En nuestro país, los últimos 40 años hemos vivido entre gobiernos de facto y democráticos, que han tenido algo en común y es la impunidad sobre las violaciones a los derechos humanos, sin que el derecho a la verdad y la justicia para las 34 personas fallecidas y 282 heridas víctimas de los sucesos del 12 y 13 de febrero del 2003 se haya hecho posible, y que los responsables rindan cuentas ante la justicia.

La impunidad según, la Organización de Naciones Unidas, “comprende las medidas y prácticas en virtud de las cuales los Estados no cumplen su obligación de identificar, juzgar y condenar a los responsables de la práctica sistemática de violaciones graves de los derechos humanos, impidiendo así a las víctimas y a sus familiares el goce del derecho a conocer la verdad y que se les restablezcan sus demás derechos. Los motivos de este incumplimiento pueden ser la falta de voluntad política o la insuficiencia de poder para someter al imperio de la ley a un poderoso sector trasgresor como las fuerzas armadas”.

Febrero Negro

El nueve de febrero el presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada envió al Parlamento dos proyectos de ley uno para la aprobación del presupuesto general de la nación y otro que viabilizaba la creación de un nuevo impuesto a los ingresos de las personas asalariadas.

A la medianoche del lunes 10 comienza el motín de policías con la negativa de dos distritos policiales de salir a patrullar las calles del centro y del sur de La Paz, porque no se cumplían las treinta demandas presentadas al gobierno; y la anulación del impuestazo entre otros.

La Central Obrera Boliviana hace un llamado a sus bases para luchar contra el impuestazo y anuncia un paro de 24 horas para el jueves 13.

El martes 11 el estado mayor del pueblo en Cochabamba anuncia movilizaciones; en La Paz un grupo de estudiantes de La Universidad Pública de El Alto impide el tráfico de autos en la Ceja de El Alto con la quema de llantas y amontonamiento de piedras.

Efectivos de los Distritos Policiales 3, 4 de la ciudad de La Paz y 5 de la ciudad de El Alto se suman al Grupo Especial de Seguridad (GES) de igual manera se pliegan miembros del Tránsito, Bomberos, de la Brigada de Protección a la Familia, y Los Pumas encargados de la seguridad del Palacio de Gobierno y el Poder Legislativo.

El miércoles 12 cadetes de tercer año de la Policía Nacional llegan en autobuses y se suman a las unidades que se encontraban en el GES. En horas de la mañana, una marcha de policías ingresa a la Plaza Murillo portando pancartas que expresaban su protesta contra el impuestazo. Al mismo tiempo un grupo de policías se posicionan en el tejado de la sede del GES y en el edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Aprovechando que no había seguridad policial alrededor del Palacio un grupo de estudiantes de los Colegios Ayacucho y Felipe Segundo Guzmán se dirigen hacia el Palacio de Gobierno y apedrean sus ventanas. Miembros del ejército que se encontraban en el interior del Palacio responden la agresión con gases lacrimógenos. Luego grupos de civiles y trabajadores se van concentrando en las inmediaciones del GES para expresar su apoyo a la policía y su rechazo al impuestazo.

A medio día llegan unidades militares portando fusiles FAL, carros de asalto para tomar posición de la Plaza Murillo; policías y militares intercambian insultos, amenazas y cada grupo controla una mitad de la Plaza Murillo. Ante el incidente miembros de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (Waldo Albarracín y Sacha Llorenti) ofrecen su mediación para entablar el diálogo entre el Gobierno y los amotinados.

En ese lapso se ordena el repliegue de policías y militares, pero empieza un luctuoso enfrentamiento cayendo la primera víctima de muerte en la calle Junín. Posteriormente miembros del Grupo de Acción Inmediata (GAI) de la Policía Nacional llegan al GES.

La Plaza Murillo se invadió de gases lacrimógenos, y el sonido de ráfagas de ametralladora y balas se cruzan en medio de la Plaza dejando un saldo de más de treinta víctimas. En las inmediaciones se encontraban los familiares de los policías y de los soldados que ingresaron al cuartel semanas antes.

Posteriormente el presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada deja el palacio y los militares se repliegan al Palacio junto a sus heridos. Sin embargo continúan las bajas en el grupo de la policía por francotiradores.

En horas de la tarde los medios de comunicación informan que el gobierno retiró su proyecto del impuestazo, medida que no pudo frenar la reacción de los manifestantes que toman e incendian el inmueble de la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo sostenible; conforme pasaban las horas grupos de saqueadores se dirigieron a las tiendas y locales del centro de la ciudad.

