Maestros urbanos y rurales, sanitarios, gremiales, fabriles, mineros, campesinos y otros trabadores afiliados a la Central Obrera Bolivia (COB) cumplieron el 18 de febrero el primer paro nacional movilizado exigiendo al gobierno un aumento salarial acorde con el alza del costo de la canasta familiar. Las “descabelladas” demandas obreras “me causan risa”, dijo el Presidente Evo Morales; mientras que el Vicepresidente ilegitimó de plano la protesta de “trotskistas mentirosos y provocadores” que solo quieren derrocar al “gobierno popular”.

La movilización de protesta por el alza de precios de los alimentos y servicios básicos se cumplió en todo el país, aunque de manera parcial en las ciudades capitales de Potosí, Beni, Pando y Santa Cruz. “El paro pasó desapercibido en Beni, mi apreciación es que fue una respuesta a una consigna descabellada e imposible de un salario mínimo que esté por encima de los 8 mil bolivianos”, comentó el ministro de Obras Públicas Walter Delgadillo.

En el occidente si hubo protestas. Los gremios de Chuquisaca, Oruro y Tarija marcharon y acataron el paro. Cochabamba quedó paralizada por completo por los bloqueos de obreros, fabriles y maestros en puentes y distribuidores vehiculares. En Oruro algunos marchistas saquearon alimentos y ropa en el mercado Bolívar.

En La Paz, una masiva movilización paralizó el centro de la ciudad y en El Prado un obrero fustigó duramente a los dirigentes “masistas” de la COB que “se vendieron al gobierno de Evo Morales”, increpando directamente al ejecutivo de la máxima organización laboral Pedro Montes.

Intentando justificarse ante el gobierno, el pro masista Montes explicó: “Ya no podemos controlar la protesta de los trabajadores por el alza del costo de vida que están viviendo, por eso están saliendo a las calles a protestar y hacer sentir su malestar por el hambre, la miseria, la desocupación y por tener el estomago prácticamente vacío”.

Varios sindicatos afiliados a COB calculan que para cubrir las necesidades básicas de una familia de cinco personas se precisa un salario de al menos 8 mil bolivianos (aproximadamente mil dólares). El magisterio urbano de Santa Cruz, la Confederación de Fabriles y otros gremios aspiran a un aumento salarial de al menos 30%.

Un día antes, el Presidente Morales recomendó a los sindicalistas actuar con mayor “racionalidad” y “madurez”, y les advirtió que “cuando los planteamientos salariales se hacen racionalmente el pueblo apoya, (pero) cuando son de carácter irracional, descabellados, quién va a apoyar”.

Evo se jacta de haber aumentado ya el salario mínimo vital de 340 bolivianos en 2006 a 679 bolivianos, “casi” 100 dólares, en 2010. Ahora los sindicalistas quieren subir el sueldo mínimo de 100 a mil dólares, pero su pedido “no se ajusta a la realidad”, recalcó Morales; es “imposible de cumplir”, enfatizó el ministro de Trabajo Félix Rojas.

El gobierno aprobará un incremento de sueldos “sostenible” y acorde con la capacidad de la economía nacional. “Es obligación del gobierno cuidar la economía nacional, lo que significa tener recursos para la inversión… Si tenemos planta no solamente la vamos a gastar en salarios. A mí me causa risa cuando piden incremento salarial del 40 al 70%”, comentó el Presidente.

García Linera desahució la demanda del movimiento popular porque pondría en riesgo las inversiones estatales. “Cuando los compañeros nos dicen que hay que incrementar salarios a 8 mil bolivianos, con esto nos dicen que ya no industrialicemos el gas, que ya no tengamos la renta dignidad ni el bono Juancito Pinto…”.

Morales prometió que “el incremento salarial jamás va a ser por debajo del porcentaje de la inflación”, pero la COB asegura que ese indicador calculado por el INE está fuera de la realidad. Es difícil entender por qué el índice de precios al consumidor acumulado a 12 meses asciende a 8% y en enero se sitúa en solo 1,26%, sabiendo que los precios de casi todos alimentos básicos aumentaron entre 10 y 50% después del fallido gasolinazo decretado el 26 de diciembre de 2010.

El autor del decretazo que disparó los precios hasta las nubes tuvo que pedir disculpas al pueblo. “Hemos cometido errores y con humildad pedimos perdón… fue una debilidad o una falta de cálculo nuestra, que los admitimos…”, dijo García Linera el jueves, aunque insinuó que la televisión fue corresponsable de la escalada inflacionaria.

Según el Vicepresidente, “apenas surgió un error, vino todo el racismo cargado contra el Presidente y contra el gobierno… Tres canales de televisión magnificaron el error y lo convierten en un fenómeno histérico porque ahora la política se ha histerizado a través de los medios de comunicación”.

En la lógica del Vice, tres canales de TV “histéricos” desencadenaron la crisis de precios y solo dos partidos políticos de “ultraderecha” organizaron la movilización nacional del viernes: el trotskista Partido Obrero Revolucionario (POR) y el Movimiento Sin Miedo (MSM).

