El Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), una red mundial integrada por ONG y redes profesionales especializadas en cuestiones relacionadas con el uso y la producción de drogas fiscalizadas, instó a todos los países del mundo a no presentar objeciones a la propuesta de Bolivia para eliminar la prohibición que pesa sobre la masticación de la hoja de coca.

La Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 enmendada por el Protocolo de 1972 (http://www.unodc.org/pdf/convention_1961_es.pdf) es el tratado clave de la ONU que consagra el sistema internacional de fiscalización de drogas. Cuando se redactó, se aprobó y entró en vigor en 1964, una de las drogas que los gobiernos occidentales deseaban someter a un estricto control era la cocaína, el alcaloide concentrado que se extrae del arbusto de coca mediante un proceso complejo y largo que entraña el uso de varios productos químicos e importantes cantidades de hojas de coca (más de 100 kilos).

El Informe de la Comisión de Estudio de las Hojas de Coca de la ONU de 1950 sugirió prohibir la masticación de coca (http://www.ungassondrugs.org/images/stories/cocainquiry-s.pdf), planteando así un dilema con respecto a la práctica tradicional generalizada y culturalmente arraigada de masticar coca en varios territorios indígenas de Colombia, Perú, Bolivia, el norte de Argentina y Chile y la Amazonía brasileña.

Dicho informe fue objeto de duras críticas por parte de numerosos analistas, por considerarlo arbitrario, inexacto, racista e irrespetuoso de las particularidades culturales. Se objetó que la masticación de coca, a diferencia del consumo de cocaína, no causa problemas sanitarios ni sociales conocidos. Además, no resulta económicamente viable extraer cocaína de hojas de coca secadas al sol, mate de coca o harina de coca en los mercados donde su consumo es legal, señala el informe Los mitos de la coca, elaborado por Henman, A. y Metaal. (TNI, junio de 2009, núm. 17, http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/losmitosdelacoca.pdf)

La práctica de la masticación fue prohibida y se impuso plazo de 25 años para erradicarla por completola hasta el 12 de diciembre de 1989. Desde entonces, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) no dejó de presionar a los países para que ejecuten la prohibición.

La prohibición se aprobó en una época en la que se prestaba escasa atención a los derechos culturales e indígenas, los documentos de debates de aquel momento demuestran que la comunidad internacional no tuvo en cuenta los intereses de las comunidades que consumían coca para mantener sus tradiciones religiosas, sociales, culturales y terapéuticas, dice el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas.

A principios de los 90, la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia pusieron en marcha el Proyecto Cocaína (http://www.tni.org/archives/docs/200703081707104034.pdf), el cual llegó a la conclusión de que el consumo tradicional de coca no tiene efectos negativos para la salud y cumple funciones terapéuticas, sagradas y sociales positivas entre los pueblos indígenas andinos. Sin embargo, la presión ejercida por la diplomacia estadounidense bloqueó la publicación del estudio, revelando con ello una firme determinación a asegurarse de que la ideología se impusiera a las evidencias científicas.

Transcurridos 50 años, las Naciones Unidas acordaron dar mayor protección a los derechos de los pueblos indígenas y pusieron en marcha varias iniciativas legislativas nacionales y de derecho internacional que comenzaron a integrar los derechos de los pueblos indígenas en varias declaraciones e instrumentos jurídicos.

La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes de 1988 dispuso que todas las medidas adoptadas “tendrán debidamente en cuenta los usos tradicionales lícitos”, si bien neutralizaba inmediatamente su posible aplicación estipulando que éstas no podían socavar las obligaciones asumidas en tratados anteriores.

Años más tarde, el artículo 31 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007 estableció que “los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, [y] sus expresiones culturales tradicionales”. (Resolución 61/295 aprobada por la Asamblea General, 13 de septiembre de 2007, http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/es/drip.html).

En 2009, el gobierno boliviano solicitó a Naciones Unidas que modifique la Convención Única de 1961 y propuso una enmienda que elimine la prohibición injustificada que pesa sobre la masticación de la hoja de coca, sin que ello afectara al estricto sistema mundial de fiscalización al que están sometidos el cultivo de coca y la cocaína.