Otros grupos tomaron las sedes de los partidos del MNR, MIR, ADN y UCS para saquearlas y quemarlas; el Canal 5 es apedreado; una movilidad es quemada frente al Tribunal de Justicia Militar y en la avenida Mariscal Santa Cruz un auto de campaña del MIR ardía ante la mirada de cientos de espectadores, la violencia se apoderó del centro paceño, de igual manera hubo violencia en la ciudad de Cochabamba y Santa Cruz.

El jueves 13 en horas de la mañana continuaron los disturbios y saqueos especialmente en la ciudad de El Alto y el centro de La Paz, la gente ser reunió en la Plaza de San Francisco, armó barricadas y hubo enfrentamientos con la Policía Militar. A la cabeza de la COB se produce una marcha exigiendo la renuncia del Presidente.

En horas de la tarde en El Alto un helicóptero transporta a militares a las instalaciones de la Embotelladora de Coca-Cola (EMBOL) quienes dispararon con armas de fuego a los manifestantes matando a cuatro personas.[1]

Fallecidos el 12 de febrero en la ciudad de la Paz

“Alaín Saavedra Claudio de 29 años de edad, ex policía, no se sabe en qué circunstancias murió.
Altamirano Callisaya Valeriano 22 años, Policía del Batallón de Seguridad Física Estatal, circunstancias (Shock hipovolémico por trauma abdominal por disparo de proyectil).
Apaza Bautista Irineo 22 años, policía (DP 2) circunstancias (Shock hipovolémico por trauma abdominal por disparo de proyectil.
Canaviri Canaviri Ovidio de 25 años, policía del Batallón Pumas, circuntancias (Choque hipovolémico traumático, vascular servical, herida por arma de fuego.
Colque Monasterios Macario de 36 años, policía de Tránsito, circunstancias (Shock hipovolémico por PAF)
Condori Palma Edgar de 36 años, policía del GES circunstancias (Shock hipovolémico por PAF)
Franco Miranda Jorge M. de 22 años, Civil circunstancias (Shock hipovolémico por PAF)
Huanca Rojas Edwin de 23 años, militar del Batallón de PM, circunstancias (Shock hipovolémico por PAF)
Huáscar Calcina Julián de 16 años, civil circunstancias (Shock hipovolémico por PAF+G59)
Humérez Arrieta Juan Carlos de 29 años, policía polivalente, circunstancias (traumatismo craneofacial A B con expulsión de masa encefálica, herida por arma de fuego)
Mamani Mollo Jesús Santos de 20 años, militar, circunstancias (Shock hipovolémico por PAF)
Mendizabal Ochoa José Luis de 35 años, capitán militar de los Colorados, circunstancias (Shock hipovolémico por PAF)
Nemer Patton Omar, de 23 años, policía del Distrito 3, circunstancias (Shock hipovolémico por PAF)
Onofre Juan Carlos, civil, circunstancias (Shock hipovolémico por PAF)
Ramos Mamani Orlando David de 35 años, policía de Tránsito, circunstancias (Shock hipovolémico por hemorragia intra abdominal por PAF)
Saravia Elvis Telésforo, 21 años, militar de los Colorados, circunstancias (herida de bala)
Surci Willy Ramos, de 18 años, civil, circunstancias (Shock hipovolémico por PAF)
Vega Lucero Miguel de 20 años, policía del Distrito 4, circunstancias (Shock hipovolémico por hemorragia aguda intraabdominal por PAF)

Fallecidos el 13 de febrero

Ciudad de La Paz

Colque Ana Lourdes de 24 años, enfermera
Castro Coca Antonio de 25 años, policía circunstancias (hemotorax)
Chambi romero Oscar de 45 años, civil, circunstancias paro cardiaco.

Cochabamba

Castro Juan Carlos, civil
Santos Juan, civil

El Alto

López Fidel Ángel de 16 años, civil.
Callanqui Wilmer Ronald de 25 años, civil.
Mealla Daniel
Mendoza Mamani Gonzalo, civil
Mita Ramón, civil
Mujica Ticona Juan José de 20 años, civil.
Seiza Mamani Rubén de 15 años, civil
Tito Inti Pampa
Yana Mamani Elías

Muertos después de los sucesos de febrero

Quispe Carrasco Mario de 40 años, civil. Murió en el Hospital de Clínicas.
Ascarrunz Miguel de 18 años, soldado, falleció en el hospital de COSSMIL”.[2]

14 civiles muertos

En esos dos trágicos días hubo 14 civiles muertos, que fueron víctimas accidentales o tal vez blancos de los francotiradores. “El más joven de este grupo sólo tenía 15 años y se llamaba Rubén Seiza Mamani, recibió un balazo el jueves 13 en inmediaciones de la Embotelladora de Coca-Cola (EMBOL) de la ciudad de El Alto. A Mario Quispe Carrasco de 40 años le dispararon en el estómago el día 12 en La Paz, el proyectil explosionó en sus entrañas. Soporto tres meses de terapia intensiva y dieciocho operaciones, falleció el 26 de mayo de 2003.”[3]

“Oscar Chanbi Romero, chofer de 45 años, padre de tres hijos fue herido el 13 de febrero en la calle Oruro, recibió dos impactos de bala, una le destrozó la pierna izquierda y otra le partió el hígado. Mientras paseaba por la calle con una bandera de Bolivia”.[4]

Según el informe forence de las víctimas citadas dice “muertos por proyectil de arma de fuego (PAF); muchas de ellas ni siquiera se tiene los datos completos, ni se sabe en qué circunstancias murieron.

