2011, al inicial el sexto año de gestión con una nueva Constitución, un Plan de Desarrollo Nacional industrialista e integrador, dos tercios en la Asamblea Legislativa, una enérgica posición antiestadounidense y un respaldo único de las Fuerzas Armadas y la Policía, el gobierno de Evo Morales Ayma se ve enfrentado a movilizaciones populares, la mayoría espontáneas, que rechazan su política sobre hidrocarburos y su sometimiento a las transnacionales mineras y petroleras que ha provocado la subida de precios, desabastecimiento e incertidumbre social.

Cuando el gobierno de Morales había formulado e iniciado el despegue de un proyecto de desarrollo integral de Bolivia sobre la base de la explotación de los recursos naturales de todas las regiones del país, la industrialización de distintos rubros de la economía, la vinculación y potenciamiento de las macroregiones y extensas fronteras abandonadas y, en esta línea, avanzar hacia la consolidación de la unidad nacional con una economía fuerte al mando del Estado y mayor soberanía nacional, en correspondencia con los procesos integracionistas de América Latina y el Caribe; los movimientos populares organizados, la base social y cultural de su fuerza electoral y política, se encuentran debilitados y buscando la satisfacción de demandas particulares y corporativas, manteniendo una posición particularista, mientras algunos dirigentes se han incorporado o buscan incorporarse a la burocracia estatal en los órganos ejecutivo, legislativo o en los gobiernos departamentales y municipales, alejándose de sus bases.

Si bien el Jefe de Estado, después de una semana de vigencia del alza de los hidrocarburos y su consiguiente impacto inflacionario, determinó anular la decisión bajo el principio de “mandar obedeciendo” y explicar las razones por las cuales se adoptó esa medida, manifestó que desarrollará un proceso de diálogo y consulta con los sectores sociales para enfrentar la crisis de los hidrocarburos que significa la subvención estatal a la gasolina y el diesel por más de 500 millones de dólares anuales y su contrabando masivo hacia los países vecinos donde tienen precios dobles o triples.

Sin embargo, el Presidente de la estatal YPFB, Carlos Villegas, ha reconocido que una de las razones del frustrado incremento de la gasolina y el diesel era la de incrementar el pago a las transnacionales que operan en el país para impulsar la exploración y explotación de hidrocarburos líquidos. En Bolivia, por encima del Decreto de la Nacionalización de los Hidrocarburos de mayo de 2006, la vigencia y poder de PETROBRAS de Brasil, REPSOL de España y TOTAL de Francia son muy fuertes.

A pesar de los buenos rendimientos económicos de Bolivia en los últimos años, con un promedio de 5% de crecimiento del PIB anual, con buenos precios de las materias primas y con la existencia de reservas records de casi 10.000 millones de dólares, las inversiones han sido reducidas, las rentas se han destinado especialmente a políticas de beneficencia, con bonos a ancianos, niños y mujeres embarazadas y el Banco Central ha realizado préstamos a Bancos de Europa y Estados Unidos con reducidísimos intereses. Al respecto, existe poca claridad sobre el uso de los excedentes y la estrategia de asegurar su generación y redistribución social en el futuro.

En este panorama, las perspectivas políticas se presentan confusas: mientras el gobierno no establece con claridad una propuesta estratégica económica y política frente al capital trasnacional, se van produciendo cismas y contradicciones dentro de las fuerzas que lo han respaldado hasta ahora y, al mismo tiempo, es inexistente una oposición capaz de poner en riesgo, en el mediano plazo, el dominio del Movimiento Al Socialismo (MAS). Los errores en la nominación de candidatos a parlamentarios (diciembre 2009) y luego de candidatos a las Alcaldías y Gobernaciones (abril 2010), sin respetar las nominaciones de las bases sociales, han significado una pérdida notable de la fortaleza de Morales en el occidente del país –especialmente en Potosí y El Alto–, a lo que se ha agregado el reciente problema de los carburantes.

La segunda gestión gubernamental de Evo Morales-Alvaro Garcia, iniciada en enero de 2010, dejó de lado las posiciones más radicales del indigenismo que impulsa las plenas autonomías indígenas y departamentales que ponen en riesgo la interculturalidad de la Unidad Nacional, y adoptó un discurso de mayor integración social, geográfica y económica del país, en la perspectiva del fortalecimiento de las iniciativas latinoamericanistas de UNASUR y ALBA.

Por otro lado, ha generado dos iniciativas importantes en el campo ideológico y cultural. Por una parte la Ley contra el Racismo que busca, entre otras cosas, que los medios de comunicación dejen de ser el instrumento de los empresarios conservadores que tratan de marcar la agenda nacional y, por otra parte, la Ley de Educación que impulsa una reforma que establece una educación nacional, única, descolonizadora en tanto que antiimperialista, productiva, distinta a la que establecía el neoliberalismo que pretendía descentralizar y fraccionar el sistema educativo. Esto ha provocado fuertes pugnas con los gremios de prensa y con la iglesia católica con el pronunciamiento papal desde el Vaticano y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Aún no se pueden avizorar claramente las perspectivas futuras en relación a los efectos en Bolivia de la crisis internacional que afecta duramente a las poderosas economías capitalistas de Europa, Estados Unidos y Japón; y a la recomposición política en América Latina y el Caribe, tomando en cuenta la dependencia que se tiene de la poderosa economía brasileña con su nueva presidenta Dilma Rouseff y las elecciones a realizarse en los vecinos Argentina y Perú.