Ammán, Niamey, Atenas, El Cairo, Túnez y Santiago de Chile (PL).- Miles de jordanos, nigerianos, egipcios, griegos y tunecinos marcharon el 20 y 21 de enero contra sus respectivos gobiernos, a los que culpan de ejecutar políticas económicas causantes de un alto nivel de desempleo, inflación y generalizada pobreza. En la segunda cumbre económica y social de la Liga Árabe (LA), que sesionó el miércoles en el balneario egipcio de Sharm El-Sheikh, líderes árabes se comprometieron a destinar dos mil millones de dólares para combatir la pobreza y el desempleo.

Con gritos y pancartas en las que se leía “pan y libertad”, miles de manifestantes se concentraron este viernes en las principales arterias de la capital de Jordania, Ammán, provenientes de distintas mezquitas de la ciudad tras asistir a las plegarias colectivas del viernes. Algunos participantes advirtieron al primer ministro de Jordania Samir Rifai que la persistencia de las precarias condiciones de vida puede desencadenar acciones similares a las de Túnez.

Varios de los carteles indicaban “demandamos justicia social y libertad”, “no a la opresión, sí al cambio” y “necesitamos un Gobierno de Salvación Nacional”, en alusión a la situación imperante en Túnez tras el derrocamiento del presidente Zine El-Abidine Ben Ali. La policía vigiló de cerca la concentración en la que participaron líderes y otros miembros de los 14 partidos políticos de esta nación árabe, incluido el Frente de Acción Islámica, y hasta repartió botellas de agua y jugo a los manifestantes, según testigos.

Las protestas estuvieron antecedidas por otras similares en la ciudad de Karak el 14 de enero, el mismo día en que fue depuesto Ben Ali, y el domingo anterior, con un plantón frente a la sede del Parlamento para expresar el malestar con la política de Rifai. Mostraron su repulsa a la subida del precio de los alimentos básicos, de los impuestos y el recorte de libertades que ha ido en aumento en años recientes, a la vez que denunciaron la “corrupción endémica” y la “malversación” oficiales.

Para aplacar el descontento popular, Rifai anunció el jueves un plan de 283 millones de dólares destinado a aumentar los salarios a los empleados gubernamentales y las pensiones de los jubilados de dependencias del Ejecutivo. La oposición consideró esas medidas insuficientes mientras los niveles de pobreza alcanzan al 25 por ciento en el reino hashemita y parece indetenible la carestía de la vida.

También el 21 de enero, una huelga nacional de 48 horas, lanzada por el Sindicato Nacional de los Taxis y Minibuses de Níger la víspera, paralizó Níger totalmente. “Nuestra huelga fue un gran éxito. Desde esta mañana la (parada) de Niamey continúa cerrada. Las grandes compañías de transporte que sirven a las ciudades del interior del país no funcionaron”, afirmó el secretario general de ese movimiento sindical Ibrahim Akora. Los transportistas protestan contra el aumento del precio de la gasolina en las estaciones que pasó de 500 a 600 francos CFA, lo que es un incremento de 0,21 dólar, desde 1 de enero pasado.

Ese mismo día en El Cairo, el analista económico Mohamed Nour El-Din comentó que la pobreza de millones de personas en el mundo árabe hace previsible otras inmolaciones con fuego, a raíz de la muerte el martes de un hombre en Alejandría, días después de prenderse fuego en la azotea de su edificio en señal de protesta contra el gobierno. Sin embargo, descartó que los nueve casos registrados en Egipto provoquen la convulsión social de Túnez.

Según Nour El-Din, las nueve inmolaciones con ese método pudieran servir para presionar al Ejecutivo del presidente Hosni Mubarak para hacer concesiones económicas de cara a las elecciones presidenciales de septiembre, consideradas cruciales. Como impactos iniciales, recordó el analista, “el Gobierno acaba de anunciar que no reduciría los subsidios, aún cuando estuvo ponderando dos meses antes cómo reducir subsidios a alimentos estratégicos”.

Por el contrario, acotó, sorprendió al anunciar que podía destinar un monto adicional al presupuesto de entre unos 690 millones a 1.200 millones de dólares para más subvenciones a los comestibles en el actual año fiscal, mientras mantuvo fijo el precio del combustible. En ese sentido, dijo creer que la decisión del Ejecutivo “podría achacarse parcialmente al alto índice de intentos suicidas recientes”. Además de las medidas económicas, el Ministerio de Asuntos Religiosos instruyó a los imanes de las mezquitas que en los sermones de hoy se alerte de que esas prácticas están prohibidas por del Islam.

