“No podemos pretender que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo.… Es de la crisis que nacen la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias…. la verdadera crisis es la crisis de la incompetencia…. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo.
Fragmentos sobre Crisis, de AlbertEinstein

La situación actual en Bolivia amenaza con desbordarse, no sólo por la intolerancia y la falta de opciones y alternativas de las que hacen gala las partes en disputa para enfrentar los conflictos en marcha, sino por el simple y mero hecho que las partes están sacando a relucir una diversidad de inconsistencias y comportamientos tozudos para encarar las cosas que están poniendo en riesgo la tranquilidad y la estabilidad en el país.

En esta nota nos hemos propuesto mostrar las principales aristas de la problemática del momento actual y su íntima conexión con diversas prácticas y discursos que se hallan en la base misma de la agudización de la problemática actual. Dado que ya no es aceptable engolosinarse con comentarios analíticos críticos, en la sección final de esta nota se plantea propuestas concretas para enfrentar este estado de cosas. Pero empecemos nuestra revista a la situación imperante.

Interpretaciones erróneas

El gobierno parece empeñado en minimizar la crítica situación económica de la mayor parte de la población, así como en mantener una estrategia de desarrollo que va haciendo aguas por todos lados, sin percatarse que justamente dicha estrategia es la causa primordial de la crisis económica que de modo cada vez más claro y evidente se va posicionando de nuestro país.

Por su parte los trabajadores, comandados por la COB y una gama relativamente amplia de organizaciones sindicales, se han propuesto explotar sin misericordia las falencias que se pueden percibir en la situación económica del país. Recurriendo a su consabido estilo contestario y haciendo gala de una gran incapacidad para formular propuestas de todo tipo, estas organizaciones se han propuesto imponer a punta de dinamitazos, marchas y bloqueos un incremento salarial que vaya más allá de lo ofrecido por el Gobierno que, según él, supera la tasa de inflación anual. Aquí se halla uno de los mayores puntos de desencuentro, ya que el mismo Gobierno cree a pie juntillas en la exactitud de la tasa de inflación anunciada, sin tomar en cuenta que los precios de los alimentos han aumentado mucho más que los demás bienes y que la gran mayoría de la población destina la mayor parte de sus ingresos mensuales a la adquisición de alimentos. Eso significa que el incremento real o efectivo de la inflación, el que pesa en los bolsillos de los ciudadanos, es mucho mayor que el aceptado o admitido por el gobierno.

Más allá de ello, otros indicadores están mostrando que la crisis económica ha llegado a niveles muy preocupantes. Por un lado, los datos de subempleo nos dicen que el desempleo equivalente llega al 52% de la fuerza de trabajo, lo cual significa que en realidad sólo la mitad de la fuerza de trabajo se halla plenamente empleada, mientras que la otra mitad se hallaría literalmente desempleada, completamente desocupada. Por otro lado, en el actual periodo de gobierno son ya cientos de miles de ciudadanos bolivianos los que han salido del país en busca de sustento, estimándose la cifra en torno a los 400.000 migrantes. Estas crudas realidades no son admitidas ni tomadas en cuenta, y simplemente son atribuidas a gestiones pasadas, como si fueran asuntos que no le corresponde encarar al Gobierno.

Priorizaciones equivocadas

Al mismo tiempo que el Gobierno ignora estas realidades que afectan de modo sustancial la situación de empleo, producción, ingresos y la unidad familiar, adicionalmente afectada por la migración y la separación de las familias, el Gobierno se ha propuesto industrializar nuestros recursos naturales, para lo cual viene anunciando desde hace años la necesidad de destinar ingentes recursos del Estado para dicho fin. Aquí se puede apreciar otra profunda inconsistencia entre lo que se requiere en el corto y mediano plazo y lo que se pretende hacer a largo plazo, ya que la mayor parte de los emprendimientos que se propone tardarán entre una y dos décadas.

¿Por qué el enfoque de destinar el grueso de la inversión pública a la industrialización de nuestros recursos naturales está equivocado hoy por hoy, qué observaciones se puede hacer al mismo y qué relación íntima tiene todo ello con la situación de crisis que se percibe por doquier?

