Una descuidada lectura del artículo 38 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia nos permite saber que el artículo se refiere a las fuentes del Derecho Internacional Público, es decir cuáles son los asideros de los que se sirve el Derecho Internacional Público para desarrollar toda su base normativa. Pero una mirada más atenta al artículo, especialmente al inciso c) que señala que son fuente del Derecho Internacional Público los Principios Generales de Derecho reconocidos por las Naciones civilizadas, llama la atención inmediatamente por el adjetivo ahí utilizado: “civilizadas”. La doctrina a la que se acude (Valencia, 2005:312) para encontrar una explicación debe tener en cuenta el contexto histórico en el que se redactó, el cual corresponde al del Derecho Internacional clásico; y que hoy en día, bajo los ojos del Derecho Internacional contemporáneo, se supera cualquier duda al entenderse por nación civilizada todo Estado independiente.

Esta explicación no aclara, sin embargo, el uso del adjetivo ni mucho menos lo justicia, puesto que se deduce que es el Estado quien civiliza a las sociedades, constituyéndose por sí solo en un criterio de civilización que responde a la inadecuada asimilación de nación y Estado y de caer en el error de la clasificación de criterios como sociedad y nación que no son susceptibles de ser sometidos a encasillamientos. Hablar de naciones civilizadas implica hablar de naciones incivilizadas. Hablar de desarrollo implica hablar de subdesarrollo, pues son conceptos que solo en la medida que sean sometidos a algún tipo de comparación pueden ser comprendidos adecuadamente. Pero, ¿cuáles son entonces las naciones civilizadas y qué es lo que las hace civilizadas? ¿Cuáles son las naciones incivilizadas? ¿Quién decide quién debe ser considerado civilizado?

Es más, ¿podemos escapar de las clasificaciones? Las ciencias las crean precisamente para comparar los criterios teóricos de un campo de estudio determinado. Ciertamente las diferenciaciones no solamente son claves sino imprescindibles para una comprensión más adecuada del fenómeno u objeto de estudio. El problema de clasificar no se encuentra entonces en el ámbito teórico de las ciencias sociales sino en aplicar esos criterios utilizados y desarrollados en los estudios científicos a la vida política y social.

Acudir a las clasificaciones y atribuirles valores positivos o negativos termina por determinar los roles que asumen los Estados, con base en la identidad que han desarrollado a partir de esas mismas categorizaciones. Se encasillan a partir de un ideal moral asumiendo que éste es universal. Cualquier ideal que pretenda basarse en términos morales de bien y mal, correcto e incorrecto, (o medir las acciones con base a sus opuestos), cae en esa misma falacia, pues se asume que lo uno es universal para todos y que lo otro, por ser su opuesto, también lo es.

Bajo esta óptica, el fin de la Guerra Fría nos lleva a ver los Estados y a catalogarlos dependiendo del nivel de protección de los Derechos Humanos en su territorio: aquellos que respetan los Derechos Humanos son Estados civilizados, mientras que aquellos que los trasgreden deben ser considerados como incivilizados. Pero, no es el contenido de los Derecho Humanos, es decir no son los valores jurídicos protegidos en ellos los que causan esta clasificación, sino el discurso que se ha desarrollado a partir de su inclusión en la agenda internacional como un imperativo para la coexistencia y cooperación.

A lo largo de este documento pretendo someter a discusión que el uso de adjetivos propios de las clasificaciones lleva implícito un manejo del lenguaje que se traduce, como es el caso de los Derecho Humanos, en nuevas formas de dominación. Esta visión crítica de los Derechos Humanos, o mejor dicho del discurso que se encuentra detrás, es una nueva y sutil forma de ejercer el poder como condicionamiento de la conducta de los Estados, que no hace otra cosa que buscar la perpetuación de los criterios de diferenciación de Estados en civilizados e incivilizados.

