El 24 de enero en Llallagua miles de campesinos y cooperativistas mineros saquearon decenas de almacenes en la primera manifestación de protesta por el aumento generalizado de precios de los alimentos, y el 25 de enero comerciantes de una populosa zona de La Paz cerraron sus tiendas de abarrotes temiendo correr igual suerte. La especulación galopante, la escasez de azúcar y el inminente encarecimiento de la leche y de las tarifas del transporte público, atribuidos principalmente al fallido gasolinazo de Navidad, acrecientan el malestar social en todo el país.

Cuando el Vicepresidente Álvaro García Linera decretó un aumento de precios de los carburantes hasta en 80% aseguró que el costo de los alimentos subiría entre 15 y 17% (“y por una sola vez”, preciso el ministro Luis Arce), pero luego confesó que el gobierno no previó la “gigantesca especulación” que provocaría la medida. Así, pese a la derogación del decreto 748, subieron los precios de todos los alimentos y bienes de consumo básicos.

A pocos días de la anulación del gasolinazo, el secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de La Paz José Luis Alvarez acusó al gobierno de practicar “terrorismo económico contra los trabajadores cuando anuncia que sí o sí va a subir el precio de la gasolina y del diesel, provocando un continuo incremento del costo de la canasta familiar”.

El lunes de esta semana, más de cinco mil campesinos y al menos dos mil cooperativistas mineros enardecidos protagonizaron la primera rebelión popular por el encarecimiento del costo de vida, que derivó en saqueos de decenas de tiendas de abarrotes en el centro minero de Llallagua, provincia Bustillos del departamento de Potosí.

Los 69 efectivos policiales que prestan servicios en esa localidad fueron rebasados por la masiva marcha de protesta y tuvieron que replegarse a su cuartel para evitar enfrentamientos, declaró a radio Panamericana el comandante departamental de la Policía de Potosí coronel Mario Hinojosa.

Este martes autoridades municipales, representantes vecinales, ayllus, dirigentes de la Federación de Cooperativas del norte de Potosí y todas las instituciones y organizaciones vivas del municipio de Llallagua ratificaron su unidad, acordaron garantizar la protección de la propiedad privada, y suspendieron las movilizaciones y marchas para evitar más confrontación entre comerciantes y consumidores.

Los llallagueños conformarán comisiones para verificar los costos y precios de los materiales de uso y consumo, y cuantificar los daños y pérdidas que sufrieron los comerciantes y vecinos afectados. Además, dieron un plazo de 48 horas al gobierno para que se presente en la zona y resuelva la grave crisis social provocada por su fallido gasolinazo de Navidad y por sus posteriores amenazas de aplicar “minigasolinazos”.

Sin embargo, el gobierno nuevamente deslindó sus responsabilidades y denunció que la movilización en Llallagua tuvo móviles “políticos”. Los causantes de los hechos de violencia son “personas inconscientes que aprovechan determinadas coyunturas políticas para especular y lucrar por su cuenta… Instamos a que mantengan los precios al alcance de la población porque no hay motivo para la elevación”, dijo el viceministro de Régimen Interior Marcos Farfán.

La autoridad insinuó que hubo “intencionalidad política” de provocar conflictos en la población para “generar un malestar contra nuestro gobierno”, y denunció que “senadores que representan a esa región han estado tejiendo algunas (conspiraciones) políticas para descabezar a la junta de vecinos de Llallagua y al gobierno Municipal…”.

El ministro de Gobierno Sacha Llorenti se limitó a comentar que los sucesos originados en dos marchas protagonizadas por cooperativistas mineros y comunarios de Chullpas y Sicoyas derivaron en ataques a la propiedad privada que “no pueden ser permitidos y la justicia debe sancionar a los responsables”. Se ha pedido a la Policía que identifique a los cabecillas de los hechos vandálicos para que sean procesados y se instruyó al Comando de la Policía de Oruro que envíe un contingente de 50 efectivos, añadió Farfán.