Veamos primero en qué se pretende invertir, qué montos se quiere destinar y analicemos sus pros y contras, pues sólo de ese modo podremos comprender por qué existen tantas discrepancias, inconsistencias y desavenencias entre las partes en conflicto. En una separata publicada por el gobierno el último fin de semana se vuelve a reiterar el esquema ya consabido: para producir urea, amoniaco y convertir gas en líquido, se pretende construir tres plantas, cada una con un costo de 1700 millones de dólares, es decir, 5100 millones de dólares, ¡una cifra sideral para nuestra economía! Más allá de ello existen varios otros proyectos que se tiene en mente, como el de las baterías de litio, la siderurgia en el Mutún, e incluso otros de final feliz muy dudoso, como poner en marcha la fundición poli-metalúrgica de Karachipampa que nunca ha funcionado ni se tiene certeza alguna sobre la posibilidad que pueda funcionar, o el proyecto azucarero de San Buenaventura, una quimera paceña que se pretende implementar en suelos no aptos para cultivos anuales intensivos a escala industrial, como reiteradamente se ha señalado.

Para comprender la real dimensión del problema que tenemos entre manos y el que se nos viene encima, es preciso destacar, junto con la magnitud de los recursos que se pretende destinar a estas inversiones, el rol que se le asigna a la industrialización de los recursos naturales en la estrategia de desarrollo del país. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) considera que los “Sectores Estratégicos”, entre los cuales se incluye “hidrocarburos, minería, energía eléctrica y ambiental”, son los que generan excedentes económicos y son los que deben contribuir a proveer recursos de inversión para financiar a los “Sectores Generadores de Ingresos y Empleo”, entre los cuales se encuentra los sectores agropecuario, industrial, vivienda y turismo. Textualmente, el PND enuncia este punto del siguiente modo: “La idea central es que, a partir de sus excedentes, los sectores estratégicos, además de reinvertir, provean recursos a los sectores generadores de ingresos y empleo para contribuir a diversificar la economía y el desarrollo social” (Decreto Supremo Nº 29272 de 12 09 2007 que aprueba el Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República)

¿Qué significa ello en pocas palabras? Que las inversiones que se realicen en los sectores generadores de ingresos y empleo dependen del éxito que tenga el país en materia de industrialización de sus recursos naturales. Eso significa que dichos sectores deberán esperar a que haya buenos resultados en el proceso de industrialización para poder contar con recursos de inversión para poder desarrollarse. Dado que se trata de los sectores que generan ingresos y empleo, ello significa que el país debe esperar los resultados de la industrialización de los recursos naturales para generar ingresos y empleo.

Uno podría sorprenderse con esta estrategia, decir que es una barbaridad supeditar o condicionar la provisión de recursos de inversión a los sectores generadores de empleo, hasta tanto se tenga éxito en la industrialización de los recursos naturales. No obstante, es oportuno no dejar el análisis a medio camino, sino proseguir con él hasta el punto en que podamos tener elementos de juicio suficientes como para poder decir con mucha certeza si se trata de una estrategia adecuada, bien encaminada, o si por el contrario es una estrategia que terminará profundizando y ahondando la crisis económica que se va instalando en el país. Prosigamos con el análisis.

Dos cosas llaman profundamente la atención. La primera es que el gobierno está convencido que las inversiones en la industrialización de los recursos naturales no son generadoras de empleo e ingresos, cuando menos, no en la magnitud que se requiere, pues de otro modo no habría sido necesario hacer esa diferenciación entre sectores. La segunda cosa que llama la atención tiene que ver con las características y dificultades propias de un proceso de industrialización como el que se pretende. Se trata de inversiones altamente intensivas en capital, de larga maduración, profundamente dependientes de mercados externos, en sectores de actividad en los que el país prácticamente no tiene ninguna capacidad de interconectarse con dichos emprendimientos, al menos a corto y mediano plazo, razón por la que dichas inversiones contribuirán a formar enclaves productivos, polos aislados de desarrollo, que no se hallan umbilicalmente conectados con la matriz productiva nacional. Esta medida corresponde a la estrategia de substitución de importaciones que tuvo un impacto significativo en América Latina hacia los años 50 y 60 del pasado siglo, pero sólo pudo avanzar notablemente en países con amplios mercados internos, un requisito que el país no cumple.

