Poniendo en juego toda la estructura de precios, trabajosamente organizada en Bolivia luego del proceso hiperinflacionario de los años 80, así como un sistema complejo de alianzas y lealtades construido con diversos sectores y organizaciones sociales, el gobierno del Presidente Evo Morales decidió poner fin a un proceso altamente subvencionado de expendio de los productos hidrocarburíferos que ha venido mermando las finanzas públicas en niveles y proporciones altamente significativas y produciendo estructuras distorsionadas en la economía boliviana.

Sin mayores consultas y de modo sorpresivo, el gobierno decidió elevar los precios de los combustibles líquidos hasta en más de un 80% (diesel y gasolina), sin afectar los combustibles gaseosos. Dado que los precios de los combustibles constituyen una de las bases fundamentales de todo el sistema de precios, estos iniciaron un proceso de ajustes multidireccional que apenas empieza, y ya ocasiona múltiples traumas y convulsiones en la población boliviana, en particular, por la incertidumbre que generan, por la pobreza de amplios sectores sociales y por el hecho que se puede anticipar que significarán en la mayoría de los casos una reducción del ingreso real de las familias. De pronto se observa que la economía boliviana y el proceso de cambio se estaban construyendo sobre premisas falsas, alejadas de la realidad. La elevación de precios de los combustibles líquidos representa un retorno abrupto a esa realidad que nadie quería tomar en cuenta, por lo que gobierno tras gobierno se resistían a enfrentar y resolver esa tarea pendiente. Esta tarea ha sido asumida por el actual gobierno con gran osadía, aunque también con evidentes inconsistencias que es necesario vislumbrar y enfrentar a la brevedad. Sería una lástima que una medida urgente y necesaria pueda verse ostensiblemente perjudicada por no percibir adecuadamente la dirección de la que vienen las mayores presiones.

Dichas presiones provienen principalmente de los sectores empobrecidos de las áreas urbanas, insertos en el sector informal, que no reciben salarios y remuneraciones respaldadas por contratos y otras prestaciones legales, y conforman no menos del 60% de la población urbana, es decir, cerca de 4 millones de ciudadanos.

La declaración del presidente Morales, dedicada a presentar diversas medidas complementarias y paliativas del decreto que dispone la elevación de precios de los combustibles líquidos, ha permitido reducir la tensión en algunos sectores sociales, en particular, fuerzas uniformadas, magisterio y salubridad pública, sector agrícola y parcialmente en la administración pública, pero no ha hecho referencia a los trabajadores del sector privado, y mucho menos a los trabajadores informales dependientes y por cuenta propia que parecen no haber sido tomados en cuenta. Posiblemente las medidas dirigidas al sector agrícola resulten el conjunto de medidas más coherente, ya que se destinan recursos para riego, tractores y compra de alimentos a precios superiores al precio doméstico, aunque es posible advertir que los efectos combinados de dichas medidas recién podrán surtir efecto en no menos de tres años.

También el énfasis puesto por el jefe de Estado en su alocución en la elevación del precio del barril de petróleo que se pagaría a las empresas petroleras muestra que el tiro, por lo menos una parte sustancial del mismo, está dirigido a crear los incentivos requeridos para animar a las empresas petroleras a producir más petróleo, situación que permitirá reducir la importación de combustibles líquidos, al presente la factura más onerosa que debe pagar el país por la continua disminución en la producción de hidrocarburos líquidos.

El objetivo final de la medida, reducir subvenciones y contrabando de los combustibles líquidos, e incentivar a las petroleras para que mejoren sus niveles y ritmos de producción, son sin duda medidas indispensables para ordenar y organizar una economía a tono con sus recursos y posibilidades reales. Un ejemplo de cómo los combustibles subvencionados ocasionan una diversidad de distorsiones y conducen a la conformación de estructuras poco sostenibles, se aprecia en la alta dependencia del diesel del complejo agrícola comercial situado en el Oriente del país que pagaba menos de la mitad del precio que los países vecinos y consumía más del 50% del diesel importado y subvencionado. Por cierto que la mayor distorsión se producía con el contrabando de millones de litros de gasolina y diesel que han permitido por años ganancias extraordinarias a sus autores y una sangría infame de recursos para el país.

Todo este conjunto de medidas resulta desde todo punto de vista necesario y oportuno, pues es una forma de proteger los recursos del país y de “sincerar” la economía nacional. Por ello, resulta incomprensible que existan sectores sociales que reclaman y exigen la anulación de la medida gubernamental. En lugar de seguir mirando al pasado y quedarse inermes, petrificados como estatua de sal, es necesario dar otros pasos más en la dirección de encontrar el mejor punto de equilibrio para todo el conjunto de fuerzas sociales y factores productivos del país, de modo tal que esta medida nos fortalezca y no nos debilite.

Pero volvamos al meollo del problema aún pendiente de solución, el sector informal urbano dependiente, el que se halla al presente desprotegido y expuesto a grandes y graves presiones que sin duda no sabe cómo podrá enfrentar y resolver a corto plazo. Consideramos que no se puede volver a fojas cero, esto es, dar marcha atrás con la medida o emplear la totalidad de los recursos que se obtengan con ella para encarar o paliar socialmente los efectos de la misma. Es la hora de la focalización, es decir, la hora de diferenciar qué sectores sociales requieren apoyo y ayuda y qué sectores no lo requieren o sólo en menor medida.

