El presente documento pretende mostrar al lector, una visión histórica sobre la narrativa penal boliviana, vista esta como cuestión política, no solamente normativa y doctrinal[1]. De este modo, su utilidad se amplía en sus contornos prácticos, en su rol de base política para el proceso de codificación penal que Bolivia esta enfrentando desde 2008.

La aprobación de la Constitución Política del Estado, plurinacional, comunitaria y autonómica, exige del penalismo boliviano y latinoamericano una revisión del garantismo penal y su profundización en bien de la dignidad de las personas, los pueblos y la Madre Tierra.

Ya Zaffaroni, con su acostumbrada crítica a las teorías jurídicas europeas y anglosajonas, lo había advertido tempranamente, las constituciones de Bolivia y Ecuador reclaman, una renovación en profundidad de la ciencia jurídica, una renovación en su visión de lo que es “el Derecho”, lo que son “los Derechos” y los titulares de su protección.

De este modo se puede comprender preguntas inquietantes como: a) ¿desde dónde debemos mirar al Derecho Penal?, y; b) ¿hacia dónde nos conduce un proceso de codificación penal en el marco de un Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico?.

Sin duda, la codificación penal, esta todavía en construcción y mirar el camino recorrido, nos permite visualizar problemas antes ausentes, hoy latentes, como la descolonización de la justicia tal como lo replantean Boaventura de Soussa Santos y Mauricio García, la descolonización del lenguaje de derechos de las Naciones Unidas, tal como nos lo sugieren Darren Zook, Bartolomé Clavero, Evo Morales y Pablo Solón al interior de la misma ONU y la descolonización del derecho penal, como lo hemos estado sugiriendo de modo permanente desde hace ya mas de un lustro y Zaffaroni lo ha estado construyendo desde los años setenta al menos en el contexto latinoamericano.

Problemas mas prácticos aún, como la urgencia de contar con un titulo relativo a los Delitos contra la Madre Tierra, Pachamama en lengua de nuestros mayores, un Titulo especial de Delitos de corrupción, otro de protección penal de los Derechos colectivos de los pueblos indígenas originarios campesinos; de reformulación del delito de aborto y la eliminación de figuras penales como aquel de matrimonio entre victima y victimario de un delito de violación o el abuso deshonesto (como si hubiera abuso honesto), entre tantos otros.

El presente documento visualiza, además, el campo político del campo jurídico penal en el sentido en que Bordieu plantea de estos dos escenarios de lucha específicos.

La relación entre ambas representa la vigencia de un conflicto irresuelto, un conflicto político entre demagogia punitiva (muy de moda en Latinoamérica) y Estado de Social de Derecho Plurinacional Comunitario, entre Estado de Policía autoritario y Estado Democrático.

Como dice el profesor Luigi Ferrajoli la discusión de la codificación penal “[a]demás de reforzar la legitimación democrática, será la ocasión para una reflexión racional, no condicionada por los miedos y las alarmas demagógicas, sobre los fundamentos ético-políticos del Derecho Penal y sobre el profundo nexo que liga su rol de garantía de los derechos fundamentales y la calidad de la democracia y el estado de derecho”(2008)

Bolivia, tiene un escenario inmejorable para construir un Código Penal dignificatorio y libertario, dignificatorio de los derechos humanos y los derechos fundamentales, dignificatorio de la democracia, dignificatorio de la Madre Tierra. Bolivia tiene la posibilidad de contar con algo mejor que el Derecho Penal.

Latinoamérica, a no dudarlo, constituye un lugar donde el derecho penal encuentra nuevas raíces y compromisos anunciados con las personas y pueblos, pero, y esto no puede pasar desapercibido: de un profundo compromiso con la Madre Tierra…

La estructura del documento es la siguiente:

Capitulo I

I. Breve historia crítica de la codificación penal en Bolivia 1825- 2008

Presentación

1. Emergencia de Bolivia y el sistema punitivo.

2. Las primeras respuestas prácticas: El Código Criminal de 1834.

i) Reformas al Código Criminal de 1.834.

3. El siglo XX y la fuerza del positivismo.

4. Proyecto de Código Penal del Dr. Julio Salmón

5. Proyecto oficial de Código Penal del Dr. Manuel López Rey Arrojo.

6. Encubriendo el positivismo: El anteproyecto del Código Penal de 1964.

7. La doctrina de seguridad nacional: Banzer y el Código Penal de 1972.

8. Las modificaciones de 1997: el finalismo en acción…

Conclusiones

Capitulo II

Lineamientos generales para la codificación penal plurinacional

1. Estado Social de Derecho y codificación penal.

2. Garantismo penal Latinoamericano

3. La Descolonización y lo “Plurinacional Comunitario” (elementos para su desarrollo normativo)

4 Genocidio: Estado, Derecho y Constitucionalismo

5. La Transición Constitucional en Bolivia

6 “Constitucionalismo”: Máscara del colonialismo.

7 La Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional

8. Constitucionalismo emancipatorio y desarrollo normativo.

9. Codificación Penal Plurinacional: lineamientos generales.

10. Nueva Constitución, principios garantistas y codificación penal

11. El proceso de codificación penal y el campo jurídico en Bolivia.

12. Prudencia, “arte” y “humanitas” en la codificación penal.

Bibliografía General

Capitulo I

I. Breve historia crítica de la codificación penal en Bolivia 1825- 2008

Presentación

El presente capítulo, pretende poner en evidencia el tutelaje eurocéntrico de la codificación penal en Bolivia, explorando políticamente la narrativa penal y partiendo por el viejo Código Criminal Santa Cruz (1838) y sus reformas. La codificación banzeriana de 1972-73, hasta las reformas operadas al Código Penal en 1997 pasando -claro está- por los distintos proyectos presentados entre esos tres periodos constitutivos.

Los “procesos de codificación” y su resultado final: Los “Códigos”, entendidos estos como “un conjunto ordenado y metódico de leyes que rigen una materia en particular” (Diccionario Larousse) no son hechos que se dan en el vacío, por el contrario responden exactamente a determinadas condiciones históricas y en esencia a la historia misma del poder, y en el caso presente, a la historia del poder penal, historia no que no es nada inocente por supuesto.

Para Michel Foucault:

“[…] la cuestión del poder se simplifica cuando se plantea únicamente en términos de legislación o de Constitución; o en términos de Estado o de aparato de Estado. El poder es sin duda más complicado, o de otro modo, más espeso y difuso que un conjunto de leyes o un aparato de Estado. No se puede comprender el desarrollo de las fuerzas productivas propias del capitalismo, ni imaginar su desarrollo tecnológico, si no se conocen al mismo tiempo los aparatos de poder[2]

El presente trabajo hace énfasis en dos lugares comunes: economía y colonialidad, en el primer caso asumimos que: “El contexto económico…los cambios en la sociedad afectan su sistema penal y de ahí que las reformas (penales) que se observan coincidan generalmente con las condiciones económicas del momento[3].