Empleando estos elementos del análisis, podemos decir que el Gobierno les está diciendo a los trabajadores que no sean tan exigentes, porque lo que pretende es usar los fondos disponibles en las inversiones señaladas y que en algún momento en el futuro, gracias a dichas inversiones, podremos ahorrarnos las importaciones y con ello financiar las operaciones y las actividades de los sectores productivos generadores de empleo. ¿No significaría todo ello que tendríamos que esperar años, incluso décadas, aún en el caso que no surjan nuevos casos de corrupción que posterguen las inversiones previstas, para contar con recursos que provengan de la industrialización de nuestros recursos y puedan financiar las inversiones de los sectores generadores de empleo? ¿Y mientras tanto, qué hacemos?

El problema del estancamiento al que nos vamos aproximando cada vez más, tiene muchos padres, padrinos y padrastros que es oportuno identificar. Por un lado, existe un afán casi desesperado de los más diversos estamentos y sectores sociales del país por “chauchitar” (lanzar al aire objetos de valor de modo despilfarrador) el excedente económico, llámense municipios, gobernaciones, organizaciones indígenas, universidades, etc., y ahora también trabajadores, y por otro lado, existe la pretensión de encarar un proceso industrializador que nos dejará sin recursos prácticamente para nada, excepto para unas plantas petroquímicas y otras siderúrgicas, si alcanzan los fondos para ello.

Estas pretensiones son ajenas a la realidad, simplemente porque no responden a lo que espera y requiere el país con gran urgencia. Así como no se trata de renunciar a la industrialización o de dejarla en manos de las transnacionales, tampoco podemos despilfarrar las rentas que actualmente percibimos por la explotación de nuestro recursos naturales en una multitud de pequeños proyectos de mínimo impacto y trascendencia, pero tampoco podemos impulsar un proceso de industrialización forzado, que succione nuestros escasos recursos, nos deje sin fondos para invertir en los sectores generadores de empleo e ingresos y, encima de todo ello, nos haga dependientes de grandes mercados externos, pues el tamaño mínimo de las plantas petroquímicas y siderúrgicas rebasa en mucho nuestro propio mercado interno.

La pregunta que surge entonces, con gran angustia y preocupación, es qué hacer. A continuación presento mi propia propuesta que espero pueda contribuir a dar luces en estas circunstancias.

Propuesta: Provisión de bienes y servicios públicos y colectivos a los sectores y regiones

En Bolivia necesitamos hoy en día una política estratégica centrada en la provisión de bienes y servicios públicos y colectivos (que abreviaremos como BSPC) de todo orden. Pero, ¿qué son los BSPC? Son todas aquellas facilidades, servicios y equipamientos que son requeridos por los distintos sectores productivos y microrregiones para poder desempeñar su labor adecuadamente. ¿De qué BSPC estamos hablando más concretamente? Por ejemplo, de la seguridad pública y la estabilidad de la moneda, de las carreteras y las plazas, todos ejemplos natos de bienes públicos. Pero vamos más allá, vamos al detalle, estamos hablando de silos comunales, hornos de secado de madera, unidades de inseminación artificial de ganado lechero mejorado, proyectos de investigación en pastos para la altura, cooperativas de compra y venta de insumos y productos finales, planes y estrategias de desarrollo bien formulados y concertados, provisión de servicios especializados de salud animal, unidades de procesamiento en común de las materias primas de los asociados, del transporte en común, infraestructura especializada para el sector turístico, como es la señalización, los centros de interpretación, los miradores, en fin, toda una diversidad de soluciones colectivas ajustadas a los diversos sectores productivos y microrregiones que permiten a los usuarios que se benefician con el acceso a estos diversos servicios y facilidades complementarios, poner en valor y emplear plenamente sus propios recursos, sin los cuales no estarían en condiciones de hacerlo.

El Estado es el actor naturalmente llamado a proveer dichos bienes y servicios, lo cual no significa que sólo el Estado deba ocuparse de ello. De hecho es una tarea que demanda la participación de toda la sociedad. A modo de destacar la importancia y necesidad de los BSPC, posiblemente baste señalar que la existencia del sector informal y la pobreza concentrada en él, se deben esencialmente a la insuficiente provisión de dichos BSPC. O dicho de otro modo: los sectores económicos y las regiones que prosperan en cualquier parte del mundo, y también en nuestro propio país, se debe a que se han dotado de los BSPC que requieren para realizar su labor.

