El Comité pro Santa Cruz desafió al gobierno a pedir una investigación internacional con la participación de Naciones Unidas, si de verdad le interesa esclarecer el caso Rozsa y por consiguiente el escandaloso video del soborno. De lo contrario, advirtió el presidente cívico Luis Núñez, “se confirma el complot criminal contra los cruceños, que, además de las persecuciones políticas por este hecho, hay tres víctimas que fueron acribilladas por agentes del poder político de turno”.

Según el dirigente de la máxima institución cívica cruceña, el gobierno ya no tiene argumentos para justificar el “montaje, pero lo más grave aún, el pueblo boliviano y la comunidad internacional ya no le creen sus historietas de magnicidio, separatismo y otras fantasías novelescas”.

“Están perdidos en la maraña de su complot contra los líderes autonomistas, utilizaron a un ex reo, como testigo clave para encarcelar a muchos bolivianos, y ahora cuando fueron desenmascarados por los mismos individuos que hicieron el trabajo sucio, dicen que la versión no es creíble. El gobierno boliviano ha perdido toda la credibilidad y la fe del Estado está gravemente amenazada, sólo por unos afanes autoritarios y hegemónicos, al típico estilo de las dictaduras militares”, remarcó el titular cívico.

En criterio de Núñez, el pueblo boliviano y la comunidad internacional no debe dejarse confundir: lo cierto es que al amanecer del 16 de abril de 2009, en Santa Cruz de la Sierra, “hubo un triple asesinato producto de un complot macabro con el único objetivo de acabar con la dirigencia cívica autonomista de los departamentos del oriente boliviano”. El gobierno, a través de la Fiscalía y de la Policía, en vez de investigar imparcialmente “el hecho criminal, ya que fueron acribillados y no le brindaron el auxilio oportuno, pues, según los informes forenses, las víctimas estuvieron con vida varias horas después; se dedicó a acusar, mediante los medios de comunicación a dirigentes políticos, cívicos y autonomistas que no comulgan el pensamiento del gobierno”.

El segundo hecho que no se deber perder de vista, remarcó Núñez, es el soborno a Ignacio Villa Vargas, llamado El Viejo. Le corresponde a la Fiscalía y a la Policía dar con los autores materiales e intelectuales de este grave delito, que además, implica un hecho de flagrante de corrupción y daño al Estado, porque el dinero no proviene de un particular, sino de los recursos de los bolivianos.

“Seguramente con la detención de El Viejo y el traslado a sede de hobierno pretenden encubrir a los corruptos sobornadores, tal como lo hicieron con los cómplices intelectuales y materiales de caso Rozsa. Pero, además, utilizarán a El Viejo para hacer show y de esa manera tapar su ineficiencia en el manejo de la economía del Estado. El pueblo boliviano está sufriendo por la escasez de alimentos, la inflación y el alto costo de vida, causada por los errores del primer mandatario que prohibió las exportaciones de productos, la inseguridad jurídica, el avasallamiento de la propiedad privada y el escaso apoyo al sector productivo de país”, manifestó Núñez.