El Presidente Evo Morales ya no tiene el respaldo de los pueblos indígenas, su principal base social; su partido el MAS perdió más del 50% de su electorado; y su gobierno cada vez más autoritario solo incita el resentimiento popular. El Vicepresidente Álvaro García Linera es el principal responsable de la crisis oficialista porque interrumpió el “proceso de cambio hacia el socialismo comunitario” y suplantó la “revolución cultural” por una “revolución industrial restauradora del capitalismo de Estado”, coinciden analistas, dirigentes sindicales e inclusive intelectuales y ex autoridades masistas.

Los indigenistas, comunitaristas, ecologistas y otros impulsores del socialismo indígena, muy influyentes en el primer gobierno de Evo Morales, fueron arrinconados después de las elecciones de 2009, y desde el primer día del segundo mandato una “tendencia nacionalista y pragmática toma las decisiones” y pretende “restaurar el Estado-nación y apuntar al capitalismo de Estado”, reveló Raúl Prada, uno de los principales ideólogos del paradigma civilizatorio del “vivir bien”, pocos días después de renunciar a su cargo de viceministro de Planificación Estratégica.

Hoy gobiernan el país García Linera y su club de socialdemócratas, neokeynesianos, militantes de la “tercera vía”, postcapitalistas y simpatizantes del Foro Social Mundial. Todos ellos procuran remediar los efectos nocivos del neoliberalismo sin transcender el capitalismo; plantean una economía mixta sin anular el interés privado ni el mercado; y siguen creyendo que la industrialización es el medio primordial para alcanzar el desarrollo.

El nuevo modelo económico plural definido por la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia está constituido por cuatro formas de organización económica: la comunitaria, la estatal, la privada y la social cooperativa, articuladas por los principios de “complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia” (Artículo 306). El nuevo Estado “privilegia” a la comunidad indígena campesina como el “sujeto principal de la revolución democrática cultural”.

Sin embargo, el Vicepresidente dice ahora que la revolución democrática y cultural “vive una tensión entre lo colectivo y lo individual, y aclara que “el tipo de desarrollo que alcancemos dependerá de la correlación de fuerzas”. Él “quisiera impulsar sobre todo lo comunitario”, pero se necesitará “un tiempo para aprender a gestionar lo comunitario productivo… y para demostrar en la práctica que es mejor que lo individual”.

De momento, precisa el Vice, el Estado tomará la conducción del “proceso de cambio” y reorientará el rumbo. El objetivo inicial era avanzar hacia una nueva comunidad socialista cimentada en los valores culturales de las naciones originarias para “vivir bien”. Y ahora el nuevo norte es el “desarrollo” focalizado en la industrialización de recursos naturales y en la exportación de materias primas y la “modernización”.

El Vice afirma que no existe una alternativa socialista posible al capitalismo, y tampoco una propuesta alternativa más “sólida, consistente y realista” que su “revolución en infraestructura e industrialización de las riquezas naturales, la transferencia de recursos y de ingresos hacia los sectores más vulnerables, el potenciamiento de la pequeña y mediana producción, de la actividad agrícola, de campesinos a través de créditos de compra de sus productos y de la tecnificación de la maquinaria…”. (ABI, 27 de enero)

Su proyecto de desarrollo nacionalista entró en contradicción con los derechos de los pueblos indígenas. La Constitución reconoce el derecho indígena a la consulta previa e informada (Artículos 11, 30, 352 y 403), pero ahora el Presidente Morales opina que ese derecho es un “obstáculo” para el desarrollo nacional.

La burocracia restauradora del capitalismo vulnera varios principios de la democracia comunitaria reconocida por la Constitución. Los alvaristas no admiten otras maneras de pensar, descalifican otros modos de producción, se tornan cada vez más autoritarios y reacios al debate y a la deliberación popular, restringen las libertades ciudadanas y proscriben a los movimientos sociales críticos.

García Linera difama a los indígenas “vendidos” y “sirvientes de Usaid” que reclaman por sus derechos, y también a las ONGs y a los ecologistas que, “con la excusa de defender el medio ambiente, soliviantan a las comunidades indígenas, frenan el progreso del país y buscan en el fondo que las naciones en desarrollo renuncien a su desarrollo y se conviertan en simples guardabosques”.

A fines de 2010, Boaventura de Sousa Santos, uno de los más destacados idólogos de la “revolución democrática y cultural” en América Latina, alertó en un acto público que el gobierno boliviano vulnera los principios de su propia Constitución y pierde paulatinamente su base social; y el Vice ni se dio por aludido.

La molestia popular se hizo patente en septiembre del año pasado, cuando la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari amenazó con llamar a un cabildo de organizaciones sociales representativas para estudiar la posibilidad de convocar a un referéndum revocatorio de mandato del Vicepresidente García Linera, jefe de la “rosca que pone trabas en el diálogo”.

En diciembre, García Linera provocó la ira popular tras decretar el gasolinazo más duro de los últimos 30 años. El Presidente Morales anuló el tarifazo, pero el Vice no se rindió y siguió insistiendo: Los precios de la gasolina y del diesel subirán “sí o sí… y tarde o temprano se deberá cerrar la herida del contrabando, ya sea con cirugía, con vendita o plantas medicinales, el pueblo nos dirá cómo hacerlo…”. Y sus advertencias avivaron la especulación y el incremento de precios de los alimentos básicos, razón por la cual el secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de La Paz José Luis Alvarez lo acusó de practicar “terrorismo económico contra los trabajadores”.

Los masistas, por enésima vez, se declararon víctimas de una “conspiración derechista”. “El imperio y muchos sectores alineados están queriendo hacer pelear al Presidente y al Vicepresidente para desgastar el proceso”, denunció el jefe de bancada del MAS en la Cámara de Diputados Edwin Tupa, y reveló al diario Cambio que circulaban “rumores de uno y otro lado, incluso dentro del parlamento mismo, que dicen que García Linera quiere tumbar al Presidente”.

En enero, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) secundó la propuesta de los campesinos paceños y abrió la posibilidad de revocar al Vice acusándolo de aprobar varias leyes en la Asamblea Legislativa Plurinacional sin consultar al movimiento indígena originario campesino. Dos días después el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) Celestino Condori anunció que su sector también quiere “revocar a este mal personaje” que angustia al pueblo. (Erbol).

El artículo 170 de la Constitución contempla la revocatoria de mandato, un mecanismo constitucional a través del cual el pueblo soberano decide, mediante sufragio universal, sobre la continuidad o el cese de funciones de las autoridades elegidas por voto ciudadano, según el Artículo 25 de la Ley de Régimen Electoral N. 26.

La revocatoria del mandato es el derecho del electorado a destituir a todas las autoridades electas antes de que concluya el período de su mandato, excepto a las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional; y se origina únicamente por iniciativa popular de por lo menos el 25% del padrón nacional electoral y al menos el 20% del padrón de cada Departamento (Artículo 26).

El Artículo 27 de la Ley Electoral precisa que la iniciativa popular para la revocatoria de mandato podrá iniciarse cuando haya transcurrido al menos la mitad del período de mandato de la autoridad impugnada, y no podrá realizarse durante el último año de la gestión en el cargo. Eso significa que los campesinos paceños, el Conamaq, los cívicos potosinos y otros sectores que desean “sentar la mano” al “traidor del proceso de cambio” tendrán que tragarse la rabia por lo menos hasta agosto de 2012.