Las tarifas de transporte público deben mantenerse congeladas hasta que los choferes mejoren los servicios que prestan en el municipio, coincidieron dirigentes de organizaciones sociales, instituciones privadas y cívicas, autoridades de la Alcaldía y representantes del Organismo Operativo de Tránsito en una cumbre social convocada por la Alcaldía con el fin de consensuar propuestas para mejorar el sistema de transporte en la ciudad de La Paz.

“Nuestros amigos del transporte han puesto en la mesa de debate el tema de las tarifas, pero queremos que este planteamiento nos abra una oportunidad para poner todas las cartas sobre la mesa respecto a la problemática del transporte en el mediano y en el largo plazo”, dijo el alcalde de La Paz Luis Revilla en la inauguración del inédito encuentro que se celebra el jueves y viernes en la sede de gobierno.

Revilla explicó que la Cumbre es un escenario propicio para tratar asuntos como la calidad del servicio, el estado técnico de los vehículos, la capacidad de los mismos, la cobertura del transporte y la “cultura de funcionamiento del transporte en la ciudad, que es deficiente y se está convirtiendo en peligrosa para los ciudadanos”.

Según el Alcalde, muchos “conductores no tienen más de 20 años y cuentan con licencia de categoría A; otros no conocen la reglas mínimas de tránsito y no asumen que el servicio que prestan es público, antes que un interés privado”.A esto se suman otros problemas como los malos tratos a los pasajeros, especialmente a los escolares y a las personas de la tercera edad.

Revilla también hizo énfasis en las condiciones laborales de los conductores, como por ejemplo las largas jornadas de trabajo de hasta 14 horas diarias, las afecciones a la salud, y las carencias económicas que les impiden renovar sus instrumentos de trabajo.

El director del Organismo Operativo de Tránsito coronel Jhonny Troncoso comentó que el crónico congestionamiento vehicular en la ciudad se debería a cuatro causas principales que escapan de su control: la topografía de la urbe, el diseño de los vehículos, los gremiales y la señalización.

En La Paz abundan las calles estrechas que obstaculizan la fluidez vehicular, y también las vías empinadas por las que deben circular grandes vehículos, disminuyendo el ritmo del transporte y ocasionando embotellamientos. El diseño de los vehículos también perjudica, ya que muchos de ellos son demasiado antiguos o superan el ancho de la calle.

Los gremiales son otro gran obstáculo para flujo vehicular, pues al apostarse en las aceras impiden la circulación del transeúnte, que se ve obligado a caminar por la calzada. Por otro lado, la señalización es escasa y poco práctica y no siempre es respetada por los transportistas. Además, los conflictos sociales característicos de la ciudad obligan a cerrar o habilitar vías no autorizadas.

Troncoso recordó que el objetivo final del transporte público en la ciudad debería ser otorgar seguridad, confort, economía y calidad al usuario, y para lograrlo es necesaria la contribución de todos, tanto conductores, como autoridades y peatones.

El debate

Se han instalado cuatro mesas de trabajo para el análisis de la temática del transporte en los planos económico, social, técnico y normativo.

En la mesa técnica se analiza la situación caótica actual en el municipio y se verifica si el sistema de transporte regulado está respondiendo o no a la demanda. Al mismo tiempo se estudian sistemas de transporte alternativos como por ejemplo el plan La Paz Bus y el transporte comunitario.

El jefe de la Unidad de Sistemas Viales de la Alcaldía Eduardo Cortez informó que el 61,9 por ciento de los vehículos de transporte público cuenta con autorización para prestar el servicio, pero el 38,1 por ciento opera de manera informal.

En el municipio operan 540 rutas de transporte autorizadas para circular entre La Paz, El Alto, Viacha, Mecapaca y Palca: 331 en al área urbana de La Paz; 195 en la ruta La Paz – El Alto; cuatro entre La Paz – El Alto – Viacha; seis entre La Paz – Mecapaca, y cuatro entre La Paz – Palca.

Según un estudio de la comuna, en 1997 la demanda de transporte público en toda la ciudad era de 1,3 millones de viajes diarios. Para 2004 la demanda ascendió a 1,55 millones de viajes ; en 2007 subió a 2,3 millones de viajes diarios y para 2017 se proyectan 3,2 millones de viajes por día.

Se constató que el transporte público es desordenado, desorganizado, y carece de mecanismos de auto control y auto regulación. Los choferes priorizan rutas que concentran mayor cantidad de pasajeros, y descuidan a las zonas alejadas, razón por la cual se cream sistemas de transporte informal.

