Las críticas a la supuesta nacionalización de los hidrocarburos formuladas por ex dignatarios de Estado como Andrés Soliz y Alejandro Almaraz y otros comentaristas más radicales como Mirko Orgaz tienen en un eje argumental común y un mismo punto de vista nacionalista de contenido burgués.

El DS 28711 de nacionalización de los hidrocarburos del 1 de mayo de 2006 –según Soliz Rada- “no pudo expulsar a las transnacionales petroleras porque YPFB carecía de la capacidad de reemplazarlas inmediatamente y, para no dejar desabastecida a Bolivia de carburantes, no hubo otro camino que plantearse una nacionalización gradual y progresiva que debía consolidarse mediante la transferencia al ente estatal del 50 % más uno del paquete accionario de Transredes, Chaco y Andina”.

En este proceso, y aquí vienen las críticas, el gobierno –en lugar de marchar hacia el objetivo de alcanzar que el Estado boliviano “recupere la propiedad, la posesión y el control total y absoluto” de los hidrocarburos- empieza haciendo concesiones que terminan favoreciendo a las transnacionales. Entre ellas, las más importantes son:

* Compraron acciones a las transnacionales a precios determinados en interminables negociaciones previas y en función a sendas auditorías para determinar el monto de las inversiones, amortizaciones, costos de operación, rentabilidad, etc.; que fácilmente terminaron favoreciendo a los intereses de las transnacionales.

* El decreto de la nacionalización eleva los impuestos que pagaban las transnacionales del 50 al 82%; sin embargo, a pesar de que las petroleras pagaron esos impuestos, al no tomarse en cuenta las auditorías de los nuevos contratos, el país tuvo que devolver los excedentes de más o menos 1500 millones de dólares (en conjunto a todas las petroleras) por concepto de devolución de inversiones. Se pagó a Transredes 250 millones de dólares a pesar de existir evidencias de graves delitos cometidos contra el Estado boliviano.

* Se regala al Brasil anualmente 700 millones de dólares por la explotación de líquidos asociados al gas que pudieron ser recuperados por el Estado boliviano con la construcción de plantas separadoras de esos líquidos.

* No se ha dado un paso hacia la industrialización de los hidrocarburos y se los sigue exportando sin valor agregado. En suma, YPFB no logra convertirse en una empresa estatal operadora capaz de prescindir de las transnacionales y, consecuentemente, Bolivia sigue dependiendo de ellas para hacer nuevas prospecciones y perforar nuevos pozos de producción.

* Finalmente, señalan que los recursos extraordinarios que el Estado percibe por el negocio de los hidrocarburos no se debe a un aumento en la producción o porque se hubiera afectado a los intereses de las transnacionales, sino a la coyuntura de los altos precios en el mercado mundial.

Todo este conjunto argumental parte de la premisa de que un gobierno burgués como el del MAS puede realmente ejecutar nacionalizaciones que favorezcan al país y resolver el problema de la industrialización y el desarrollo; en suma, no abandonan la posibilidad de un desarrollo capitalista de Bolivia.

Es cierto que también los gobiernos burgueses nacionalizan, pero lo hacen siempre respetando la propiedad privada; en esto consisten las jugosas indemnizaciones que pagan a los dueños de las empresas nacionalizadas. En Bolivia ocurrió eso en todas las nacionalizaciones de las empresas petroleras (Toro, Ovando y la última del MAS), y también en la nacionalización de las minas de 1952 que, en última instancia, terminaron favoreciendo a las transnacionales y a la empresa privada nativa.

Hay una razón material para que los gobiernos burgueses terminen fatalmente protegiendo los intereses materiales de las transnacionales en estos procesos de nacionalización: Su respeto a la gran propiedad privada de los medios de producción. No hay que olvidar que la naturaleza de clase de un gobierno se define por la relación de éste con las diferentes formas de propiedad; y un gobierno burgués no puede atentar contra la propiedad privada.

Sólo un gobierno en manos de los explotados, dirigidos políticamente por el proletariado (gobierno socialista), podrá expropiar efectivamente la propiedad de las transnacionales y de la clase dominante nativa para convertirla en propiedad social, auto gestionada por los mismos trabajadores, sin pagar un solo centavo como indemnización.

La subvención

El gobierno se empeña en suspender las subvenciones a la gasolina y al diesel, y apuesta nuevamente a usar a la burocracia sindical para fabricar los consabidos “consensos” que muestren la apariencia de legitimidad de la medida anti popular y anti obrera; todo con la finalidad de garantizar las ganancias de las transnacionales.

En sus últimas declaraciones Evo Morales y García Linera han sido mucho más francos al sostener que no se pueden garantizar nuevas inversiones porque los actuales precios de los combustibles líquidos hacen que no sea atractivo el negocio para las transnacionales. Morales se pregunta ¿qué empresa va a tener interés en invertir para perder? Y vaticina que en unos meses más, si no se nivelan los precios a los del mercado mundial, puede producirse un colapso en la producción hidrocarburífera.

Mientras el gobierno es librecambista (liberal) en materia de precios del diesel y la gasolina, se ve obligado a subvencionar los artículos de consumo aunque no le guste. Y ahora le toca cargar la pesada cruz de su política social demagógica porque para pagar los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy de Padilla, renta dignidad y otros eroga cientos de millones de dólares que, en la actual crisis, el Estado ya no puede subvencionar.

De las mismas declaraciones de los gobernantes recogemos los siguientes datos que dan una idea cabal sobre la situación financiera calamitosa del Estado. En los últimos días el gobierno ha destinado 20 millones de dólares para importar azúcar de Colombia y Brasil con la finalidad de paliar la escasez de este producto en los mercados locales. Lo grave es que importa a precios internacionales para comercializar a precio subvencionado. Esta situación está generando un descontrolado contrabando a Chile y Perú.

El bono “Juancito Pinto” le cuesta al Estado 52 millones de dólares y sólo beneficia al 16.9% de la población. Parte de su costo se financia con 10 millones que aporta YPFB, cinco millones COMIBOL y los restantes 35 millones son una pesada carga para el TGN.

El bono “Juana Azurduy de Padilla” tiene un costo total de 40 millones de dólares, y durante el 2010 ha beneficiado a 380.968 niños y madres. Originalmente se pagaba con los recursos que generaba la explotación de los hidrocarburos, pero, ahora, debido al estado calamitoso de YPFB, el gobierno acude a un crédito del BID y se dice que para la presente gestión también echará mano de las reservas internacionales. El pago de la “renta dignidad” a todos los bolivianos mayores de 60 años también corre peligro debido a la caída vertiginosa de la producción de hidrocarburos.

Todo este conjunto de elementos, al margen de otros que también dependen del destino del negocio del gas y sus derivados, nos dan una idea de cómo la política de subsidios se está convirtiendo en un dogal que puede terminar asfixiando al gobierno; esta es la razón que explica la desesperación por nivelar a toda costa los precios de la gasolina y del diesel a los del mercado mundial, no importa sometiendo a los bolivianos a mayor miseria y hambre.

* Profesor de Filosofía y dirigente de la Unión Revolucionaria de Maestros Urbanos (URMA).