El Sistema Universitario Nacional está desplegando movilizaciones en defensa de su autonomía así como de su sistema de seguro social, en ambos casos frente al riesgo permanente de que el poder político allane unos de los pocos escenarios que no logró invadir, pues la mayoría las entidades estatales, se encuentran bajo el control gubernamental, en la idea de que se debe copar todo para consolidar el proceso de cambio.

Analizando con ecuanimidad el problema, cabe puntualizar lo siguiente: Estamos viviendo una coyuntura política particular donde bajo el falso argumento de que la historia de todo lo bueno que se hizo en el país comienza con el actual gobierno, mirando con desprecio las luchas por la democracia desplegadas en el pasado, se asume que todo debe estar controlado desde el núcleo político central, sean entidades educativas, instituciones de defensa de los derechos humanos, órganos judiciales, fiscalía, etc. Dando lugar a un peligroso debilitamiento de la institucionalidad democrática, exabrupto que no debemos permitir se consolide precisamente por el verdadero cambio que queremos consolidar. Sin embargo también es verdad que las instituciones cuya autonomía está consagrada en la Constitución Política del Estado, deben demostrar en su vinculación con el país, sus relaciones internas y en la administración de sus recursos tanto económicos como humanos, que gozan de la madurez democrática para hacer respetar dicha condición.

Ello implica que tanto sus autoridades así como las diversas instancias que integran las instituciones autónomas, deben actuar con la necesaria solvencia legal y moral para impedir cualquier intento desde afuera de afectar esa autonomía. Este requisito imprescindible no se cumple a cabalidad y es el factor que contribuye a que, desde el poder político con la complicidad interna se avasalle un conjunto de entidades cuya independencia hoy se torna vulnerable. 3.- En el caso del sistema universitario nacional, si bien en otras épocas, la UMSA, San Simón o la Universidad Gabriel René Moreno, entre otras, eran una especie de referente moral frente a la sociedad, sus autoridades, docentes y dirigentes universitarios asumían con dignidad el papel de defensores de los derechos del pueblo boliviano, al extremo que los militares cuando propiciaban un golpe de estado, lo primero que hacían era tomar los recintos universitarios y perseguir a sus miembros, hoy no podemos decir lo mismo y lo digo hasta en sentido autocrítico en mi condición de docente. Debemos tener el valor civil y la honestidad intelectual de reconocer que, aquellos movimientos universitarios con fines altruistas ya no existen más, como tampoco existen los valerosos dirigentes estudiantiles que arriesgando su vida interpelaban a los represores del pueblo, hoy ser dirigente universitario más que un honor es un negocio redondo por el beneficio económico que les reporta tal condición, no en vano inescrupulosos estudiantes se enfrascan en tremendas peleas para mantenerse en la FUL o para tomarla.

En el caso de la UMSA un anterior ejecutivo de dicha organización precisamente por sus fechorías estuvo a punto de ser linchado por los propios estudiantes, situación similar que puede pasar con el actual ejecutivo que no obstante deber grandes sumas al Estado por no rendir cuentas, insiste en permanecer en el cargo. Diversas unidades académicas se convirtieron en republiquetas, donde las decisiones discrecionales vulneran la normativa interna. Queremos defender nuestra autonomía?, muy bien, demostremos ante el país que somos lo suficientemente capaces de autodepurarnos o autoregularnos, extinguiendo todo vestigio de corrupción, autoritarismo al interior de nuestras universidades, sólo así nos respetarán desde afuera.