corporación no tenga la capacidad ni la potestad de cuestionarlos o rechazarlos.

Dicen los entendidos que toda ficción tiene que tener un principio de realidad, es decir tiene que ser creíble, para decirlo coloquialmente, tiene que ser una ficción verdadera; esta credibilidad le está faltando a la “nacionalización inteligente”. No, el libreto no es tan malo, lo que sucede es que la puesta en escena ha resaltado todos sus defectos:

1º El escenario no está a la altura de una ficción creíble. A cinco años de la nacionalización, YPFB Corporación, siendo el personaje principal, controla y define sólo sobre el 20% del núcleo principal de la industria. 2º Hay actores que alteran los roles, por ejemplo, el presidente de YPFB en vez de dirigir y encaminar la industria al ritmo de sus ordenes (como debe hacer todo ejecutivo de Corporación que se respete), se ha puesto a rogar a las petroleras para que ejecuten sus planes y realicen inversiones. 3º Los cambios de último momento en el libreto están alterando el objetivo de la historia. Que la autoridad máxima del sector hidrocarburífero nacional haya dicho que no va a iniciar ningún proceso por la “manipulación financiera” realizada con la inflación de reservas probadas en el país, muestra que se está protegiendo a quienes se han beneficiado con dicha manipulación y no a los propietarios de los hidrocarburos, que según el libreto original, es el pueblo boliviano. Si el ministro mostrara molestia e iniciara una investigación, tal vez su actuación sería más creíble.

La verdad, no me importa que esta ficción no sea creíble, es más me alegro que así sea. Lo que me preocupa es que ni los movimientos sociales, ni los sindicatos, ni las regiones, ni los municipios ni las universidades, reclamen ante una ficción tan mal representada y una realidad en la que todavía no se imponen los intereses nacionales.

¿Dónde están los informes?

A más de 15 días de haberse confirmado la reducción del volumen de reservas probadas de gas natural de 26,7 a 9,94 Trillones de Pies Cúbicos (TCF, por sus siglas en inglés), todavía no se ha publicado el informe completo sobre la certificación realizada por Ryder Scott. Por informe completo me refiero a la presentación de los volúmenes de reservas campo por campo, por departamento y por empresa, diferenciando claramente los volúmenes de petróleo de los de condensado y de los de gas natural. Debería consignarse también los principales hallazgos encontrados por la empresa certificadora, su opinión sobre la validez y calidad de los estudios exploratorios realizados en el país, si existen o no problemas de interpretación de dichos estudios, etc.

Esta información no puede ser de exclusividad para YPFB, más allá de una herramienta de gestión en la industria petrolera, la certificación de reservas permite proyectar el desarrollo nacional y programar la planificación regional, es un insumo para fortalecer los derechos indígenas, etc. Esta información puede y debe ser utilizada por las instituciones gubernamentales, regionales y municipales, por las universidades, por organizaciones no gubernamentales, por los movimientos indígenas, por las organizaciones sociales, en fin, por todas las instituciones y personas que trabajan en pos de mejorar la calidad de vida en el país.

Por este motivo, que YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos no den a conocer esta información es sumamente irresponsable.

Empero, no sólo falta este informe. Es necesaria también una explicación clara y solvente sobre las causas que han ocasionado tan amplia reducción de las reservas probadas de gas natural y, por supuesto, una identificación precisa de los responsables de este hecho.

Evidentemente Carlos Villegas, presidente de YPFB, ha sugerido que las empresas inflaron las reservas y ha insinuado que existió manipulación financiera. No obstante, si tomamos en cuenta que:

Quienes cuantifican las reservas son las empresas operadoras, ellas ejecutan los estudios exploratorios, interpretan los mismos y realizan las estimaciones.

Las certificadoras sólo avalan y respaldan todo el trabajo de las operadoras.

Las operadoras estaban obligadas a entregar a YPFB Residual toda la documentación correspondiente a la cuantificación de reservas probadas si querían retener un área o comenzar a explotarla.

Los personeros de YPFB Residual estaban obligados a recopilar, sistematizar (entiéndase, revisar y valorar) y publicar oficialmente esta información.

Es justo preguntarse: ¿Cómo pudo inflarse las reservas probadas, en la proporción que lo hicieron, sin que nadie se diera cuenta? ¿Cómo pudieron ejecutar la manipulación financiera sin que nadie lo advirtiera? ¿Quiénes se beneficiaron y en qué cuantía?

Estas y otras interrogantes no pueden quedar si respuestas. El presidente de YPFB y el ministro del ramo tienen la obligación ineludible de presentar al país un reporte ampliamente explicativo, técnicamente solvente y políticamente serio sobre la reducción de reservas. La ausencia del mismo haría sospechar que están protegiendo a los involucrados en la inflación de reservas y en la manipulación financiera.

* Investigador del CEDIB de Cochabamba.