(Hora25).- A propósito de la nueva postergación del gobierno del MAS de la entrega del informe sobre reservas de gas e incumplimiento de la Ley 3740 que establece que éste debería ser entregado el 31 de marzo de cada año.

La estrepitosa caída de las reservas de gas natural y de petróleo deja a la nación boliviana en la más absoluta indefensión en momentos de una profunda crisis económica, alimentaria, energética y climática. Hasta el momento los responsables: las empresas petroleras y las principales autoridades que dirigieron el sector de los hidrocarburos desde enero de 2006, han utilizado todo su poder para generar una opinión pública silente ante la desaparición de cerca de 90 mil millones de dólares que muy bien hubieran servido para sacar de este agujero negro a Bolivia.

Todas las explicaciones apuntaron a juzgar con todo rigor a la empresa certificadora de D´Goyler and Mac Naughton, incluso el ex ministro de Minería, Carlos Echazú espetó su descontento: “En el caso del gas hemos sufrido al parecer una tremenda manipulación de las certificadoras de reservas y si esto se confirma debe enjuiciarse a estas empresas”.

Sin embargo, ni una sola palabra u acción legal sobre la responsabilidad de las petroleras, las autoridades encargadas de la fiscalización de YPFB Corporativo, supuesto dueño de toda la cadena de producción de hidrocarburos.

Cabe recalcar que las empresas petroleras, principalmente REPSOL, tenían pleno conocimiento que adulteraron los datos de las reservas gasíferas para incrementar el valor de sus acciones en los mercados financieros, hecho descubierto y en etapa de sanción a los responsables del engaño en el caso de Repsol que dieron disculpas públicas a sus accionistas pero no emitieron ningún co-municado para alertar a Bolivia sobre sus ilegales prácticas. Por el contrario, alentaron la política de que el país nadaba en un mar de gas para dar vía libre a las exportaciones de gas natural a la Argentina, Paraguay, Uruguay e incluso Chile.

El papel de Carlos Villegas

Por otro lado, autoridades como Carlos Villegas, estuvieron “supervigilando” el sector de los hidrocarburos desde el inicio de la gestión de este gobierno en carteras como la de Planificación, encargada de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, que incluyó proyectos de exportación, industrialización con datos completamente erróneos, como se demostró. Posteriormente dicha autoridad dirigió el Ministerio de Hidrocarburos y hoy detenta la presidencia interina de un YPFB Corporativo incapaz de solucionar los problemas de suficiencia energética de Bolivia.

Para rematar, el presidente Evo Morales, nos dice a manera de consuelo que existirían grandes reservas sin explorar y que dejemos de preocuparnos por una bagatela. “De acuerdo a los expertos, tenemos muchas reservas en el oriente, en la Amazonia, en el norte paceño, Beni y Pando, inclusive en las orillas del lago Titicaca. ¿Donde están las reservas de gas del Perú? Están en la zona altiplánica y yo me imagino que ese es un gran bolsón. (…) ¿Y quien está perforando? Felizmente esta madre tierra nos garantiza tantos recursos naturales”, indicó.

Agregó que “cuando nuestros cam¬pos petroleros o de gas estaban en manos privadas, las reservas siempre eran muchas; cuando empezaba a nacionalizar por poco no me dicen ya no tenemos reservas. Por eso, hace tres o cuatro años dije en una reunión de la ALBA ‘por qué Sudamérica no tiene una institución que pueda investigar, estudiar la reserva real’”.

Las oscuras prácticas de las petroleras

A inicios del 2004 estalló un gran escándalo en las finanzas de la anglo holandesa Shell que al haber sobrevaluado sus reservas en un 20 por ciento provocó tal revuelo en la bolsa londinense y la cólera de los inversionistas ante la pérdida de miles de millones de dólares del valor de sus acciones.

De reservas de cerca de 19.000 millones de barriles equivalentes de petróleo, la empresa se quedó con 14.500 millones de barriles, equivalente aproximadamente a unos 225 mil millones de dólares a un promedio de 50 dólares el barril. Lo primero que hicieron esos accionistas fue pedir la cabeza de los directivos que los engañaron y les iniciaron un juicio para evitar que estos temas se vuelvan a repetir.

Como se observa, las prácticas recurrentes de los directivos de las empresas es de incluso engañar a sus propios accionistas. Pero éstos no se quedan con los brazos cruzados inmediatamente toman las acciones para salvaguardar sus intereses.

En Bolivia nos repiten que somos dueños de los hidrocar¬buros pero nadie toma acción alguna para castigar a quienes jugaron con las ilusiones de un país que de potencia gasífera se convirtió en un remedo de productor de hidrocarburos.

Repsol también engañó a sus accionistas y a Bolivia

El pasado 26 de enero de 2006, con carácter de urgencia y por sorpresa, Antonio Brufau, presidente ejecutivo de Repsol YPF, comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a las autoridades bursátiles de EEUU, a los analistas y a la prensa, que la compañía recortaba el nivel de sus reservas probadas de gas natural y crudo en 1.245 millones de barriles equivalentes de petróleo (BEP). Es decir, de un día para otro, la empresa perdía el 25% de sus reservas mundiales (4.926 millones de BEP).

Una rebaja con tres nombres propios: Bolivia (52%), Argentina (41%) y Venezuela (5%). Es en estos tres países donde la compañía asegura haber perdido la mayoría de sus reservas, aunque el recorte también afecta a Argelia, señala un cable informativo de la fecha.

