Así como no puede decretarse la suspensión de la ley física de la gravedad en el ámbito terrestre al conjuro de “¡manzana, no caigas!”, del mismo modo no puede ignorarse una diversidad de leyes esenciales en la economía, so pena de tener que pagar sus consecuencias tarde o temprano. El problema es que al presente ya nos hallamos en Bolivia pagando las consecuencias de no emplear ni comprender una diversidad de leyes esenciales en la economía, ya que ahora es el desabastecimiento y el crecimiento abrupto de precios de bienes esenciales de la canasta familiar, pero mañana será la falta de recursos de inversión, el empobrecimiento de otras capas de población y la pérdida de una oportunidad extraordinariamente valiosa para forjar las capacidades que requiere el Estado Plurinacional para hacer realidad los derechos y garantías constitucionales que la sociedad demanda.

Pero vamos por partes. Primero nos referiremos sucintamente a algunas “leyes de la gravedad” en la economía y luego pasaremos a referirnos a la actual estrategia de desarrollo, la madre de todos los desvíos.

Una de dichas leyes es el equilibrio entre las cuentas de ingresos y gastos, lo cual significa en buen romance que no puedes gastar más de lo que tienes, ni comprometer mayores gastos que los ingresos saneados que esperas percibir en determinados plazos. No importa cuántas vueltas le demos a este asunto, no interesa en nombre de qué causa justa o de qué legitimación popular se lo haga, el hecho concreto es que al final del día las cuentas de ingresos y gastos deben estar saldadas, equilibradas entre sí. Por cierto que esta es una manera de decirlo, pues con excepción de los cajeros, que deben tener su arqueo exacto al final de cada día, la economía debe mantener esos equilibrios en periodos más prolongados, tan cortos o largos como se lo permita su ingeniería financiera.

No hacerlo así, no saber a ciencia cierta de dónde saldrán los recursos financieros -la platita- para cubrir las cuentas actuales, es un grave pecado que puede llevar a la economía de un país a la quiebra y a sus habitantes a su completa ruina. Basta ver lo que está pasando en Europa, donde un país van cayendo detrás del otro como fichas de dominó, sólo por aferrarse a una ingeniería financiera fantasmagórica, dizque capaz de independizarse de la economía real –aquella que anota sólo lo que ve y no cuenta los pollos antes de nacer-, que arrastró detrás de si a muchos aventureros que comprometieron hasta sus camisas en estas correrías. Al desatarse la crisis financiera internacional, todo se vino abajo, como un castillo de naipes construido en las nubes.

La mejor manera de no dejarse sorprender con desajustes muy pronunciados y difícilmente financiables a corto o mediano plazo, he aquí otra de las “leyes de la gravedad” en la economía, es la libre formación de precios en base a las fuerzas de oferta y demanda. ¿Una herejía? Pues, para nada. La ciencia económica ha establecido que los sistemas de coordinación centralizados conducen irremediablemente a un gran fracaso, especialmente porque al imponer precios y otras condiciones en unos pocos o en muchos productos, llevan a distorsionar la asignación de recursos en la economía en mayor o menor grado, conduciendo en algunos casos a producir insuficientemente (por ejemplo, cuando se fija precios de venta, se prohíbe las exportaciones, se substituye verticalmente extensas estructuras de intermediación o cuando se altera alegremente una estructura de precios, conformada a lo largo de varios lustros), en otros casos a producir en demasía (especialmente cuando se promete pagos extraordinarios, por encima de los precios vigentes en el mercado, o se reparten subvenciones indiscriminadamente) o a producir “elefantes blancos” o estructuras insostenibles, que se apoyan en esos precios y condiciones fantásticas impuestos por la autoridad centralista, que por lo general no reflejan la situación de escasez existente en la economía (basta pensar en los efectos que ocasionan las subvenciones, así como proyectos tipo Karachipampa, un cadáver insepulto).

