En la gestión 2010, las nueve Fiscalías Departamentales del país registraron 50.340 casos y la Inspectoría General recepcionó 520 nuevas denuncias. La recién creada Fiscalía especializada en la persecución de delitos de corrupción priorizó 263 de un total de 1.360 causas nuevas ingresadas el año pasado. Se emitieron 736 sentencias condenatorias, dos fiscales fueron suspendidos del cargo, y siete fiscales destituidos, informó el fiscal general Mario Uribe Melendres en la Inauguración del Año Fiscal 2011.

El Ministerio Público fortaleció sus políticas institucionales de Persecución Penal del Delito, su principal labor en el área jurídica, sin descuidar tareas del área administrativa, resaltó ayer en Sucre el fiscal Uribe durante la presentación del Informe de Actividades del Ministerio Público de Bolivia de la gestión 2010.

Uribe informó que la Fiscalía General atendió 178 peticiones de informes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, entre informes escritos, orales y minutas de comunicación, de los cuales 154 corresponden a la Cámara de Diputados y 24 a la Cámara de Senadores. Reveló que el Ministerio Público y el Órgano Ejecutivo y Legislativo elaboran un anteproyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público que renovará su cuerpo normativo interno, mejorando el elemento actitudinal y de compromiso de sus miembros y los servicios en el ámbito provincial y rural.

La Inspectoría General, principal brazo operativo del Ministerio Público, ha cumplido diferentes actividades, siendo uno de sus principales logros la descentralización de sus funciones. Por otro lado, se ejecutó la política de “gratuidad de los Servicios del Ministerio Público”, la cual “no favoreció a la institución en términos de recaudación de ingresos propios”, observó Uribe.

El Sistema Procesal Penal vigente en el país protege al autor del hecho delictivo con una serie de catálogos de derechos y garantías, pero desprotege y relega a la Víctima y al Testigo. En 2010 se instruyó el fortalecimiento de la Unidad de Atención a la Víctima y Testigo, proyecto impulsado desde 2006 y que hoy es una política de Estado.

En la actualidad, un equipo multidisciplinario de profesionales trabaja en la recuperación emocional de la Víctima y Testigo del Delito, otorgándole asesoramiento jurídico y atención psicológica. Para este efecto, se implementó un mayor número de Cámaras Gessel en diferentes distritos y provincias del país, con el objetivo de resguardar el testimonio de la víctima y así evitar definitiva una doble victimización. La Unidad de Atención a la Víctima Testigo registró 3.795 casos en 2010.

El año pasado se creó también la Coordinación Nacional del área de Acciones de Defensa Constitucionales y Jurisdicción indígena originaria campesina, con el objetivo de articular las relaciones de coordinación y cooperación con la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina. Al mismo tiempo, se promovió el “rechazo a la discriminación por cualquier orden” y fundamentalmente “en razón de idioma nativo”, por lo que se ha instruido que las Plataformas de Atención al Público de las Fiscalías Departamentales sean atendidas por personal capaz de comunicarse en el idioma propio de cada región.

En 2010, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) fue fortalecido con la instalación del laboratorio de Patología Forense en Chuquisaca. Este laboratorio financiado por la Cooperación Española AECID procesará todas las muestras provenientes de autopsias colectadas a nivel nacional. En el área de Genética, se evidenció un incremento de los casos relacionados con la investigación de paternidad y otros casos penales referidos a delitos sexuales.

En el área de Coordinación de Sustancias Controladas se ordenó un mayor trabajo en equipo con la FELCN. Los resultados se traducen en 2.338 casos en plena etapa de investigación, 831 casos con imputación, y 185 con sentencias condenatorias obtenidas en Juicio Oral, además de 128 casos resueltos por la Vía del Procedimiento Abreviado. Se ha logrado secuestrar más de 39 mil kilogramos de cocaína, más de un millón de kilogramos de marihuana, y más de 20 mil litros de droga líquida, destacó Uribe.

Según el Fiscal General, el aspecto presupuestario ha sido uno de los problemas más álgidos para el Ministerio Público en la gestión 2010, debido a que el presupuesto asignado por el TGN siempre ha sido insuficiente para cubrir las diferentes partidas de recursos humanos, equipamiento, infraestructura y gastos de investigación. El Ministerio Público cuenta actualmente con 425 Fiscales de Materia para una población de más de 10 millones de habitantes.

El Programa Operativo Anual presentado al Ministerio de Hacienda en la gestión 2010 demanda Bs. 182.433.002 de los cuales únicamente fueron aprobados Bs. 108.653.853 equivalentes al 60% del monto solicitado. Las Embajadas de Suecia y Dinamarca financiaron 580 mil dólares para la ampliación del Programa de lucha contra la Corrupción, y se logró un presupuesto adicional del TGN de Bs. 1.246.879.

Otra constante problemática que enfrentó el Ministerio Público respecto a su labor fundamental, la Persecución Penal del delito, tiene que ver con el apoyo de la Policía boliviana. “Lamento tener que referirme a este tema; el Ministerio Público se ha visto por más de una vez perjudicada al conocer el repliegue de policías investigadores, fundamentalmente en aquellos casos relacionados a delitos de corrupción. No obstante que la Policía es un órgano de investigación y por lo mismo perito investigador, y su obligación esta prevista en la Ley, tuvo que recurrirse a suscribir convenios para cumplir con su obligación”, se quejó el fiscal Uribe.