En el segundo afirmamos que el conocimiento penal, su producción como “verdad”[4], su circulación y efectos de poder responden a la persistencia colonial[5] que es -en el fondo- el núcleo esencial de las distintas “formas estatales” que se han suscitado en nuestra agitada historia nacional y cuya genealogía ha sido descuidada olímpicamente en los estudios jurídicos regionales.

Persistencia colonial, que vista como colonialidad, puede ser entendida como los mecanismos de dominio contemporáneos, mecanismos que son variados, diversos, discursivos y lingüísticos, políticos y científicos, políticos y jurídicos, y un largo etcétera de formas, no es algo que pueda ser medido, cuantificado y puesto en la balanza para ser pesado. Aunque sus expresiones menos inocentes suelen ser arma letal en manos de políticos y empresarios nativos.

La colonialidad, se muestra o se encubre, en el caso del saber penal y su expresión los códigos, ha tenido la virtud del camaleón (no mostrarse -al menos muy oficialmente-), y la decencia de la honestidad (aceptar el tutelaje al cual han estado sometidos). Las voces disidentes, aquellas que tuvieron vocación nacionalista, sí es que las hubo, no tienen presencia o fueron archivados en la bancada de los olvidos.

La colonialidad, no es algo inocente, aunque se muestre como racional, lógico, natural y hasta científicamente aceptable tal como nos los ofertaron criminólogos y penalistas de fines del siglo XIX y principios del XX, aunque su presencia es muy actual, muy perversa, muy en el siglo XXI…

Por tanto la colonialidad del saber jurídico, particularmente del penal, como derivado del constitucional (al menos desde que su supremacismo cultural fue tomado como tal), tiene la virtud de mostrarnos –panorámicamente- su funcionamiento histórico, sus mecanismos de reproducción y circulación, a su vez que algunos principios tácticos para su descolonización.

Vayamos pues a los fines de la empresa propuesta.

1. Emergencia de Bolivia y el sistema punitivo.

Es cierto que los cambios en el sistema penal operados en Europa responden esencialmente a dos factores a)los económicos y b)los sistemas de control y disciplinamiento adecuados a su desarrollo tecnológico. En el caso boliviano -y que se comparte con gran parte de los países latinoamericanos- las elites locales eligen trasladar conceptos y categorías ajenas a nuestra realidad, esta “importación” tiene una razón política:

a) “[…] la adopción de determinadas ideologías externas por las clases dominantes de los países subdesarrollados cumple básicamente dos funciones principales:

b) en primer lugar, levantar toda una superestructura que legitime su relación de clase dominante local en el centro dominante internacional, y;

c) luego ya en el orden interno legitimar su propia posición dominante, al operar como instrumento de dominación y medio de distinción con relación a las clases y grupos subordinados”[6].

Esto último es demostrable, sólo a partir de una revisión histórica de la conformación del Estado Boliviano y sus características socio-políticas en el momento de la independencia, ya que es en este momento que la República de Bolívar (hoy Bolivia) ingresa al contexto internacional capitalista, es decir, se “incorpora” de un modo violento al modo de producción capitalista dominante en la Europa del Siglo XIX”[7]

La República de Bolívar nace sobre estructuras pre capitalistas donde la economía de mercado y el aparato productivo son extremadamente débiles.

Por las características de las regiones, se presenta una economía rural dispersa, “coronada por núcleos locales terratenientes”[8], en efecto, como señala Heraclio Bonilla: “Dada la fragilidad de la estructura productiva, la presencia de la economía (boliviana) en el mercado mundial, fue muy precaria. Su principal rubro de exportación lo constituían el oro y la plata, seguido de muy lejos por la corteza de quina y la explotación del estaño”[9].

Como contrapartida Inglaterra, a la sazón convertida en Imperio, exportaba hacia Bolivia mercancías (capital comercial) y préstamos económicos (capital usurario), no olvidemos que, “cerca de un 70% corresponden a las importaciones procedentes de Gran Bretaña (…) el saldo corresponde a las procedentes de Francia, Alemania y Holanda”[10], Inglaterra exportaba capitales, como lo hacía con cualquier otro país latinoamericano, pero, esta exportación tenía intencionalidades concretas: la constitución de Bolivia como fuente de materias primas, y mercado-colonia, es decir, acelerar el proceso de difusión del capitalismo, globalizando las relaciones coloniales de dominación y producción típicamente coloniales[11].

De la guerra de la independencia podía esperarse cambios en la movilidad social y la emergencia de nuevos grupos o estratos sociales, sin embargo, y como no podría ser de otro modo, los cambios emergentes no afectaron de modo sustancial la composición social-colonial, los españoles se fueron, pero quedaron los hijos para hacer exactamente lo mismo, solo que con cobertura constitucional en republica democrática y en situación de iguales que nunca lo son, al menos hasta los cincuenta del siglo siguiente.

El control del Estado pasó de manos de la Corona a manos de los criollos “…lo que impulsa a la revolución emancipadora es el conjunto de reivindicaciones que presenta una burguesía dispuesta a tomar el poder, a autodeterminarse, a controlar no sólo el poder económico, sino también el político, el aparato del Estado, única garantía de sus aspiraciones generales de clase”[12] el control del aparato del Estado, el poder de autodeterminarse, no estuvieron separados de la debilidad del criollaje que vive un mundo señorial.

Nacer con un criollaje señorial débil, tuvo sus consecuencias, pues estas, nunca lograron consolidarse como clases nacionales. Su sicología dependiente, reproducía los discursos elaborados en Europa, principalmente en Inglaterra y Francia con absoluta “falta de vocación nacionalista” (Figueroa, 1986:212), como apunta Zavaleta:

“Los doctores dos caras eran el único grupo dirigente del que podía disponer el Alto Perú y por eso la república nace decadente (…) desde el principio la oligarquía boliviana no sirvió ni siquiera como oligarquía y hasta hoy ha sido lo que podríamos llamar una oligarquía “birlocha” aprisionada en su propia sensualidad, adormecida en su falta de sentido de la historia (…) Santa Cruz representa el único sentido de crear una república oligárquica con un sentido válido de los intereses nacionales”[13].

