El gobierno promulgó la Ley N. 101 de Reglamento Disciplinario de la Policía boliviana, una norma “fundamental para la reestructuración de la Policía Boliviana” y para “recuperar el prestigio de una institución que vela por la seguridad de los bolivianos”, destacó el ministro de Gobierno Sacha Llorenti.

La norma aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y promulgada por el Presidente Evo Morales permitirá acelerar la “depuración” de uniformados corruptos.

En ausencia de una Ley como la promulgada, en el pasado hubo casos en los que algunos policías acusados de delitos y declarados culpables aún conservaban sus grados, como es el caso del coronel Blas Valencia, quien cumple una condena de 30 años de cárcel en Chonchocoro sin derecho a indulto por asaltar a la empresa PROSEGUR en 2003, declaró Llorenti a la agencia ABI.

La nueva norma establece que “cuando se traten de delitos flagrantes se dispondrá la suspensión del pago de haberes tras la conclusión de la investigación y del proceso”. Las faltas más graves serán sancionadas con la baja automática y sin derecho a la reincorporación, además de la degradación.

El objetivo de la Ley es “depurar las faltas graves y reducir al mínimo los procesos, respetando el derecho a la defensa de los imputados”, dijo el ministro llorenti.

Además, se creará una Oficina de Control Interno de la Policía dependiente del Ministerio de Gobierno, conformada por agentes encubiertos encargados de detectar actividades ilegales al interior de la Policía, con el correspondiente levantamiento de pruebas, recojo de grabaciones, documentos y testimonios.

El Ministro aclaró que los agentes encubiertos (uniformados y civiles) serán designados en sujeción a todas las exigencias de la Administración Pública. Aclaró que la aplicación de esta Ley no es retroactiva, por lo que los procesos que existen en la actualidad contra 700 u 800 policías proseguirán en los tribunales actuales.