El incremento salarial del 10% apenas compensará la inflación 2011, calculada por el FMI al 10.4% ¿Son traidores del proceso de cambio los que apoyan a la COB? Los “acuerdos sectoriales” anunciados por el gobierno tienden a fracturar la unidad en torno a Pedro Montes ¿Valió la pena entrar en conflicto con la COB?

Una explicación presidencial de horas, colateral a la presión combinada de amenazas y exhortaciones del Vicepresidente, ministros, “cocaleros” y “bartolinas”, mostraba, a una semana de protestas sindicales, el lado menos áspero del oficialismo, antes de una eventual recurrencia a acciones no frecuentes, como el insinuado cerco campesino a los manifestantes callejeros, con riesgo de choques entre sectores del mismo proceso de cambio.

Rechazado por la Central Obrera Boliviana (COB) un intento de acuerdo, mediante el cual el gobierno no cedió a la demanda de subir los salarios al 15%, la reacción oficial no descartó acuerdos sectoriales con grupos de sindicatos para desactivar el conflicto, mientras trasladaba a Tarija el despacho de los asuntos presidenciales, ausentándose de la sede de gobierno, escenario fresco de marchas a dinamitazos y dura represión policial.

La semana pasada, Palacio Quemado fue rodeado en un radio de dos cuadras por miles de manifestantes, al tal punto que el presidente Evo Morales acusó a algunos grupos de actitudes golpistas.

“Sospechosamente estos mineros que son delegados del sector privado se van a la ciudad de La Paz, han ido a dinamitar la Plaza Murillo… si me encontraban seguro que me dinamitaban, es como un golpe de Estado”, dijo Morales el domingo antes de retroceder en su inicial negativa a hablar con Pedro Montes, secretario ejecutivo de la COB.

Pero la negociación con grupos sindicales para lograr “acuerdos sectoriales”, anunciada por los ministros Iván Canelas y Walter Delgadillo, causó susceptibilidad entre colaboradores de Montes, por las implicaciones de fragmentar a la dirigencia obrera y afectar el tradicional principio de independencia, al tiempo que la Federación de Mineros, predispuesta al acuerdo, decidió su permanencia solidaria en las movilizaciones.

De manera convergente, las últimas semanas movimientos como el de las mujeres campesinas, las llamadas “bartolinas”, reflotaron su propósito de reestructurar la COB a corto plazo no sólo para que mineros y fabriles dejen de ejercer el liderazgo mayor sino para que una campesina asuma el mando, también por cuestión de género.

Mal con la COB, bien con los ex presidentes

La protesta sindical forma parte de la mala hora del régimen, que atraviesa desde el frustrado “gasolinazo” de diciembre pasado, el peor momento en casi seis años de nueva gestión, después de que el 2008 afrontara una virtual insurrección de la derecha, recuerdan diversos analistas.

“El gobierno ha perdido el rumbo: no le ha salido lo del mar, tampoco el gasolinazo, no puede con la COB, presenta pugnas internas como en Sucre, o conflictos en su cúpula como en el caso de la estrategia marítima”, remarca Jorge Lazarte.

“Hay crisis en la conducción del proceso”, sintetiza por su parte el ex viceministro Raúl Prada, poniendo un ejemplo: “Entre 1996 y el 2005 las trasnacionales se llevaron más de 4 000 millones de dólares, dejando apenas menos de 100 millones. Del 2005 al 2010 esta situación no ha cambiado, con la diferencia que se ha ido acrecentando el monopolio de las empresas trasnacionales”.

“El gobierno ha comenzado un proceso de declinación”, añadió el analista Lazarte, después del mayor triunfo que el voto popular le otorgara en diciembre del 2009, “arrastrando también la sombra de los conflictos en Caranavi y Potosí”, donde fuerzas del gobierno chocaron el año pasado con la población civil incluso adicta al oficialismo.

Remarca Lazarte la propia admisión presidencial de que cuatro años de bilateralidad con Chile no han resultado en una respuesta a la demanda de reintegración marítima con soberanía, lo que ha obligado a un camino paralelo: la judicialización del problema recurriendo probablemente y con destino incierto, ante el Tribunal de Arbitraje de La Haya.

Si bien la negativa chilena y la frustración boliviana atraparon la atención pública desde que el pasado 23 de marzo el presidente Morales pateara el tablero del diálogo ahora congelado con Chile, haciendo olvidar en parte el gasolinazo y la alarma por el alza del costo de vida, la crítica antigubernamental ha vuelto a protagonizar la agenda nacional, esta vez de la mano de la COB, uno de los movimientos sociales que sustentan el polémico proceso de cambio.

La foto oficial de los ex presidentes junto al actual mandatario, contrastaba vivamente con las imágenes de la represión a los manifestantes lo mismo que la paradoja de que un ex mandatario como Jaime Paz volviera a entrar a Palacio, aunque sea para constituir un consejo consultivo marítimo en ciernes, advierten observadores.

El brazo a torcer

Morales volverá el sábado para atender a la COB, aseguró el ministro Oscar Coca, confirmando los tres días de incertidumbre que le esperan a la sede de gobierno y en general a todas las ciudades capitales de departamento afectadas por las marchas y la represión, con la agravante del bloqueo de caminos anunciado para “radicalizar” el descontento.

Un pequeño pero significativo bloqueo de la carretera al Chaco, anunciado este miércoles en Macharetí, preocupaba a los dirigentes del magisterio por la posibilidad de enfrentamiento con los campesinos adeptos al régimen.

Los asalariados concentran su demanda en un aumento por encima del 10 por ciento ofrecido por el gobierno: “Si no hay incremento la lucha habrá sido inútil”, dijo José Luis Alvarez ejecutivo de los maestros urbanos de La Paz, uno de los sectores con dirigentes influidos por la corriente trotskista.

