Rubén Saavedra Soto, que se desempeñaba hasta hoy como ministro de Defensa, fue posesionado el 5 abril como máxima autoridad de la Dirección Estratégica Marítima dependiente de la Cancillería. La nueva autoridad con rango de embajador plenipotenciario es responsable de diseñar la demanda que presentará Bolivia ante tribunales de justicia internacionales reclamando una salida soberana al Océano Pacífico.

El gobierno del Presidente Morales decidió crear la Dirección General de Reivindicación Marítima para que se encargue del diseño de la estrategia jurídica que seguirá Bolivia en tribunales internacionales para resolver por la vía multilateral la centenaria controversia con Chile.

Morales instruyó a la Asamblea Legislativa Plurinacional que ratifique todos los tratados y protocolos internacionales necesarios para iniciar la demanda contra Chile, y pidió a la Cancillería que seleccione a los mejores profesionales para que formen parte de la Dirección de Reivindicación Marítima.

El Ejecutivo se tomó su tiempo para elegir al responsable de la inédita instancia dependiente de la Cancillería. En principio, el Presidente dijo que designaría a un ex Presidente y reveló que uno de los candidatos potenciales era el ex mandatario Carlos Mesa.

Luego aparecieron otros candidatos, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados Héctor Arce y el ex ministro de Defensa y actual cónsul de Bolivia en Chile Walker San Miguel. Este martes, la red Erbol especuló que el Presidente había optado por Arce, el cual sería reemplazado por las diputadas Cecilia Ayllón o Betty Tejada.

Sin embargo, en horas de la noche el Presidente posesionó al ex ministro de Defensa Rubén Saavedra como máxima autoridad de la renombrada Dirección Estratégica Marítima, entidad responsable de plantear la demanda marítima ante los tribunales internacionales, en coordinación con el Consejo Nacional Marítimo conformado por expertos en la materia.

“Todas nuestras acciones respecto a volver al mar con soberanía recorrerán un camino largo, con paso prudente pero firme. En el trabajo de la Dirección Estratégica Marítima utilizaremos formas jurídicas avanzadas conforme la dinámica del propio desarrollo del derecho internacional”, anunció la flamante autoridad. (ABI)

Saavedra recalcó que la decisión del Estado boliviano de acudir a los tribunales internacionales “está reconocida y establecida en el derecho internacional”, y prometió que tomará en cuenta las propuestas e iniciativas de todos los bolivianos interesados en participar en el histórico emprendimiento.

“En este nuevo paso será importante la participación de todos y de todas con su aporte; sé que muchos historiadores hicieron seguimiento de este tema marítimo y la Dirección Marítima tiene la misión de recoger y documentar para que de esa manera con Bolivia se haga la justicia que buscamos todos y todas”, recalcó el Presidente Morales.

La controversia por el mar nunca dejó de preocupar a los gobiernos de la región, y la Organización de Estados Americanos declaró en 1979 que la reivindicación marítima boliviana es un asunto multilateral.

El Congreso debe aprobar una Ley ratificatoria del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas “Pacto de Bogotá” suscrito en 1948. El presidente de la Cámara Baja Héctor Arce afirmó que este tratado es uno de los instrumentos que abren la posibilidad de explorar la competencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

El canciller David Choquehuanca reiteró que la demanda de Bolivia no cierra las puertas al diálogo bilateral: “Bolivia nunca cerrará las puertas al diálogo con Chile, pero no podemos esperar otros 132 años y tenemos que explorar otras alternativas porque tenemos el derecho de decidir qué caminos nos puedan llevar hacia un acceso soberano al mar”.

“Bolivia no puede pretender un diálogo directo, franco y sincero mientras simultáneamente manifiesta su intención de acudir a tribunales u organismos internacionales”, respondió el presidente de Chile Sebastián Piñera, y advirtió que la demanda internacional “compromete el acuerdo alcanzado en diciembre pasado para reforzar las relaciones bilaterales mediante la creación de un grupo de trabajo”.

El canciller de Perú José García Belaunde evitó opinar sobre la controversia marítima, pero consideró que “nada que sea buscar un mecanismo pacífico de solución de controversias es peligroso”. Los presidentes Morales y Alan García firmaron el año pasado una declaración conjunta en la que Perú se compromete a no obstaculizar las gestiones de Bolivia.