El presidente Morales tiene razón cuando dice que detrás de nuestra demanda de que se sepa la verdad hay intereses políticos y jurídicos.Son los intereses de la democracia, de la transparencia y dela correcta administración de justicia, que los ciudadanos echamos de menos bajo su gobierno.

Se equivoca, en cambio, si cree que descalificando a los familiares de los desaparecidos podrá liberar a las FFAA de la obligación legal de proporcionar el acceso a los documentos clasificados que esa institución posee.

El lunes entregamos a los medios de comunicación una muestra de los documentos que tiene la Sección II de las FFAA con información sobre Marcelo Quiroga Santa Cruz desde 1964 hasta 1997.No es cierto, por tanto, que todos esos documentos desaparecieron durante el golpe de 1980 como afirmó el presidente Morales.Y si posteriormente esos archivos fueron trasladados a otras dependencias de las FFAA para ponerlos a buen recaudo, debería procesarse a los responsables del secuestro de esa información.En el último año, las FFAA se han dado modos para evitar en seis oportunidades el acceso de la justicia y de los familiares de las víctimas a los archivos clasificados del escalafón militar y de la Sección II.

Aceptamos el ofrecimiento que nos ha hecho el presidente Morales de darnos acceso a los archivos militares en enero del próximo año.Pero lo que el país espera no es una visita guiada a los archivos del encubrimiento, sino el definitivo esclarecimiento de los crímenes cometidos por oficiales de las FFAA y, en el caso de Marcelo Quiroga Santa Cruz y Carlos Flores, en la propia sede del Estado Mayor.

Esperamos llegar a la fuente de donde salieron los documentos que entregamos a la opinión pública y no a cualquier otro archivo administrativo que burle una vez más nuestra solicitud de desclasificar la verdad relacionada con los más de 150 desaparecidos que hay en nuestro país.