(www.tabascohoy.com.mx).- La guerra contra el narcotráfico en todo el continente americano, y en cierta medida en el resto del mundo, ha estado liderada por Washington. El que otros países combatan el tráfico de drogas con toda la fuerza de sus estados, siempre ha sido de altísima prioridad para los gobiernos estadounidenses. Y éstos han logrado con éxito que muchos gobiernos entren en la lógica militarista del combate al tráfico de drogas, a la vez que han mantenido su propio territorio, relativamente libre de la peor violencia asociada a los grandes cárteles.

Conforme se revisa la historia, sale a la luz cómo la lucha contra el narcotráfico ha estado subordinada a objetivos de control territorial y político-militar por parte de los gobiernos estadounidenses. Al tiempo que cada vez es más dudoso el éxito de estos esfuerzos militares, en detener el tráfico de psicofármacos. A continuación trataremos en líneas generales la historia de esta guerra contra las drogas y su tráfico. El relato está centrado principalmente en el hemisferio americano.

Los antecedentes

El ejemplo. Los gobiernos de los países poderosos en general no han vacilado en utilizar a las drogas y su tráfico como instrumento de guerra, o como medio para financiar alguna guerra en otros países. Quizá el primer gran ejemplo se encuentra en las llamadas Guerras del Opio del siglo XIX, cuando Gran Bretaña, entonces la mayor potencia del mundo, forzó a China a aceptar su comercio de dicha droga. Si describiéramos aquel conflicto en términos del siglo XXI diríamos que un narcoestado obligó a un país más débil a comprar sus productos narcóticos, sin chistar.

Contacto en Francia. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se enfrentó al problema del avance del comunismo en los territorios de Europa que habían sido liberados de los nazis y los fascistas.

Para detener desde su raíz a los movimientos comunistas, sus organizaciones políticas y los sindicatos de cuya actividad toda Europa bullía entonces, la Casa Blanca, a través de la CIA, estableció una alianza con la mafia siciliana y con el bajo mundo de Francia. Washington obtuvo así asistencia de golpeadores para romper huelgas por la fuerza y aterrorizar a activistas políticos. A cambio, se les permitió a estas organizaciones criminales reactivar y hacer prosperar el sistema de producción y tráfico de heroína hacia Estados Unidos y toda Europa, que los regímenes fascistas habían desmantelado en gran parte. El resultado fue el mayor flujo de heroína de la historia, hacia las ciudades europeas y estadounidenses, durante los años 50 y 60, vía la mafia francesa. Un aspecto de este tema fue tratado en la película de los 70 “Contacto en Francia”, con Gene Hackman “The French Connection).

China. Una agencia de Washington llamada la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS en inglés), la precursora de la CIA, llevó a cabo a finales de los años 40, una operación para proveer de armas a las fuerzas que se oponían a la insurgencia de Mao Tse Tung, lo que a final de cuentas se probaría un fracaso, pues como se sabe, la revolución de Mao triunfó.

Los agentes de EU acordaron proporcionar armas a los opositores a Mao, pero ¿qué obtendrían a cambio? Las facciones guerreras chinas no tenían dinero, así que la solución fue la siguiente: utilizar la enorme producción de opio en las cálidas tierras de Birmania, para llevarla a Shangai, donde se procesaría en heroína, y luego de ahí iría a Estados Unidos, donde compañías contratadas por los agentes se la vendía a las mafias que a su vez se la proveían a los adictos estadounidenses. Por supuesto una operación de tal naturaleza era secreta, pero hoy ha quedado documentada por los historiadores, aunque los estudios donde se detalla no son precisamente muy difundidos.

Vietnam. En 1947 fue fundada la CIA –como sucesora de la OSS–, que tendría a cargo el espionaje y las operaciones secretas para luchar contra el comunismo “en Estados Unidos y en el extranjero”, según su acta de creación. Por esos años, el sureste de Asia se fue convirtiendo en un punto crítico en la llamada Guerra Fría, dada su cercanía con la China comunista. Cuando, a finales de los 50, Francia se retiró de Indochina –la zona que incluye a Vietnam, Laos y Camboya– como potencia colonial, Estados Unidos entró a ocupar el rol de potencia dominante y a combatir los grupos que en esa zona propugnaban el comunismo.

El historiador estadounidense Alfred McCoy documentó en su libro “La Política de la Heroína en el Sureste de Asia” –“The Politics of Heroin in Southeast Asia, cómo el gobierno de Estados Unidos, a través de la CIA, estableció alianzas de colaboración con los grandes productores de heroína en esa zona del mundo, que también eran personajes políticos muy importantes, a quienes apoyó en todas sus actividades, a cambio de que se unieran a la lucha contra los comunistas. Este apoyo convirtió a la zona en la mayor productora de amapola –fuente del opio, a partir del cual de donde se manufacturan la morfina y la heroína–, y aún es hoy en día una gran zona productora.