Casos: Ana Colque y Carla Espinoza

El jueves 13, “La Enfermera Ana Colque, acompañada de un médico interno del Hospital de Clínicas, trepa las gradas que comienzan al ingreso del edificio San Francisco y terminan en el entretecho iluminado por la luz de las calaminas. En el momento en que ella y el médico intentan rescatar el cuerpo de Wilmer Collanqui, un impacto de bala le atraviesa los pulmones. La bala ha ingresado por la pequeña ventana del edificio que da a la calle Honda. Diez minutos después de que la ambulancia lleva el cuerpo herido de Ana, llega al edificio otra ambulancia con la médica Carla Espinoza a bordo. Ana muere en el Hospital de Clínicas”.[5]

“Carla Espinoza, especializada en salud pública, trabajaba en el Servicio Departamental de Salud de La Paz. Como voluntaria de equipos médicos de emergencia, repetía el ascenso fallido de Ana Colque al entretecho del edificio San Francisco buscando rescatar el cuerpo inerte de Wilmer Collanqui. Carla logra sacar una bandera blanca por la ventanilla, pero es alcanzada por un disparo en el rostro”.[6]

Por estos dos casos fueron imputados los militares Enrique Costas Wanting, Grover Monroy Aliaga, Edgar Rocabado Villegas y Rafael Mendieta Vera.[7]

Heridos del 12 Y 13

Heridos civiles 106 registrados en el Hospital de Clínicas

Heridos militares 51 registrados en el Hospital COSSMIL

Heridos policías 25 registrados en la Clínica Copacabana[8]

En las épocas de dictaduras, las personas e instituciones estaban impedidas de quejarse por el carácter represivo, totalitario y por la ausencia de sistemas de garantías constitucionales que niegan todo tipo de libertad y acción.

Sin embargo, en 28 años de democracia, Bolivia no ha podido superar los vacíos legales para hacer justicia por una parte y por la otra la influencia política y económica; además no hubo ni hay voluntad política para esclarecer los hechos y hacer justicia.

Lo citado es apenas una muestra, de todos los hechos, que se han quedado en el olvido y por detrás miles de personas heridas con secuelas físicas y emocionales, huérfanos, y familias que han quedado sin protección económica ni emocional.

El necesario el esclarecimiento de todos estos hechos relacionados con las violaciones de los derechos humanos por ser un derecho irrenunciable de toda sociedad. Además como sociedad debemos conocer las razones y circunstancias que impulsaron para cometer los delitos de lesa humanidad, con el objetivo de que en el futuro esos hechos no vuelvan a ocurrir.

Asimismo, se debe recalcar que las violaciones a los derechos humanos y de los pueblos en dictadura tienen connotación diferente por el carácter represivo y totalitario y de ausencia de los sistemas de garantías constitucionales y el acceso al debido y justo proceso. La dictadura somete al ciudadano y ciudadana a una total indefensión jurídica y a la ausencia del respeto de sus derechos.

Las violaciones a los derechos humanos en democracia son producto de la intolerancia y el abuso del poder que sobrepasa las atribuciones establecidas conforme a ley, además que se producen por omisión y por comisión.

¿Cuántos años más pasarán para que se haga justicia a las víctimas y que las autoridades no se conformen con rendir un homenaje a las personas fallecidas y los familiares llevar flores a las tumbas de los que todavía no fueron olvidados, como sus archivos en la Fiscalía?

[1] Periódicos, Pulso, La Razón, Prensa, El Extra.

[2] Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia, 2003

[3] Para que no se olvide 12 – 13 de febrero 2003, APDHB/ASOFAMD/DIAKONIA. 2004

[4] Para que no se olvide 12 – 13 de febrero 2003, APDHB/ASOFAMD/DIAKONIA. 2004

[5] Para que no se olvide 12 – 13 de febrero 2003, APDHB/ASOFAMD/DIAKONIA. 2004

[6] Para que no se olvide 12 – 13 de febrero 2003, APDHB/ASOFAMD/DIAKONIA. 2004

[7] Para que no se olvide 12 – 13 de febrero 2003, APDHB/ASOFAMD/DIAKONIA. 2004

[8] Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia, 2003