Un día antes, miles de trabajadores griegos protagonizan en Atenas una nueva jornada de protesta contra el plan de austeridad implementado por el gobierno para hacer frente a la crisis financiera. El gobierno socialista impuso en 2010 un impopular paquete de medidas a cambio del rescate de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional para superar la crisis fiscal. La ayuda foránea, de 110 mil millones de euros, unida a una dura política de ahorro interno, busca reducir el déficit al 7,4 por ciento del Producto Interno Bruto, desde un 15,4 registrado en 2009.

Los sindicatos del transporte cumplieron una huelga de cuatro horas en los servicios por ómnibus mientras los trenes interurbanos paralizaron las actividades durante todo el día. A las protestas se unieron abogados, empleados de farmacia y de otros servicios públicos, así como profesionales de la salud que reclaman el retiro del plan anticrisis.

Con el paro, los transportistas reclaman la cancelación de las reformas impulsadas por la actual administración que implican, entre otras, la fusión de las empresas deficitarias. Según sindicalistas, el programa gubernamental repercute en un incremento de la tasa de desempleados, recortes de salario, radicales reformas estructurales y despidos masivos. Critican además las proyectadas reducciones a los itinerarios y el polémico incremento del precio de los billetes en al menos 40 por ciento a partir del próximo 1 de febrero.

Luto nacional en Túnez

Los tunecinos comenzaron el 21 de enero tres días de luto por los muertos durante las recientes protestas, mientras prosigue la excarcelación de presos y el trámite de un proyecto de ley de amnistía general que aprobó el gobierno. En virtud de un decreto del gabinete de unidad nacional, desde este viernes y hasta el domingo se honrará la memoria de las 78 víctimas mortales reconocidas oficialmente y a las que se definen aquí como “mártires de la revolución del pueblo tunecino”.

Los fallecidos en las manifestaciones fueron básicamente por disparos de bala del Ejército y la policía leales al gobierno del presidente Zine El-Abidine Ben Ali, depuesto el 14 de enero, pero se incluye a quienes se suicidaron para expresar su descontento con las anteriores autoridades.

De hecho, la mayor revuelta popular de este país norafricano estalló en Sidi Bouzid el 18 de diciembre, un día después de que el joven desempleado y vendedor ambulante Mohammed Bouazizi se prendió fuego para protestar por el elevado desempleo y la represión policial, acción imitada por otros.

La jornada del jueves marcó una fuerte ofensiva popular contra la Reagrupación Constitucional Democrática (RCD), con la cual gobernó Ben Ali durante 23 años y a la que se responsabiliza de flagrantes violaciones de los derechos humanos y restricciones de libertades a la ciudadanía.

El gobierno, entretanto, realizó su primera sesión desde la caída del presidente sin cinco de sus ministros, dado que éstos renunciaron en rechazo a la inclusión de figuras de la vieja guardia del ex presidente. La última dimisión ayer fue la del ministro adjunto al primer ministro y encargado del desarrollo administrativo Zouheir ME Dhaffar, alegando interés en “preservar el interés superior de la patria y convencido de la necesidad de contribuir a hacer sacar el país de la grave situación”.

Dos de las mayores manifestaciones del jueves en el centro de esta capital fueron de ciudadanos comunes frente a la sede del RCD, cuyo logo derribaron en momentos en que se disolvía su buró político y renunciaban muchos de sus militantes, y otra de magistrados y abogados progresistas.

Al caer la noche del 20 de enero, muebles viejos, escombros, hierros torcidos, palos y cadenas, cualquier objeto servía a los tunecinos para bloquear calles, repeler saqueos y agenciarse seguridad en medio de la convulsión social de los últimos días. Lo aparentemente inservible, lo mismo ventanales quebrados y pedazos de troncos que pancartas tiradas durante las protestas, se entremezclan en las calles para erigir barricadas y singulares puestos de vigilancia vecinales.

Ciertamente, igual de espontáneos que la bautizada aquí como “Revolución Jazmín” son los comités populares creados en los barrios como respuesta al pillaje y el vandalismo adosados de modo oportunista a la revuelta que depuso al presidente Zine El-Abidine Ben Ali. A los propios protagonistas del levantamiento popular que forzó la caída de Ben Ali resulta sorprendente el escenario inédito que se abrió en Túnez, donde, pese al desconcierto y el caos, afloran la solidaridad y la toma de conciencia ciudadana.