McCoy reconoce que no existen pruebas directas de que la CIA condujo u organizó por sí misma el tráfico de droga desde Indochina hacia EEUU u otros países, pero históricamente la complicidad no está bajo disputa. Mientras, la CIA oficialmente niega cualquier relación o fomento al tráfico de drogas. A final de cuentas, como se sabe, los comunistas lograron el control de todo el país de Vietnam. Hoy día es una nación con un buen crecimiento económico, con libertades políticas limitadas, aunque con relativa estabilidad.

Afganistán. Si Estados Unidos tuvo su Vietnam, la Unión Soviética tuvo su Afganistán. Los soviéticos ocuparon ese montañoso país en 1979. Washington no hizo para impedirlo militarmente pero por conducto de la CIA puso en marcha un plan parecido al que usó en el suroeste de Asia. Agentes estadounidenses establecieron alianzas con funcionarios militares de Pakistán (país vecino de Afganistán), quienes eran aliados de los grupos rebeldes islámicos radicales afganos, que deseaban sacar de su país a los soviéticos.

Los funcionarios de Pakistán comenzaron a utilizar la producción de opio para enriquecerse y de paso proveer de armas (estadounidenses e israelíes) a los rebeldes afganos y de información de inteligencia a EEUU. Como resultado, hoy día la zona de Afganistán y Pakistán es la mayor productora mundial de opio y heroína. Pakistán llegaba a proveer en los años 80 hasta el 60% de la heroína que entraba a EE.UU. ¿Y quien controlaba la producción de heroína allí? grupos militares ligados a los funcionarios del gobierno pakistaní. ¿Y de quien más eran aliados? de Washington a través de la CIA. Esta vez, EE.UU logró su objetivo. Los soviéticos se retiraron de Afganistán, frustrados y derrotados, en 1989. Pero en un aspecto, los acontecimientos se volvieron en contra de Washington, con el tiempo. Como se sabe, los grupos islamistas afganos establecieron un estado teocrático que acabó siendo enemigo de EE.UU. Recordemos que Afganistán es una de las bases del grupo terrorista Al Qaeda. Hoy día, Afganistán se encuentra invadido por el ejército de EE.UU, sin que se hayan rendido del todo los grupos rebeldes. Y ¿de dónde obtienen los grupos radicales afganos sus recursos para mantenerse en guerra? Sí, del opio y la heroína con el que nadie es capaz de acabar y que anteriores gobiernos de Washington ayudaron a fomentar.

Nicaragua. En 1979, una revolución popular derrocó al dictador Anastasio Somoza, cuya familia gobernó al país desde 1937, con apoyo de Washington. Como ocurrió en Vietnam y muchos otros lugares, los líderes de las revoluciones triunfantes tendían en aquellos tiempos a considerar adherirse a la ideología comunista. Así que de nuevo, Washington, a través de la CIA, estableció el esquema de financiar a grupos políticos y guerrilleros que querían derrocar al triunfante régimen revolucionario. Estos grupos en Nicaragua llegaron a ser conocidos como los Contras –una abreviatura de Contra-sandinistas, por no decir contra-revolucionarios.

Estados Unidos financió con armas a estos grupos, cuyos líderes estaban involucrados en el tráfico de drogas, según ha quedado documentado en diversas publicaciones. Historiadores independientes y hasta una comisión del Senado de Estados Unidos, probaron que la CIA y el Departamento de Estado dieron dinero y apoyo a guerrilleros anti-sandinistas de quienes se sospechaban también eran traficantes de cocaína fabricada en Colombia. Hoy día, conforme pasan los años, si bien no se ha probado que la CIA haya instrumentado por sí misma el tráfico de drogas en ese tiempo desde Centroamérica, sí ha quedado claro que tuvo una estrecha colaboración con personajes que lo hacían, quienes incluso tenían inmunidad para operar actividades ilícitas, siempre y cuando siguieran sirviendo los propósitos de Washington en contra de los comunistas. A pesar de los Contras y la CIA, los sandinistas siguieron en el poder hasta que, en unas ELECCIONES DEMOCRÁTICAS PACÍFICAS en 1990, perdieron la presidencia ante Violeta Chamorro, candidata de otro partido. Mientras, EU vivió en los 80 y 90 una “epidemia” de la adicción a la cocaína, que sigue más o menos estable hasta el día de hoy.

Panamá. Quizá el caso más célebre de colaboración CIA-dictador, CIA-narcotraficante o CIA-asesino es el de Manuel Antonio Noriega. Nacido en 1934, Noriega es un soldado que fue entrenado por Washington, tuvo una carrera ascendente en el ejército panameño y llegó a ser “el hombre fuerte” detrás de los presidentes civiles y eventualmente el dictador de Panamá a partir de 1983.

