“Los arquitectos del poder, deben crear una fuerza que pueda ser sentida pero no vista. El poder se mantiene fuerte cuando está en la oscuridad, si se expone a la luz comienza a evaporarse”, pensamiento expresado por el escritor norteamericano Noam Chomsky, que puede aplicarse a la realidad boliviana, cuando se trata de evaluar serenamente los últimos acontecimientos político sociales.

Las posteriores evaluaciones de la historia política, tomarán en cuenta el antes y después de estos sucesos, precisamente porque la química o simpatía entre gobernantes y gobernados ya no es la misma. El decreto promulgado por el Ejecutivo entre navidad y año nuevo, incrementando el precio de los combustibles, calificada por el suscrito como un “Pinochetazo”, no fue la causa exclusiva para la reacción contestataria del pueblo, sino la gota que rebalsó el vaso, lo contrario sería pensar que, hasta el 25 de diciembre de 2010, se vivía un romance ininterrumpido con el gobierno, especialmente con el Presidente y que, por causa de la medida vino el desencanto.

Fue la explosión de una bronca contenida, acumulada con el pasar del tiempo. Existen varias razones para la indignación progresiva, entre ellas, la soberbia e intolerancia, ostentación de poder, obsesión por copar cuanta entidad estatal existiese, satanizando aquellas que estén fuera de su control, subordinación del Ministerio Público y los tribunales a su hegemonía política, generando una peligrosa indefensión ciudadana e inseguridad jurídica, la impunidad de las violaciones a los derechos humanos suscitados en los últimos años, la premiación a quienes protagonizaron crímenes de lesa humanidad y de paso utilizando el nombre de las propias víctimas(caso Marcelo Quiroga Santa Cruz), etc.

Esta cadena de hechos, sumados a los problemas de orden económico social, generaron un distanciamiento entre Estado y sociedad civil y, específicamente, entre Gobierno Nacional y Pueblo. En esas circunstancias vino el “gasolinazo”, dando lugar a una reacción contundente de la ciudadanía, en todo el país, al extremo de lograr que dicha disposición legal sea abrogada por el Órgano Ejecutivo.

En ese orden de cosas, cuando la población esperaba una reacción autocrítica de las autoridades, resulta incoherente que éstas continúen buscando culpables, precisamente fuera del MAS, lo que significa que nuestros gobernantes siguen pensando que acertaron con la medida del incremento de precios de los carburantes, también con la abrogatoria del decreto, entonces, en qué momento se equivocaron?, interpretando sus expresiones, nunca, quienes actuaron mal fueron los otros, por tanto es a los de afuera a los que hay que culpar, consiguientemente penalizar sus actos y si se puede encarcelarlos.

Esta ausencia de autocrítica no beneficia a nadie y demuestra que aún no se aprende de las experiencias vividas. Fue éste el error en que incurrieron la mayoría de los anteriores gobernantes y miren donde nos llevaron como país, todos ellos acusaron a la oposición de entonces, a los sectores sociales, a supuestos grupos subversivos y terroristas, de ser los causantes de los problemas, pero nunca asumieron la responsabilidad de sus propias incoherencias.

Hoy con el Gobierno, se repite la historia, la actitud pilatuna y el responsabilizar a los demás de los hechos, criminalizando cualquier protesta. Los políticos de ayer y los actuales, derechistas y los autodenominados izquierdistas, soslayan una institución importante, LA AUTOCRÍTICA, parece que esta virtud está reservada solo para los grandes de espíritu, los que tienen calidad y sensibilidad humana y los sabios.

Ante los desafíos históricos para el país, es necesario que los conductores del Estado actúen con sabiduría, asumiendo con altura los errores, enmendándolos sin buscar fantasmas.

* Ex defensor del Pueblo.