La trinidad indígena-originario-campesino que sirve en gran medida como piedra basal del edificio de conceptos sobre el que se apoya el nuevo orden constitucional ha intentado sintetizar identidades y realidades distintas, cultural y de clase, y resolver el contenido del núcleo hegemónico del Estado Unitario Plurinacional. En este artículo se explora, de manera necesariamente preliminar, los términos mencionados y su relación con la autonomía indígena y la de ésta con la noción de Estado plurinacional.

Se asume aquí que la autonomía, en todas sus expresiones y, particularmente en la indígena, otorga sentido y contenido a la caracterización plurinacional del Estado forjado en nuestro proceso constituyente. También se entiende que la autonomía está lejos de constreñirse a una cierta modalidad de administración territorial del Estado, como pareciera entenderse desde la óptica de quienes han contrapuesto la autonomía departamental a la reforma integral del estado, y que representa, más bien, una condensación de experiencias colectivas en la construcción estatal, que se caracteriza por marcadas tendencias de independencia social y aspiración de autogobierno.

Indudablemente existe una íntima relación entre ese sentido de la autonomía y la prolongada tradición de demandas descentralizadoras planteadas por las regiones y las reivindicaciones autonomistas de los pueblos indígenas de tierras bajas, pero, según lo que se expondrá aquí, la autonomía como proyecto de autogobierno social, manifestado en las luchas que componen el proceso constituyente, delinea un horizonte interclasista e intercultural que supera el techo de esas expresiones.

Quiero subrayar la contradicción que separa el enfoque que se usa en este trabajo y el que han popularizado varios autores y medios masivos de difusión al caracterizar el proceso constituyente como expresivo de la tensión entre “las agendas de octubre de 2003 y enero de 2004” (o, entre el colectivismo y la modernidad, en otros términos).

Pero, existe una brecha igualmente profunda con la narrativa gubernamental, que pasa por alto que la CPE ha nacido en medio de importantes contradicciones entre los movimientos y organizaciones de masa con la burocracia estatal que proclama representarlos.

En los debates de la Asamblea Constituyente y después, en el desarrollo de la gestión gubernamental vigente, van tomando cuerpo diferencias entre representantes y representados, que testimonian como la autonomía indígena en primera instancia y el espíritu autonómico del proceso caben cada vez menos en el espacio dentro del que intentan constreñirles los gobernantes.

De hecho, comenzando en las elecciones regionales de abril de 2010 y a través de múltiples otras expresiones, entre las que ha resultado más resonante es el movimiento social nacional contrario a la política económica oficial de finales de año, la demanda de autonomía se ha mostrado como indomable ante las fórmulas propuestas por los teóricos del nuevo Estado.

Culturas, clases y geografías

Desde su primera marcha en 1990, los movimientos y organizaciones indígenas de tierras bajas asumieron la conducción social del proceso constituyente, planteando las demandas de tierra-territorio y dignidad. Así se detonó la lucha por un nuevo orden estatal, porque el vigente hasta ese momento se encontraba estructuralmente inhabilitado para satisfacer las demandas centrales que alimentaban el proceso abierto con esa marcha.

La inmediata respuesta gubernamental que consistió en otorgar y reconocer “tierras comunitarias de origen” (TCO) sirvió para descomprimir momentáneamente una coyuntura política complicada, para el gobierno de coalición entre ADN-MIR-CONDEPA (1989-1993), pero casi nadie –ni dentro, ni fuera del gobierno- llegó a entender la proyección de aquella “sencilla” plataforma indígena.

“Tierra-territorio” unificaba las demandas de indígenas y campesinos agricultores, que necesitan usar el suelo (tierra) y de las comunidades que precisan “controlar” para la recolección, caza y otras actividades un cierto territorio (suelo, subsuelo, vuelo y la totalidad de recursos contenidos en ellos). De ese modo, la reivindicación territorial desafía el tradicional orden republicano de nuestro país y la arquitectura constitucional con que fue diseñado y se convierte en la base de la tendencia de un Estado autonómico, más que de un Estado “con autonomías” como señala nuestra CPE (artículo 1).

El reclamo de “dignidad” comprende a su vez un extenso y complejo discurso que impugna la desigualdad, la discriminación y el racismo predominantes en las relaciones sociales de nuestro país, lo que hace de esa sola palabra otra fuente de contestación global al orden social y político.

Sobre este cimiento se agregó la demanda de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, extra o mejor supra parlamentaria y, frecuentemente, extra partidaria, según los principales sujetos y actores sociales que la enarbolaron como consigna.

A partir de esas banderas de los movimientos y organizaciones indígenas de las tierras bajas, el proceso constituye se desplegó, ensanchando la demanda de reforma política (desmonopolización de la representación político-electoral, consulta directa al pueblo por medio de referendos) y de ampliación participativa de las formas democráticas.