Hoy se sabe que Noriega estuvo en la nómina de la CIA desde los años 70, prestando servicios de inteligencia y logística en contra de los sandinistas de Nicaragua. Fue a través de Noriega que Estados Unidos canalizaba armas a los Contras. Al mismo tiempo, el general era socio del Cártel colombiano de Medellín para el tráfico de cocaína. Este “monstruo” financiado por Estados Unidos sin embargo se salió del control de Washington, cuando a finales de los 80 comenzó a cometer actos de rebeldía, como por ejemplo, tener acercamientos con los sandinistas. La Casa Blanca le quitó el apoyo y el ejército de EE.UU invadió Panamá en 1989 para “arrestar” al hombre fuerte. La invasión causó muertes de civiles, los medios estadounidenses dan la cifra de 200 y fuentes independientes hablan de hasta 4,000 fallecidos.

Noriega fue capturado y llevado a EE.UU como “prisionero de guerra”, y se le montó un juicio en Miami, pero no por actos de guerra, puesto que cualquier dicho acto del acusado hubiera derivado necesariamente en indagar en sus sociedades o complicidades –la CIA et. al.–. Así que el gobierno de George Bush padre (1989-1993) recordó las andanzas en el narcotráfico del enjuiciado. Durante las audiencias, los jueces estadounidenses determinaron que no permitirían que los abogados de Noriega trajeran a colación para su defensa, la colaboración y los pagos que recibió de la CIA desde los 70. Según los jueces la información no era relevante para los cargos levantados. Noriega fue condenado a 30 años de prisión en 1992 por narcotráfico. Pero mientras, el flujo de cocaína seguía como si nada hacia Estados Unidos.

Perú. Otro “clásico” de esta historia es Vladimiro Montesinos, quien fue jefe de hecho del Servicio de Inteligencia Nacional –la “CIA peruana” digamos– en la presidencia de Alberto Fujimori de 1990 a 2000. Los gobiernos peruano y estadounidense estaban preocupados porque la oposición política en Perú tenía ciertas tendencias al socialismo, las cuales se expresaban desde formas muy radicales por grupos guerrillero conocidos como “Sendero Luminoso” y “Tupac Amaru”, hasta en formas menos violentas, pero bastante aguerridas por parte de organizaciones, periodistas y activistas de izquierda.

La CIA estableció una estrecha colaboración con Montesinos, quien fue responsable de asesinados de opositores, de corrupción y de narcotráfico. Mencionar que Perú es uno de los principales países productores de hoja de coca, de donde se extrae la cocaína. Washington pagó hasta 10 millones de dólares a Montesinos, en dinero supuestamente destinado como ayuda para combatir el narcotráfico, pero en realidad era usado para espiar y reprimir a opositores peligrosos. Si esto era con el conocimiento de la CIA es algo que aún no ha sido aclarado, pero los mal pensados piensan que sí.

Montesinos está siendo juzgado desde 2001 en el propio Perú por narcotráfico, enriquecimiento ilícito, asesinatos y lavado de dinero. Hasta el día de hoy, ha acumulado sentencias por 15 años de cárcel pero quedan por resolverse ocho juicios más. Durante las audiencias, Montesinos y sus abogados ha tratado de que sean citados como testigos varios agentes de la CIA con los que aquel colaboró, sin embargo, Washington ha guardado silencio sobre el juicio de su ex empleado.

Guerra contra las drogas

El primer político en el continente americano que utilizó la frase “Guerra contra las drogas” fue el presidente estadounidense Richard Nixon, en 1971. Nixon dijo que las drogas eran una “amenaza nacional muy seria”, e incluso que eran “el enemigo público número 1”. Tal postura ha sido continuada por los subsiguientes gobiernos en Washington. Dentro del territorio estadounidense, la “guerra” contra los psicofármacos no es en realidad sino un eslogan o metáfora, pues EE.UU no emplea a su ejército, ni siquiera su Guardia Nacional contra el narcotráfico, sino sólo agentes civiles que usan investigación e inteligencia policial avanzada. El enfoque militarista contra el narcotráfico es propiciado y auspiciado por Washington en los países productores o de tránsito de drogas. Muchos de ellos, en diferentes momentos, han utilizado su ejército para tal fin. Mientras Estados Unidos vivió confrontado con la Unión Soviética, el mismo combate al narcotráfico, estuvo supeditado a la lucha contra los comunistas, como vimos en los ejemplos anteriores. Aún después de terminada oficialmente la Guerra Fría, Washington ha utilizado la guerra contra el tráfico de drogas en varios países, en particular en América Latina, para ejercer el control territorial y militar, con la anuencia de los propios gobiernos nacionales.

