En las últimas 48 horas la ciudad de La Paz es escenario de multitudinarias marchas, bloqueos callejeros, disturbios sociales y otras manifestaciones de protesta que no se veían en la sede de gobierno desde que el pueblo se alzó contra el neoliberalismo hace más de seis años. Se trata de la mayor movilización social contra el régimen de Evo Morales desde asumió el mando en 2006.

El gobierno se burló de la Central Obrera Boliviana (COB) porque mientras negociaba con los dirigentes decretó de manera inconsulta un incremento salarial de apenas 10%, y sólo para cuatro sectores (magisterio, salud, policía y fuerzas armadas), explicó el secretario ejecutivo de la COB Pedro Montes.

La dirigencia de la COB convocó a la movilización nacional para repudiar la política económica del gobierno del MAS, y para exigirle la inmediata abrogación del decreto salarial; del artículo 23 de la Ley Financial 062 que atenta contra los bienes de la Caja Nacional de Salud y de otros servicios de salud de los trabajadores; y del decreto 21060.

Miles de trabajadores mineros, fabriles, constructores, universitarios, sanitarios, maestros urbanos y rurales, médicos y personal de salud de casi todos los departamentos del país se concentraron en el multifuncional de la Ceja de El Alto el miércoles 6 de abril, y desde allí marcharon hacia el centro de La Paz reclamando un aumento salarial superior al 10%.

Al medio día era difícil calcular la cantidad de gente que marchaba por distintas calles del centro de la ciudad. Los mineros se hicieron sentir detonando cachorros de dinamita, e intentaron ingresar a Plaza Murillo, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Intimidados por los cachorros de dinamita que estallaban muy cerca de sus pies, los uniformados retrocedieron y los mineros estuvieron a punto de tomar la Plaza. En Palacio de Gobierno los servicios de inteligencia alistaban la evacuación de Morales y García Linera.

Tuvo que intervenir el carro antidisturbios “Neptuno” para contener a los levantiscos con potentes chorros de agua, y, como en los viejos tiempos del neoliberalismo, los uniformados reprimieron con gases lacrimógenos y balines de goma. El dirigente cobista Montes fue herido en la pierna y otro manifestante en la mejilla.

Los trabajadores enfurecidos por la represión destrozaron vidrios y una de las llantas del Neptuno; mientras otros sectores rodeaban el centro político del país. Al final, decidieron continuar marchando hasta el atrio de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), y allí fustigaron duramente al gobierno “socialista” de Morales.

“Si esto es el cambio, el cambio es una mierda”, “Que renuncie Evo”, “si el Evo quiere plata, que venda su avión”, gritaron los manifestantes. “El gobierno afirma que esta marcha tiene un color político; carajo, ¿el hambre del pueblo es un discurso político?”, exclamó un marchista. “Los parlamentarios pueden gastar cada día 70 dólares y los trabajadores 3 o 4 dólares; eso no es socialismo, eso es burguesía pura”, afirmó el ejecutivo de la COD de Oruro Jaime Solares.

En la noche del miércoles, por decisión unánime de más de 30 organizaciones, un ampliado de la COB declaró huelga nacional indefinida e instruyó masificar las movilizaciones desde el jueves en todo el país. Montes declaró que los trabajadores que llegaron a la sede de gobierno desde varios distritos del país se quedarán “hasta el final y no se marcharán hasta lograr sus objetivos”.

Al día siguiente, las marchas y bloqueos convulsionaron nuevamente a La Paz; los manifestantes apedrearon edificios de instituciones públicas y los mineros intentaron ingresar otra vez a la plaza Murillo.

El “bloqueo de las mil esquinas” paralizó completamente la sede de gobierno en la mañana del jueves. Maestros rurales y trabajadores de salud bloquearon la autopista La Paz – El Alto; maestros urbanos y mineros, la zona del Cementerio; sanitarios y médicos cerraron calles en Miraflores; maestros que llegaron de Santa Cruz se apostaron en el Puente de las Américas, y maestros urbanos de Cochabamba bloquearon la avenida Arce.

