(Agencias).- El gobierno promulgó la Ley de Desarrollo y Seguridad Fronteriza que declara de necesidad y utilidad pública la expropiación de distribuidoras privadas de combustibles situadas en el radio de 50 kilómetros circundantes a las fronteras del país.

La N. 100 Ley promulgada el lunes por el Presidente Evo Morales pone a disposición del Estado nuevos mecanismos para sentar soberanía en las zonas fronterizas y poner “fin a la lógica de saqueo en esas regiones”, destacó el viceministro de Coordinación Gubernamental Wilfredo Chávez.

El contrabando de carburantes subvencionados se ha convertido en una forma de vida en las regiones fronterizas, ocasionando muchos problemas internos y externos, aseguró Chávez. En ese sentido, la Ley de Desarrollo y Seguridad Fronteriza busca “evitar el saqueo impune de los recursos naturales por parte de grupos organizados a nivel institucional y regional”.

La Ley prevé la creación del Consejo Nacional para el Desarrollo Fronterizo y Seguridad integrado por los Ministerios de la Presidencia, Defensa, Gobierno, Planificación del Desarrollo y Economía y Finanzas Públicas; además, delega mayores funciones a la Agencia para el Desarrollo de las Macro regiones y Zonas Fronterizas (ADEMAF).

El Consejo será la instancia de coordinación entre la ADEMAF, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas, YPFB, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el Servicio de Impuestos Internos (SIN).

El Consejo suspenderá todos los trámites de licencia de estaciones de servicio en zonas fronterizas y expropiará las estaciones de servicio ubicadas en el radio de 50 kilómetros circundantes a la frontera con otras naciones.

Los propietarios de las gasolineras expropiadas por necesidad y utilidad pública recibirán una indemnización justa, y los activos serán transferidos a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para que se convierta en el único comercializador de hidrocarburos en las fronteras.

Además, la norma restringe la comercialización y exportación de gasolina, diesel y gas licuado de petróleo, y establece duras sanciones penales por delitos tributarios y otras infracciones como el almacenaje, comercialización y adquisición ilegal de gasolinas, gas licuado y diesel.

El almacenaje ilegal será sancionado con reclusión de entre 3 y 6 años. Las personas que adquieran bienes de forma ilegal pueden ser condenados a entre dos y cuatro años de cárcel. Las comercializadoras privadas que no emitan facturas serán clausuradas y en caso de reincidencia pasarán a manos de YPFB. Los funcionarios públicos que colaboren con contrabandistas serán sancionados con 5 o 10 años de reclusión, como establece el Código Penal.

El gobierno prevé evitar el desvío de gasolina y diesel mediante el cruce de información entre la importación, la distribución y comercialización de carburantes. Como incentivo, los denunciantes de hechos irregulares recibirán el 20% de la mercadería decomisada.

Dirigentes de Asosur aseguran que la expropiación de gasolineras es ilegal; en su criterio, en ninguna parte del mundo se expropian bienes que cumplen una función social.