Desde la creación y consolidación de los Estados-Nación a partir de la Paz de Westphalia en 1648, los Estados han sido sometidos al estudio riguroso de casi toda ciencia social. Fueron creados para la convivencia de sociedades y han logrado cambiar la situación de los gobernados de súbditos a ciudadanos. El Estado experimenta hoy un nuevo desafío: el respeto y la protección de los Derechos Humanos, le imponen por primera vez la necesidad de flexibilizar uno de sus pilares fundamentales: la soberanía.

Los horrores sufridos por la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial sirvieron como una silenciosa revolución hacia el in de la primacía del Estado como actor único en las relaciones internacionales. Nos damos cuenta de que a pesar de las fronteras nacionales, de los sistemas políticos y jurídicos o de los cánones de convivencia, la humanidad funge como factor común en un mundo caracterizado por las diferencias y que ésta no está determinada por la pertenencia a un Estado determinado, sino más bien por la desaparición de cualquier criterio de división, sean éstas las fronteras nacionales, las clases sociales o económicas. Como humanos vemos, actuamos, respondemos, opinamos y manifestamos interés y preocupación por acontecimientos que ocurren por fuera de nuestros Estados y participamos de esos acontecimientos de manera directa. Sabemos que la acción de un solo individuo, en cualquier lugar del mundo, puede repercutir en lo más cotidiano de nuestras vidas.

Esta nueva participación se fundamenta en el hecho de que surge, a partir de los adelantos tecnológicos y de las innovaciones en la comunicación, la sensación de tener preocupaciones y experiencias comunes que nos hacen sentir que pertenecemos a una sola comunidad. Ese factor común, la humanidad, es universal y por lo tanto define que por el hecho de ser humanos estamos amparados por unos derechos que protegen valores fundamentales e inherentes a todo ser humano. A estos derechos se les atribuyen los caracteres de ser imprescriptibles (se aplican en todo tiempo) y universales (en todo lugar).

Este ensayo pretende hacer explícita la posición crítica frente al carácter de universal de estos derechos, en primer lugar por el error de caer en encasillamientos y en segundo lugar por la estrecha relación que los Derechos Humanos tienen con el Estado y por lo tanto, con lo nacional.

El Estado, la trampa territorial

Por siglos la vida de la nación ha estado atada a la vida del Estado, así (…) la mayoría de las teorías y prácticas democráticas asumen que la existencia de una comunidad política y territorial con ciudadanía es el medio de delimitar quién pertenece al “pueblo” y quién no.

Pero este nexo se ve desafiado hoy en día por los grandes flujos migratorios, por las actividades de las multinacionales y por los Derechos Humanos. Tal vez esto nos hace inferir que la soberanía no está tan ligada al Estado como lo está a la ciudadanía. Sin embargo, tal vez por costumbre o porque así lo han venido haciendo la mayoría de las teorías de las ciencias sociales, la política se entiende mejor desde el punto de vista de los Estados nacionales, lo mismo que el derecho.

Agnew se reiere a esto como la trampa territorial que no es otra cosa que pensar y actuar como si el mundo estuviese construido únicamente por Estados; como si los límites del Estado fueran también los límites de los procesos sociales o políticos y culturales. Esta trampa territorial nos lleva a analizar los hechos en términos comparativos territoriales, que no permiten fácilmente tomar como centro ese factor común de humanidad, sino un criterio nacional que se pretende internacionalizar.

En consecuencia, el estado centrismo sigue ejerciendo un atractivo normativo para intelectuales y políticos, a pesar de que en la práctica la capacidad de mando y la reglamentación de los Estados están disminuyendo (Agnew, 2005: 59).

La acción de catalogar a los Estados por su conducta cae inevitablemente en esa trampa territorial, o dicho en otras palabras, en el error de tratar de traducir el tiempo en el espacio. El derecho está ligado al Estado, por eso cuando se trata de Derechos Humanos, por muy universales que se los considere o se quiera que sean, no puede hacerse un acercamiento teórico y mucho menos práctico sin un análisis de fronteras, y de supuestos geográficos.