En la tarde, miles de mineros, fabriles, maestros, médicos, universitarios y otros trabajadores de los nueve departamentos del país cercaron completamente la plaza Murillo. Se trató de una gigante movilización no vista desde que Morales asumió la Presidencia en 2006, describió la Red Erbol.

Nuevamente los mineros intentaron romper el cerco policial en las cuatro esquinas de la plaza Murillo, haciendo explotar centenares de cachorros de dinamita y dejando a su paso serios daños en bienes públicos.

“En una actitud totalmente reñida con la actividad sindical, varios trabajadores y dirigentes dañaron la fachada del Ministerio de Trabajo con pintura roja y rompieron los vidrios de las ventanas con explosiones de dinamita. Hay daños en sus puertas lateral y frontal”, informó el Ministerio de Gobierno.

Los marchistas rompieron vidrios del edificio del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y del Palacio de Comunicaciones; destrozaron a dinamitazos la puerta de la Corte Superior de Justicia, y encendieron una fogata en la puerta de la oficina de Derechos Reales. El carro antidisturbios Neptuno fue blanco de al menos tres cachorros de dinamita. Otro grupo intentó destrozar la puerta metálica de una tienda de Manaco en la calle Comercio y algunos saquearon tres puestos de peluches en la misma calle.

Más tarde la dirigencia de la COB envió una carta al Presidente Morales proponiendo reanudar el diálogo. En la misiva rechazan “las mentiras, acusaciones y falacias de las autoridades de gobierno, que intentan dividir a la clase trabajadora”, y exigen la renuncia de los ministros antiobreros Félix Rojas (Trabajo), Nila Heredia (Salud) y Luis Arce (Finanzas).

Montes pidió a las organizaciones afiliadas a la COB no aceptar negociaciones por separado y recalcó que “cualquier invitación que hubiera para algún sector por parte del Ejecutivo debe ser a través de la COB, por disciplina sindical”.

La respuesta del gobierno

Todas las autoridades del Ejecutivo repiten el mismo libreto y cumplen disciplinadamente la estrategia definida en Palacio para enfrentar a sus adversarios. Igual que los regímenes neoliberales del pasado, el gobierno “socialista” minimiza las protestas, deslegitima sus demandas e intenta fracturar a los sindicatos con amenazas.

Las protestas sindicales y la huelga general no tienen convocatoria y un 90 por ciento de las actividades laborales se desarrolla con normalidad, aseguró el ministro de Comunicación Iván Canelas. El ministro de Minería y Metalurgia José Pimentel dijo que todas las minas estatales (Huanuni, Corocoro y Vinto) y la mayoría de las privadas (Inti Raymi, Manquiri y Sinchi Wayra) trabajan normalmente.

Según Canelas, la movilización cobista tiene “características políticas ante la inminente realización de un ampliado de la COB, el primero de mayo, donde los sindicatos elegirán a la nueva cúpula del máximo organismo laboral”. “Algunos dirigentes con Intereses particulares y electoralistas solo quieren ganar espacio”, aseveró el viceministro de Régimen Interior y Policía Marcos Farfán

El Vicepresidente Álvaro García Linera denostó a la movilización impulsada por “intereses mezquinos”; descalificó sus “injustas e ilegítimas” demandas, y censuró a quienes luchan solamente por “demandas locales y particulares, en detrimento de las demandas generales de la población”, como por ejemplo los maestros que “quieren que toda la plata que genera el Estado se vaya a salarios, dejando de lado los recursos para inversión”.

