La naturaleza del DS. 748 anulado que precautelaba las ganancias de las transnacionales petroleras a costa de la miseria de los bolivianos ha develado la verdadera naturaleza burguesa y pro imperialista del gobierno del MAS. Se trataba de una servil ejecución de las exigencias del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional para garantizar las inversiones de las transnacionales en Bolivia y dar la apariencia de que somos un país solvente para acceder a los créditos internacionales. Se trataba de una medida neoliberal que ni siquiera Goni Sánchez se atrevió a ejecutar en el pasado.

Una vez más se ha impuesto la acción directa de los explotados en general, rebasando a los dirigentes oficialistas y corrompidos de las organizaciones sindicales y de las llamadas “organizaciones sociales”; los explotados hemos advertido al gobierno de Evo Morales que no estamos dispuestos a seguir siendo burro de carga para soportar las consecuencias de la crisis capitalista precautelando los intereses materiales de las transnacionales imperialistas y de la clase dominante nativa.

La experiencia que acabamos de vivir y que ha puesto en vilo al gobierno y a sus sirvientes es consecuencia de la política económica demagógica y pro burguesa del gobierno. Se ha confirmado que en Bolivia nunca hubo “nacionalización de los hidrocarburos”, las transnacionales jamás perdieron el control del millonario negocio de los hidrocarburos, fue una descarada impostura eso de que los bolivianos nos habíamos convertido en “socios mayoritarios” de las empresas petroleras internacionales. Quedó al desnudo el falso antiimperialismo del gobierno que se limita a discursos radicales contra los gringos para engañar a los electores, mientras su política económica garantiza las inversiones, defiende a muerte la gran propiedad privada de los medios de producción en manos de las transnacionales y de la clase dominante del país.

No cabe duda, es una victoria de los explotados el haber derrotado al gasolinazo masista; sin embargo, la lucha no ha terminado y apenas comienza. Ya antes de la promulgación del DS 748 se había dado en el país una escalada alcista en los precios de los artículos de primera necesidad por encima del 40%; con la promulgación de gasolinazo esos precios se han disparado mucho más, por encima del 80 y hasta el 100%. ¿Acaso con la anulación de la medida volverán a bajar los precios? No, una elemental comprensión del comportamiento de las leyes del mercado nos lleva al convencimiento de que una oferta inferior a la demanda mantendrá los precios en el nivel al que han llegado hasta ahora.

Este fenómeno castiga no sólo a los sectores que dependen de un sueldo sino sobre todo, y con más dureza, a aquellos otros sectores mayoritarios que viven por cuenta propia (gremialistas, artesanos, campesinos pequeños propietarios, originarios asentados en comunidades improductivas, profesionales libres, etc.).

Por todo lo dicho, por el desarrollo del proceso económico y social del país, estamos obligados a no aflojar nuestra lucha. Los explotados debemos mantenernos vigilantes para impedir que la bestia herida, en cualquier momento, pueda nuevamente dar el zarpazo para cumplir las exigencias del amo imperialista. Por otra parte, para defender a la fuerza de trabajo y para no condenar a mayores privaciones a los bolivianos, debemos organizarnos desde las bases para luchar por:

1.- La expulsión real de las transnacionales imperialistas del país.

2.- Una verdadera nacionalización del los hidrocarburos expropiando todas las inversiones de las trasnacionales.

3.- Un sueldo igual a la canasta familiar y que éste se incremente en la misma proporción que suben los precios de los artículos de consumo (salario mínimo vital con escala móvil).

4.- Trabajo para todos los desocupados (reducción de la jornada de trabajo, sin disminuir los sueldos, para dar cabida los que no tienen trabajo).

5.- Exigir al gobierno medidas concretas orientadas a mejorar los miserables ingresos de los sectores cuentapropistas de tal modo que les permita enfrentar las consecuencias de la crisis sin destruirse físicamente y sin destruir a sus familias.

6.- Una ley de pensiones que garantice rentas que cubran todas las necesidades de jubilado. El patrón privado y el Estado deben garantizar la sostenibilidad del régimen de rentas con sus aportes.

7.- La liquidación efectiva del latifundio y que las tierras sean entregadas a los campesinos y originarios de este país.

8.- Por el libre cultivo y comercialización de la hoja de coca

9.- Contra la reforma educativa retrógrada, etnocentrista y anticientífica que pretende imponer el gobierno.