El caso boliviano

Bolivia es el país más pobre de Sudamérica. Y el problema con la gente pobre es que a veces concibe ideas extrañas sobre hacer reformas en su sociedad, incluso cambios radicales. Las altitudes andinas han sido semillero de grupos políticos que han buscado cambiar su sociedad; algunos han pretendido hacerlo por las armas, otros por la política. Siempre preocupados por ello, los gobiernos de Estados Unidos han estado prestos a apoyar a presidentes y generales que garanticen sostener un puño de hierro contra disidentes peligrosos.

Y en Bolivia, en medio de esto, está el difícil problema de la coca. La hoja de coca y por ende la cocaína, son considerados bienes sujetos a control –prohibidos y perseguidos– al menos desde los años 60 en todo el mundo. Pero he aquí que la hoja de coca, que prácticamente sólo crece en los países andinos y lo ha hecho desde hace milenios, es una planta tan útil y fabulosa como pueden serlo el café, el té o el cacao. Los campesinos pobres de las laderas de los Andes bolivianos tienen el deseo de plantar coca, y luego venderla a un mercado, que paga muy buenos precios. El problema, como sabemos, es que ciertos compradores de la hoja de coca, la procesan para extraer su poderoso alcaloide, la cocaína.

Sobre todo a partir de 1989, Washington impulsó en Bolivia una política para erradicar la plantación de coca, especialmente en la zona conocida como el Chapare. Como esta hoja es un cultivo ancestral en los Andes, las leyes bolivianas permitían su cultivo para uso tradicional en ciertas zonas. Pero fuera de éstas, los gobiernos aplicaron el enfoque militarista auspiciado por Washington, que llevó a conflictos muy fuertes con los cocaleros.

Los campesinos organizados en el Chapare se sentían muy enojados de que los soldados bolivianos entrenados y armados por Washington, realizaran redadas para arrestarlos e incendiar sus cultivos. Entonces era común que los líderes cocaleros fueran encarcelados, golpeados casi hasta morir, como le ocurrió a uno de ellos, de nombre Evo Morales. Y es que la consigna era clara, el gobierno boliviano tenía su programa que cumplir y este se llamaba “Cero coca”. Al comenzar el nuevo milenio, estalló un conflicto social aún más difícil, luego de que el gobierno en turno buscara privatizar la explotación de las vastas reservas de gas que se encuentran en el sur del país. Fue entonces que los bolivianos decidieron elegir como su presidente a uno de los líderes cocaleros que habían enfrentado la política de la erradicación de la coca por medios militares.

Evo Morales. Este indio aymara fue elegido presidente en 2002, —y reelegido en 2007–, (NE. Morales fue electo en 2005 y reelecto en 2009) y con él por supuesto ha llegado para Bolivia un enfoque nuevo respecto al problema de la coca. En lugar de “Cero coca”, la política cambió a “Coca sí, cocaína no”. Morales permitió a los cocaleros que pudieran ampliar sus plantaciones, pero ha mantenido la persecución policiaca contra los productores de cocaína. Con este enfoque, la violencia social ha cesado en el Chapare.

Aun hoy, el gobierno de Morales recibe ayuda financiera de EE.UU para la lucha contra la producción de cocaína, pero en años más recientes Bolivia ha reducido la ayuda estadounidense en ese aspecto. Morales ha dicho que su meta es prescindir de la ayuda norteamericana para el combate de la cocaína.

Al mismo tiempo, Morales ha lanzado una campaña diplomática en favor de que la hoja de coca sea retirada de la lista de sustancias prohibidas en los documentos de la ONU. La hoja de coca es un muy buen estimulante natural, masticada, en té o bebidas varias, y como tal, es tan poco peligrosa, y puede ser tan milagrosa para algunas personas como el café. Esta propuesta por supuesto se ha encontrado con oposición de otros gobiernos, encabezados por Estados Unidos.

El balance entre sensibilidad hacia las necesidades de los cocaleros combinada con la acción policiaca contra la producción de cocaína, ha sido de cierto éxito para el gobierno de Morales, reconocido incluso por medios y funcionarios de EE.UU. Sin embargo, en los últimos años, países vecinos y otros en Europa, el mismo Estados Unidos y la ONU han expresado su preocupación de que la producción de coca ha crecido hasta el cielo en Bolivia, y asimismo, se ha incrementado sensiblemente la producción y exportación de cocaína. Es imposible a estas alturas hacer un diagnóstico totalmente certero, y mucho menos una predicción sobre si la política boliviana va a resultar exitosa a largo plazo, pero es un hecho que hoy en Bolivia, el problema de la droga parece más manejable que en otros países.