Sin embargo en el país la noticia no llegó a los bolivianos con la contundencia y emergencia por la cual debería tomarse, cuando la producción de hidrocarburos se ha convertido en “el sueldo de Bolivia”. Ningún medio de comunicación ni analistas del sector, menos autoridades de gobierno alertaron a la nación sobre las consecuencias de esta noticia.

En cambio, Brufau acusó al anterior equipo gestor, encabezado por el ex presidente de la petrolera, Alfonso Cortina, el directivo que compró YPF y lideró la compañía hasta mediados de 2004, cuando fue sustituido por el actual presidente. Pero tampoco se debe olvidar que, por aquel entonces, Brufau era miembro de la comisión de auditoría del grupo y representante en el consejo del principal accionista de Repsol YPF, la entidad financiera La Caixa.

Según la prensa española, dos bufetes de abogados estadounidenses preparan sendas demandas contra la empresa que contrató a dos prestigiosos despachos legales para plantear su estrategia defensiva ante la avalancha de demandas que puede venirle encima y para granjearse la confianza de los reguladores (SEC, CNMV). Curiosamente, los especialistas contratados por Repsol son los mismo que llevaron las riendas en el caso Shell: el estadounidense Davis Polk & Wardwell y el británico King & Spalding. Con la ayuda de estos dos bufetes, la compañía quiere delimitar responsabilidad en la contabilidad de las reservas.

La peor catástrofre boliviana se conocía a través de una carta oficial de YPFB al Ministerio en 2006

Si en enero de 2006 el escándalo ponía en la picota internacional a la REPSOL, la alerta para el gobierno de Bolivia vino del presidente Ejecutivo de YPFB, Jorge Alvarado Rivas, que en una carta fechada el 5 de abril de 2006, le comunica al aún ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada sobre el informe de cuantificación y certificación de reservas de gas elaborado por la Gerencia de Control de Reservorios en base al informe de “DeGoyler and MacNaughton” y establece con carácter de urgencia que “Dicho informe conlleva a tomar acciones inmediatas al respecto, con el tema de la cuantificación de las reservas en los pozos San Alberto, Margarita, Sábalo e Itaú, mismos que de acuerdo a la información de profesionales de YPFB, presentan situación crítica. Por cuanto las reservas Nacionales de gas reducirían en 10 Tcf¨s, aproximadamente.”

En otras palabras, se conocía al inicio de esta gestión de gobierno, lo que luego la certificadora Ryder Scott presentó el año 2010 en sus informes preliminares, que el país había disminuido dramáticamente sus reservas. Cabe decir que los resultados de la Ryder Scott hasta el momento no son revelados por las autoridades gubernamentales.

En síntesis al ser una carta oficial, este informe pasó a conocimiento de todo el gabinete y de las autoridades nacionales. Seguidamente todos los analistas energéticos, comenzaron a emitir tenues señales sobre los efectos negativos de la drástica dis¬minución de reservas, pero no hubo ningún escándalo por este dramático hecho: se mantuvo un pacto del silencio para no afectar la imagen y los intereses de las transnacionales para evitar que el pueblo exija una verdadera nacionalización ante el engaño y fra¬caso de la falsa nacionalización contenida en el decreto supremos 28701 de 1 de mayo de 2006.

Consecuencias

Los informes preliminares de la Ryder Scott que el gobierno oculta, mostró de cuerpo entero la indefensión del pueblo boliviano gracias a las políticas neoliberales secundadas por la actual administración de Evo Morales.

Morales tiene ligado su destino a sus socias: las transnacionales petroleras, mismas que tienen una política invariable: seguir saqueando los recursos hidrocarburíferos, con la exportación a Brasil y Argentina, por ello la imposibilidad de desarrollar nuestras fuerzas productivas a través de la industrialización de nuestros recursos naturales en base al gas.

Según expertos de UNADERENA, las empresas petroleras hicieron desaparecer de sus cálculos de reservas, un total de 15 trillones de pies cúbicos (TCF por sus siglas en inglés) de gas natural que multiplicados por el precio promedio de venta al Brasil y Argentina, de 6 dólares por millar de pies cúbicos, resulta la astronómica cifra de 90 mil millones de dólares, equivalentes a nueve veces las actuales reservas internacionales de Bolivia y casi cinco veces su producto interno bruto.

A pesar de la magnitud del “tsunami” para nuestras arcas y nuestro desarrollo, el gobierno no apuntó como principales responsables ni inició acciones legales a las empresas petroleras y autoridades que provocaron el descalabro de las reservas.

Aún más, la situación se agrava. En el número 80-81 del quincenario HORA 25, Gustavo Rodríguez Cáceres, en un extraordinario artículo, informa que “(…) las reservas de petróleo disminuyeron de 17.6 a 3.9 millones de barriles en el periodo 2005-2009; lo que al ritmo actual de producción diaria, menos de 6.000 barriles, significa que las reservas alcanzarían para poco de más de dos años”.

Prácticamente Bolivia se convertirá en un importador petrolero para satisfacer la demanda interna. El vicepresidente Álvaro García Linera, adelantó a un medio estatal el proyecto gubernamental de construir otra refinería en el altiplano que recibirá petróleo extranjero a precios altos (hoy supera la barrera de los 100 dólares) para producir diesel, gasolina y GLP para el mercado interno. Esto no hace sino confirmar que la dependencia de las transnacionales prácticamente nos está llevando a una crisis energética, económica y alimentaria, sumado a las inclemencias climatológicas que afronta el pueblo de Bolivia.

Hoy más que nunca urgen volver por la agenda de octubre y exigir a las autoridades competentes la iniciación de procesos de judiciales e históricos contra aquellos funcionarios públicos que entregaron a Bolivia a la voracidad transnacional.