Casos atendidos por la Fiscalía General

Desde 2006 la Fiscalía General del Estado encamina varios juicios de responsabilidades autorizados por el Congreso Nacional, y en la gestión 2010 continuó sustentando acusaciones en dos juicios de responsabilidades.

En el denominado “Octubre Negro”, por el cual se acusa a varios ex ministros de Estado del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, como también a ex militares de alto rango que participaron en los hechos luctuosos de 2003, se logró demostrar ante el Tribunal de Juicio de Responsabilidades la responsabilidad de los acusados, a quienes la Fiscalía considera “indudablemente autores de haber causado muertes y heridos en la ciudad de El Alto, La Paz y otras zonas”, sentenció Uribe.

Asimismo, la Fiscalía General sustenta la acusación en Juicio de Responsabilidades contra el ex Prefecto de La Paz Luis Alberto Valle, acusado por delitos de corrupción, luego de su captura y deportación por el gobierno de Perú en 2010.

Habiéndose evidenciado la fuga de varios procesados en juicios de Responsabilidades, la Fiscalía General ha realizado el seguimiento respectivo a varias solicitudes de Cooperación Internacional para Notificaciones, Detenciones Preventivas con fines de Extradición y la Formalización de Extradición de los prófugos de la justicia boliviana refugiados en otros países.

Diez solicitudes corresponden al caso “Octubre Negro” y uno relacionado a la venta irregular del Parque Automotor de la Prefectura del Departamento de La Paz, cuyo principal acusado es el ex Prefecto Valle.

En trámites de extradición pasiva remitidos por la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía despachó tres provenientes de Argentina, Chile y Perú. Además, se tiene ocho trámites de Exhortos Suplicatorios, de los cuales tres corresponden a Argentina, dos a Francia, y uno a Suiza, Alemania y Perú.

El año pasado la Fiscalía General recepcionó 27 causas nuevas, y espera el pronunciamiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre un total de 24 casos. La Fiscalía de Recursos tramita 105 Procesos Penales Ordinarios, un Proceso Civil, cuatro Procesos Coactivo Fiscal y Social, dos Procesos por Beneficios Sociales y 95 casos de traslados.

Los casos ingresados en las nueve fiscalías Departamentales del país suman 50.340 en la gestión 2010, de los cuales 3.420 corresponden a Chuquisaca, 11.702 a La Paz, 5.813 a El Alto, 6.664 a Cochabamba, 2.247 a Oruro, 2.978 a Potosí, 2.723 a Tarija, 10.232 a Santa Cruz, 3.319 a Beni, y 1.242 al departamento de Pando. En la gestión 2010 se emitieron 736 Sentencias Condenatorias a nivel nacional.

En 2010, la Inspectoría General registró 520 nuevas denuncias, de las cuales 114 se encuentran con Resolución de Apertura de Investigación; 234 con Resolución de Rechazo; 16 denuncias penales remitidas a las Fiscalías Departamentales; 11 casos por faltas Leves para procesamiento Sumario; 8 denuncias con Archivo de Obrados; 26 con Resoluciones Conclusivas de Enjuiciamiento; 17 con Resoluciones Conclusivas de Archivo de Diligencias; 30 con Informes conclusivos para su aprobación; 35 Denuncias Nuevas en Trámite para Resolución de Admisión o Rechazo, y 15 procesos Disciplinarios con sentencia.

Lucha contra la corrupción

El año pasado se creó la Fiscalía especializada en la persecución de delitos de corrupción que funciona con 33 Fiscales de Materia y seis Coordinadores que trabajan en las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Chuquisaca y Potosí. El Ministerio Público por fin cuenta con una estructura e instrumentos legales que le permiten encarar con seriedad y competencia la lucha contra la corrupción “como nunca en la historia del Estado boliviano”, declaró Uribe.

Los resultados se traducen en la actividad jurídica desarrollada y la priorización de 263 casos sobre delitos de corrupción seleccionados por su relevancia de un total de 1.360 causas nuevas ingresadas el año pasado. Se aplicaron 302 medidas cautelares, entre detenciones preventivas, sustitutivas a la detención preventiva, y reales, y 15 sentencias condenatorias.

El Fiscal General resaltó el “combate frontal contra la corrupción” al interior del Ministerio Público a fin de evitar la discrecionalidad en el ejercicio de la función fiscal. En 2010 se encaminó un proceso de reorganización interna de cualificación de recursos humanos, con varias evaluaciones de resultados e incluso destituciones de algunos Fiscales de Distrito y de Materia que no comprendieron el verdadero rol del Ministerio Público y los lineamientos de la Persecución Penal del Delito formulados en el Plan Quinquenal 2006 – 2010. El año pasado dos fiscales fueron suspendidos del cargo, y siete fiscales fueron destituidos.

“Ante la existencia de opiniones muy subjetivas e interesadas de algunas personas respecto a la labor del Ministerio Público en esta materia, que se trataría de una persecución política, con firmeza, valentía y categóricamente afirmamos que el Ministerio Público simplemente está cumpliendo su mandato constitucional y legal, respetando en todo momento los derechos y garantías que la ley le reconoce al imputado… Somos enfáticos en reafirmar que el Ministerio Público no investiga a personas en función a sus cualidades personales o políticas, sino que investiga hechos presuntamente delictivos para determinar el grado de participación criminal de los involucrados”, aseveró el Fiscal General.