Al nacer en estas condiciones, la elites, no podían sino reproducir el viejo sistema bajo nuevas formas, “las metas y aspiraciones de los criollos se cumplen a cabalidad” [14], efectivamente el criollaje aquel que devino de la colonia y se quedo como grupo dirigente, se apropia de la victoria independentista y reproduce el colonialismo.

En efecto, si bien es cierto que el estado nacional boliviano nace bajo las consignas del iluminismo de la Revolución Francesa, todos los complejos culturales habrían de impedir la constitución de una república burguesa, con sus valores democráticos y su cultura, debido a las características precapitalistas de la nueva nación, y esto afectará, también, el ordenamiento jurídico que habría de constituirse en la región.

En síntesis, podríamos señalar que la adopción tanto de doctrinas, como de cuerpos punitivos ajenos a nuestra realidad estuvo signada por los siguientes aspectos:

a) La incorporación violenta de América Latina a la economía capitalista, siendo una región con extensas zonas precapitalistas.

b) El hecho anterior exigía de las nuevas naciones, globalizar sus relaciones de producción con un ordenamiento jurídico acorde a las nuevas relaciones sociales imperantes.

c) La lumpenburguesía emergente de la revolución emancipadora, era dependiente tanto económica, como culturalmente, de las metrópolis capitalistas.

d) Las características señaladas arriba dieron lugar a una fácil adopción de doctrinas y cuerpos punitivos elaborados en los países centrales, deformando y confundiendo las escuelas penales así como sus conceptos.

e) El pesimismo racial, como parte de la ideología articulada, tiene repercusiones teóricas y prácticas en la elaboración de doctrinas y cuerpos punitivos.

f) A su vez, el prejuicio racial es esencial a la explotación capitalista, por su papel excluyente en la movilidad ocupacional y movilidad política de los grupos indígenas de América Latina buscando perpetuar el dominio de las élites blancas y de los grupos urbanos ilustrados.

2. Las primeras respuestas prácticas: El Código Criminal de 1834.

La elaboración del primer Código Criminal se dio durante el gobierno del Mariscal Andrés de Santa Cruz, en pleno período de acomodación del Alto Perú al liberalismo, donde se establece -como lo señala Zaffaroni- un “sistema disciplinario (…) entre terrorista-eliminatorio (propio) del Código Napoleónico”[15], de este modo Santa Cruz tuvo en sus manos la responsabilidad de realizar la Codificación Penal, y no podía hacerlo sino bajo las condiciones imperantes en ese momento histórico.

El aporte del español Facundo Infante fue de una importancia que aún no ha sido del todo esclarecida[16] puesto que fue éste penalista uno de los inspiradores y mentores del Código Criminal Santa Cruz, donde Cesar Beccaria y Jeremy Bentham constituyen el eje ideológico del punitivismo burgués de fines del Siglo XVIII y principios del Siglo XIX.

En Bolivia la cosa no era bastante diferente, baste recordar solamente que el examen de graduación de un abogado a principios del siglo XIX y después de la guerra de la independencia, pasaba precisamente por la presentación oral de los principios y formalidades sustentados por los autores de referencia, tal como lo testimonia el reglamento de graduación de la Universidad San Francisco Xavier en el año 1826[17]

“[…] cuando la Europa capitalista incorpora a América Latina a su sistema industrial metropolitano, como una gigantesca provincia agro-minera, dota a su vez, a nuestro continente, de un stock jurídico y político compuesto de piezas que servirán para crear una ficción de aquella sociedad rica y evolucionada pero que no puede funcionar por sí misma, pues ese sistema ha dejado su mecanismo, su cuerda, su fuerza motriz, en Europa. Nos ha enviado sólo la parte de afuera, el envase pintado”[18]

El discurso jurídico de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX estaba asentado en la limitación de los poderes del soberano (príncipe) y la extensión de poderes de los sectores ilustrados de la burguesía, frente al poder omnipotente del Príncipe.

Beccaria en 1.764 publicará una obra cuyos alcances en el discurso jurídico-penal, aún hoy perduran, la obra se intituló “DEI DELLITI Y DELLE POENA” (del delito y de la pena) donde se sientan las bases de lo que se debe entender por delito (teoría del delito), por pena (teoría de la pena) y cual debe ser el procedimiento (teoría del proceso).

En otro lado del continente europeo se comenzaba a diseñar, lo que posteriormente habría de conocerse como prisión, convirtiéndose la pena privativa de libertad, en el castigo típico de la sociedad capitalista, su autor: Jeremy Bentham.

En efecto:

“Gran Bretaña tomó la delantera en la acumulación capitalista […] de inmediato se lanzó por las sendas de un sistema penal que eliminaba a las personas que obstaculizaban sus planes imperiales (acumulación de capital) y que disciplinaba para el trabajo a las restantes. En esta política disciplinaria encajaban los discursos de Howard y de Jeremy Bentham”[19].

Sus efectos, en nuestro margen, tendrían dimensiones distintas que Zaffaroni sintetiza de excelente manera, es decir que la recepción de la ideología punitiva contractualista tuvo en su caso:

a) La eliminación física del enemigo en las luchas por la hegemonía;

b) El control masivo de marginados mediante la incorporación forzada a las fuerza armadas;

c) La eliminación física de los marginados que se volvían peligrosos, o su utilización con fines intimidatorios;

d) En épocas posteriores (segunda mitad del siglo XIX), la construcción de cárceles que casi nunca funcionaron de manera disciplinarista;

e) El sometimiento de campesinos a formas de control social punitivo privado (en manos de terratenientes)[20]

¿Cuál era el discurso que servía como hilo conductor al código criminal Santa Cruz?, en una apretada síntesis podría decirse que la escuela clásica (soporte informativo) en su pretensión de limitar el poder punitivo del príncipe se estructura con elementos pautadores legitimantes, cuyo orden teórico que se sintetiza en los siguientes principios formales:

a) El derecho de castigar debe ser limitado por la necesidad estricta de la defensa común. La aplicación de la pena por consiguiente, debe obedecer a criterios de manifiesta utilidad.

b) En la aplicación de las penas se debe respetar la personalidad humana, por medio de un tratamiento digno y adecuado.

c) La pena de muerte no es admisible porque viola elementales derechos del individuo que este no ha delegado al Estado.

d) El juez al aplicar la ley penal, no puede apartarse de la letra de la norma.

e) El procedimiento penal debe garantizar los derechos del sindicado por medio de la publicidad del juicio, de la abolición de la tortura y de los juicios por sospecha.

f) El criterio para medir la pena debe ser el daño social producido por el delito ya que éste es un criterio seguro, y cualquiera otro que se instituya solo constituiría una fuente de abusos”[21]

Beccaria, Filangieri, Bentham, Howard, se constituyen en los soportes informativos de lo que en 1.831 (la primera ocasión del Código Criminal Santa Cruz) y 1.834 (la promulgación definitiva) para que Santa Cruz aprobará este cuerpo normativo.

i) Reformas al Código Criminal de 1.834.