Si las protestas callejeras se hacen enarbolando barras de pan, pancartas escritas a mano o banderas de sindicatos y corrientes políticas, en las guardias nocturnas los tunecinos se pertrechan con palos, tubos, cadenas y alguna que otra arma, bien de fuego o blanca. Las noches, relató a Prensa Latina Montaser Gannouni, provocan mayor tensión porque es el momento que bandidos y malhechores aprovechan para sus felonías, por eso hay que empezar a armarse hasta con paraguas, antes de que entre en vigor el toque de queda.

Entre tanto, la segunda cumbre económica y social de la Liga Árabe (LA), que sesionó el miércoles en el balneario egipcio de Sharm El-Sheikh, dejó poco espacio para el sosiego, según medios y analistas al comentar el discurso de Amr Moussa. El secretario general de la LA fue diáfano y pareció muy sincero cuando al inaugurar la cita afirmó que “lo que está ocurriendo en Túnez en términos de revolución no es ajeno a los temas de esta cumbre, que son el desarrollo económico y social”.

“Los ciudadanos árabes han entrado en una etapa de ira que carece de precedentes. Estoy seguro que alcanzando el pleno desarrollo tangible para los ciudadanos árabes, aliviaremos a nuestras sociedades de esos desafíos”, subrayó Moussa ante mandatarios y empresarios. Tras subrayar que la Liga Árabe no podía estar ajena a esa realidad, alertó que las penurias de los tunecinos que se movilizaron y derrocaron al presidente Ben Ali estaban ligadas al malestar generalizado en países de África Norte y Medio Oriente.

Resultó llamativo que la agenda inicialmente prevista de la cita económica y social tenía entre las prioridades revisar lo pactado en la primera cumbre de ese tipo en Kuwait, en enero de 2009, para reforzar el comercio y el desarrollo de infraestructuras interárabes. Los mandatarios se proponían discutir, además, proyectos marítimos y terrestres, unión aduanera, liberalización de servicios, apertura de los cielos al tráfico aéreo y libre movimiento de personas y bienes, así como la interconexión territorial mediante ferrocarril.

Incluso, el ministro egipcio de Comercio e Industria, Rashid Mohamed Rashid, afirmó que estaban en marcha negociaciones sobre tres proyectos de servicios y enlaces de ferrocarriles, dos para conectar a países del Golfo Pérsico y un tercero para el norte de África. Sin embargo, los jefes de Estado de las 22 naciones árabes prefirieron priorizar el impulso a un programa de dos mil millones de dólares para apoyar a las economías más débiles y evitar protestas callejeras contra el desempleo, el alza de precios y la corrupción.

Kuwait, con una pujante economía, pero con sobresaltos políticos, se ofreció a contribuir para crear nuevas oportunidades de empleo para la juventud árabe en un momento en que las naciones de esa comunidad atestiguan una crisis histórica también sin referencias previas. El emirato petrolero prometió durante la cumbre de 2009 un fondo de dos mil millones de dólares para financiar pequeños y medianos negocios, pero parte de lo acordado entonces quedó en letra muerta. Arabia Saudita y Kuwait se comprometieron a pagar 500 millones de dólares cada uno y, luego de las revueltas con reivindicaciones económicas y políticas en Túnez, hablaron de aportaciones adicionales.

Como quiera que sea, la declaración final de Sharm El-Sheikh apostó por estimular inversiones en las pequeñas y medianas empresas, pensando en el efecto positivo que tendría para “principalmente robustecer el desarrollo, disminuir el paro laboral y la pobreza”. El texto leído por el secretario general de la LA expresó la voluntad de propiciar un “involucramiento activo de la juventud en sus sociedades, proveerles oportunidades de trabajo y poner énfasis en asegurar alimentos y agua (en una región abundante en desierto)”. Abogó igualmente por poner en práctica “tan pronto como sea posible” una iniciativa anunciada por el Banco Mundial en tres campos muy similares, a saber, respaldar la infraestructura, generar empleos y vincular el rendimiento educacional al mercado de trabajo.