“Criticamos la actitud de algunos dirigentes, en especial de los trotskistas que son la avanzada política de la extrema derecha, porque toda su vida han buscado tumbar un gobierno popular; son mentirosos, provocadores y peligrosos, es la ultraderecha camuflada”, fustigó García y acusó al MSM de representar a la otra derecha opuesta al trotskismo que intenta “deshacerse de los indios”.

“Los trotskistas han tumbado gobiernos de izquierda, pero no para que entre un gobierno de ultraizquierda, sino de ultraderecha. Son culpables de la caída del Presidente Juan José Torres en 1970 y de Hernán Siles Suazo en 1985, y ahora quieren hacer lo mismo con el Presidente Morales, están trabajando para que regrese el fascismo, para que regrese Sánchez de Lozada…”, profirió el Vicepresidente.

García Linera convocó a campesinos e indígenas, obreros, enfermeras, comerciantes y a profesionales a “cerrar filas y proteger a nuestro gobierno para evitar que la ultraderecha, vía el trotskismo o vía MSM, logren sus objetivos”. Uno de los primeros dirigentes estatizados que se alineó detrás del gobierno fue el secretario ejecutivo de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) Roberto Coraite.

“Debemos unir nuestros objetivos, consolidar el proceso de cambio, garantizar a nuestro gobierno y enfrentar a las inclemencias políticas que se viene dando en el país…. Nosotros estamos para frenar ese tipo de atentados contra el proceso de cambio”, afirmó Coarite refiriéndose a los dirigentes “trotskistas” que exigen un “descabellado e irracional” aumento salarial del 70%.

La posición de Coarite y de otros dirigentes del Pacto de Unidad leales al gobierno no necesariamente expresa la voluntad y el sentir de sus bases. Prueba de ello es que los primeros en bloquear caminos contra el gasolinazo de Navidad fueron los cocaleros del Chapare. Ahora la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de El Alto controlada por el MAS amenaza con radicalizar las protestas si el gabinete de Morales no contiene el alza indiscriminada de precios.

El descontento se generaliza incluso en los núcleos masistas más obsecuentes y hasta los militantes más duros comienzan a decepcionarse. “Es una inquietante ironía que el gobierno mantenga mejores relaciones con el empresario privado que con la COB. Tal vez sea una superficial y subjetiva susceptibilidad, pero es algo para reflexionar respecto al desvío o derechización que puede tener el rumbo del proceso”, se lamenta un ferviente defensor del MAS en el Foro electrónico Bolivia.

Los masistas están muy dolidos por la actitud del “hermano Evo” que se burla de las aspiraciones salariales del pueblo, y al mismo tiempo se esfuerza por aumentar las ganancias de las petroleras (con gasolinazo) y permite que la transnacional San Cristóbal solo aporte el 15% de lo que gana.

El ex viceministro y ex asambleísta del MAS Raúl Prada dice que el proyecto político del Vicepresidente –al que denomina el “Robespierre de la época del terror”– “apunta veladamente al Capitalismo de Estado, a la restauración nacionalista del Estado-nación, a una anacrónica revolución industrial, a un Estado fuerte reducido a la dictadura de un pequeño grupo de clarividentes, abogados y especialistas” que toman decisiones y redactan leyes y decretos sin consulta popular y “mandando a obedecer a asambleístas que tienen la obligación de levantar las manos y aprobar”.

Según Prada, ese pequeño dictador “paranoico y enamorado de sí mismo y del poder” se enoja cuando se critica la falsa nacionalización y cuando se le pregunta ¿por qué ocultan las súper ganancias que se lleva la minera San Cristóbal, alrededor de 1.000 millones de dólares, dejando pírricos aportes al Estado? ¿Por qué se esconden los fracasos del modelo extractivista, como por ejemplo la explotación del hierro del Mutún y las aventuras del litio?

“No hay discusión de ninguna clase, no se toma en serio el debate, ni se abre la posibilidad de una evaluación del proceso de nacionalización. El único argumento que saca de la manga es la furibunda calificación de mentira (y) acusa de derechistas a quienes se oponen a sus proyectos delirantes de industrialización”, reflexiona Prada.

Lo más llamativo es que el Vice y sus muchachos cumplen casi al pie de la letra las instrucciones del estratega de la propaganda nazi Joseph Goebbels. Ya se repuso el Ministerio de Comunicación para coordinar la propaganda del régimen y se creó un enemigo único de “ultraderecha” metiendo en la misma bolsa a indígenas, cívicos, sindicalistas, intelectuales e investigadores que se atreven a disentir y criticar.

El nacional socialismo autóctono convierte cualquier anécdota, por pequeña que sea, en una amenaza grave. El régimen ya no debate ni argumenta, critica e insulta; no trabaja con ideas sino con complejos, odios y prejuicios.