Colombia entra al negocio. Hoy cuando alguien menciona las palabras narcotráfico y cocaína desafortunadamente, casi inmediatamente pensamos en Colombia, pero desde la antigüedad, hasta los años 70, Colombia no era un productor importante ni siquiera de la hoja de coca. Fue en los 70 que se empezaron a gestar las organizaciones que evolucionarían con el tiempo hasta conformar los grandes cárteles históricos de Medellín y Cali. Pero en esa década, los nóveles traficantes colombianos compraban la hoja de coca a Bolivia y Perú –donde como dijimos, hay una larguísima tradición de cultivo–, y luego, procesaban la cocaína en Colombia.

Pero a finales de los 70 e inicios de los años 80, los colombianos lograron cultivar grandes extensiones de hoja de coca en su propio suelo, algo que antes nunca había ocurrido. Así, estos productores de coca y cocaína lograban estar en una situación ideal para su actividad: suelo y clima perfectos para el cultivo de la hoja, y una ubicación geográfica inmejorable, con costas tanto atlántica como caribeña, para el envío de estas mercancías a Estados Unidos, Europa y Brasil, los grandes mercados de consumo. El gran crecimiento del narcotráfico en Colombia comenzaba así, en una de las áreas del continente americano más convulsionadas por un conflicto que describiremos a continuación.

Durante casi toda la década de los 50, Colombia estuvo convulsionada por una serie de enfrentamientos entre conservadores y liberales que causó muchas muertes y desplazamiento de campesinos de sus poblados. Luego al iniciar los 60, la guerra civil terminó con un compromiso entre las élites de ambos bandos para alternarse en el poder. Entonces, el gobierno colombiano empezó a aplicar en el campo una política de apoyo a las grandes plantaciones agrícolas para exportación, y a desplazar de sus tierras a las comunidades de pequeños productores. Con el fin de defenderse, los pueblos agrícolas se organizaron en grupos políticos que, como comúnmente ha ocurrido en estos casos, simpatizaron con la ideología comunista. Algunos de estos grupos estaban claro a favor de la lucha armada.

Y aquí de nuevo entra Estados Unidos. El gobierno colombiano, con el apoyo de militares estadounidenses y de agentes de la CIA montaron acciones de contrainsurgencia contra grupos de las comunidades campesinas que para entonces ya eran identificadas como guerrilleros.

Para 1964, los militares habían dado varios golpes a enclaves de los comunistas en zonas de los Andes colombianos. De estas comunidades atacadas surgiría con el tiempo el grupo guerrillero conocido como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). (NOTA: En Colombia han surgido otros grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional y el M-16, sin embargo, en este artículo nos concentraremos en la acción de las FARC).

Con el tiempo, las FARC llegarían a ser la guerrilla más numerosa de América. A finales de los años 90 llegó a controlar un territorio equivalente a casi el 40 por ciento del territorio colombiano, como veremos más adelante. Regresando a los 60, para enfrentar el problema guerrillero que ya se gestaba, los militares estadounidenses y el gobierno colombiano concibieron una brillante idea, que provocó lo que ha sido una especie de marca de fábrica del conflicto colombiano: los paramilitares.

Los asesores de Washington instaron al gobierno colombiano a formar “guardias civiles” o “grupos de defensa” que recibirían entrenamiento militar, y que ayudarían a proteger las plantaciones y propiedades de los terratenientes de las acciones de los guerrilleros de izquierda, que además serían financiados en gran parte por terratenientes y por corporaciones estadounidenses. Los gobiernos y las élites colombianas ya tenían experiencia en formar esos grupos, pero entonces se haría a mayor escala, y con el apoyo estadounidense. Con el tiempo, esos grupos paramilitares y otros que han seguido el modelo se han convertido en un terrible problema para Colombia, igual o peor que las propias guerrillas, aterrorizando a poblaciones civiles simpatizantes de los comunistas, violando los derechos humanos y, como veremos, participando en el narcotráfico. Así, la lógica militarista, los consejos de una potencia bélica, con la connivencia de los propios gobiernos de Colombia, dejaban la mesa puesta para el caos que sobrevendría en los años 80 y los 90. ¿Quién lucra con la cocaína en Colombia? En medio de este conflicto de baja intensidad que ha aquejado a Colombia, el gran negocio de la exportación de cocaína ha sido como un combustible para la guerra. En los años 80 surgió el cártel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, organización poderosísima, una de las bandas de la mafia que ha acumulado más poder en toda la historia. Junto con éste, surgió su rival, el cártel de Cali, también sumamente poderoso. Ambas organizaciones dominaban la exportación de cocaína hacia Estados Unidos, apoyados en migrantes colombianos que se encontraban en el norte. Estos cárteles transportaban la droga a través de rutas ubicadas principalmente en el mar Caribe. El territorio mexicano ocupaba entonces sólo un lugar secundario como ruta de esa droga hacia Estados Unidos. En años recientes, la mayoría de los medios de comunicación han puesto el acento en acusar a las FARC y a las otras guerrillas de izquierda de lucrar con el tráfico de drogas. Washington incluso ha alentado el término “narcoguerrilla”, para etiquetar este fenómeno. Pero las cosas son un poco más complejas.