Sin dichos BSPC el común de los actores económicos no encuentra las condiciones complementarias indispensables para poder desarrollar su labor efectiva y productivamente, ni los medios suficientes para emplear y poner en valor sus propios recursos y su capital, por lo que no tienen otro remedio que migrar a las ciudades o al exterior en busca de otras oportunidades, o no les queda otro camino que refugiarse en el sector informal, convirtiéndose en verdaderos acróbatas de la supervivencia y en protagonistas y reproductores del desorden que ello trae consigo, pues hoy en día el sector informal es sinónimo de violar las leyes, tanto las buenas como las malas, de contrabando, explotación brutal de la mano de obra, desnutrición, condiciones de vida insanas y miserables, etc.

De ahí que una política estratégica-estructural de generación de riqueza a lo largo y ancho de la sociedad, así como de redistribución de oportunidades y de riqueza, pasa indefectiblemente por una política de provisión de todos los BSPC necesarios para todos los sectores, como ser el agrícola, pecuario, vivienda y hábitat, turismo, desarrollo tecnológico, minería, etc., así como para todos los territorios, llámense Amazonía, altiplano, chaco, valles y para todas las microrregiones. La virtud de una política de este tipo es que se trata de generar medios complementarios indispensables para poder producir en condiciones adecuadas, y que la participación ciudadana es primordial para definir qué BSPC y en qué cantidades deben proveerse. Los montos de inversión requeridos para todo ello, para lograr una inserción productiva de mejor nivel y calidad de los productores a los circuitos de la economía nacional, son perfectamente manejables con los recursos que dispone nuestra economía, siempre que se destinen primordialmente a este fin.

En pocas palabras: la única política que puede reorientar el esquema actual, utilizar nuestros escasos recursos en inversiones realmente productivas y provechosas, crear empleo hoy, sentar mejores bases para la industrialización de nuestros recursos naturales y evitar el despilfarro de nuestros escasos recursos, radica en priorizar la provisión de BSPC en todos los sectores, territorios e instituciones, puesto que dichos BSPC facilitarán el acceso a equipamientos, bienes, facilidades y servicios complementarios que hoy por hoy son usualmente inaccesibles para la gran mayoría de actores económicos, por lo que sólo les queda el camino ya mencionado de subsistir precariamente, subempleando o dejando sin emplear muchos de sus recursos, ya que dichos BSPC no pueden ser provistos por los productores o emprendedores individual o aisladamente, sino son resultado de la acción colectiva cooperativa de la sociedad o grupos de ella.

Este modo de abordar la problemática actual, no sólo permitirá encararla y enfrentarla exitosamente, sino que además permitirá instalar un nuevo modo de actuar, toda vez que el Estado deberá asumir un nuevo rol, mientras que la participación ciudadana ya no podrá quedar en el ámbito de lo declarativo y discursivo, sino que deberá asumir un papel protagónico de primera importancia. A partir de este esquema, la participación ciudadana de verdad importará y contará, sino que además tendrá mucha tarea para la casa.

Por todo lo señalado, puede apreciarse que la estrategia de desarrollo actualmente seguida está conduciendo a graves y serios desajustes, donde la priorización de la industrialización de los recursos naturales y la idea que el excedente que produzcan estos sectores será la fuente para financiar las inversiones de los sectores generadores de ingresos y empleo, conducen a postergar las decisiones de inversión en estos sectores que requieren con urgencia incrementar la producción y la productividad, generar mayor valor agregado, incrementar los grados de empleo, multiplicar los ingresos y reagrupar a cientos de miles de familias dispersas por el mundo en la gran diáspora boliviana.

La vía para lograr todo ello pasa indispensablemente por la provisión de bienes y servicios públicos y colectivos, que constituyen el eslabón perdido del desarrollo, aquella parte de los procesos de desarrollo que siempre ha sido obviada u omitida en el país, circunstancia que nos mantiene en una situación de profundo rezago económico y en un grado de pobreza muy pronunciado.

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* Economista, planificador regional, especialista en bienes públicos. E-mail: carlosrodrigozapata@gmail.com