Desde el principio de año, varios países de Sudamérica están sufriendo el impacto de copiosas y persistentes lluvias. Los medios de información dan cuenta de los desastres que está produciendo el agua implacable, sobre todo en las zonas más pobres y vulnerables de las ciudades y el campo, con imágenes de ríos desbordados, avanzando por sobre poblaciones y caminos prácticamente inermes. Es menos común ver noticias sobre el impacto en la producción campesina. Este artículo se enfoca, precisamente, en esa perspectiva.

Enero poco, febrero loco

En los países de la región sudamericana que viven la época de lluvias durante los meses de diciembre a marzo, se suele sentenciar que si enero trae pocas lluvias, la naturaleza se desquitará en febrero. Desde principios del año 2011 parece estarse cumpliendo la tradición que marca el refrán, aunque no se trata, en modo alguno, de fenómenos imprevistos, ya que, de acuerdo a los servicios meteorológicos, en la región andina el fenómeno de La Niña se inició en junio del 2010 y se extenderá hasta marzo de este año. Hasta el momento los países sudamericanos más afectados por las inundaciones son Bolivia, Perú y Colombia.

A continuación, a manera de una muestra del impacto de los desbordes sobre la producción campesina, se recogen datos de diversos medios de información en los países, describiendo parte de las pérdidas en la agricultura y la agropecuaria.

La ira de la naturaleza

En Bolivia, las riadas e inundaciones provocadas por las intensas lluvias a causa del fenómeno climático de La Niña dejaron hasta el momento un saldo de más de 50 muertos y aproximadamente 14 mil familias afectadas en los nueve departamentos de su territorio, siendo los más afectados Oruro, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Chuquisaca, según balance del Viceministro de Defensa Civil.

El mismo informe establece que los desastres provocaron la pérdida de plantaciones y ganado, en una proporción todavía no cuantificada, aunque otra repartición estatal, la del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, informó la primera semana de marzo que los cultivos afectados por las inundaciones no superan el 0,5% de 2,7 mil hectáreas de sembradíos que hay en Bolivia y descartó una escasez de alimentos en el mercado interno.

En Perú, desde la última semana de febrero, las autoridades declararon alerta naranja-roja en 13 departamentos, siendo los más afectados los del sur, centro y suroeste: Puno, Cusco, Tacna, Moquegua, Arequipa, Apurímac, Ayacucho (suroeste), Huancavelica (suroeste), Junín, Huánuco, Pasco, Ancash, y el oeste de Lima. Las consecuencias de estas precipitaciones han provocado daños en cultivos, viviendas e infraestructuras mientras que en algunas provincias se ha informado que podría haber muertos a causa de las crecidas de los ríos.

A manera de ejemplo del impacto, el Instituto Nacional de Defensa Civil registró entre enero y febrero la muerte de tres personas en Andahuaylas, 1.870 personas afectadas y 4.071 hectáreas de cultivo dañadas. En Puno, 13 regiones fueron declaradas en emergencia, 2.898 viviendas afectadas, 622 totalmente destruidas; 43 puentes colapsaron, 26 kilómetros de carreteras, 33 centros educativos y cuatro puestos de salud también afectados.

El informe recalca que la mayor cantidad de daños se produjeron en el sector agrario, registrándose 9.030 hectáreas de cultivo afectadas en la región, 320 animales muertos y 2.774 cultivos perdidos.

En Colombia, de 32 departamentos, 28 registraron emergencias por inundaciones, a tal punto que el gobierno nacional declaró estado de “calamidad pública” desde el año 2010. De acuerdo con los reportes del Ministerio del Interior colombiano, los departamentos con más población damnificada son Bolívar (264 mil), Magdalena (161 mil), Córdoba (151 mil) y Sucre (107 mil). Los departamentos de Chocó y Antioquia también registraron cifras importantes, con 88 mil y 76 mil afectados, respectivamente.

En Venezuela, según la prensa de ese país, los productores agropecuarios del Sur del Lago de Maracaibo solicitaron al gobierno que se concrete la promesa de refinanciar y condonar las deudas a quienes perdieron cosechas, animales e infraestructura a causa de las lluvias y las inundaciones del año pasado. Aseguran que ni los bancos públicos, como en Venezuela, ni los privados aprueban actualmente planes de reestructuración de los créditos y mucho menos el perdón de los préstamos, como establece la Ley de Atención Agrícola aprobada en enero por el Gobierno. Un ganadero de la zona, señaló que de 300 animales que tenía en la finca, 53 murieron por las inundaciones.