La realidad es que tanto las FARC, como los grupos paramilitares, casi a partes iguales, han lucrado del tráfico de drogas. Pero hay una diferencia. Las FARC se han ocupado mayormente de permitir y alentar que los campesinos de las zonas bajo su dominio, siembren la hoja de coca y la canalicen a los productores de cocaína y a los narcotraficantes. A cambio de permitir esto en su territorio, los dirigentes guerrilleros cobran un impuesto, tanto a los cocaleros, como a los intermediarios y a los fabricantes de cocaína. Estos impuestos extralegales han redituado muy buenas ganancias a los guerrilleros. Sin embargo, en general, las FARC no han sido aliadas de los grandes cárteles, antes al contrario, han entrado en conflicto con éstos, al grado de que los guerrilleros llegaron a secuestrar a familiares de los capos, para así conseguir dinero para su lucha.

Por otra parte, los grupos paramilitares, aprovechando su poder de dominio territorial en ciertas zonas del país, igualmente han permitido e incluso participado en la plantación de la coca, la fabricación de cocaína y de su transporte, ellos sí, estableciendo alianzas con los grandes cárteles de Medellín y Cali. Es a través de esta relación entre paramilitares y mafias del narco, que muy seguramente el dinero de la droga ha llegado a la clase política colombiana, muchos de cuyos miembros se han visto envueltos en escándalos de beneficiarse de dinero del narcotráfico.

Algo que llama la atención al observar la historia del conflicto armado en Colombia es que en un punto de mediados de los años 80, la dirigencia de las FARC aceptó apoyar la formación de un partido político para eventualmente dejar las armas e integrarse a la vida cívica colombiana. Dicho partido, llamado Unión Patriótica (UP), comenzó a competir en elecciones y a avanzar poco a poco en el apoyo de los ciudadanos. Pero por razones que son difíciles de entender, seguramente relacionadas al miedo irracional al comunismo, los grupos paramilitares procedieron a asesinar a activistas sociales cercanos a la UP, así como a aterrorizar a comunidades campesinas que presuntamente simpatizaban con la ideología de las FARC y del propio partido. El UP dejó de existir y a partir de entonces la guerrilla no ha hecho más que radicalizarse, y lo mismo han hecho los grupos paramilitares. Las FARC comenzaron a recurrir al secuestro de figuras políticas, para después exigir al gobierno intercambiarlas por guerrilleros prisioneros. Pero también han secuestrado a ciudadanos acaudalados –incluidos narcotraficantes– para pedir rescate y obtener dinero para su lucha. Los grupos paramilitares respondieron a su vez con cada vez más violencia contra los propios grupos guerrilleros, y contra activistas sociales –por comunistas– e incluso contra poblaciones que el mismo gobierno señalaba como bases de apoyo de las FARC.

Por si esto no fuera demasiado, los cárteles de la droga también le entraron a la violencia. A finales de los 80, el gobierno colombiano firmó un tratado de extradición con Estados Unidos, dirigido principalmente contra los narcos. Se pensaba, con razón, que los dirigentes de los cárteles de Medellín y Cali temblarían ante la posibilidad de ser atrapados y luego enviados a cárceles de Estados Unidos, donde serían aislados en celdas sin contacto con el exterior. En cambio, si fueran atrapados y llevados a cárceles colombianas, siempre podían seguir manejando sus negocios desde prisión. Cuando ocurrieron las primeras detenciones de capos, seguidas por juicios de extradición, el gran jefe del cártel de Medellín, Pablo Escobar, anunció una “guerra total y absoluta” contra el gobierno. Así, los sicarios de la droga comenzaron a secuestrar a ciudadanos, para obtener dinero pero también por el sólo hecho de convertir el país en un infierno. También recurrieron a los atentados terroristas, contra oficinas del gobierno y contra medios de comunicación. Esta era la situación al comenzar los años 90: Una guerrilla cada vez más agresiva y determinada a tomar el poder; un ejército ineficiente, eso sí, apoyado por grupos paramilitares que actuaban sin freno contra guerrilleros y campesinos por igual. Pero además, los propios paramilitares se embarcaron en la lucha contra Pablo Escobar y su cártel de Medellín, al grado de formar un verdadero “escuadrón de la muerte” dedicado a buscar y asesinar al capo. El grupo llevaba el nombre de PEPES (acrónimo de Perseguidos por Pablo Escobar) y en efecto logró abatir a varias figuras del cártel. Escobar mismo fue muerto en un enfrentamiento con un comando militar especial a finales de 1993. Gobierno a punto del colapso. La muerte de Pablo Escobar significó el declive del cártel de Medellín, pero el ascenso en cambio del cártel de Cali. Si el problema de Colombia sólo hubiera sido el narcotráfico, las cosas posiblemente hubieran sido más fáciles para sus pobladores. Pero…

