Washington y La Habana (PL).- Los proyectos antiinmigrantes de los republicanos avanzan en varios estados norteamericanos como parte de su política de mano dura contra los indocumentados. Los sectores más conservadores están decididos a frenar la inmigración con medidas inhumanas y discriminatorias, especialmente en los Congresos del sur. Casi una veintena de Estados debaten proyectos similares a la ley racista de Arizona, entre ellos Indiana, Kentucky, Mississippi, Carolina del Sur y Nebraska.

La Cámara de Representantes de Texas dio luz verde a una propuesta que prohíbe a los gobiernos municipales proteger a los inmigrantes ilegales. En Virginia se presentaron proyectos que impiden a los indocumentados trabajar, estudiar o usar los servicios sociales, y que autorizan al gobernador a negar fondos a las municipalidades o instituciones estatales que incumplan las leyes de inmigración.

En California, Tim Domnelly, vinculado al movimiento ultraconservador Tea Party, anunció un plan que emula una polémica ley de Arizona que criminaliza a esas personas. El escritor Michael Erickson, también del Tea Party, impulsa una iniciativa electoral que recaba firmas para ser llevada a votación. Su proyecto autoriza a la policía a verificar el estado legal migratorio de las personas que detenga, aún sin arrestarlas, considera ilegal transportar a indocumentados e impone severas multas a quienes contraten ilegales “a sabiendas o negligentemente”.

El Senado de Georgia aprobó un proyecto similar al sancionado el pasado año en Arizona que criminaliza la inmigración ilegal. El plan exigiría a la policía indagar sobre el estatus migratorio de un detenido si existe sospecha de que es indocumentado y a las empresas hacer lo mismo con sus empleados.

En Florida, el senador Michael Bennett defiende una enmienda que impone multas de 100 dólares y hasta 20 días de cárcel a los inmigrantes legales que no porten documentos en regla. La senadora demócrata Arthenia Joyner condenó que el Congreso estadual discuta un proyecto semejante al de Arizona, cuyas partes más polémicas fueron suspendidas temporalmente mientras se analiza una demanda en las cortes. Facturas similares serán sometidas a votación en Kansas, Oklahoma y Carolina del Sur, pero en Colorado y Nebraska fueron derrotadas.

En Carolina del Sur, las expresiones contra inmigrantes ilegales ganan espacio en las acciones oficiales del gobierno y actitudes vandálicas de grupos extremistas. Medios locales se hacen eco de las últimas acciones de vándalos que pintaron en paredes frases cargadas de desprecio, aversión y hostilidad, que van desde “los ilegales roban trabajo” hasta “nosotros los mataremos”.

En Carolina del Sur prosperan medidas severas contra las personas sin residencia oficial, similares a la aprobada en Arizona. Periódicos de la ciudad de Greenville titularon sus artículos sobre el tema con “Sube clima de odio” y “un estado más racista”.

Las acciones a nivel del gobierno contra los indocumentados datan desde 2004 cuando fueron adoptadas medidas para impedirles abrieran negocios o industrias. También en 2008 fue revocada la licencia de operaciones a las empresas con presencia de individuos sin papeles legales y más tarde en este Estado se instituyó la Operación Oleada, que llevó a prisión a más de 300 personas.

En la ciudad de Charleston está ubicada la academia de entrenamiento de los agentes del Servicio de Inmigración y Aduana, y por ello los municipios y condados de este estado fungen como áreas de experimentos y nuevos proyectos. Fue aquí donde primero se prohibió el ingreso de estudiantes indocumentados a la educación superior, se estableció como delito mayor darle albergue y se concedió a la policía facultades migratorias.

Carolina del Sur clasifica por el censo del 2010 como uno de los estados con disminución de población hispana, porque huyen a otras regiones de menos persecución.

En Texas, Debbie Riddle entregó en el Capitolio estatal la normativa HB 17, similar a la SB 1070 de Arizona, que criminaliza la inmigración al permitir a la policía detener a personas sospechosas de estar de forma ilegal en el estado. También promueve la HB 18 que sanciona a los municipios que permitan “ciudades santuario” tolerantes con los indocumentados y la HB 22 solicita a las dependencias estatales determinar y reportar los costos relacionados con la inmigración ilegal.

En Arizona se acumulan varias iniciativas, entre ellas la SB 1070, cuyas partes más polémicas fueron suspendidas por un juez tras una querella del gobierno federal mientras se estudia el caso. El Senado de Arizona aprobó de manera preliminar unas iniciativas que dificultarían a esas personas encontrar trabajo y vivienda en el sistema público del territorio.