Por ello, los sistemas económicos complejos, con millones de participantes y de decisiones diarias, han optado en casi todo el mundo por sistemas descentralizados de coordinación de acciones, basados en la libre formación de precios en los mercados, ya que permiten procesar millones de decisiones simultáneas –en materia de asignación de recursos, producción, consumo, compra, venta, etc.- sin tener grandes costos de coordinación, puesto que el sistema de precios libremente establecido se constituye en un sistema de información de extraordinaria versatilidad que orienta las decisiones de ahorro, inversión, producción, consumo, etc., y sin tener que soportar las mayores escaseces y penurias que generan los sistemas centralizados de precios. Basta ver los padecimientos actuales de Cuba (para no hablar de los antiguos países socialistas del Este europeo), a más de medio siglo del inicio de su magna gesta revolucionaria, que optó por ignorar el ABC de la economía compleja, sus ”leyes de la gravedad”, y ahora vemos como va desmoronándose, sin que ninguna solidaridad –ni la soviética del pasado, ni la venezolana del presente- pueda evitarlo, viéndose forzada a admitir esta leyes en su economía, así sea a regañadientes. Lo señalado no significa que el único camino que queda es la vuelta a una economía de mercado tradicional, puesto que ello sería su vez ignorar los estragos que puede causar una economía de mercado cuando no se vela por su adecuada estructura y su desarrollo ordenado. Pero ya volvemos más adelante sobre este punto.

Sigamos con otras “leyes de la gravedad” en la economía. No cabe duda que buena parte del problema interno actual de desabastecimiento en Bolivia –no sólo de combustibles, sino también de azúcar, maíz, arroz y probablemente muy pronto carne, estevia y otros productos– se debe a los esfuerzos por ignorar el sistema de precios que establecen las fuerzas de oferta y demanda del mercado. Las brechas de precios entre los países vecinos y el nuestro han crecido peligrosamente, al punto que para no pocos ciudadanos el contrabando en pequeña o gran escala de aquellos productos en los que se ha establecido esa brecha, se convierte en una opción plausible, ya que ello permite enormes ganancias en caso de los grandes contrabandistas, o costear la propia manutención y de la familia, en caso del contrabando hormiga. La “ley de la gravedad” en este es caso, es que existen vasos comunicantes entre los mercados más diversos, incluso con los mercados más alejados.

Ello significa que el mercado como totalidad se ocupa de eliminar las diferencias de precios y otras condiciones, tanto a nivel global, como regional y local. La misión del mercado es igualar los precios de intercambio de todos los productos finales, factores productivos y otras condiciones que intervienen en la producción, en todos los ámbitos o espacios donde existe alguna demanda. Si las diferencias existentes inicialmente se mantienen, ello es señal evidente que no nos hallamos ante un mercado en el mejor sentido de la expresión, sino ante un enjambre de obstáculos estructurales, de medidas administrativas, de acuerdos para limitar los intercambios comerciales o una mezcla de todas esas formas de alterar, limitar y restringir el funcionamiento de los mercados.

Independientemente de la razón que impida igualar los precios y condiciones de la producción, el asunto es que las reglas de intercambio efectivamente operantes en los mercados –sean impuestas por el mismo mercado, por actores poderosos o por la acción administrativa del Estado- tenderán a generalizarse en la economía, multiplicando los efectos y las consecuencias derivadas de dichos precios o razones de intercambio. De ahí que una “pequeña” medida administrativa, como fijar precios, puede tener grandes y graves repercusiones adversas, como la historia esa del aleteo de una mariposa en un confín del mundo, que desata un ciclón en el otro.

Otra “ley de la gravedad” en economía señala que la misión fundamental del Estado es la provisión de bienes y servicios públicos y colectivos, que permitan sentar las bases para que los ciudadanos puedan emplear plenamente sus propios recursos. No basta con proveer bienes y servicios públicos comunes para todos –como pueden ser temas de defensa nacional y seguridad, estabilidad de la moneda, tasas de interés bajas, carreteras, etc.-, sino que es indispensable pasar a una provisión más fina de dichos bienes y servicios, para hacer posible el desarrollo de los distintos rubros productivos y de las diversas regiones del país. Dicha provisión debe efectuarse tomando en cuenta los recursos y factores productivos que disponen las diversas microrregiones y sectores productivos, poniendo en valor diversas cadenas productivas y una amplia gama de eslabonamientos intersectoriales e interterritoriales, capaces de dar vida a nuevos complejos productivos integrados.

