(ABI).- Una “ofensiva mirista” en los campos económico y político se ha desencadenado los pasados días para desestabilizar el proceso democrático y de profundas transformaciones estructurales, informó el lunes el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti.

En una entrevista en la radio Panamericana, Llorenti dijo que la ofensiva económica de desestabilización ha sido encabezada por el jefe de Unidad Nacional (UN) y ex ministro de Planificación del Gobierno del presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), Samuel Doria Medina. Doria Medina, un empresario cementero, había declarado la noche del pasado martes en un programa de televisión que el Gobierno estaba a punto de bajar la cotización del dólar de Estados Unidos con relación a la moneda nacional. “Esa declaración forma parte de un terrorismo financiero que provocó la salida al día siguiente de unos 200 millones de dólares retirados de la banca por los cuentacorrentistas y ahorristas”, anotó. El vicepresidente del Estado, Alvaro García Linera, había manifestado el domingo que las declaraciones de Doria Medina pretendían colocar piedras al presidente Evo Morales Ayma, poco antes de que emita un mensaje a la nación. Llorenti anotó que la otra vena de desestabilización encarada por el “mirismo” se dio mediante acciones vandálicas producidas principalmente en las ciudades de El Alto y La Paz que fueron financiadas por el Movimiento sin Miedo (MSM) del ex alcalde de La Paz, Juan del Granado. Recordó que tanto Doria Medina como Del Granado eran militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en el gobierno de Paz Zamora. El Ministro aseveró que la ofensiva con acciones de vandalismo no tuvo compasión ni de sedes sindicales ni empresas estatales, como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Boliviana de Aviación (BoA), Vías Bolivia, la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) y otras, cuyas instalaciones fueron atacadas. Llorenti anotó que “la derecha que estaba agazapada por las derrotas electorales que sufrió desde 2005, volvió a sacar la cabeza para desencadenar ataques contra el proceso de cambio”. Agregó que esa conjura fue controlada por la sabiduría del presidente Evo Morales Ayma y el Gobierno, al dar un paso atrás y abrogar el Decreto de nivelación de precios de los combustibles para abrir un debate que permita adoptar esta medida en forma consensuada con el pueblo. “El Gobierno respeta las movilizaciones democráticas y las garantiza, pero en ningún caso puede permitir que pongan en riesgo la seguridad de los bolivianos y el propio proceso democrático”, anotó. Dijo que otro de los objetivos de esas actividades era provocar a la Policía, al punto que “los grupos de vándalos contaban hasta con gases lacrimógenos para lanzarlos contra los efectivos policiales”. El Ministro puntualizó que el Presidente pudo reducir esas acciones mediante un diálogo permanente con las organizaciones sociales que apoyan el proceso a fin de analizar la situación nacional y los efectos de las determinaciones económicas. “Yo creo que la imagen del Presidente ha salido fortalecida porque ha mostrado al pueblo el fundamento del Gobierno de la Revolución Democrática y Cultural que es el gobernar junto a los ciudadanos y no adoptar medidas que vayan a perjudicarlos. “La nivelación de los precios de los combustibles líquidos es una medida necesaria para cerrar ese hueco financiero dejado por el pago de subvenciones que sangran la economía”, anotó. Sin embargo resaltó que existe el convencimiento de que algún momento se deben aplicar estas medidas pero en forma conjunta con las organizaciones que representan al pueblo y que están conscientes de la necesidad de aplicarlas. “Con los dineros de las subvenciones, que en 2010 llegaron a los 660 millones por la importación de gasolinas y diesel, de los que 380 millones eran para subsidiar los costos, pudieron ejecutarse una serie de programas de desarrollo de amplio alcance social, como escuelas, centros de salud, caminos y otros”, anotó. Puntualizó que, por el pago de subvenciones y el bajo costo de esos combustibles en Bolivia, ha crecido el contrabando de estos carburantes por un monto estimado anualmente en 150 millones de dólares en la pasada gestión. “Es como dejar que 500.000 dólares al día salgan de Bolivia por la vía del contrabando de combustibles que bien pueden servir para obras de desarrollo que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos”, finalizó.