Este 29 de marzo de 2011 se cumplen tres años de la muerte provocada (asesinato) del periodista boliviano de FM 90.7 Radio Municipal de Pucarani, Carlos Quispe Quispe sin que la justicia boliviana aclare (y sancione) a los responsables, recordó el periodista de investigación Edgar Ramos Andrade, quien hace un seguimiento de este caso.

Ramos pidió la intervención de la Fiscal de Distrito de La Paz, Betty Yañiquez, del Defensor del Pueblo, Rolando Villena, del Gobierno Municipal de Pucarani y de las instituciones de investigación sobre persecución a periodistas como Fundación Unir y los gremios de prensa de Bolivia.

Quispe fue linchado en su fuente de trabajo (y abandonado inconsciente, al mediodía del 27 de marzo de 2008) por una turba encabezada por opositores al Alcalde, en plena emisión de la Radio. Dos días después falleció por “traumatismo encéfalo craneal cerrado” ocasionado por azotes del linchamiento, según certificado médico y de Defunción, del Hospital de Clínicas de La Paz, y de la Corte Nacional Electoral, señaló.

Dos investigaciones penales de la Fiscalía de La Paz y un proceso laboral que investigan este caso, están muy demorados. Un proceso penal, radicado en el Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal de la ciudad de El Alto “Caso FELCC / Ministerio Público N 026/2008, Proceso Penal Público Nº 201401200804979” por la “Toma violenta de la Alcaldía de Pucarani” fue “retornado a fojas cero” por presunta y sospechosa irregularidad procedimental.

El segundo proceso penal, señaló Ramos, está radicado en el Juzgado 1º de Instrucción en lo Penal de El Alto, “Caso FELCC / Ministerio Público Nº 691/2008 Proceso Penal Público Nº 201401200804043” por “Lesiones derivadas en Homicidio” se pasea “de Fiscalía en Fiscalía” y solo el fiscal alteño Daniel Aguilar Kauner, retuvo el proceso en su oficina entre diciembre de 2009 y junio de 2010 (6 meses sin avance alguno). El expediente fue devuelto a Pucarani.

El tercer proceso laboral “por muerte a causa de lesiones en la fuente laboral” radicado en el Juzgado Segundo de Trabajo y Seguridad Social de El Alto está demorado porque el Gobierno Municipal de Pucarani y los alcaldes, Gregorio Mamani Apaza (hasta mayo de 2010) y Félix Espinoza Coro no se presentan ante el Juez y están declarados “rebeldes a la Ley”.

Ramos pidió que la Unidad de Vigilancia y Monitoreo de la Libertad de Prensa y Expresión en Bolivia de la Asociación Nacional de la Prensa ANP, Observatorio Social de Medios OSM, a la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia y Federaciones de Trabajadores de la Prensa de La Paz y El Alto a movilizarnos ante este caso de negligencia manifiesta.

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