El dirigente de la Federación Departamental de Transportistas (FDT) José Salas pidió a las autoridades que “eviten el ingreso de las líneas sindicalizadas de El Alto al casco urbano central de la ciudad de La Paz, por ser los autores del desorden vehicular, el cobro ilegal de tarifas por tramos y fundamentalmente porque no tributan a nuestro municipio”.

En la mesa económica se evalúa la hoja de costos y las tarifas del servicio de transporte urbano. Dirigentes de la FDT, de la Central Única de Transporte Urbano de Pasajeros (CUTUP) y de la Federación del Transporte Libre (FTL) reclaman una nivelación de tarifas en el municipio con el fin de cubrir el alza del costo de productos de la canasta familiar y de los materiales de trabajo. Su gremio matriz, la Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia, exige un aumento de tarifas de entre 30 y 50 centavos de boliviano.

El representante de la FDT René Vargas afirmó que la tarifaria actual está vigente desde 1999, pese a que “en estos 12 años se han incrementado los costos de todos los operadores del transporte público”. Gonzalo Millares de la CUTUP exigió “la nivelación de las tarifas en función al incremento del salario mínimo nacional”.

La Federación de Juntas Vecinales de La Paz (Fejuve) demanda el congelamiento de la tarifa del transporte hasta que los choferes mejoren el servicio, garanticen el mantenimiento de sus vehículos y respeten las normas de Tránsito. Mientras no se presente una oferta real y concreta del mejoramiento del servicio no se hablará del incremento”, afirmó el presidente de la Fejuve Arturo Quispe.

En la mesa social se evalúa la calidad del servicio y sobre todo la condición técnica de los vehículos. “Los paceños somos considerados masoquistas cuando nos subimos a un minibús, porque salimos maltratados. Los transportistas cambian sus rutas, alteran sus horarios e incrementan sistemáticamente sus tarifas por tramos”, y pecan de falta de higiene y mala educación, denunció Quispe.

La Unidad de Sistemas Viales de la Alcaldía recibió quejas de vecinos relacionadas con malos tratos, cambio arbitrario de rutas, frecuencia incierta en horario nocturno, incremento arbitrario de tarifas, inseguridad, incomodidad, retrasos y desatención de varias zonas alejadas.

Otros dirigentes vecinales demandaron la renovación del parque automotor, la inspección vehicular en talleres especializados y la implementación de un sistema de control social de parte de todas las Juntas Vecinales de La Paz. El representante del Colegio de Arquitectos Hugo Únzaga propuso elaborar un reglamento con el fin de reducir el índice de contaminación en el centro urbano, considerando que la restricción vehicular en vigencia está a punto de colapsar.

En la mesa normativa se discuten las competencias de las alcaldías para regular la actividad. El gobierno promulgó el decreto supremo 821 que transfiere competencias transitorias a las Gobernaciones y Alcaldías para la regulación y negociación de tarifas con los sindicatos de choferes, quienes protagonizaron una escalada de movilizaciones y paros en varias ciudades del país en los últimos meses.

El Artículo 302 de la Constitución Política del Estado establece que “el transporte urbano, el registro de la propiedad automotor, ordenamiento y educación vial, administración y control del tránsito urbano” son competencias de los Gobiernos Municipales. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización dispone que los municipios deben planificar y ordenar los sistemas el transporte urbano, además de promover la educación vial.

Las autoridades locales tienen la responsabilidad de negociar nuevas tarifas hasta que se apruebe la nueva Ley General del Transporte. El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda Walter Delgadillo estima que el proyecto de Ley estará concluido en un mes aproximadamente, y luego será remitido a la Asamblea Legislativa. El 19 de julio de este año vence el plazo para la puesta en vigencia de la nueva Ley, que será la base de las futuras legislaciones municipales y departamentales que regulen la prestación del servicio del transporte público.

La Ley de Municipalidades 2028 establece que la Alcaldía debe coordinar la prestación de los servicios de transporte con la Superintendencia sectorial; organizar y reglamentar el tránsito en su jurisdicción en coordinación con la Policía. La Ordenanza Municipal 109/2010 autoriza las rutas de transporte público en un total de 540. “Cada una de las rutas está establecida en una cartilla, donde encontramos el recorrido por las calles, avenidas por donde debe hacerse este tipo de servicio identificando los orígenes y destinos”, explicó Cortez.