Pocos analistas creen que la llamada por Moussa “lección tunecina” y bautizada en el país maghrebí como “Revolución Jazmin”, tenga un efecto dominó en los demás países del norte de África y Medio Oriente, menos aún en las pujantes economías del Golfo Pérsico. Pero los casos en Egipto, Argelia, Mauritania y Yemen de suicidios consumados o tentativas de inmolación prendiéndose fuego, como hizo el joven vendedor que desató las revueltas en Túnez, siguen inquietando a políticos veteranos, y eso ya da razones suficientes para reaccionar.

Francia avergonzada por rebelión en Túnez

El 20 de enero, el gobierno de Francia intentaba todavía sacudirse de la andanada de críticas en virtud de su tardía y tímida reacción ante la rebelión civil en Túnez. Por ahora, no logran convencer ni los argumentos expuestos por el presidente Nicolás Sarkozy, y mucho menos de su ministra de Relaciones Exteriores Michele Alliot-Marie, ésta última tras proponer al Parlamento asesoría militar a Túnez.

Aunque las fuentes no son del todo confiables, algunos medios de prensa galos como el diario satírico Le Canard Echainé y otros todavía más sensacionalistas, aseguran que Francia tenía ya listos al personal de apoyo policial para el defenestrado Ben Alí. Sin embargo, como los archivos de televisión y radio son en la actualidad tesoros preciosos, otros se han dedicado a matizar el asunto con declaraciones de antaño de Sarkozy alabando al presidente Ben Alí por su apego a la democracia.

El dignatario galo se vio obligado a tocar el tema de la mejor forma posible, al explicar en diversas intervenciones que en el caso de Túnez, Francia se enfrentó a las corrientes antagónicas del respeto a la libertad de expresión y la democracia. Tuvo, eso sí, el olfato político para darse cuenta en última instancia que aceptar el asilo de Ben Alí y su familia en territorio francés se podía convertir en una bomba de tiempo.

En Francia residen más de 600 mil tunecinos y en su inmensa mayoría son detractores del régimen de Alí en sus 23 años de existencia. Otra noticia difundida en Francia es la sospecha de que la esposa de Ben Alí sacó 1,5 toneladas de oro del país magrebí, a lo cual se añaden residencias y cuentas bancarias que a todas luces poseía en esta nación europea.

En el rubor generalizado tampoco sale muy bien parado el director-gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Dominique Strauss-Khan, según las encuestas uno de los favoritos del Partido Socialista para enfrentar a Sarkozy en las elecciones de 2012. Strauss-Khan elogió el modelo económico de Túnez, como lo hicieron otras personalidades de la otrora potencia colonial, sin tomar en cuenta el tipo de régimen que predominaba en el estado norafricano.

El diputado socialista Pierre Moscovici subrayó que el papel de su país es vergonzoso en el caso de Túnez y siente pena por la forma en que se maneja la diplomacia. En un análisis crítico, el diario L´Humanité señaló que casi una semana después de las manifestaciones que derrocaron a Ben Alí, “por fin la Unión Europea se pone de acuerdo para congelar sus cuentas bancarias”. Por su lado, el diputado comunista Jean Jacques Candelier pidió la dimisión de la canciller Alliot-Marie, al calificar de “vergüenza” sus declaraciones y “puntos de vista contradictorios” en lo referido a Túnez.

Pero no sólo la diplomacia avergüenza a Francia. A finales del año 2000 unos tres millones de franceses vivían en malas condiciones de vivienda y unas 250 mil carecían de domicilio fijo o de un alojamiento personal, reveló el Instituto Nacional de Estadísticas (INSEE). Las cifras podrían ser muy superiores actualmente si se tiene en cuenta el informe de la Fundación Abad Pierre de inicios de 2010, en el cual citó 3,5 millones de personas mal instaladas, de ellas 600 mil niños.

Según la compilación del INSEE, en la segunda mitad del 2000 estaban sin domicilio 133 mil habitantes. De ellos, 33 mil vivían en la calle o en centros de urgencia y 100 mil estaban en alojamientos sociales por períodos más largos o lugares beneficiados por una financiación pública. Además 117 mil personas recurrían a soluciones individuales como habitaciones de hotel por cuenta propia o albergues en hogares particulares. El INSEE detalló además que 2,9 millones vivían en casas propias, pero sin el confort requerido o en condiciones de superpoblación.

En diciembre pasado el colectivo Los Muertos de la calle (Les Morts de la rue) publicó un comunicado en el cual denunció que más de 340 personas sin domicilio fijo (SDF) fallecieron en 2010 en Francia. La asociación condenó el mutismo reinante alrededor de ese problema y criticó la falta de voluntad política al respecto.