Vanguardizados por maestros urbanos y rurales, trabajadores fabriles y mineros, universitarios y también por salubristas, los sindicatos en protesta no parecen estar dispuestos a dar el brazo a torcer pese a las advertencias de que serán cercados por campesinos y cocaleros, o acusaciones de golpismo y versiones de desplazar a Montes del liderazgo sindical.

Sus puntos débiles son sin embargo, según se desprende de la prevención oficial, la presencia del radical ejecutivo de Oruro, Jaime Solares, tildado de ex paramilitar; la viveza de los salubristas cuestionados por su deficiente atención a los usuarios de los servicios públicos de salud y el accionar de los “infiltrados” trotskistas.

En torno a descabezamiento de la COB actual, el Presidente dijo al comenzar el conflicto que no dialogaría con ésta sino con la que sería elegida en mayo, aunque desde el sábado desanduvo sus pasos.

Un mes antes, Felipa Huanca, lidereza de las “bartolinas”, anticipó su propuesta de transformación de la COB: “No sólo los mineros, trabajadores de salud y profesores pueden aprovecharse de esta organización sino que nosotras también somos parte de ella y no queremos seguir siendo pisoteadas”.

Durante el fin de semana, en los Yungas y en presencia del mandatario, dirigentes cocaleros calificaron como “traidores al proceso de cambio” quienes apoyan a la COB y advirtieron con “control social” para identificar a maestros que acatan el paro. Igualmente, ocho ayllus norte-potosinos rechazaron las movilizaciones por el aumento salarial.

La tarde del sábado, la reunión gobierno-COB fue ‘ríspida’, porque ambas partes “se dijeron sus verdades”, reveló Montes.

Morales, por su parte, accedió al diálogo porque dijo que noche del viernes se enteró que se había suspendido el XV Congreso Ordinario cobista y que la dirigencia seguía vigente. “Como ex dirigente sé muy bien que todos se acusan de oficialistas, progobierno, aliados, vendidos y algunos que quieren usar al Evo para ser reelectos cuando se acerca un congreso de la COB”, señaló, curiosamente.

Leña al fuego

Durante la semana, el vicepresidente Alvaro García Linera, uno de los más impugnados por los manifestantes que reclaman su revocatoria de mandato, había convocado a frenar las movilizaciones. “Hay que resistir esta prepotencia y abuso de los dirigentes, las confederaciones campesinas han anunciado que van a tomar represalias en los sectores rurales”, dijo.

En respuesta, los cocaleros del Chapare advirtieron con “una masiva marcha en defensa de nuestro Presidente” con una gran concentración en La Paz”, según el dirigente Gualberto Bustamante.

“El pueblo tiene que ayudarnos a poner en regla”, había reclamado también García Linera. En paralelo, la ministra Nilda Copa denunció a “muchos infiltrados como Jaime Solares y Wilma Plata, que siempre han estado para destruir y no para construir” y recordó que sólo el 15% de los trabajadores del país es asalariado.

Pero más allá de que Solares aproveche el distanciamiento entre los sindicatos y el gobierno; o de que el sector salud medre de la única organización que puede defenderlos, sobresalía en el tensionado panorama el hecho de que el Ejecutivo, para albricias de la esmirriada oposición, no haya podido evitar enfrentarse, paradójicamente, con uno de los sectores que sustentan al Estado plurinacional.

Con todo, si el aumento del 10% se hace efectivo, no tardará ser devorado por la inflación, teniendo sólo efecto compensatorio. Una proyección del FMI estableció que la tasa inflacionaria alcanzará en 2011 al 10,4%. Por el mismo rumbo, la inflación interanual oficial llegó al 11,11%, por encima del ajuste salarial decretado, según la COB, sin consenso con los trabajadores.

La misma derogación paulatina del neoliberal decreto 21060 demorará algunos meses más. El Presidente anunció que el próximo 1 de mayo propondrá un paquete de leyes para comenzar a anularlo en la Asamblea Plurinacional, luego que permaneciera vigente aun cinco años después de la asunción de Morales a la jefatura de Estado.

Tuvo que pasar ese mismo lapso de tiempo, al parecer, para que las autoridades descubrieran las prácticas corruptas en la Caja Nacional de Salud (CNS). Morales refirió en las últimas horas que el “cuoteo total”” y el nepotismo desplegado tanto por parte de la gente del gobierno como de los dirigentes sindicales, debe acabar con una intervención a la Caja, lo que ha puesto a la defensiva a sus empleados, que podrían mantener el conflicto aun cuando el gobierno llegue a un acuerdo con el conjunto de los sindicatos.

La ola de conflictos y protestas, según el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, está afectando especialmente al gobierno, que tiene el mayor índice en 41 años. En el primer trimestre de 2011, se produjeron 240 conflictos, en comparación con los 207 registrados en ese mismo periodo de 2010.

Para el ministro Canelas, las movilizaciones no son el “mecanismo ni la forma” para obtener reivindicaciones sindicales porque “dañan y afectan al ciudadano”.

Para su colega Luis Arce, de Economía, reacio a cualquier incremento, la demanda laboral agravará el déficit fiscal de 880 millones de dólares, de los cuales unos 500 millones corresponden a la subvención a los hidrocarburos.

“Hay plata para el avión presidencial de 40 millones de dólares o para el satélite de 250 millones, pero no para aumentar el sueldo a los trabajadores”, denunciaron sus voceros en las marchas, mientras el gobierno insistía en la inconveniencia de utilizar las reservas internacionales, de 10 mil millones de dólares.