La enmienda presentada por Bolivia ante la ONU surgió a raíz de que la nueva Constitución del país, aprobada en 2009 reconoce que la hoja de coca forma parte integral de la herencia cultural de Bolivia. El Artículo 384 de la Constitución establece que “El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley”.

Perú siempre ha mantenido un mercado de coca legal y, en 2005, el Ministerio de Cultura declaró la masticación de la hoja de coca como patrimonio cultural inmaterial de la nación. (Resolución 1707/INC del 6 de diciembre de 2005, Ministerio de Cultura del Perú, http://www.inc.gob.pe/patrimonio_cultural.shtml?x=23). Colombia permite el uso tradicional de coca en sus reservas indígenas y Argentina también reconoce legalmente el uso de la hoja de coca y protege los derechos de sus consumidores. Con la Declaración Presidencial de Quito emitida en agosto de 2009, todos los países suramericanos apoyan la propuesta de Bolivia, pidiendo que la comunidad internacional respete la práctica cultural ancestral que representa la masticación de la hoja de coca.

En abril de 2010, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, un órgano asesor del Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC), acogió con satisfacción la propuesta de enmienda de Bolivia. “El Foro recomienda a los Estados Miembros que apoyen esta iniciativa”, se pronunció en el Informe sobre el noveno período de sesiones (Abril de 2010, E/2010/43-E/C.19/2010/15; http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/E_2010_43_ES.pdf)

En mayo de 2009, el Foro reconoció “la importancia cultural y médica de la hoja de coca en la región andina y otras regiones indígenas de América del Sur” y recomendó “que se enmienden o deroguen las secciones de la Convención relativas a la costumbre de masticar la hoja de coca que sean incompatibles con los derechos de los pueblos indígenas a conservar sus prácticas tradicionales en materia de salud y cultura reconocidas en los artículos 11, 24 y 31 de la Declaración”. (http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/E_C_19_2009_14_es.pdf)

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Los países tienen de 18 meses de plazo para impugnar la enmienda solicitada por Bolivia, el cual finaliza el 31 de enero de 2011. Si ningún Estado miembro de la ONU presenta objeciones antes esa fecha, la enmienda entra automáticamente en vigor. Si algún país se opone, el ECOSOC establece tres opciones: a) Aprobar la enmienda, que no sería aplicable en los países que se opongan a ella; b) Rechazar la enmienda a la luz de las objeciones y de los argumentos sustantivos aportados; o c) Convocar a una Conferencia de las Partes para discutir la cuestión.

Varios países, entre los que estarían Estados Unidos Colombia, la Federación de Rusia, Japón, Francia, el Reino Unido, Alemania, Italia, Suecia y Dinamarca, se plantean la posibilidad de presentar objeciones formales ante el secretario general de la ONU. El IDPC exhortó a esos gobiernos a que reconsideren su posición, tomando en cuenta que el mantenimiento de la prohibición está claramente reñido con varias declaraciones multilaterales oficiales, como la Declaración de los derechos de los pueblos indígenas de 2007.

Según el IDPC, proteger el derecho indígena y cultural de los pueblos andino-amazónicos a masticar hojas de coca no socava en medida alguna las iniciativas internacionales para abordar los problemas relacionados con el mercado ilícito de la cocaína. Rechazar la enmienda pondría de manifiesto que la comunidad internacional sigue priorizando los enfoques punitivos de la tolerancia cero en el ámbito de la fiscalización de drogas por encima de los derechos de los pueblos indígenas, y perpetuaría una violación evidente de estas libertades.

El IDPC solicitó encarecidamente a la comunidad internacional a no presentar objeciones a la propuesta de Bolivia a fin de garantizar que finalmente se acabe con la “prohibición totalmente discriminatoria y carente de fundamentos científicos”. En su criterio, la introducción de enmiendas razonables y técnicamente sólidas en las convenciones de fiscalización de estupefacientes debería entenderse como un elemento normal del proceso de modernización para adaptarlas a sus propios fines en el siglo XXI.

En las últimas horas, los gobiernos de Colombia y Somalia retiraron las dos objeciones que de momento existían al pedido boliviano de despenalizar el masticado de coca, informó la agencia EFE. El presidente de Colombia Juan Manuel Santos llamó hoy a Evo Morales para anunciarle la decisión.