Cuando hacemos referencia a la “reformas”, lo hacemos en dos sentidos:

a) Las reformas introducidas en el Código Criminal de manera expresa y;

b) Los proyectos presentados con el fin de sustituir o mejorar el código criminal Santa Cruz, que, como es sabido, tuvieron infructuosos resultados hasta 1972 (el código penal “Banzer” ve la Luz en una situación social bastante compleja).

Del primer caso, las principales reformas fueron: la ley de 3 de noviembre de 1.840, Ley de 6 de Noviembre de 1.840, Ley de 3 de Noviembre de 1.883, Ley de 19 de Diciembre de 1.905, Ley de 29 de Agosto de 1.907, Ley de 1 de Diciembre de 1.914, Ley de 16 de Septiembre de 1.916, Ley de 15 de abril de 1.932, Ley de 31 de Diciembre de 1.940, Ley de 23 de Diciembre de 1.949, Decreto Ley de 3 de Enero de 1.956, Ley de 5 de Enero de 1,961, Ley de 10 de Enero de 1.962 al respecto Villamor Lucía señala que “El código Penal puesto en vigencia el 6 de Noviembre de 1.834, no tuvo muchas reformas. Se dictaron leyes especiales, que aclararon algunos artículos, otras limitaron las penas y el tiempo de duración de éstas, derogaron algunas figuras delictivas y, por último, establecieron nuevos tipos penales” (Villamor, 1978:129)

Del segundo caso, tenemos las siguientes comisiones codificadoras: a) Proyecto de Código penal de Julio Salmón; b) Proyecto oficial del Código Penal de López Rey y Arrojo c) Anteproyecto de Código Penal Boliviano de 1.964 y finalmente el Código Penal Banzer con modificaciones realizadas en 1997.

A continuación, pasaremos a realizar un recorrido por la historia, para ubicar el contexto en que se dan lugar a las mencionadas “Comisiones”, y en nacimiento del Código vigente desde 1.972, ya que en criterio nuestro, son éstas comisiones las que nos pueden orientar en el conocimiento de la teoría penal en Bolivia, pues los “proyectos” expresan en su fondo ideológico, las relaciones sociales y el grado de conflicto que éstas alcanzaban en una sociedad atrapada en su dependencia económica y el colonialismo interno.

3. El siglo XX y la fuerza del positivismo.

Durante gran parte de la dramática constitución del Estado-nación, Bolivia, el poder político estuvo delegado a jefes militares y/o dictadores civiles, que hacen de intermediarios entre los grupos terratenientes y comerciantes en relación con los artesanos.

El intento de hacer de Bolivia “un estado moderno, es en suma, una operación demasiado onerosa, que deja indiferentes tanto a los de ‘arriba’ como a los de ‘abajo’ […]la conquista de un orden estable se revela extremadamente difícil. La dificultad deriva de un nuevo clima económico, que no favorece a quienes dominaron economía y sociedad antes de 1.810”[22].

La debilidad congénita de la clase dominante emergente, hace que una vez anulada la tributación indígena, en 1.825 por los decretos bolivarianos, ésta sea repuesta inmediatamente convirtiéndose en el mayor ingreso que recibe el fisco entre 1.835 y 1.865, tributos que ascienden a, “cerca del ochenta por ciento del erario nacional”[23]

En síntesis, los “indígenas” mantenían al Estado, era la preparación republicana para mantener y reproducir de manera constante el sometimiento de los mismos.

El dato mayor, sin embargo, podemos encontrarlo en la expropiación de tierras de comunidad por Mariano Melgarejo (1.869 – 1.871) como la primera gran ofensiva contra las tierras de la comunidad, pero sin grandes beneficios para el erario nacional aunque sí, para los compradores de tierras.[24]

Por otra parte, la guerra del Pacífico, en 1879, cuyo desenlace era predecible “por que no existía el óptimo social (…) es decir la relación fluida entre estado y sociedad[25] que Chile sí contenía en el seno de su sociedad, dio lugar a una serie de cuestionamientos, que desembocarían en la toma de poder por la oligarquía de la plata (primera manifestación estatal burguesa, asentada sobre la explotación de la plata).

El cheque contra el cheque y el billete contra el billete, habían arrebatado el control del Estado a intermediarios cuya estabilidad no era posible exigirles, y la estabilidad era necesaria para la explotación del mineral, que iría a parar a industrias europeas, pero la extracción de los minerales no se podía seguir realizando sobre bases preindustriales, era necesario implementar maquinarias, y transporte, el mineral debe ser trasladado a los puertos y con ello se inicia la construcción de los ferrocarriles.

El “mago” Baptista, Gregorio Pacheco, Aniceto Arce serían quienes emprenderían la aventura capitalista -aunque- sin mucho éxito por que: “los capitalistas mismos tenían depositados sus ilusiones no en los valores burgueses, sino en los símbolos señoriales”[26] (Zavaleta, 1986:110), por ello es que importar industrias y maquinarias no implican necesariamente, importar ideología, se puede tener tecnología de punta, con una mentalidad absolutamente pre-burguesa, señorial.

En 1.899 el Partido Liberal, con ayuda de las huestes de Zárate Willca derrocaron al último gobernante de la plata, Severo Fernández Alonzo, la causa había sido la Ley de Radicatoria, donde Chuquisaca y La Paz a través de sus actuantes políticos se peleaban por un símbolo, “la capitalía”, en este enfrentamiento (cuya raíz se encuentra en el fraude realizado por el Partido Conservador, en detrimento de los liberales) pierden los conservadores, pero pierden más los indígenas que habían apoyado -paradójicamente- a los liberales.

