(ABI y agencias).- La mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el informe que presentó el interpelado ministro de Gobierno Sacha Llorenti sobre la política antidroga y la penetración del narcotráfico en altas esferas policiales.

Llorenti brindó una información amplia sobre la política antidroga del gobierno y sobre la detención en Panamá del ex director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y jefe del Centro de Inteligencia del Ministerio de Gobierno René Sanabria, acusado de liderar una supuesta red internacional de narcotraficantes, informó la diputada del MAS Rebeca Delgado.

“Hemos aprobado por voto simple el informe, por lo tanto el Ministro continua en sus funciones y lo que vamos a hacer es continuar con la labor de fiscalización permanente”, señaló la legisladora oficialista que solicitó la interpelación del Ministro Llorenti.

Llorenti explicó que la estrategia de lucha contra el narcotráfico tiene como prioridad la reducción de cultivos de coca y el respeto a los derechos humanos. Desde 2006, primer año del gobierno de Evo Morales, el número de operativos se incrementaron en más del 100%. “En los gobiernos neoliberales los operativos eran 24.623, y desde que el presidente Evo Morales asumió se registraron 56.272 operativos”, remarcó la autoridad.

El Ministro indicó que entre 2001 y 2005 se incautaron 1.665 toneladas de cocaína, mientras que desde 2006 hasta 2010 se decomisaron 7.708 toneladas de droga. Por otro lado, “entre 2001 y 2005 se ha aprendido a 18.441 personas; desde el año 2006 aprendimos a 19.424 personas, hemos superado casi en mil los arrestados”, dijo.

Respecto a la red de narcotraficantes que involucra a ex policías, el Ministro de Gobierno aseguró que se actuó con la “mayor premura y diligencia”. “Nosotros no tenemos por qué esconder información porque a las 11h00 del 26 de febrero pasado se practican varios allanamientos al domicilio del general en retiro René Sanabria, al día siguiente el juez dispone la detención preventiva del coronel Milton Sánchez, el mayor Raúl Oña, Percy Calderón y el capitán Franz Siles, quienes están en detención preventiva en el penal de san Pedro”, recalcó.

A su turno, el ministro de Comunicación Iván Canelas dijo que “anualmente se debe reducir 5.000 hectáreas de coca; el año pasado Bolivia redujo 8.000. Este año, en dos meses se eliminaron más de 1.000 hectáreas de este cultivo en forma consensuada con los productores”.

Bolivia impulsa una lucha frontal y efectiva contra el narcotráfico “con recursos y esfuerzos propios y no con la caridad extranjera”, resaltó el Vicepresidente Alvaro García Linera y advirtió que “los que resulten responsables de estas actividades serán encarcelados, sin que primen parentescos ni cercanías políticas o familiares o rangos políticos”.

García Linera lamentó que algunas naciones, como Estados Unidos, hayan reducido su ayuda a los países afectados por la producción de drogas, y no hayan cumplido su parte en el marco de la responsabilidad compartida. Denunció además que “se ha montado una suerte de ofensiva de algunas naciones para mellar la dignidad de Bolivia”, con la emisión de informes como los de la Oficina encargada de Fiscalización de Estupefacientes de la Organización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Departamento de Estado, que cuestionaban las acciones de Bolivia contra la droga.

El ex ministro de la Presidencia y actual director ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo de las Microrregiones y Fronteras (ADEMAF) Juan Ramón Quintana denunció que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) “ha iniciado una campaña internacional cobarde para menoscabar la imagen de Bolivia”.

“Más allá de que el general en retiro René Sanabria Oropeza, recluido hoy en una cárcel de Miami, esté involucrado en tráfico de cocaína, es una maniobra cobarde, táctica, políticamente organizada por la DEA para menoscabar a Bolivia”. Subrayó que la posición que asumen algunos asambleístas opositores los muestran como interlocutores de la DEA, al promover su retorno al país, “a título de que la lucha contra el narcotráfico es deficiente o que penetró en algunas esferas del Gobierno”.

“Tengo la impresión de que la DEA, cuyos agentes han sido expulsados de Bolivia en el año 2008 por hacer política y entrometerse en los asuntos nacionales al cooperar a movimientos de desestabilización de la democracia, ahora están inmersos en una campaña de deslegitimar el proceso de cambio en Bolivia”, dijo e insistió que son “maniobras políticas canallescas y cobardes de la DEA contra Bolivia”.

“Vemos que hay una actitud netamente política en la visión que tiene Estados Unidos sobre la lucha de Bolivia contra el narcotráfico. Por ejemplo el país que tiene más producción de la hoja de coca en América del Sur es Colombia; Perú ya le está pasando en la producción; Bolivia es el país que tiene menos; sin embargo, si uno se fija en el informe del Departamento de Estado no se refleja ese hecho”, resaltó el ministro Canelas. . “Sobre la Oficina anti drogas (DEA) de Estados Unidos se ha establecido que operó la fábrica de Huanchaca para recaudar fondos que sirvieron a los contra que se oponían a la revolución en Nicaragua (…) El descubrimiento de ese hecho le valió la vida al entonces diputado Edmundo Salazar, quien descubrió sus ramificaciones y por qué fue asesinado el biólogo boliviano Noel Kempff y dos de sus colaboradores cuando aterrizaban en Huanchaca en septiembre de 2006”, recordó.