Los presidentes Santos y Obama han llegado a un acuerdo para presentar el TLC con Colombia para su aprobación por parte del congreso de Estados Unidos, acuerdo que en contra de todas las evidencias, plantea la posibilidad de que en el corto lapso de tres meses, el gobierno de Santos y el congreso de Colombia tomarán medidas concretas y drásticas para resolver los problemas de derechos laborales y violencia contra los sindicalistas, que se han mantenido durante muchos años con complicidad y apoyo de las políticas de las últimas cúpulas gubernamentales, de las cuales ha formado parte protagonista el actual presidente Santos.

Este acuerdo muestra que ambos gobiernos venían trabajando en forma secreta para presentar un cronograma en el cual Colombia se pliega nuevamente a los intereses de las corporaciones estadounidenses y acepta dócil y demagógicamente las exigencias de esa potencia.

En realidad tras casi un año del nuevo gobierno en Colombia, la impunidad se mantiene, e incluso se agravan modalidades de violencia como los asesinatos de dirigentes sociales involucrados en los procesos de restitución de tierras y la profundización de una legislación contraria a la organización y reivindicaciones de las trabajadoras y trabajadores.

Metas acordadas, como lograr antes de 30 días medidas efectivas en contra de la impunidad contrastan con hechos como que los militares juzgados y sentenciados por falsos positivos, asesinatos de sindicalistas y defensores de derechos humanos se encuentran en instalaciones militares protegidos y alojados como en hoteles de cinco estrellas y no sido sometidos a las mismas condiciones que los presos comunes, al tiempo que desde el gobierno se buscan estrategias jurídicas para anular los procesos en su contra.

Lo que el acuerdo hace es intentar desatascar el trámite del TLC en el congreso de Estados Unidos y postergar los condicionamientos en materia de derechos humanos a las fases de entrada en vigencia e implementación del mismo.

Pretender que antes del 15 de junio se reforme el código penal y otras leyes como las referentes a las cooperativas de trabajo asociado o las agencias de empleo, en una situación en la cual ni aun iniciativas completamente apoyadas por el gobierno como las leyes de víctimas y tierras han podido ser consensuadas dentro de la coalición gubernamental, parecen una simple proclamación formal hecha por los dos gobiernos para silenciar la oposición de los movimientos sindicales y de paso compromete la agenda legislativa a un cronograma dictado desde Washington, violando nuevamente la autonomía del poder legislativo.

Que la Fiscalía General y el gobierno de Colombia, asuman compromisos con fechas, cifras y metas en materia de aplicación de la justicia revelan nuevamente la deplorable pérdida de soberanía del país y la manera como el gobierno no se preocupa realmente de los temas de evitar la impunidad, exigencia reiterada desde hace años por los movimientos sociales, y que el gobierno sólo atiende en relación a la suscripción de tratados de libre comercio.

Los acuerdos entre Santos y Obama validan la política de Santos y Uribe en materia de derechos humanos dentro del enfoque de que en la última década Colombia tuvo grandes progresos, que ahora se busca consolidar. Para todos los colombianos está claro que los últimos 9 años fueron los de las chuzadas, los falsos positivos, los desplazamientos masivos, de incremento de la informalidad y el desempleo, aumento de la dependencia alimentaria y entrega de garantías absolutas a la inversión extranjera. Bajo ninguna circunstancia fue una década de grandes avances que hay que consolidar, sino de profundos retrocesos que hay que revertir.

La prohibición de las llamadas Cooperativas de Trabajo Asociado que permiten esconder la relación laboral y desconocer los derechos de los trabajadores, sería contrarrestada por la implementación de otras formas para disfrazar y negar la relación laboral, tales como los mal llamados ¨contratos sindicales¨ de obras o de servicios.

El acuerdo se hizo dentro del criterio del gobierno de Santos de beneficiar los intereses de Estados Unidos, el cual reconoce por enésima vez que este tratado se hace con la finalidad de la creación de trabajos en EE.UU. y el fortalecimiento de los privilegios de los inversionistas y el aumento de las exportaciones norteamericanas y para estimular la competitividad de Estados Unidos y facilitarle el acceso al mercado colombiano y fortalecer el apoyo del gobierno colombiano a los intereses de EEUU, no solamente en el plano nacional sino internacional, como su agenda militar y de lucha contra el narcotráfico.

Los dos gobiernos al suscribir ese acuerdo se ponen en contra no solamente de las voces que recientemente y desde hace años exigen garantías reales y duraderas a los derechos humanos y que incluyen la opinión reciente de congresistas demócratas, de la AFL y la USW y hacer creer que Colombia, calificada por la Confederación Sindical Internacional, nuevamente hace pocos días, como el país más peligroso del mundo para los sindicalistas, en tres meses va a superar esta situación. También los gobiernos ignoran los argumentos y las demandas de quienes han denunciado el carácter lesivo del TLC para los derechos de los trabajadores, la soberanía alimentaria, el desarrollo social y económico, la integración regional.

Santos continúa la obsesiva preocupación de Uribe por la ratificación del TLC y está a punto de someter a Colombia a nuevos sacrificios de su soberanía y estos hechos ameritan una inmediata y contundente reacción del movimiento popular.

* Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio, www.recalca.org.co