El problema que nos llevó al Decreto 748 es que el país no se autoabastece de combustibles y por eso los importamos; siendo así, lo lógico sería que la plata que se destinaba a su importación y que ahora, según el gobierno, se va a quedar en el país, se destine a YPFB para producirlos, pero no será así. Entonces ¿quién va a producir estos combustibles? Serán las transnacionales, porque el gobierno se ha resistido sistemáticamente a que YPFB sea una empresa productora, manteniéndola tercamente en el papel que heredó de Goni.

Por eso entre las medidas preparatorias del decreto el gobierno lanzó días antes otro decreto que ofrece nuevos acuerdos a las transnacionales. Estas además se beneficiarán de un fondo que será creado para incentivar la exploración; de modo que ahora gozarán de un subsidio más, que se suma al que ya recibían los pozos pequeños.

¿Y a donde irá la plata ahorrada?

Según declaró el ministro de hacienda en la televisión, el gobierno destinará la plata ahorrada a aliviar el impacto social del decreto. Para ello hay una serie de medidas.

Una parte importante se destinará a los gobiernos departamentales, pero esto no garantiza nada, porque según el patrón no-productivo de inversión pública vigente estos fondos beneficiarán a los empresarios –muchos de ellos nuevos- a cargo de las obras de asfaltado y demás, es decir a las élites locales que son las más beneficiadas con el autonomismo.

Otra medida es la promesa del seguro a la producción de los campesinos. Esta medida es como el alza de salarios que prometieron los separatistas en Santa Cruz, el 2008, fácil de hablar pero difícil de aplicar. Se trata de medidas y promesas destinadas a hacer que los sectores favorecidos por estas no se plieguen a las protestas, se trata de sobornar al pueblo con algunas migajas para que esté feliz con la entrega de nuestros recursos naturales, cosa que hizo Goni con el Bono Sol y la promesa de la libretita de accionista de las capitalizadas para los ciudadanos.

Este tipo de inversiones no es nada nuevo. Recordemos que en los tiempos del 21060 el neoliberalismo creó, entre otras cosas, el Fondo de Desarrollo Campesino, que en vez de paliar algo, dio origen a los acostumbrados nuevos ricos de cada nueva época, o “nueva forma de hacer política” que nos ofrecen los t’arajchis del palacio. Las medidas de siempre dan los resultados de siempre.

¿Por qué no nos autoabastecemos de combustibles?

Aunque el decreto 748 sostiene “Que se ha evidenciado que la demanda creciente de carburantes en el mercado interno responde a actividades de contrabando…”, lo cual es falso, el problema es que el gobierno en vez de hacer de YPFB una empresa productiva, para garantizar entre otras cosas, el abastecimiento interno, centró toda su política energética en esperar la buena voluntad de las transnacionales. Esta ha sido la característica central de la política del gobierno desde antes de la nacionalización, que en vez de hacer cumplir la ley 3058, dio nuevos plazos a las empresas para firmar nuevos contratos, porque no refundó YPFB como ya ordenaba dicha ley, porque no industrializó, porque no firmó los nuevos contratos tomando en cuenta las auditorías como decía esa ley. Las auditorias como sabemos se hicieron tarde, sus resultados fueron fondeados, y sus autores desprestigiados.

El resultado es por demás claro: ahora el país depende de los hidrocarburos de las transnacionales en más del 80%. La situación es peor si consideramos quién maneja las capitalizadas y cómo. La revelación reciente de una cuantiosa desaparición de las reservas muestra que el gobierno desde el 2006 no tenía una política de reservas y a pesar de ello nos mareó una y otra vez con millonarias promesas de industrialización y exportación.

Si el gobierno hubiera dado a YPFB su antiguo rol de empresa productora, ahora sería innecesaria la medida que está tomando, pero con la dependencia de la producción de las transnacionales y con el mercado interno desabastecido por las mismas resultaba fácil para estas apretarle el collar al gobierno para obligarle a obedecer; para que nos mande obedeciendo a las transnacionales, solo era cuestión de tiempo.

¿Quiere esto decir que esta medida fue patrocinada por las transnacionales?

El gobierno ha llamado a su medida “nivelación de precios” oponiéndose al nombre de “gasolinazo”, pero esta es una discusión inútil. Lo que en realidad ha hecho el gobierno es aplicar la liberalización del mercado interno de combustibles, esto es neoliberalismo puro.

La liberalización del mercado interno de combustibles ha sido una vieja demanda de las transnacionales ya expresada desde el 2003 sosteniendo que la subvención a los hidrocarburos desincentiva la inversión. El mismo gobierno ha reconocido hoy -28 de diciembre- en un discurso en Puerto Acosta, ante tres provincias de La Paz que las empresas “que trabajan para” YPFB no quieren invertir porque con el precio de 27 dólares el barril trabajarían a pérdida. Similar opinión emitió el ministro de hacienda. Esto muestra que la política hidrocarburífera oficial se somete a lo que quieren las transnacionales. Recordemos a propósito las declaraciones del Presidente de la CBH, Magela, el año pasado: “La función de YPFB ha de limitarse al rol regulador y debe de alejarse de la parte operativa”. ¿No está claro que se ha hecho como él quería?

Es muy elocuente que la derecha por su parte, no ha cuestionado la medida en sí, solo ha cuestionado la forma. Esto para el gobierno es una victoria política; léase bien, la victoria es que sus divergencias con la derecha no sean de fondo sino solo de forma.

Bien, ahora una nueva etapa comienza y como en 1985 esta etapa encuentra al movimiento social gravemente debilitado por el compromiso de importantes sectores de dirigentes con el gobierno de turno faltando a su compromiso con las bases y con el país.

* El autor es investigador del CEDIB.