Posiblemente gran parte del descalabro que originará la implementación de la medida de la elevación de los precios de los hidrocarburos y el ajuste paulatino de los precios que ocasionará la misma a lo largo y ancho de toda la economía, se podría haber evitado si desde un principio se hubiera trabajado con un enfoque que procura centrar el apoyo en los sectores sociales que verdaderamente lo requieren y necesitan, y no producir beneficios generalizados para toda la población, independiente de sus propios ingresos y poder de compra, como ha sucedido hasta el presente. Ello ha ocasionado que la cuenta anual en subvenciones e importaciones –estas últimas originadas tanto por la reducción de la producción petrolera, como también por la excesiva demanda de productos subvencionados– crezca desmesuradamente, obligando prácticamente al país a tener que tomar medidas heroicas que por lo general ocasionan mucho ruido y desorden en el sistema de precios y en la economía en general. Según cifras divulgadas, entre costos de importación de combustibles y las subvenciones, Bolivia habría erogado en el curso del año 2010 la suma de 950 millones de dólares, monto muy próximo al total de nuestras exportaciones anuales hasta principios de la presente década.

La pregunta que debe resolverse es cómo focalizar, cómo llegar de modo prioritario a los sectores urbanos marginales e informales dependientes que viven en las áreas periurbanas y en los cinturones más apartados de las conurbaciones metropolitanas para evitar que el alza generalizada de los precios que se nos avecina, comprometa sus propias capacidades de producción y reproducción de modo irremediable. A continuación se presentan algunas sugerencias que pueden ayudar a distender la presión actual y hacer factible y viable la medida dispuesta que significa a todas luces la recuperación de recursos a favor de la economía nacional, lo cual debe hacerse sin afectar las condiciones ya de por sí muy precarias de subsistencia de los sectores sociales señalados.

Una medida señalada en el momento de dictarse la elevación de precios de los combustibles, pero no reiterada ni ratificada por el Presidente de la República, se refiere a que los precios de los servicios básicos (agua, luz, telefonía) se mantendrán “congelados”. Esta medida es fundamental. No obstante, es preciso ir más allá, es necesario reducir los precios de algunos de dichos servicios, especialmente en los casos en que se cuente con ciertas capacidades adicionales, como es el caso del sector eléctrico. Una forma de llegar a los sectores sociales señalados consiste en reducir el precio de la energía eléctrica, particularmente de los hogares que tienen un consumo relativamente bajo (lo cual es a su vez indicador de bajos ingresos). Ello permitiría no sólo llegar a los sectores sociales más desprotegidos e ignorados de nuestra sociedad, sino también hacer uso de modo más efectivo de las capacidades instaladas en otros sectores, no dejar que toda la demanda de energía recaiga sobre el sector hidrocarburífero, diversificar los productos energéticos y distribuir mejor su utilización.

Otro tanto se requiere en los sectores salud, saneamiento básico, vivienda y provisión de bienes y servicios públicos y colectivos que sean particularmente relevantes para los sectores sociales señalados. En todos y cada uno de estos sectores se debe priorizar la atención de los sectores sociales informales dependientes y sus familias, con particular énfasis en las dimensiones de género y generacional, ya que allí se halla uno de los sectores más frágiles y vulnerables de la sociedad que viven siempre en situación de extrema precariedad y haciendo inmensos esfuerzos por “parar la olla”, una tarea que se convertirá en un verdadero tormento a la hora en que la nueva trama de precios en la economía vaya tomando forma más definitiva.

Es posible que por ahora, a corto plazo, no se pueda destinar todos los recursos que se ahorren para inversiones. Ello no sería por falta de voluntad, sino por la necesidad de no dejar librado a su suerte a ningún sector social en este proceso de ajuste mayor. Por otro lado tampoco es justo que todos los sectores sociales carguen con una cuota parte semejante en este sacrificio, como si la riqueza estuviera repartida igualitariamente en la sociedad. Posiblemente es bueno y oportuno recordar que cerca al 60% de la riqueza nacional se halla en poder del 10% más rico de las familias y que en el otro extremo menos del 2% de la riqueza se halla en poder del 10% más pobre. No es casual que Bolivia sea considerada uno de los países más desiguales del mundo en materia de distribución de la riqueza.

Atrevámonos a poner en orden la economía, hagamos el esfuerzo de montarla sobre bases realistas, dejemos los discursos altisonantes que apuntan a granjearnos simpatías baratas a costa de dejar las cosas como están, busquemos soluciones más ambiciosas, demos nuevos pasos que nos conduzcan hacia nuestras ansiadas metas de liberación económica, social y política, librándonos de toda clase de yugos y formas de dependencia y opresión. Sin estas directrices mínimas siempre apuntaremos a la vía más simple y sencilla que es la de no hacer nada. Nos merecemos mucho más, pero debemos trabajar por conseguirlo.

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* Economista, especialista en planificación regional. Columnista de Bolpress. E.mail:CarlosRodrigoZapata@gmail.com