En efecto “si bien los rebeldes participaron en una primera fase en el bando liberal, no tardaron en desarrollar objetivos autónomos, no siempre planteados en forma explícita[27]

El hecho de plantearse objetivos autónomos hizo que el Partido Liberal “elimine” físicamente a la masa indígena, acentuándose las contradicciones entre las deprimidas comunidades y las élites blancas urbanas, en quienes: “El devastador temor a toda multitud de indios es quizá el más central ancestral de los sentimientos de los sectores que se identifican como no indígenas en Bolivia[28]

Pero el partido liberal encarnaba una visión ideológica: el positivismo, el positivismo se convierte en América Latina en la bandera de muchos gobiernos, en México, según Francisco Sagasti: “El positivismo fue considerado un invalorable instrumento para el mantenimiento del orden y el Partido Liberal vio en la implantación del positivismo un medio de sustituir a la iglesia, pero sin alterar fundamentalmente la estratificación social del país[29]

En el caso de nuestro país, el positivismo adquirió carta de ciudadanía, puesto que:

“con el triunfo de la revolución liberal de 1899, pasó el positivismo a tener ascendiente oficial en el país. La influencia del positivismo se hizo sentir en la instrucción pública, en las instituciones, en la vida moral e intelectual, (…) comenzó el estudio objetivo de las realidades nacionales, sobre la base del determinismo naturalista (espenciarismo) que caracteriza al positivismo (…) en las facultades de Derecho se oficializó la enseñanza de la sociología y se difundieron las obras de Lombroso, Ferry y Garófalo”[30]

En el fondo esta adopción del positivismo realizada por gran parte de las elites en América Latina, busca la solución de sus problemas internos en los avances de los países centrales, Perú y Bolivia encontraron en el mismo (es decir en la adopción del positivismo) la doctrina que habría de fortalecerles después de la gran catástrofe nacional que sufrieron en su guerra contra Chile[31].

El positivismo juega el papel de eje legitimador de las clases dominantes que niegan su historia, su pasado, y quieren realizar su futuro en el pasado europeo, y es precisamente el Positivismo que tendrá una presencia enorme en los trabajos de penalistas como Medrano Ossio, Bautista Saavedra, Julio Salmón, y aún en trabajos de los años 60 y 70 como los Dres. Cadima y Cajías, por ello, prestamos singular atención a esta corriente, pues, “los países latinoamericanos necesitan de la ley y el orden internamente, pero sobre todo para incorporarse al sistema económico internacional” (Del Olmo, 1986: 129).

Este hecho puede ser verificado en, cómo los gobiernos de nuestro país muestran cierta predisposición, para reformular nuestros códigos, sólo en determinados períodos (que logren o no ese cometido, es ya otro problema).

4. Proyecto de Código Penal del Dr. Julio Salmón

Este proyecto nace bajo el auspicio del Gral. José Luis Tejada Sorzano quien había sido colocado en el poder después del histórico “corralito de Villamontes”, que derrocó al gobierno al “Metafísico del Fracaso”: Daniel Salamanca, “En fecha 25 de Febrero de 1.935, el gobierno de (Tejada Sorzano) encargó al Dr. Julio Salmón, la redacción de un anteproyecto de Código Penal” (Villamor, 1978:171), entre el 11 y el 22 de Febrero de 1.935 se libró la batalla de Villamontes, en medio de una intensa actividad diplomática llevada a cabo por Saavedra Lamas buscando el cese de hostilidades.

En pleno conflicto, con la guerra a cuestas, una de las primeras cosas que hace el liberal Tejada Sorzano, es ordenar la redacción de un Código Penal, la guerra parecía no guardar importancia por la casta oligárquica que ya comenzaba a comprender su destino, o por mejor decir, el destino ya sabía lo que tenía que hacer con la casta oligárquica- señorial.

Podría decirse que el acto bélico era sólo un momento mal planteado, la “guerra de los soldados desnudos” después de todo, no había significado, sino, el desmantelamiento de un aparato ideológico en el seno de la clase dominante, desmantelamiento, que por otra parte, no se hubiera producido sin la guerra.

El racismo, el odio congénito de las clases dominantes hacia los indios, había hecho que la guerra sólo sirviera para aniquilar indios, en efecto, “el indio andino era trasladado desde el altiplano al Chaco como bestia y luego echado sin entrenamiento al combate. Rara vez fue utilizado un número suficiente con relación a un momento táctico dado. Aunque en el curso de la guerra Bolivia movilizó cerca de 250.000 hombres contra 140.000 paraguayos, sus fuerzas rara vez tuvieron superioridad numérica (efectiva)[32].

No es posible comprender, desde un punto de vista lógico, que siendo Bolivia un país que más recursos humanos podía movilizar en el conflicto, no lo haya hecho, eso va contra toda lógica, quizá valga la explicación que Zavaleta (1986:250) da al respecto cuando señala que: “diezmar hombres sin razones evidenciaba una ansiedad secreta de suprimirlos, lo que estaba en la lógica del Darwinismo social

Es en ese contexto bélico, que el Proyecto del Dr. Julio Salmón ve la luz, pero más atrás existían otras razones que obligaban a la oligarquía señorial a plantearse un ordenamiento punitivo distinto al del Mariscal Andrés de Santa Cruz, no debemos olvidar que entre los años 1.880 -1.914. América Latina se transforma en un componente importante en el comercio mundial y una de las más significativas fuentes de materias primas, “a estos índices de crecimiento se agrega la producción de estaño en Bolivia que pronto pasa a convertirse en primer exportador de este mineral[33].

En el Continente Europeo habían desarrollado doctrinas jurídicas de acuerdo su “desarrollo industrial” y sus nuevos requerimientos disciplinaristas. Había llegado la hora del imperialismo, el “orden” y el “progreso” son las máximas de este nuevo período, al cual nuestras oligarquías se encaminarían y adecuarían muy tempranamente.

En efecto, los cambios en el capitalismo central repercutieron en la ideología liberal periférica, era necesario redefinir ideológicamente el “liberalismo” y dotarle de un nuevo contenido:

“había que racionalizar las desigualdades y reformular el concepto de libertad. El racismo jugó un papel central: los pobres eran pobres porque eran biológicamente inferiores. Y ésta afirmación podía hacerse en ese momento apoyándose en la ciencia. La superioridad -tal como lo formulaba el evolucionismo- era resultado de la selección natural transmitida genéticamente. Los seres inferiores (léase no- propietarios) estaban obligados a la obediencia y sumisión por su inferioridad” (Del Olmo, 1986: 30).

La reconfiguración de la sociedad capitalista en su fase imperialista obliga a los países latinoamericanos a reconceptualizar sus sistemas normativo-punitivos para incorporarse al nuevo orden económico dominante en el mundo, donde EE.UU. y Europa llevan, indudablemente, una gran ventaja.

La burguesía necesitaba “satánizar” a los proletarios, y otros grupos sociales que se convertían en algo así como lo “malo”, lo “antiestético”, “feo”, “indisciplinado” y huelguista, “el Colón de este descubrimiento fue un médico veronés graduado en Génova: Cesare Lombroso (1.835-1.908), quién lo expuso en 1.876, en su famoso “L’uomo delinquente”, que fue perfeccionado y aumentado en sucesivas ediciones hasta 1.900, cuya edición culmina con un atlas que muestra una enorme colección de gente fea, realmente horrible, y en algunos casos caricaturesca” (Zaffaroni, 1988:161).

