El alcalde de La Paz Luis Revilla calificó como una “campaña penosa y ridícula” a las acciones que lleva adelante el gobierno nacional para desacreditar al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ya que ahora se acusa al oficial mayor de Culturas Wálter Gómez de instigar a la violencia en la marcha vecinal contra el gasolinazo de diciembre de 2010.

“Si no son los gastos de representación, que ya quedaron aclarados porque ya se dijo quienes son los responsables, son los Puentes Trillizos, denuncia que también se comprobó que no tiene sustento, ahora resulta que el Oficial de Culturas promueve la violencia en la ciudad”, dijo Revilla, y aseguró que Wálter Gómez trabaja hace varios años en la Alcaldía y que es un hombre de la cultura y de las artes por lo que no se lo podría acusar de instigador a la violencia.

“Esto se va a aclarar y luego vendrán otros procesos y otros juicios en esta campaña penosa y ridícula en la que está el Gobierno Nacional para desacreditar al Gobierno Municipal de La Paz”, manifestó la autoridad edil. Aclaró que continuarán demostrando que las denuncias en todos los casos no tienen sustento pero espera que las autoridades judiciales y el Ministerio Público dejen de prestarse a intereses políticos del partido de Gobierno.

“El Oficial de Culturas se va a defender y va a demostrar que no es ningún instigador. Además si están pensando citar a las personas que marcharon en diciembre tendrán a que convocar a más de 50.000 personas porque son los que se movilizaron ese día en defensa de sus intereses económicos y de sus bolsillos ante una medida injusta que afectaba la economía popular”, desafió el Alcalde paceño.

Por otro lado, luego de que la Justicia identificó a los responsables de las irregularidades en los documentos de los gastos de representación en la Presidencia del Concejo, la defensa del alcalde Revilla aguarda que éste sea sobreseído en el caso Contraloría.

El director Jurídico de la Comuna Fernando Velásquez señaló que el fallo de la jueza Cuarto de Instrucción en lo Penal Margot Pérez, que extingue la acción penal por reparación integral del daño, se constituye en un descargo fundamental para la investigación que sigue el fiscal Dorian Jiménez.

“Este elemento nosotros esperamos sea determinante en la investigación que está llevando el doctor Dorian Jiménez porque demuestra que el doctor Revilla no es autor en absoluto de ninguna falsedad, no es autor de ningún uso de documento falsificado ni mucho menos”, dijo Velásquez al referirse al caso Contraloría que está a cargo del juez Ricardo Maldonado.

Velásquez aclaró que lo que hizo la Comuna paceña fue desarrollar una investigación, que debería haber sido ejecutada por el Fiscal Jiménez, sobre la irregular existencia de un documento con el logo de los 200 Años Libres en los descargos de los gastos de representación de Luis Revilla, como Presidente del Concejo Municipal, en 2006.

“Una vez que el Alcalde ha conocido de esta irregularidad con relación a la existencia de este documento, él solicitó un informe a sus inmediatos colaboradores con relación al por qué se había producido este elemento”, dijo Velásquez.

Ante esta situación se realizó un proceso administrativo interno donde se estableció que los funcionarios Cinthya Vargas y Wilfredo Gamboa, que colaboraban al ex Presidente del Concejo, habían realizado la reposición de documentos que se habían extraviado dentro de la Dirección Administrativa del Concejo y este hecho no fue comunicado al Alcalde Revilla.

“Esto ha derivado en que se inicie un proceso sumario administrativo pero también la Dirección Jurídica ha iniciado un proceso penal contra estos funcionarios por los mismos delitos que los que estaba siendo procesado el doctor Revilla”, dijo Velásquez. En el mismo los funcionarios explicaron que efectivamente fueron ellos quienes hicieron la reposición del documento y no advirtieron del papel en el que se estaba imprimiendo el documento, ya que simplemente se trataba de una reposición.

“Con la finalidad de no perjudicarse ellos ni perjudicar al Alcalde Revilla lo que ellos han hecho ha sido reponer los montos correspondientes a ese papel que estaba siendo cuestionado”, dijo Velásquez. El artículo 27 del Código de Procedimiento Penal establece como motivo de extinción de la acción penal la reparación integral del daño particular o social causado hasta la audiencia conclusiva para los delitos de contenido patrimonial, como el cometido por Vargas y Gamboa.

Juan del Granado denuncia doble juzgamiento

Por su parte, Aida Camacho, abogada defensora del ex alcalde de La Paz Juan Del Granado, denunció el jueves la existencia de doble juzgamiento en contra de su defendido en el caso de los Puentes Trillizos, figura que es prohibida expresamente en la Constitución Política del Estado.

“El año pasado, en octubre aproximadamente, el señor Marco Ríos Bravo ha ampliado querella contra don Juan Del Granado, el actual alcalde y todos los miembros del Concejo por contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y otros delitos referido al proyecto vial los Puentes Trillizos, este proceso se halla en investigación por el fiscal Fernando Cortez y pese al proceso investigativo que está en curso, es el Contralor General del Estado, quien, por los mismos delitos, por el mismo proyecto, bajo las mismas circunstancias, inicia un nuevo proceso, el mismo que en la actualidad está siendo investigado por el fiscal Edward Mollinedo”, apuntó.

En tal virtud, la defensa de Juan Del Granado puso en conocimiento del fiscal Edward Mollinedo la solicitud de acumulación del proceso seguido por él al proceso que está siguiendo el fiscal Fernando Cortez y también planteó un incidente de doble juzgamiento, para que se defina cuál de las dos autoridades debe continuar con la investigación.