Valga aquí una puntualización fundamental: La provisión de bienes y servicios públicos y colectivos (lo público se diferencia de lo colectivo básicamente por la cantidad de interesados) es el eslabón perdido y ausente de nuestro proceso de desarrollo, razón por la que toda discusión económica suele restringirse y limitarse a asuntos de precios, tasas, tipos y otras razones de intercambio, cuando de lo que se trata es de generar externalidades y economías externas diversas que puedan ser aprovechadas e internalizadas por los empresarios, pequeños y medianos, en sus propias economías y emprendimientos, lo cual es posible mediante la provisión de estos bienes y servicios.

En este punto se halla el problema particularmente crítico del modelo en aplicación en Bolivia. Sin una gama de dichos bienes y servicios a escala más específica y local, por rubro productivo y por microrregión, el común de los emprendedores y agentes productivos no tendrá oportunidades de poner en valor sus propios recursos –esto es, de emplear su propio trabajo, el de sus familias, sus materiales productivos, sus saberes, etc.-, por lo que quedarán desocupados o con algún grado más o menos severo de subempleo, razón por la que dichos recursos sólo podrán ponerse a disposición del mercado a precios de remate.

Si, por otra parte, el Estado, que es el llamado a cumplir dicha función, no se ocupa de ello y sólo se concentra de proveer algunos bienes públicos comunes y de un proceso de industrialización clásico y forzado, que promete algunos excedentes en muchos años, dejando abandonados a su suerte a los emprendedores que no tienen capacidad para acceder a aquellos bienes y servicios públicos y colectivos complementarios que requieren para emplear adecuadamente sus propios recursos, entonces ello conduce inexorablemente a reproducir las condiciones de la pobreza estructural que son a la postre las que recrean el sector informal, definen la situación de pobreza y reproducen la distribución ampliamente desigual de la riqueza y los ingresos en la economía. No basta pues con dar un pescado alguna vez, sino que es necesario enseñar a pescar (= servicio público), pero eso tampoco basta: lo que adicionalmente se requiere es proveer las facilidades para producir redes, cañas y toda suerte de aparejos de pesca (= bienes colectivos), ya que estas son las capacidades que se requiere forjar en la economía. Lo demás, o es asistencialismo puro o es una grave equivocación.

Completemos un tanto más este recuento de leyes esenciales. Una de ellas que es indispensable conocer y comprender se refiere al fracaso del mercado en la provisión de los bienes y servicios públicos y colectivos, lo cual acontece porque el mercado es incapaz de identificar la demanda existente por dichos bienes y servicios -muy distinta a la demanda por bienes y servicios privados- y, por tanto, no puede determinar un precio ni un nivel de abastecimiento. Esta es otra “ley de la gravedad” de la economía: país que se adscribe a las leyes del mercado y no ha definido la provisión de bienes y servicios públicos y colectivos como sector estratégico, es un país condenado al fracaso y a reproducir las condiciones más adversas de pobreza y de distribución de ingresos. Eliminar el Estado y dejar todo en manos del mercado ha sido justamente la obra maestra del neoliberalismo en Bolivia, implantado mediante el DS 21060, impuesto a sangre, fuego y mentiras, que le ha deparado al país otras décadas más de pobreza, atraso y postergación. Para que esta misma historia no se repita, es imperioso aplicar las lecciones aprendidas, cambiar el libreto, librarnos de los vicios del pasado y aprender a respetar y tomar en cuenta celosamente las “leyes de la gravedad” de la economía.

