El gobierno de Evo Morales nos había dicho el 2009 que la oposición estaba intentando “dividir al país”, que se preparaba un magnicidio, que los opositores iban a declarar la independencia de Santa Cruz, que una célula de extrema derecha iba a hacer el trabajo sucio. Esos argumentos sonaron más fuerte después del 16 de abril de 2009, cuando en un operativo policial en el Hotel Las Américas de Santa Cruz murieron tres personas, entre ellas Eduardo Rozsa Flores, el supuesto cabecilla del grupo ejecutor del plan separatista.

A casi dos años de ese hecho aparece ahora filtrado a los canales de televisión un video donde nada menos que el ex Director Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Gobierno (del Interior) y el asesor del entonces Ministro de Gobierno, Alfredo Rada, entregan 31.500 dólares al testigo clave del caso, Ignacio Villa Vargas (El Viejo), con la condición de que salga del país ese mismo día, rumbo a Argentina.

El Viejo está prófugo de la justicia boliviana desde mayo de 2009 y, aunque también está imputado en el caso Rozsa (fue su chofer), nunca fue buscado por la Policía ni la Fiscalía que estaban a cargo de él cuando se dio a la “fuga”.

¿Por qué el gobierno de Evo Morales envió a sus funcionarios (Carlos Núñez del Prado) a sobornar al testigo clave de un caso de tal trascendencia? La versión relatada por El Viejo a la Policía antes de su “desaparición”, y por otros perseguidos, derivó en la detención y posterior imputación de cerca de cuarenta dirigentes cívicos, terratenientes, opositores y otros adversarios del gobierno.

No es el único cabo suelto. El mayor Walter Andrade, que aparece en fotografías con Rozsa, también desapareció y su unidad policial que fue desarticulada por el gobierno. Otra intocable es la policía Marilyn Vargas, “Karen”, que filmó el operativo de ataque al grupo de Rozsa, en el que se puede ver que los propios policías introducen “pruebas” al hotel donde murieron los “terroristas”. El gobierno también prometió una investigación de estos hechos pero no se hizo nada.

El punto es que el gobierno de Evo Morales necesitaba un enemigo interno para desarticular a sus adversarios ocasionales y de paso asegurarse el respaldo de la población en el país. Parecido a cuando Gonzalo Sánchez de Lozada, en 2003, armó la teoría de espionaje y terrorismo en contra del colombiano Pacho Cortés y dos dirigentes cocaleros, a quienes incluso les plantaron un kilo de droga y miles de dólares para complicarles su situación.

Cada día está más lejos el saber a ciencia cierta si el grupo de Rozsa era una verdadera célula de ultraderecha, o un grupo de choque con afanes separatistas, o un grupo de mercenarios (como se sabe que existen en Santa Cruz) a la espera de recibir trabajos del narcotráfico, o varias cosas al mismo tiempo.

Cada día se pierde el rastro acerca de cuál es la verdad detrás del soborno de Carlos Núñez del Prado, entonces Director Nacional de Seguridad Ciudadana, y del ex Ministro de Gobierno Alfredo Rada, por tanto del gobierno de Evo Morales, al intentar desaparecer a un testigo clave y luego imputado en el caso Rozsa.

Los fiscales se excusan y son excusados con argumentos que no son argumentos para evitar investigar a Carlos Núñez del Prado, y ni siquiera se habla del ex Ministro de Gobierno Alfredo Rada que ahora es asesor de los legisladores del MAS. Menos aún se mira hacia los altos mandos de estas acciones, como son Evo Morales y Álvaro García Linera. Los dardos han sido hábilmente dirigidos por el gobierno hacia el Defensor del Pueblo, donde también Núñez del Prado se había acomodado como mano derecha del titular después de sus actividades en la Dirección Nacional de Seguridad Ciudadana (a propósito, renunció como Defensor de La Paz, sede de gobierno, un día después de la publicación del video-soborno).