El fiscal general Mario Uribe Melendres instruyó al fiscal de Distrito de Potosí Sandro Fuertes que intervenga e investigue los hechos violentos ocurridos en la localidad de Llallagua y disponga de oficio el inicio de una investigación penal en contra del autor o los autores, conforme al Art. 289 del Código de Procedimiento Penal.

Malestar creciente

El diputado de Unidad Nacional Jaime Navarro comentó que los sucesos de Potosí son apenas una muestra del descontento generalizado por el incremento de precios de los alimentos: “La ausencia de Estado en algunas regiones es una bomba de tiempo y no es un caso aislado, ahí están (las recientes protestas en) Caranavi, Uncía, Potosí y hoy día Llallagua; es una acumulación preocupante por las ausencias y deficiencias del Estado”.

La senadora opositora de Convergencia Nacional Centa Rek consideró que “la tozudez del presidente, al no reconocer que existe una profunda crisis económica, llevará al país a un enfrentamiento fratricida entre los bolivianos…. La naturaleza de este problema es una política errática de parte del gobierno tanto en el plano económico como en las acciones que toma para subsanar los conflictos sociales que se están presentado”.

Este martes, afiliados a la Central Obrera Departamental de Santa Cruz marcharon en las calles de la capital cruceña pidiendo a la Gobernación y a la Alcaldía que contengan el alza de precios, además de exigir la renuncia las autoridades de gobierno que empobrecen cada vez más al pueblo, y reclamar al menos 30% de aumento salarial.

En la ciudad de La Paz, vendedores de abarrotes de la calle Gallardo se declararon en emergencia y tuvieron que cerrar sus negocios, temiendo ser asaltados por ciudadanos furiosos que no lograron aprovisionarse de azúcar en una tienda de la estatal EMAPA. “Si bien el gobierno prohibió la exportación de azúcar, lo que no hizo es controlar la exportación de materia prima a Argentina, y como consecuencia Industrias Agrícolas Bermejo (Iabsa) dejó de producir cerca de 300 mil quintales de azúcar”, informó el gerente distrital de la industria en Tarija Ivar Durán a la Agencia de Noticias Plus.

Echando más leña al fuego, los productores de leche de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz anunciaron que a partir del lunes 31 de enero subirán a 4,5 bolivianos el precio del litro de leche cruda que venden a PIL Andina, lo que significa un incremento de casi el 50%. El responsable de la Autoridad Estatal de Fiscalización y Control Social de Empresas Oscar Cámara pidió a los lecheros que tengan paciencia y esperen los resultados de una auditoría a PIL Andina controlada por el Grupo Gloria de Perú, que concluirá en un plazo de 40 días, para discutir el probable incremento de precios.

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas negocia con la Confederación de Choferes un aumento de tarifas en todo el país, y un también evalúa los costos de producción de Embol, embotelladora de Coca Cola, Sprite, Fanta, Simba y Vital, que elevó sus precios en un rango de entre 50 centavos y un boliviano, pese a que a principios de año compró al menos 1,3 millones de quintales de azúcar a un precio de entre 150 y 198 bolivianos el quintal.

El senador Eugenio Rojas (MAS) reiteró ayer que el Presidente Evo Morales convocará a una cumbre social, incluido el sector empresarial, para diseñar estrategias conjuntas que permitan superar el déficit alimentario actual. “Debemos apostar por una articulación y coordinación entre la gran empresa, la mediana, la pequeña y la micro empresa, en función de atender los intereses de los bolivianos”, declaró la ministra de Desarrollo Productivo Ana Teresa Morales.

El lunes 24, dirigentes de la Federación de Maestros Urbanos de La Paz y Cochabamba, CONAMAQ, Central Obrera Departamental de Oruro, Sindicato de Trabajadores Fabriles, FEJUVE El Alto, UNADERENA y CSUTCB convocaron a un encuentro nacional el 11 y 12 de febrero en La Paz para consensuar un plan de lucha por una verdadera nacionalización de los hidrocarburos y por un salario digno.