Por lo señalado, no es posible dejar todo en manos del mercado, ni tampoco todo en manos del Estado. Cada uno de estos mecanismos de asignación y de distribución de recursos es esencial y tiene sus propias funciones estratégicas que cumplir. El problema es insoluble cuando uno de estos mecanismos es absolutizado y se pretende que puede definir todo el proceso de asignación de los recursos. En un caso, cuando se deja en manos del mercado, se producen y reproducen las condiciones de miseria y marginación de grandes sectores de la sociedad, mientras que cuando es el Estado el que decide sobre todo, se genera un estancamiento paulatino de la economía, llevando al conjunto social a procesos cada vez más pronunciados de involución, de estancamiento y de empobrecimiento creciente. En ambos casos, la desatención en la provisión de bienes y servicios públicos y colectivos es el eslabón que condena a ambos mecanismos al fracaso.

Si por un momento relacionamos ahora estas “leyes de la gravedad” económica con el Decreto Supremo No. 748 que dictaba la elevación de precios de los combustibles líquidos, vemos que tomaba en cuenta algunas de las leyes destacadas –tanto la ley de los vasos comunicantes, como la ley de la libre formación de precios y la ley del equilibrio entre las cuentas de ingresos y gastos públicos- pero hacía caso omiso de una ley fundamental, la de la provisión de bienes y servicios públicos y colectivos, especialmente de aquellos que interesan a corto y mediano plazo al común de los emprendedores, y no tomaba medidas que aseguren el equilibrio entre las cuentas de ingresos y gastos de diversos sectores populares para hacer socialmente viable y aceptable la medida, especialmente de las decenas de miles de comerciantes al menudeo y trabajadores dependientes informales de los centros urbanos, el mayor error de todos.

Por ello, no actuar como los neoliberales no significa prescindir de los instrumentos que utiliza el neoliberalismo, pero tampoco significa creer que basta con tener buenas intenciones. La pureza de medios no puede santificar ningún fin. El asunto no radica en actuar o en no actuar con el herramental neoliberal. El asunto está en actuar en función de la construcción de un modelo de sociedad que responda a nuestros anhelos y necesidades, y que pasa por construir oportunidades iguales para todos, con particular énfasis en los sectores sociales más vulnerables y desposeídos, haciendo viables y utilizables las autonomías. Un paso vital en esa dirección es construir un Estado fuerte, capaz de proveer bienes y servicios públicos y colectivos para todos los rubros productivos en el país, que se halle fuertemente comprometido con una real participación ciudadana y con el fortalecimiento y desarrollo de las autonomías. Sin dichos ingredientes, el Estado caerá irremediablemente en un enfoque centralista de cuño prebendal y clientelar que ya ha asomado sus fauces por todas partes o en el impulso de un programa estratégico anodino, centrado en la industrialización de materias primas y en la sustitución de importaciones, que sólo ha funcionado en la historia económica en economías con grandes mercados internos, pero incapaz de sentar bases para el desarrollo de las decenas de micro regiones que tiene nuestro país y los cientos de rubros productivos que necesitan de diversas facilidades colectivas complementarias para poder desarrollarse.

A partir de esta breve inspección de algunas leyes en la economía, podemos observar que el único pasadizo que nos queda por transitar es pasar de la situación actual de múltiples desajustes estructurales y administrativos que tenemos en la economía nacional, a una situación de crecimiento sostenible, inclusivo y con adecuada distribución del ingreso y la riqueza, mediante el empleo efectivo de las “leyes de la gravedad” económicas mencionadas, lo cual significa, en pocas palabras, una combinación sabia de aplicación cuidadosa de las reglas del mercado y una intervención estatal inteligente en la economía, proveyendo bienes y servicios públicos y colectivos, recortados a las necesidades de los diversos rubros productivos, sectores y territorios, guardando a la vez los equilibrios de cuentas macroeconómicas, evitando disparidades y desajustes en los sistemas de precios, lo cual se consigue primordialmente, respetando la libre formación de precios en la economía nacional.

* Economista, especialista en planificación regional. CarlosRodrigoZapata@gmail.com