Los soportes sobre los cuales se cimentaría el Proyecto Salmón, indudablemente serían la ideología jurídica positivista, como lo señala Villamor Lucía, “con referencia a la corte doctrinaria, el proyecto es de corte positivista, aunque en forma mal entendida el proyectista la denomina de Defensa social” (Villamor, 1978:161), a su vez éste proyecto está cimentado en los modelos de los Códigos penales, Argentino de 1922., inspirado en el proyecto de Ferry (seguidor y alumno de Lombroso).

Villamor Lucia afirma lo siguiente: “nosotros hemos cotejado el proyecto de Bolivia (haciendo referencia al Proyecto Salmón) y el Código Penal argentino de 1.921 y podemos aventurarnos a afirmar que el proyectista ha seguido la sistemática y estructura del mencionado código[34] en otros términos que el “proyecto” es una copia de su similar argentino.

¿Pero en qué consiste el positivismo jurídico? Dado que el positivismo en criminología era consecuencia del desarrollo del capitalismo, el pensar dogmático fue afectado, a tal punto que se construyo toda una escuela cuyo pensamiento consiste en: “la corriente (…) conforme a la cual todo sistema jurídico se construye a partir de la propia voluntad humana, impuesta por medio de la ley. El orden natural o moral no cuentan para lo jurídico, y nada es superior a la ley[35]

Este criterio permite que la ley acepte cualquier contenido, para justificar el papel omnipotente del Estado, pues, ésta se convertiría en el resultado de la voluntad general, y es este hecho precisamente el que hace que el positivismo sea una teoría hueca para convertirse en la expresión máxima de un Estado absoluto -como lo fueron el fascismo italiano, el nazismo alemán o el franquismo español-, por ello es que el positivismo jurídico-penal, tenga una dependencia extrema de la criminología, (a tal punto de señalar, que sería la criminología la ciencia que se “tragaría” al derecho penal) Ferry y Garófalo fueron los encargados ideológicos de justificar la barbarie totalitaria de los países mencionados arriba, cabe recordar también que Ferry se encargó de pasear sus teorías por América, durante la celebración del centenario de su fundación[36]

5. Proyecto oficial de Código Penal del Dr. Manuel López Rey Arrojo.

Dado que el proyecto Julio Salmón no pudo convertirse en Ley de la República, y fue dejada en el olvido, un nuevo intento se realiza en 1941, durante el Gobierno del Gral. Enrique Peñaranda, en el mes de Septiembre, se dicta un decreto Supremo que ordena la redacción de anteproyectos de códigos nacionales, entre ellos el código penal, “tomando por bases los principios fundamentales de la Constitución Política del Estado (…) consultando, además, las conclusiones establecidas por la jurisprudencia nacional, aplicando los principios de la ciencia del Derecho al medio que la legisla.” (Villamor, 1978: 167)

El profesor López Rey había llegado a Bolivia debido a las circunstancias políticas de su país de origen (España), el Franquismo y la guerra civil hicieron que muchos intelectuales vinieran por América Latina, podemos mencionar a Pedro Dorado Montero, Luis Jiménez de Azúa, y otros, López, había llegado con un carácter claramente democrático y anti-totalitarista, en efecto, el positivismo -para este autor- dio lugar a una “despersonalización del hombre, un rebajamiento del mismo que hace que éste quede reducido a la categoría de simple cosa[37].

El proyecto se inclinaba doctrinalmente por la “Filosofía de los valores”, que en nuestro medio es más conocida como la “Escuela de Baden”, en efecto, López Rey señala: “El proyecto se inclina por la filosofía de los valores rechazando el positivismo jurídico penal” (López Rey, 1943: XXI), las bases epistemológicas de esta escuela se pueden sintetizar del siguiente modo:

a) La naturaleza (el objeto) es ininteligible por que carece de sentido y de valor;

b) Es el conocimiento el que da a la realidad un sentido o valor de verdad;

c) El método de conocimiento determina o constituye su objeto, el método crea el objeto,

d) Por el contrario, el hombre, la historia y la cultura poseen siempre una referencia a valores y con esto un sentido;

e) Los fenómenos jurídicos hacen parte de los culturales y están referidos al valor, el valor, sin embargo, no está en las cosas mismas, sino un sentido que el hombre les da, de suerte que, el conocimiento de éste las transforma.[38]

En efecto, si comparamos la síntesis anterior con lo que dice López Rey no queda lugar a dudas, veamos: “El derecho penal existe y existirá siempre en cuanto es y será expresión empírico-cultural de un ordenamiento humano, de ahí que el delito sea un concepto también empírico-cultural (…) la, referencia al valor es obtenida conforme a una idea fin, partiendo siempre de una realidad” (López Rey, XXI).

Podría decirse que López Rey fue un penalista cuyas convicciones democráticas le hicieron comprender, muy temprano, las falacias del mismo orden democrático-burgués, al rechazar la “Teoría pura del Derecho” de Hans Kelsen, se da cuenta que, incluso los gobiernos despóticos podían estructurar un orden legal, sin necesidad de cambiar la Constitución, o que por el contrario se puede utilizar la Constitución para estructurar un orden legal despótico como se dio en el caso Alemán[39].

Toca ahora referirnos al proceso histórico, indicamos en el anterior punto, que la necesidad de cambiar los sistemas punitivos tiene por referente, los cambios en el orden económico que se dan en la economía mundial, pues, el hecho de que en esos momentos se de en Europa un conflicto bélico de grandes dimensiones donde dos formas estatales, “la corporativista” (en todas sus variantes, desde el fascismo, hasta el nazismo) y las democráticas (las potencias aliadas), se disputan el control de nuevos mercados y además se disputan fuentes de materias primas, era sólo una continuación de las necesidades imperialistas, se enfrentaban Alemania (con ejército sustentado por la burguesía Alemana) Italia (en pleno período de Fascismo) y el Japón (donde se había logrado un desarrollo industrial, para esa época muy importante), y por el otro lado se encontraban EE.UU. (convertida en un imperio por el control que logra consolidar con respecto a América Latina) y Gran Bretaña, poco a poco desplazada del control de los mercados de la India, por la presencia italiana, la pelea se da entre dos formas de pensar el capitalismo, sin romper ningún vínculo ideológico con ella, el “Eje” planteaba el dominio de una forma estatal totalitaria e intolerante de explotación de los pueblos subdesarrollados, y los segundos se planteaban la explotación de los pueblos bajo una nueva demarcación imperial aunque con democracias controladas, obviamente, la segunda forma era la mas racional y coherente, por ello la segunda guerra mundial significó sólo la “defensa de las democracias occidentales” y en ese juego entró la ex URSS.