Durante la década final del siglo XX, los indígenas de tierras bajas fueron los portavoces de la demanda de que se convocara a una Asamblea Nacional Constituyente, hasta la guerra del agua y el inicio de los bloqueos campesinos altiplánicos en el año 2000.

No debe perderse de vista, sin embargo, que ese proceso es parte del ciclo constitutivo inaugurado en 1979, a través de manifestaciones de la autonomización ideológica y política de los campesinos habitantes de la región andina del país.

La clase social campesina, compuesta principalmente por quechuas y aymaras, es resultado de la liberación de la servidumbre y ciudadanización de esa mayoría indígena por la revolución de 1952.

La historia de la segunda mitad del siglo XX en Bolivia ha sido motorizada fundamentalmente por la aparición y los cambios de esta nueva clase social, electoralmente amarrada al Movimiento Nacionalista Revolucionario hasta 2002, pese a que estuvo tomando distancia ideológica y política desde mucho antes y en especial desde la creación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y el primer bloqueo nacional campesino, ambos en 1979.

Lo indígena y lo campesino en la Constitución

El nacimiento de la clase social campesina en Bolivia inaugura también la era democrática nacional, porque la exclusión de mujeres, indígenas y pobres no solamente del acceso a cargos electivos, sino al simple ejercicio del sufragio convertía en letra muerta el conjunto de prescripciones constitucionales republicanas. Ha de agregarse que hasta la revolución de 1952, eran igualmente inertes las normas que abolían la servidumbre; de ahí la eficacia de la transacción que ofrece el movimientismo a los indígenas de las tierras altas: liberación de la servidumbre, propiedad, ciudadanía, organización sindical y milicias armadas a cambio, no solo de lealtad política e ideológica, sino de identidad, es decir de transar la identidad de sujeto social indígena a clase social campesina.

Los problemas y frustraciones de ese tránsito, son los mismos que los de la reforma agraria y, en general, del proyecto de modernización capitalista del país. La gran masa campesina no logró sus sueños y siguió atrapada por todas las desdichas de la pobreza.

Sin embargo, la realidad de tal descripción no debe confundirse con el inmovilismo, ya que en poco más de tres décadas, algunas capas de la nueva clase consiguieron éxitos de realización individual y familiar por una vía capitalista tipo farmer y otros lo hicieron con el comercio pequeño y mediano, o el transporte.

La gran mayoría que no pudo sobrepasar las limitaciones propias del bajo desarrollo tecnológico, la carencia de apoyo financiero, las dificultades de transporte y la subdivisión de la tierra, tampoco permaneció estática y a través de grandes y sucesivas olas de migración, principalmente a ciudades, entre las que sobresalen, sin ser las únicas, Santa Cruz, El Alto, La Paz.

Es la urbanización que promueve la incursión de los migrantes en una diversidad de actividades de pequeña producción y comercio de sobrevivencia, afecta radicalmente las prácticas comunitarias a las que se refiere el texto constitucional, como presunta nueva base de la economía del país refundado.

Más del 90% de los indígenas bolivianos pertenecen a la clase social campesina, nacida a partir de 1952. La tensión entre esas identidades y los intentos para sintetizarlas ha marcado el desarrollo del Estado que ha implosionado y definirá el rumbo del “Estado Unitario Plurinacional, descentralizado con autonomías” descrito en la CPE.

En el segundo artículo de la Constitución se vislumbra lo que parece ser una manera de obviar esa dialéctica histórica, creando, a través de una condensación-simplificación una sola identidad:

“Dada la existencia pre colonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley.”

En esa redacción lo campesino queda esencialmente reducido a la dimensión de agricultor, por lo que se omite reconocer el origen y trayectoria. Así como las características y cambios ideológicos y culturales de la clase social que está forjando este nuevo ciclo estatal aliada, antes que a ningún otro, al sujeto social indígena.

Así, la trilogía “indígena-originario-campesino” y el empaquetamiento de los conceptos pueblo/nación oscurecen el origen y el devenir de los sujetos y sus identidades y dificultan la comprensión de las contradicciones que existen entre ambos.

De hecho, no consigue resolver conceptualmente el problema que planteaba la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia veintitrés años antes de que la Asamblea Constituyente inicie sus deliberaciones:

“…estamos convencidos que no aceptamos ni aceptaremos cualquier reduccionismo clasista convirtiéndonos sólo en “campesinos”. Tampoco aceptamos ni aceptaremos reduccionismo etnicista que convierta nuestra lucha a una confrontación de “indios” contra “blancos”. Somos herederos de grandes civilizaciones. También somos herederos de una permanente lucha contra cualquier forma de explotación y opresión. Queremos ser libres en una sociedad sin explotación ni opresión organizada en un Estado plurinacional que desarrolle nuestras culturas y auténticas formas de gobierno propio.” (Tesis Política del II Congreso de la CSUTCB, junio de 1983)

El sentido de lo originario

La manera en que se ha tratado legislativamente de reducir y simplificar las particularidades de cada sujeto social colectivo (sujeto indígena y clase campesina) es creando una aparente equivalencia entre ambos por medio del enlace que prestaría la palabra “originario”.