La destrucción de infraestructura productiva y la muerte de personas, animales y cultivos no son las únicas consecuencias dramáticas de los fenómenos, puesto que el exceso de agua y humedad produce enfermedades y plagas, en lo que se alerta como un peligroso encadenamiento de endemias, tales como la enfermedad negra de las hojas, que acaba con el follaje de las plantas e impide el desarrollo del cultivo del plátano, para mencionar sólo un ejemplo.

Por otro lado, se producen situaciones de escasez de medicamentos para combatir las plagas y con las vías de comunicación interrumpidas, la ayuda tarda en llegar o sencillamente no llega.

Buscando respuestas

En la mayoría de los países sudamericanos se están enfrentando las situaciones de emergencia con tres medidas: leyes de emergencias y desastres, proyectos de seguro agrícola y ayuda humanitaria internacional.

El actual gobierno de Ecuador ha implementado el Sistema Nacional de Seguro con el que pretende proteger las inversiones de los agricultores en caso de catástrofes o destrozos por efectos climáticos, pretende salvaguardar las inversiones de los agricultores cuando se presentan catástrofes o cambios climáticos que afecten los procesos productivos. Se trata de un seguro universal y el Estado será el que financie el costo de las primas a través de un fondo de pago compartido. Es obligatorio para quienes adquieran créditos del Banco Nacional de Fomento específicamente en inversiones relativas a productos como arroz, maíz, trigo, fríjol, arveja, papa, tomate, cebolla, algodón, palma africana, soja, cacao, café, banano, caña de azúcar y frutales.

En Bolivia, la Ley de Seguro Agrícola sigue en proyecto, lo mismo que la Ley de Emergencia. Se supone que ambas normas permitirían cubrir los daños en la agricultura y agropecuaria producidos por los fenómenos que azotan el territorio del país en determinadas épocas del año. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras cuenta con la Unidad de Contingencia Rural, instancia ministerial responsable de gestionar y planificar acciones de reducción de riesgos y atención de desastres y emergencias rurales, en coordinación con otras instancias nacionales e internacionales.

En Colombia, el gobierno acaba de dar por cerrada la temporada de alerta, habiendo distribuido a través de reparticiones estatales y regionales ayuda humanitaria a las poblaciones más vulneradas, habiendo puesto en marcha, a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, un plan de atención a productores agropecuarios afectados por la ola invernal, con la finalidad de apoyar a quienes tengan una deuda agropecuaria y requieran apoyo para recuperar su actividad productiva.

Entre lo urgente y lo definitivo

En Sudamérica, con los mal llamados “desastres naturales”, está desarrollándose una dinámica particular, que se repite regularmente, casi año tras año, ya se trate de inundaciones, incendios o sequías, y es que, efectivamente, ocurren cada año. Desde la primera aparición, pública y dramática, del Fenómeno del Niño, no ha habido un solo año que no registre efectos más o menos significativos.

Ahora, además, al Niño sigue la Niña y, probablemente, así continuará en el futuro inmediato, a la par que seguramente aumentará la solidaridad internacional, como ayuda puntual de emergencia, mientras los sucesivos gobiernos de los países de la región declaran, una y otra vez, alertas, emergencias y situaciones de desastres. Por lo tanto, se atienden a medias las emergencias, pero no llegan a enfrentarse las causas que las provocan. Y, de este modo, cada vez son más las personas damnificadas, se acumula el efecto sobre las condiciones de la producción campesina y de las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables y, en ese círculo vicioso, se torna más difícil responder eficazmente a las periódicas emergencias.

Es indudable que leyes de acción en desastres, un sistema de seguro agropecuario y la recepción de ayuda humanitaria son aspectos importantes y nada desdeñables, pero no constituyen garantía de una atención más estructural de estas situaciones. Quizá una forma alternativa de considerarlas sea conectar las respuestas de emergencia a inversiones de mayor envergadura, que se concreten en obras de infraestructura productiva, capaces de proveer a las y los productores campesinos mayor seguridad en el manejo de los riesgos climáticos, y que aseguren una acción estatal más duradera. Ciertamente los costos de estas inversiones son más elevados que la ayuda puntual, pero también es cierto que si no se realizan, los proyectos de seguridad alimentaria siguen creciendo en el papel, mientras que, en el terreno, se enfangan.

Otra medida complementaria a la anterior, sería que los gobiernos lograran hacer funcionar simultáneamente la maquinaria de los distintos ámbitos de la administración estatal: nacional, intermedia o departamental y municipal, evitando, de este modo, que muchas medidas y recursos se escurran entre los intersticios de las disputas entre partidos. Es lo mínimo que puede pedirse a autoridades estatales que hablan de seguridad y soberanía alimentaria en numerosos foros públicos.

* Artículo elaborado por el equipo del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), con datos de medios de información en los propios países.