Por otro lado, en Bolivia las consecuencias de la guerra del Chaco, mantenían en una situación de conflicto al país, la emergencia de grupos de izquierda y su presencia en la lucha política estaban desmantelando el aparato ideológico oligárquico señorial.

Los gobiernos del socialismo militar habían recurrido nuevamente al mito de los códigos y la constitución para intentar mostrar al país y a los imperios, que Bolivia se estaba “modernizando”.

El proyecto lamentablemente no pudo ver la luz y al igual que el anterior fue archivado, en la biblioteca del Congreso, pero sin duda fue un proyecto que sembró mucha polémica, pues, como lo habíamos señalado antes, López Rey no aceptaba las tesis positivistas y en nuestro país era, esa corriente, la que imperaba entre los juristas. era en otros términos la moda que justificaba la posición dominante de la oligarquía gobernante, y del cual los “socialistas militares” no podían prescindir, ellos mismos eran parte de esa oligarquía, eran sólo funcionarios de la “rosca”.

6. Encubriendo el positivismo: El anteproyecto del Código Penal de 1964.

La Revolución nacional de 1.952 había desmoronado las bases de la sociedad oligárquica y “rosquera”, cimentando la sociedad que hoy se conoce como “el Estado del 52”, este nuevo Estado es sólo una forma estatal capitalista su proyecto mismo era pequeño burgués, las reivindicaciones políticas eran democrático-burguesas.

En efecto: la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el voto universal, servían para cumplir las tendencias sociales dominantes en ese momento: la acumulación de capital a nivel nacional; la ampliación de la influencia del capital a los centros productivos en especial al campo; la concentración de fuerza de trabajo libre jurídicamente para ser sometida a la producción con el fin de satisfacer las nuevas demandas del capital nacional e internacional, se habían logrado expresar de manera política y en la acumulación histórica en la memoria de los trabajadores (del campo y de la ciudad).

Era irracional que existiendo un mercado urbano, un mercado asentado en las minas, que existiendo fuerza de trabajo concentrada en el campo con la categoría de esclavos (pongos) se pueda construir una sociedad moderna, exigencia del propio capital industrial fundamentalmente imperialista, por ello es que el departamento de Estado de los EE.UU., no hicieron ninguna intervención en nuestro país, pues ellos – el Departamento de Estado – sabían que el MNR no era -y no podía serlo- Antiimperialista[40], por ello es que el operador económico del Estado del 52 es el “capitalismo de estado” desarrollado por Keynes en la crisis que sufrió EE.UU. en 1.929.

El Capitalismo de Estado es sólo una forma más de comprender y resolver los problemas propios del modo de producción capitalista, por ello los gobiernos del MNR solo podían mover las leyes referidas al carácter social del Estado, y no era necesario -todavía- remover las leyes punitivas y las leyes civiles, para no generar ordenamientos jurídicos que puedan cuestionar (en el fondo) el carácter capitalista de nuestro país, sin embargo, dentro del poder dual que se constituyó en Bolivia, el MNR va asentando su poder político y de convocatoria bajo diversas formas y es precisamente en el tercer período del MNR (1.962) cuando por Decreto Nº 06038 de 23 de Marzo apelando a las “Necesidades reales de la sociedad Boliviana creadas por la Revolución Nacional” cuestiona a los Códigos Santa Cruz, aspirando a su vez que los nuevos códigos a crearse se conformen sobre, “las bases y principios que informan a la Constitución Política del Estado, a las transformaciones sociales, políticas y económicas operadas en nuestro medio y a las nuevas orientaciones de la ciencia jurídica[41].

El mito de los códigos otra vez presente y otra vez, el mismo desenlace, la “nueva burguesía” fomentada por el MNR había aprendido la lecciones enseñadas por la vieja oligarquía, -aunque algo había de verdad en su proclama-, existían nuevas condiciones, y a su lado, viejas ambiciones señoriales. La casta oligárquica comprendió que la revolución era sólo un accidente, y que las viejas heridas pueden curarse y más aún cobrarse la derrota con creces.

Los nuevos códigos no podían responder a los intereses de los indígenas ni de los trabajadores, por el contrario los nuevos Códigos, sólo podían ser una forma más perfeccionada de la acumulación capitalista, en nuestro margen subdesarrollado y dependiente.

El soporte teórico o doctrinal de este proyecto se encuentra en el tecnicismo-jurídico[42] esta “escuela” es una de las últimas secuelas del positivismo – jurídico cuyo formalismo raya en la irracionalidad dogmática, por ello es la más fina y sutil en su discurso punitivo, veamos sus características:

a) La ley lo contiene todo y lo dice todo, en su lenguaje escrito cada problema se resuelve en la ley y solamente en ella. A nadie le es permitido cambiar en ella una sola coma.

b) La ley por sí sola contiene todo lo científico-jurídico que es aplicable a cada caso. En sus textos, están las respuestas y bastan con aplicarlas.

c) El juez se limitará a su análisis como quiera que en ella hallará todo lo que necesita saber.

d) Cualquier incursión que éste haga por los terrenos de la biología o de la metafísica, no ayudará al derecho aunque si contribuirá para la información cultural del Juez[43].

Se puede advertir con nitidez que la característica central es el formalismo, que no permite ningún resquicio, por donde pueda introducirse una concepción filosófica pues el único objeto de estudio permitido es la norma jurídica vigente, para concluir podríamos señalar con Ferreyra lo siguiente: “de estos principios nació un positivismo fetichista e intolerable”[44].

Siguiendo el camino de los proyectos anteriores, el proyecto de 1962, presentando en 1.964 no puede ver la luz y constituirse en ley de la República, precisamente por los cambios en el orden político en la administración del Estado, Barrientos, mediante un golpe de Estado asciende al poder y con ello el proyecto baja los oscuros salones de la bibliotecas particulares tanto de los proyectistas, como de quienes seguían de cerca este hecho.