A principios de los 90, Estados Unidos a través de sus fuerzas militares y de la CIA presentaron al gobierno Colombiano un plan para que los grupos paramilitares dispersos por el país se coordinaran para ayudar al ejército a reunir información de inteligencia y a realizar operaciones contra la guerrilla. Pero como casi siempre ocurre, violencia engendra más violencia. Los años 90 fue la época de mayor éxito militar para las FARC, a pesar de que fueron también los años en que los grupos paramilitares tuvieron más fuerza. Las FARC llegaron a controlar casi el 40 por ciento del territorio colombiano. Los gobiernos de la época intentaron sentarse a negociar un acuerdo de paz, pero la violencia de los paramilitares, y la convicción de algunos dirigentes guerrilleros de que su revolución podría triunfar, llevaron al fracaso de las pláticas.

Aunque todos los grupos violentos luchaban unos contra otros en Colombia, en algo estaban de acuerdo: en mantener más boyante que nunca la exportación de cocaína. El territorio de las FARC –concentrado en la Amazonia, al sur del país– incluía grandes extensiones de cultivo de hoja de coca, que era llevada a las zonas del norte y serranas andinas, donde el cártel de Cali, apoyado por los paramilitares, fabricaba cocaína. Esa época, la de mayor fuerza de las FARC y de mayor violencia de la lucha de ésta y los paramilitares, coincidió con la época de mayor debilidad del gobierno de Bogotá. En 1994, el presidente Ernesto Samper (1994-1998) fue acusado de haber financiado su campaña con recursos del narcotráfico. El mismo Estados Unidos retiró su apoyo a Samper. Plan Colombia. La situación al acercarse el nuevo milenio no podía ser peor en Colombia. En 1998 subió al poder un nuevo presidente, Andrés Pastrana, quien intentó hacer un alto y poner en la mesa una posible solución. Pastrana propuso un proyecto que incluía un llamado a todas las fuerzas políticas para solucionar los problemas que habían llevado originalmente a la conformación de la guerrilla y los paramilitares: pobreza, falta de oportunidades, falta de educación, etc. Pastrana llamó a este proyecto Plan Colombia, que incluía solicitar a otros países, como la Unión Europea y Estados Unidos ayuda económica y asistencia en diversas materias, sobre todo sociales. Cuando Pastrana se reunió con los estadounidenses en 1998 –en ese entonces su presidente era Bill Clinton– el colombiano entró a esa reunión con una propuesta de un plan esencialmente social, y salió con otro plan muy diferente bajo el brazo. Los estadounidenses ofrecieron un paquete de ayuda financiera, enfocado mayormente a fortalecer a las fuerzas armadas colombianas. El proyecto decía que dicha ayuda militar estaba dirigida a combatir el narcotráfico, pero hoy la mayoría de los especialistas e historiadores están de acuerdo en que el verdadero propósito del plan estadounidense era apoyar al gobierno de Bogotá contra las FARC.

Así, de 2000 a 2006 el gobierno estadounidense aportó alrededor de 4 mil 500 millones de dólares, de los cuales, aproximadamente el 80 por ciento estaba dirigido a apoyo militar en armamento, asesoría y entrenamiento del ejército colombiano.

Una buena parte de los recursos estaban dirigidos una serie de operaciones para fumigar a través de aviones, los campos de coca con productos químicos para destruirlos. Aunque esta fumigación tuvo cierto éxito en destruir plantíos, también fue acusada de causar problemas de salud entre los campesinos y de destruir cosechas legales. Alvaro Uribe. En 2002, fue elegido un nuevo presidente, quien logró que el apoyo militar estadounidense comenzara a dar resultados contra las fuerzas de las FARC. El gobierno de Bogotá fue poco a poco recuperando territorios que ya habían caído bajo el dominio de los guerrilleros.

Uribe logró que Estados Unidos y otros países incluyeran a las FARC en la lista de grupos terroristas. En dicha lista, Uribe también propuso que fueran incluidos los grupos paramilitares. El presidente colombiano les ofreció no obstante, a quienes fueran parte de uno u otro bando una salida. Se trataba de una especie de amnistía que se le denominó “desmovilización”, y estaba dirigida a cualquier persona que hubiera cometido crímenes al pertenecer a grupos civiles armados. Previsiblemente, pocos guerrilleros se acogieron a dicho programa, pero sí un gran número de paramilitares.