“Este hecho se ha puesto en conocimiento del fiscal Edward Mollinedo: primero, se conozca cuál será el resultado de quién va a ser la autoridad competente en la investigación del proyecto Puentes Trillizos, si es que había algo que investigar, y segundo, una vez que se defina quién es la autoridad competente para ello, el doctor Del Granado, pese a haberse presentado ya ante el doctor Mollinedo, voluntariamente, de forma espontánea, se pondrá a disposición para cualquier acto investigativo que pudiera realizarse, se va a presentar y va a hacer las declaraciones y los descargos pertinentes”, refirió.

“Hemos planteado un incidente, hemos planteado una segunda acumulación y estamos a la espera de que se resuelvan estos dos incidentes para que, una vez definida la autoridad que va a ser quien investigue, nos hagamos presentes y hagamos la declaración que corresponda”, dijo.

El fiscal Edward Mollinedo devolvió a la Contraloría la documentación que respalda su denuncia contra Del Granado, por los supuestos delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes en la construcción de los Puentes Trillizos, porque carecen de sustento legal suficiente.

“El fiscal Edward Mollinedo ha devuelto la documentación correspondiente a la Contraloría General del Estado debido sobre los que se había hecho la denuncia y no tienen un asidero legal suficiente como para la prosecución de dicha denuncia, informes que no son suficientes para este acoso judicial que se le está realizando a Juan Del Granado y es por eso que, en cumplimiento de las normas constitucionales, del debido proceso y del derecho a la defensa, el fiscal Mollinedo ha actuado finalmente ajustándose a la norma”, aseguró la defensora del ex Alcalde paceño.

Camacho recordó que la documentación presentada por la Contraloría se limita a dos informes que solamente hacen referencia a los contratos y adendas, y no hacen referencia a la integralidad del proyecto; es decir, los aspectos financieros, técnicos y administrativos que debieron ser objeto de revisión y de un riguroso control por parte de esta entidad del Estado, como parte del proyecto de los puentes Trillizos.

La misiva enviada por el fiscal Mollinedo a la Contraloría General del estado resalta que: “Toda vez que esta institución denunciante no se ha pronunciado sobre el Derecho Supremo No. 351 y la Ley No. 4147 que son hechos posteriores a la adendas que forman parte del relato de hechos , con carácter previo la Contraloría General del Estado emita opinión sobre los efectos de la promulgación del Decreto Supremo y Ley precitados, con relación a las adendas de 13 de marzo de 2008 y de 18 de junio de 2009 suscritas por la Alcaldía Municipal de La Paz, dentro del Contrato de Construcción del Proyecto Puentes Trillizos Bajo la Modalidad Llave en Mano. En tal virtud se suspende y se deja sin efecto las citaciones expedidas en contra de los denunciados hasta que se cuente con este elemento; devuélvase los antecedentes a la Contraloría General del Estado”.

La jurista denunció que el Contralor del Estado, en una actitud absolutamente parcial y motivada por intereses de índole político, hizo la denuncia contra Juan Del Granado y ex concejales paceños sin haber realizado el informe de Contraloría, tal cual es su obligación, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, de la ley 1178 y las normas que regulan la actividad de la Contraloría General del Estado.

“La Contraloría General del Estado ha perjudicado un proceso de control ex post que debía realizarse, porque ellos con esta actuación apresurada, ilegal e impertinente lo único que han hecho es demostrar que tienen un interés dirigido contra Juan Del Granado para perjudicarlo porque, definitivamente, lo que ellos han hecho ha sido realizar una acción que no tiene ninguna base legal y que, además, bajo la amenaza de que con posterioridad harían la revisión de los aspectos técnico – financieros, están queriendo hacer una doble auditoría sobre una misma operación que es la construcción de los puentes Trillizos”, afirmó.

Camacho señaló que pese a que la parte denunciada está a la espera del informe complementario de la Contraloría, el mismo quedaría inhabilitado porque su máxima autoridad adelantó criterios, aspecto que impediría que sobre la base del nuevo documento se lleven mayores investigaciones en materia penal.

“La Contraloría General del Estado, en sujeción a lo que dice la Ley 1178 y las normas básicas de auditoría gubernamental, debiera proceder a la contratación de auditores externos o de una empresa de auditoría externa, para realizar la revisión ex post de la operación denominada proyecto vial Puentes Trillizos. Ya la Contraloría no puede realizar ningún tipo de acciones porque ellos han demostrado una animadversión, además han demostrado una enemistad manifiesta contra Juan del granado sacando informes que no corresponden, pero además adelantando criterios que tampoco corresponde a la verdad y que no han tenido ninguna relación con los hechos sucedidos, tal es así que el fiscal Mollinedo ha pedido que se complemente la información con el Decreto Supremo y con la Ley que ha sido emitida para la ampliación del crédito público de los 4 millones y medios de dólares que es el costo por la modificación de dólares americanos a UFVs”, recordó.

La defensa de Juan Del Granado anunció el inicio de una acción legal contra el Contralor y quienes firmaron la querella contra su defendido, porque los mismos no pueden tener la calidad de denunciantes, sino simplemente de revisores, de contralores de las operaciones de auditoría, porque en sujeción a la Ley 1178 simple y llanamente deben abocarse, en forma independiente e imparcial, a realizar la revisión de todos los documentos que hacen a una operación.

“Se ha presentado la denuncia en contra de estas personas por el delito de incumplimiento de deberes, el delito de usurpación de funciones, el delito de prolongación de funciones en cuanto al Contralor General del Estado ya que este Contralor siendo Ad Interino debía haber cesado en sus funciones y la Asamblea Plurinacional nombrar a uno que ejerza las funciones en forma legal”, concluyó.