Esta semana se ha pronunciado las Fuerzas Armadas para responder a todo el dinero y beneficios que les da el gobierno. El comandante en jefe, Armando Pacheco, dijo que “grupos terroristas ingresaron a nuestro territorio en forma clandestina, para desarrollar actividades terroristas, con la finalidad de atentar contra la seguridad del Estado, desestabilizar al gobierno legítimamente constituido y atentar contra la tranquilidad y paz social de los bolivianos”.

¿El Viejo no es miembro (por eso está imputado) del grupo de extrema derecha que intentó la separación del departamento de Santa Cruz? ¿Ese grupo no estaba detrás de un plan de magnicidio y otras cosas terribles? Por qué entonces el gobierno le entrega 31.500 dólares al Viejo, como “último” dinero (así se escucha en el video) para que abandone el país.

Un ex conocido de Núñez del Prado, de sus épocas en el ELN, ha dicho en otras palabras que alguien tiene que hacer el trabajo “desagradable” en el gobierno, y que más bien Núñez del Prado puso su vida en riesgo por el gobierno de Evo Morales pero ahora nadie es leal con él.

Es cierto que los que manejan el viejo Estado han resuelto siempre sus contradicciones con sus adversarios, manejando herramientas no precisamente limpias, menos aún democráticas. Las denuncias de corrupción de funcionarios peces gordos casi siempre salen a flote, en éste y otros gobiernos, porque otro de sus correligionarios o un opositor lo denuncia.

Por lo visto el gobierno de Evo Morales no se diferencia en nada de estas prácticas, ha manejado así sus contradicciones con los cívicos y terratenientes de Santa Cruz, sus más identificados opositores y adversarios a principios de su gestión. Pero Evo Morales ha utilizado el caso Rozsa o caso terrorismo para aglutinar en torno a su figura y a su partido a los sectores populares de país, bajo la propaganda de que se planeaba la “división del territorio nacional”.

A partir de esto ningún sector sindical o gremial podía (puede) criticar al gobierno o plantear reivindicaciones propias sin ser tachado de pertenecer la derecha separatista.

Pero resulta indignante cuando, pasada la alarma del separatismo de la ultraderecha, el MAS firma acuerdos electorales con los grupos de choque de los cívicos y terratenientes cruceños que se agrupan en el Comité Pro Santa Cruz, precisamente los acusados de separatistas. Los fascistas de la Unión Juvenil Cruceñista y una barra brava futbolera de un conocido club cruceño (http://www.hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=22131) se aliaron al MAS para garantizar la reelección de Evo Morales en diciembre de 2009.

Para qué sirvió toda la trama (cierta o no, y con mucha manipulación política de por medio) de las acciones separatistas y terroristas. Para mantener callado al pueblo y tenerlo adormecido apoyando al “proceso de cambio”, mientras desde el gobierno y desde el MAS se volvía disimuladamente a establecer lazos familiares con la rancia clase terrateniente afincada en Santa Cruz.

Los “enemigos foráneos” sirvieron también para reforzar la falacia de que en Bolivia existe un “proceso de cambio” y una “revolución democrático cultural” en marcha. ¿Cómo no apoyar una revolución que está siendo atacada por grupos de ultraderecha ligados a los más conservadores sectores terratenientes? La propaganda surtió efecto y al margen de los sectores populares de país, grupos progresistas en distintos países se inclinan a apoyar un gobierno que a estas alturas es solo más de lo mismo, que sigue reforzando el capitalismo burocrático y a un viejo Estado burgués terrateniente que ha oprimido a nuestro pueblo con distintas caras al frente.

La propaganda con base en mentiras no va a surtir el mismo efecto todo el tiempo. Y ese efecto está comenzando a desaparecer en Bolivia, pero no es el pésimo guión del caso terrorismo lo que mueve a la población, sino las duras condiciones económicas en las que Evo Morales y su gobierno (incluidos sus dirigentes sindicales adictos) están obligando a vivir a los sectores populares debido a su dependencia de otro supuesto enemigo, el imperialismo, que en los hechos no ha sido tocado en sus intereses.