Una de las propuestas obligaría a quienes soliciten vivienda en el sistema público a demostrar que son ciudadanos estadounidenses o residentes legales, mientras otra prohíbe a los indocumentados obtener la tarjeta estatal de verificación dactilar de antecedentes, necesaria para muchos permisos de trabajo.

La última propuesta es obligar a los hospitales a verificar si los pacientes están ilegalmente en el país. Una de sus partes más polémicas obliga a los hospitales a pedir a sus pacientes una prueba de su estatus legal en el país y otra les impide a los indocumentados manejar en el estado y estudiar en universidades. Otra propuesta obligaría a las escuelas a no contabilizar a los estudiantes indocumentados al momento de recibir fondos estatales.

Otro proyecto otorgaría a la gobernadora Jan Brewer la facultad para recaudar donativos con el fin de levantar un muro en la frontera entre Arizona y el estado mexicano de Sonora. Además, le permitiría crear una milicia civil para ser utilizada cuando estime conveniente.

El senador Ron Gould y el representante John Kavanagh presentaron en ambas cámaras del legislativo estatal un proyecto para prohibir el otorgamiento de la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados que nazcan en el país. Intentan cambiar la interpretación histórica de la 14 enmienda de la Constitución que entrega la ciudadanía a esas personas.

La normativa se adoptó en 1868 e invalidó un dictamen del Tribunal Supremo de 1857 que sostenía que ni los esclavos liberados ni sus descendientes podían convertirse en ciudadanos. La enmienda señala que la ciudadanía es aplicable a “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas por lo tanto a la jurisdicción” del país.

Estamos preocupados por el hecho de que los “bebés-ancla” reciben la ciudadanía en forma automática y desearía que la Suprema Corte revisara eso, comentó. Los conservadores y grupos anti-inmigrantes llaman despectivamente bebé-ancla a los hijos nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados, debido a que cuando alcanzan la mayoría de edad pueden proporcionar a sus progenitores la vía para la ciudadanía.

Según la propuesta de los senadores David Vitter (Luisiana) y Rand Paul (Kentucky), sólo se les concederá en caso de que uno de los padres sea ciudadano natural, miembro activo de las fuerzas armadas o ciudadano naturalizado.

Récord de deportación de inmigrantes

El gobierno de Estados Unidos reconoció el 10 de marzo una cifra récord de deportación de inmigrantes a través del programa Comunidades Seguras, el cual es objeto de críticas por grupos defensores de las minorias.

AOL Noticias comentó que la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, en una audiencia en el Senado atribuyó a ese programa la deportación de 190 mil inmigrantes, la mitad de todos los expulsados por el país en 2010.

Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes sostienen que muchas personas con delitos menores son arrastradas por ese programa y alertan sobre injusticias por errores en las bases de datos federales.

Información reciente de la propia agencia noticiosa AOL atribuyó a un análisis del Centro de Periodismo Investigativo de Florida (FCIR) que el 28 por ciento de los deportados desde 2008 no tenía antecedentes penales.

Sustentado en datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, de octubre de 2008 a noviembre de 2010, ese Centro demostró que muchos de los deportados no cometieron delitos.

En Florida -arrojó el estudio-, el 42 por ciento de los detenidos no tenía antecedentes delictivos. Tampoco cometió delito alguno el 63 por ciento de los extraditados en el condado de Orange, donde el programa comenzó en abril de 2010.

Muchos expertos afirman que Comunidades Seguras alienta la discriminación racial, pues la policía con facultades migratorias detiene a las personas solo por su raza o grupo étnico. Ese programa, a manera de ensayo, comenzó por Houston, Texas, en octubre de 2008, bajo la presidencia de George W. Bush, y en el gobierno de Barack Obama se extendió a todo el país.

Jefes policiales estadounidenses rechazaron el uso de esa institución para cazar a los inmigrantes indocumentados, como intentan varios proyectos de ley estatales, reportó el diario The New York Times.

En un informe sobre el tema, citado por el periódico, una docena de comandantes de ese cuerpo mostraron su oposición a asumir esa tarea. Asimismo, solicitan a los legisladores que impulsan tales medidas definir con claridad las líneas entre las leyes locales que combaten la inmigración ilegal y las federales.

Recomiendan prohibir el arresto de personas sólo para verificar su estatus migratorio y defienden el testimonio de ellas sin tener en cuenta su situación legal en el país. Para los jefes policiales, si los agentes del orden locales comienzan a detener a indocumentados se corroerán sus lazos con las comunidades inmigrantes, con lo cual sus miembros no informarían los crímenes ni darían testimonios por miedo a ser arrestados o deportados si son ilegales.