El programa establecía que aquella persona que quisiera aprovecharlo debía entregar sus armas, declarar que había pertenecido a dichas organizaciones, y a cambio, el gobierno no lo procesaría por ningún delito, e incluso le permitiría conservar cualquier ganancia económica obtenida por medios violentos mientras era parte de los grupos. Dicho programa de desmovilización fue fuertemente criticado por asociaciones de derechos humanos, porque violaba el derecho de las posibles víctimas a buscar justicia. Unos tres años más tarde, una corte colombiana ajustó esa ley, para que no fuera tan suave hacia los “amnistiados”, pero, en la práctica, los civiles “desmovilizados”, la mayoría de ellos paramilitares, lograron limpiar sus antecedentes ante la ley, y después seguir operando, dedicados mayormente al tráfico de drogas. En la actualidad, los llamados “sucesores” de los grupos paramilitares, que no son otra cosa que paramilitares “desmovilizados”, son la base de las bandas que actualmente controlan el narcotráfico en Colombia.

Las FARC a su vez continúan apoyando la siembra y buena medida compitiendo e incluso colaborando con los ex paramilitares en el negocio de la exportación de cocaína, que nunca se ha detenido. ¿Fue un éxito el Plan Colombia? En 2006, Uribe se convirtió en el primer presidente colombiano en ser reelegido (terminó sus dos periodos en agosto de 2010). Tanto Uribe como Estados Unidos aseguran que el Plan Colombia fue un éxito. El plan sí fue un éxito en debilitar y propinar derrotas a las FARC, que actualmente controlan mucho menos territorio que el que llegaron a ocupar a principios del milenio. Además, el programa de desmovilización finalmente fue aprovechado por un número de guerrilleros que aceptaron colaborar con el gobierno contra la dirigencia insurgente. Hay que decir que la guerrilla continúa activa en Colombia, si bien seriamente herida. Este éxito militar, más la desmovilización de los paramilitares tuvo como consecuencia una mayor tranquilidad para la población en general. A ello se sumó el hecho de que los cabecillas del cártel de Cali y de su sucesor, el cártel del Norte del Valle, fueron arrestados en varios golpes desde mediados de los 90 hasta el primer lustro del milenio. Colombia hoy ya no vive el infierno que llegó a prevalecer en décadas pasadas, pero esto tiene poco que ver con el combate al narcotráfico.

Los grupos que actualmente controlan la industria de la cocaína en Colombia, son en general menos poderosos y como tales, representan un menor riesgo para el gobierno colombiano. Pero el espléndido negocio no se ha detenido. Colombia aún sigue siendo en 2011 el mayor productor de cocaína del mundo, sólo que ahora, los pequeños y números cárteles sudamericanos han encontrado nuevos socios. La ruta mexicana. En los años 80 la mayor parte de la cocaína que era enviada a Estados Unidos desde Colombia transitaba por la ruta del Mar Caribe, a través de embarcaciones o aeronaves. Se calcula que el 90 por ciento de todo el tráfico era canalizado por dicha ruta, mientras que alrededor del 10 por ciento era canalizada a través de México. Pero la lucha contra los grandes cárteles colombianos y la creciente vigilancia de la ruta del Caribe ocasionó que esta decayera poco a poco. Para 2006 y hasta la actualidad, se estima que alrededor del 90 por ciento de la cocaína proveniente de Sudamérica pasa a Estados Unidos a través de territorio mexicano.

¿La batalla final? Nunca antes en la historia de la guerra contra el narcotráfico, un frente militar importante y la violencia subsecuente se había ubicado tan cerca físicamente del gran mercado de consumo que es Estados Unidos. Esta vez, los enfrentamientos violentos no se dan en las profundidades andinas o amazónicas de Sudamérica, o en las selvas asiáticas, sino en “el patio de enfrente”, en el país que comparte con la gran potencia una larguísima línea de 3,152 kilómetros de frontera. Los cárteles mexicanos se encuentran en una posición en que se han convertido en los organizadores de la industria del comercio de cocaína –y otras drogas– a nivel continental. Los analistas consideran que las mafias mexicana pronto podrían ser tan poderosas como lo fue en su momento el cártel de Medellín, o al menos ese es un riesgo muy real. Sobre la violencia relacionada al narcotráfico que ocurre en México es imposible hacer predicciones, así que sólo quedan preguntas. ¿Qué acciones tomará Estados Unidos si la violencia en territorio mexicano comienza a afectar cada vez más a sus intereses? ¿Cómo manejará el actual o próximos gobiernos mexicanos la relación con Estados Unidos en vista a este difícil problema? ¿Se agravará aún más la violencia que se vive hoy, o bien la estrategia del gobierno mexicano, apoyada por Washington, logrará someter pronto a los cárteles? ¿En medio de esta violencia, seguirán en calma los movimientos guerrilleros que se han mantenido latentes en territorio mexicano? La historia de los enfrentamientos violentos relacionados al narco en México y su relación con la política estadounidense serán materia de un próximo artículo en TABASCOHOY.COM.