7. La doctrina de seguridad nacional: Banzer y el Código Penal de 1972.

Este Código, tiene un dramático recorrido entre los gobiernos de Ovando, Torres y finalmente el entonces Coronel Hugo Banzer Suárez, hecho que Villamor Lucia relata del siguiente modo:

“El anteproyecto del Código Penal presentado en 1.964 no fue sometido a consideración legislativa en el Congreso Nacional, por las diferentes circunstancias políticas que atravesó el país, el 27 de agosto de 1.970, el gobierno presidido por el Gral. Alfredo Ovando Candia, nombró una Comisión Revisora de los Anteproyectos de Códigos. La misma que apenas tuvo un mes de trabajo, ya que el mes de octubre del mismo año otro golpe de estado, dio fin con el gobierno del Gral. Ovando, tronchando (sic) de esta manera, los afanes de la Comisión nombrada por este Presidente el siguiente gobierno presidido por el Gral., Juan José Torrez G.., prosiguiendo con el anhelo de dotar al país de una legislación acorde con los “principios modernos” nombró al profesor de Derecho constitucional, Dr. Alipio Valencia Vega para que redactará previamente un proyecto de reforma a la Constitución Política del Estado, en el entendido de que los anteproyectos, antes de ser promulgados, deberían estar acordes con los principios constitucionales. Pero no se cristalizó este anhelo, ya que a los nueve meses de la subida al poder del Gral. Torrez, se produjo un nuevo golpe de estado que puso en el poder al Gral. (sic) Hugo Banzer Suárez; quedando nuevamente truncada la aprobación de una Nueva Constitución Política. Pero los anteproyectos estaban ahí, en el papel de estudios, y el deseo de una reforma en la legislación era unánime. Por ello el gobierno presidido por el nuevo presidente Banzer, mediante Decreto Supremo de fecha 28 de enero de 1.972 nombró una Comisión Coordinadora de Códigos”[45]

Pareciera ser, ésta cita, una versión aceptable, pero nosotros nos ratificamos en lo anteriormente señalado, son los cambios en la economía de una sociedad las que determinan los cambios en su economía jurídica.

Estos cambios son imposibles de comprender si es que no se estudian a su vez los cambios en la forma estatal, es así que en 1.971 -con el golpe de Banzer- se construye una forma estatal de carácter fascista, en contraposición a lo que Torrez había logrado estructurar: la “Asamblea Popular”.

Quedarnos en una visión a-histórica de las causas que dieron lugar a la promulgación del Código Penal “Banzer”, sería una traición a la memoria, pues este Código si bien tiene sus orígenes en el proyecto de 1.964, no se promulga por las razones hasta ahora aceptadas.

En nuestro criterio la burguesía se ve en la urgencia de modificar constantemente su aparato ideológico, (por ende su estructura jurídica), el hecho de que en Bolivia no se hayan suscitado cambios notables en la normatividad penal entre 1.834 y 1.972 responde más bien a la imposibilidad de la oligarquía de poder constituir un estado democrático-burgués (se tiene en la Constitución principios liberales pero la realidad de nuestra formación económico-social, es que aún mantiene rasgos pre-capitalistas, hecho que da lugar a que se mantengan estructuras jurídicas anacrónicas e intemporales).

Con la revolución de 1.952 “se avanza en esa perspectiva se destruyen los grandes feudos con la reforma agraria, se nacionaliza la minería, se logra el voto universal y la igualdad ante la ley. Aunque eso sucede son muchos los campos en que dicho avance no se da (a nivel económico y a nivel ideológico), como tampoco se consolida el ESTADO NACIONAL deseado[46].

Para 1.971 la situación no era muy distinta, aunque debe reconocerse que el avance democrático de los trabajadores había sobrepasado los límites impuestos por la burguesía del MNR, la ASAMBLEA POPULAR como expresión de este avance, ponía en peligro a las clases dominantes, Torres, sucumbió “al momento de ir más allá de los límites, teóricos del nacionalismo revolucionario” (Sandoval, 1984:211).

Es cierto que Torres pretendió cambiar la codificación a nuestro país, pero es cierto también que el contenido de clase de los códigos iba a estar marcado por el avance de los trabajadores, cosa contraria a lo que iba a pasar durante Ovando Candia o lo que pasó definitivamente durante Banzer, no es casual que Torres -mediante la Asamblea Popular- se propusiera no sólo cambiar los códigos, sino la misma Constitución Política del Estado.

Por el contrario, Banzer nace bajo el protectorado de “Las Fuerzas Armadas de los EE.UU., Brasil y Argentina (…) En la composición de clases y como fuerza política importante hace su aparición en el escenario político nacional boliviano la burguesía agroindustrial del departamento de Santa Cruz[47].

Banzer se convierte así en la expresión política de la burguesía trans-nacional dentro de un proceso de “fascistización”, para romper el poder dual establecido en ese momento, “por eso el Estado de la burguesía se vio obligado a sustituir de un modo fulminante su esquema de paz entre las clases” [48].

El golpe era el único camino que le quedaba a la burguesía, el fascismo por su lado fue impulsado en Latinoamérica por el país “más democrático del mundo”, los EE.UU.

Por las razones anotadas Banzer no iba a dictar un conjunto de cuerpos legales sino en la medida de las necesidades de la burguesía, existía un proceso de readecuación legal, susceptible de acomodarse a cualquier régimen, el código penal de 1872 recibió la bendición de la Doctrina de Seguridad Nacional (Colanzi, 1991:72 y 99)[49]

8. Las modificaciones de 1997: el finalismo en acción…

Pasada la dictadura y después de la traumática experiencia de la UDP, los gobiernos posteriores vieron la necesidad de dotar a la justicia penal un nuevo rostro que sea mas democrático y además coherente con el Estado de Derecho adecuado a un neoliberalismo económico harto dramático en sus consecuencias, el discurso del Autoritarismo Penal del Código Penal Banzer fue cuestionado en sus cimientos, pero solo como una forma de justificar modificaciones sistemáticas.

El contexto internacional, establece además un nuevo proceso de homogenización jurídico penal, tal como lo reconoce el Prof. René Blattman: “La reforma al Código Penal se inspiro en las fuentes mas representativas del Derecho Comparado, entre las que se tomo en cuenta entre otras, la legislación penal de Alemania, Suiza, Austria, España, Argentina y Colombia, por ser las mas actualizadas y de recientes reformas, incluyendo el Código Penal Tipo para Latinoamérica y los proyectos de Guatemala y Paraguay (..) también se consideraron los Pactos y Recomendaciones internacionales sobre la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada[50]

El soporte epistemológico de estas modificaciones se encuentran en la Escuela Finalista, uno de sus consultores externos fue precisamente el Prof. Gunther Stratenwerth.

Una excelente síntesis de esta escuela penal plantea que:

“Según el concepto final de acción el tipo es objetivo y subjetivo, y la culpabilidad es puro juicio de reproche, en cuanto a la acción, no es suficiente la simple voluntariedad de la conducta, sino que es necesario indagar el contenido de esa voluntad que siempre es final, no solo en las acciones licitas sino también en las ilícitas. Quiere decir lo anterior que la dirección de la voluntad tiene un fin mentalmente anticipado, jun