Por otra parte, la fundación Abad Pierre lanzó una campaña de sensibilización a finales de 2010 para denunciar la situación de unos 600 mil niños víctimas de malas condiciones de vivienda en el país. En su informe anual publicado a inicios de 2010 la institución había referido la problemática. El texto, apoyado en evaluaciones previas de diversos organismos, detalló una situación difícil de numerosas familias que afecta en particular a los más pequeños y los consiguientes sufrimientos sociales y patologías médicas.

La fundación indicó que alrededor de 18 mil menores de 18 años no tienen domicilio fijo (SDF), 22 mil 200 habitan en camping y casas rodantes, dos mil 70 en cabañas o construcciones provisionales y 33 mil 300 en casas donde son albergadas por terceros.

La rabia acumulada de Magallanes

En Sudamérica, la fragilidad de los modelos excluyentes y la capacidad de lucha de los pueblos son algunas de las lecciones que dejó sobre la mesa el conflicto por el gas en la Patagonia chilena. Lo que se vivió en la región de Magallanes y Antártica rompió con la idea unánimemente aceptada de que la población no se moviliza y se deja atropellar por las decisiones políticas que la afectan, opinó el académico chileno Eric Eduardo Palma.

El detonante fue un acuerdo entre la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) y la distribuidora Gasco, defendido por el Ejecutivo como garantía para el desarrollo energético de la región y como opción salvadora ante un previsible quiebre de la estatal petrolera. Sin embargo, voces discordantes en el escenario político alertaron sobre otros propósitos: “Las verdaderas intenciones están en hacer un buen negocio para el sector privado”, opinó la diputada de la zona Carolina Goic.

El acuerdo sellado con el gobierno que puso fin a una semana de paro y protestas masivas en varias ciudades del extremo sur chileno, y en particular en Punta Arenas, la capital magallánica situada a tres mil kilómetros de Santiago, fue considerado como un triunfo de la unidad popular por los propios habitantes de la zona.

El movimiento social logró colocar en el centro de la discusión las condiciones y el estilo de vida de la gente que habita la tierra más austral de América, destacó un comunicado público de la Asamblea Ciudadana, entidad rectora de las manifestaciones, integrada por organizaciones sociales, sindicales y vecinales. En círculos parlamentarios se opinó de igual modo. “Se marcó un antes y un después para todas las regiones del país contra el centralismo y la toma de decisiones sin considerar a la ciudadanía”, subrayó la diputada de la Democracia Cristiana Carolina Goic. “Ganó toda una región, todo un pueblo que se autoconvocó”, destacó el senador independiente Carlos Bianchi.

Pero otros ángulos de reflexión trascendieron también en el escenario político y apuntan a la génesis del ya acuñado como “conflicto del gas”. Y es que la forma de gobernar en Chile, como dijo un avezado comentarista, “ha hecho crisis y no da para más”. Según el diario local El Mostrador, la liviandad con la cual el gobierno enfrentó la crisis del gas indica que la elite política no percibe el malestar de la población con el modelo económico, signado por la desigualdad social y entre regiones.

Magallanes ha puesto descarnadamente sobre la mesa los problemas del desarrollo nacional. Centralista, concentrador, excluyente, son sólo algunos de los epítetos que en discusiones domésticas del país se le atribuyen al modelo chileno, presentado por Washington como ejemplo de desarrollo y bienestar en Latinoamérica. La imagen de prosperidad de la nación suramericana, que recorre el mundo a través de los monopolios mediáticos, no da cuenta de otras situaciones que tienden a esconderse bajo la alfombra y que son fuertes señales de las vulnerabilidades del sistema político chileno.

Aunque la revuelta del gas concluyó, lo ocurrido en Magallanes puede repetirse en otras zonas extremas de Chile, abandonadas y desprotegidas, alerta el periodista Alejandro Guillier, para quien el estallido de Punta Arenas contra un proyecto de alza de casi el 20 por ciento de las tarifas del gas doméstico fue la manifestación de una tremenda frustración acumulada. Guillier advierte incluso que aunque finalmente la subida del gas sólo quedó en un tres por ciento y el gobierno accedió a incrementar los subsidios a las familias más vulnerables, “el futuro no está para nada despejado” y resume que aún quedan preguntas por responder acerca del origen de la crisis magallánica.

* Con reportes de los periodistas Ulises Canales, Fausto Triana y Tania Peña, corresponsales de Prensa Latina.