Dijo que el decreto 21060 ya “fue aniquilado” el 1 de mayo del año 2006 con el decreto de la nacionalización, y el Estado “pasó de ser un ente subordinado, raquítico y anoréxico a un Estado fuerte, vigoroso y musculoso que está creciendo y seguirá creciendo más”. Sin embargo, admitió que restan algunas medidas para asestar la estocada final al decreto neoliberal, como por ejemplo reformar las leyes de Inversiones, Pensiones, Minería y Trabajo.

El gobierno de Morales duplicó el salario mínimo nacional de 440 bolivianos (54 dólares) a 815 bolivianos (116 dólares), destacó García Linera, y reiteró que aumentar más sería “una irresponsabilidad histórica”.

El Ejecutivo y sus operadores están decididos a romper la unidad de las organizaciones sindicales a cualquier costo. El ministro de Trabajo Félix Rojas reiteró que la huelga de la COB es ilegal y advirtió a los huelguistas que la Ley General de Trabajo establece que la inasistencia a las fuentes de trabajo durante seis días continuos es causal de despido.

El Vicepresidente denigró a los trabajadores de salud y a su “criminal” paro en plena emergencia sanitaria, y amenazó con desafiliar a los trabajadores del Estado de la Caja Nacional de Salud. “Es una idea interesante y la he oído de parte del Congreso; si no mejora el servicio de la caja con cariño, esmero y preocupación como Estado que somos los que aportamos por todos los trabajadores tenemos que estar pensando la posibilidad de otras opciones de una mejor atención”.

Hace poco, García Linera instruyó a los maestros oficialistas capturar la dirección de la Federación de Maestros Urbanos de Cochabamba. Inmediatamente distintas fracciones oficialistas (Frente de Defensa, LUMAC y FUM) conformaron un bloque al mando del ex viceministro de Educación Regular Germán Jiménez para desarrollar una furiosa campaña contra los trotskistas.

Desde un principio el gobierno intentó fracturar al equipo mayoritario del frente trotskista URMA, y ahora recurre a maniobras administrativas para anular a los dirigentes claves, con la ayuda de Federico Pinaya y otros representantes del oficialismo en la Confederación de Maestros Urbanos.

Las autoridades intentan anular al dirigente Vladimir Mendoza, ejecutivo del Nivel Secundario de la Federación de Cochabamba, desterrándolo a zonas alejadas. Argumentan que no tiene derecho a trabajar en la provincia de Tiquipaya porque tiene “pocos años” de servicio.

En los últimos días los masistas iniciaron un proceso sindical contra Gustavo Sánchez, Vladimir Mendoza y Giovana Vargas por supuestas transgresiones a los Estatutos, a la Declaración de Principios y al Reglamento del Consejo Nacional de Disciplina Sindical, y por supuestas violaciones de los derechos laborales.

El oficialismo conformó un bloque pro gubernamental con dirigentes de la CSUTCB, el CONAMAQ y las Bartolinas para boicotear el paro de la COB y, ahora organiza grupos de choque para neutralizar las movilizaciones e inclusive tomar por la fuerza las sedes sindicales.

Sin embargo, muchos sindicalistas del oficialismo han sido rebasados por sus bases y se han visto obligados a adoptar posiciones radicales; es el caso de los maestros rurales de La Paz, que en un ampliado realizado en la localidad de Achacachi resolvieron marchar hacia La Paz en la segunda semana de abril.

Los maestros urbanos de Cochabamba decidieron suspender clases desde el lunes de la próxima semana; los fabriles de esa ciudad acordaron iniciar marchas permanentes; los trabajadores de Tarija paralizaron actividades, y todas las universidades públicas del país suspendieron labores de manera indefinida.

El líder de los gremiales Francisco Figueroa convocará a un ampliado de emergencia para planificar la movilización en La Paz. En El Alto, vecinos, estudiantes y campesinos conformaron hace poco el Comité de Defensa de la Economía Popular y los Recursos Naturales para luchar por la Agenda de Octubre: expulsión de las transnacionales, industrialización, fomento a la producción del pequeño campesino y una verdadera revolución agraria.