Se asigna a ese término la tarea de volatilizar la historia concreta de los campesinos concretos. En dicho código, la clave de todos los tiempos es el pasado, unilateral y continuamente, como lo subraya la definición de naciones o pueblos originario campesinos (Art. 30.I de la CPE) en donde lo originario tiene como requisito sustancial una “existencia anterior a la invasión colonial española”.

Lo mismo se reafirma en el artículo 290 que determina la posesión ancestral del territorio, por parte de la nación o pueblo originario, como condición para ejercer la autonomía que, en el artículo 289 es definida como “el ejercicio de la libre determinación” de tales colectividades.

El carácter ancestral con su hito del siglo XVI deja inevitablemente afuera a la clase social campesina, nacida como se ha dicho, a mediados del siglo XX, sin importar que se la aluda como indígena-originario-campesina numerosas veces.

La redacción constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas, capítulo cuatro, tiene un tono notablemente soberanista, reiterado en el siete referido a la autonomía indígena, en los que se advierte una influencia decisiva de las organizaciones de indígenas de tierras bajas y, probablemente también, del Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyu (CONAMAQ), como integrantes del Pacto de Unidad .

Aun cuando la expresión Estado Plurinacional aparece en el lenguaje de las organizaciones campesinas del área andina, en el proceso constituyente se ajustará mucho más a las visiones de los pueblos indígenas de tierras bajas y su reivindicación autonómica, congruente con la perspectiva de colectividades minoritarias, asediadas por el avance capitalista que avasalla sus territorios de la mano de grandes y pequeños empresarios, tanto como de campesinos y colonizadores migrantes.

Desde un punto de vista estrictamente objetivo, los pueblos indígenas y las comunidades campesinas mayoritarias, quechuas y aymaras, tienen un grado de presencia y expansión territorial en todo el país, de donde es más fácil que su visión territorial tenga idéntica proyección.

Esa diferencia de vivencias y percepciones tiene su traducción en la Ley Marco de Autonomía y la del Órgano electoral, en las que el tratamiento de los intereses y demandas de la CIDOB y otras organizaciones de indígenas de tierras bajas y del CONAMAQ condujo a enfrentamientos abiertos y a la séptima marcha de los indígenas de las tierras bajas, mientras que las organizaciones campesinas se mantenían al margen, o sustentaban más o menos abiertamente su apoyo al Gobierno.

La autonomía indígena y lo plurinacional en la CPE

El foco de las tensiones se ubica en que la CPE fue redactada en un lenguaje que difumina la distinción entre nación cultural y la nación política. En el texto aprobado en Oruro el problema era aún más intenso porque se habla del derecho a la autodeterminación de las naciones y pueblos originario-campesinos, noción que abre resquicios a la posibilidad de que la autodeterminación se interprete como soberanía.

Por eso justamente, la reforma congresal del proyecto aprobado en Oruro, primero, y a continuación la LMDA insisten en encerrar la autonomía indígena dentro de límites muy precisos e inamovibles .

Esa tendencia se incrementa cotidianamente a través de determinaciones administrativas, que explican en gran medida los choques que detonaron la séptima marcha indígena, realizada en 2010, bajo conducción de la CIDOB.

El crecimiento de tensiones transparenta las diferentes concepciones y expectativas entre indígenas y gobierno, entre indígenas y campesinos y entre ambos contra las tendencias crecientemente concentradoras de poder del Estado que supuestamente los representa a los dos.

Los problemas más complicados que ha ido sedimentando el intento de poner en vigencia las autonomías indígenas son la manera de interpretar y operar la consulta pública sobre explotación de recursos no renovables en territorios indígenas, el tratamiento de conflictos de límites entre distintas jurisdicciones autónomas y el de la representación parlamentaria de las treinta y seis naciones y nacionalidades que componen el Estado Plurinacional.

El más sensible es el primero, porque afecta a la apropiación y distribución en una economía adicta a las rentas obtenidas de riquezas naturales y pone en cuestión la solidez del concepto de consulta previa.

La segunda y la tercera ponen en máxima tensión los intereses diferenciados entre culturas y clases y someten a prueba las capacidades y tendencias democráticas y autonómicas de todos los actores y sujetos.

Todos estos elementos no suman ni componen contraposiciones antagónicas, pero indican claramente que la construcción de un Estado con autonomías precisa de nuevos enfoques y criterios de los que se están usando y, más que nada, que se revierta el curso concentrador del poder, que contradice en términos absolutos las tendencias autonómicas y de auto gobierno de nuestra sociedad.

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* Politólogo y docente universitario. Fuente: Fichas Constitucionales N. 30. www.institutoprismo.orginstitutoprisma@gmail.com