El problema teórico de los Derechos Humanos, que más bien parece ser una contradicción, no reside tanto en su reconocimiento o en el grado de su protección sino en lo estrechamente ligados que están a la existencia de una noción de Estado, cuando por su naturaleza se supone que son universales. Ese vínculo ineludible se da por el hecho de que la violación de un derecho humano sólo se diferencia de un crimen común en la medida en la que el Estado participe como sujeto activo de la trasgresión o sea meramente culpable por omisión en su protección. Derechos Humanos: qué difícil protegerlos qué fácil transgredirlos.

Para explicar mejor esto acudimos a la definición de violación de Derechos Humanos propuesta por la Defensoría del Pueblo de Colombia:

Por violación a los Derechos Humanos debe entenderse toda conducta positiva o negativa mediante la cual un agente directo o indirecto del Estado vulnera, en cualquier persona y en cualquier tiempo, uno de los derechos enunciados y reconocidos por los instrumentos que conforman el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Entonces la violación de Derechos Humanos no implica únicamente una acción individual y son los Estados quienes participan directamente en la dinámica de protección y violación de los mismos. La Comunidad Internacional actúa como vigilante del papel que pueden ejercer los Estados respecto al cumplimiento de los Derechos Humanos en sus respectivos territorios.

Los Derechos Humanos están ligados a la existencia y justificación del Estado, sin embargo es indiscutible la influencia que en su desarrollo y en el manejo del discurso han ejercido los actores no estatales como las ONG, lo que nos trae nuevamente la necesidad de repensar el papel de los Estados al respecto. Inevitablemente las actividades internacionales para proteger los Derechos Humanos contradicen la esencia de la premisa tradicional de soberanía, pues ahora se trata de preocuparse y actuar en nombre y en favor de ciudadanos de otros Estados, sin que esto implique una violación al principio de no intervención.

Hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial el tratamiento de los individuos quedaba a la discreción de los Estados, ninguna teoría desafiaba la supremacía absoluta de la autoridad del Estado. ¿Cómo ha sido el proceso de llevar los Derechos Humanos del papel a la práctica? Las Organizaciones Internacionales desarrollaron procedimientos para discutir e investigar situaciones de Estados miembros; por otra parte las ONG al sacar a la luz ciertos hechos llevaron a los Estados a exigir a los otros explicaciones respecto a su conducta trasgresora de Derechos Humanos.

Los derechos humanos y el Estado

El tema de los Derechos Humanos y aún más importante, el tema del individuo como actor directo de las relaciones internacionales, es tal vez el mejor ejemplo de reivindicación de lo universal frente a lo local o nacional. Este cambio señala la necesidad de repensar los términos de soberanía, territorio y frontera. De acuerdo con Sikkink, la soberanía no desaparecerá, y el Estado soberano sigue siendo una fuerza dominante tanto en la protección como en la violación de los Derechos Humanos, lo importante es que los Estados están cambiando su comprensión respecto a los fines y límites de esa soberanía. Lo que les da eficacia a los Derechos Humanos es el haber cambiado el entorno de información, y la participación de actores no estatales que muestran evidencias constantes de eventos que consideran que deben ser conocidos por la Comunidad Internacional.

Cabe anotar, sin embargo, que los Derechos Humanos son una creación de occidente como la mayoría del contenido normativo internacional contemporáneo y que su reconocimiento y desarrollo son nuevos aún. Pero al decir que hoy en día forman parte esencial de un discurso los convierte en un nuevo parámetro para catalogar si un Estado es civilizado y digno de participar y formar parte de la Comunidad Internacional, si cumple con la protección de los Derechos Humanos o si por el contrario, es un trasgresor constante de ellos y debe ser señalado como tal sancionándolo moral y políticamente. Todo esto obedece a un discurso y no así al contenido de los derechos humanos.

Para entender esta situación es preciso identificar quiénes crean ese discurso. Para nadie es un secreto que los que hoy se consideran Estados garantistas de los Derechos Humanos y propagadores de las ideas de desarrollo de los Derechos Humanos no dudaron en el pasado en violarlos para mantener o aumentar su poder, y aunque juzgar su conducta actual con base en la historia puede ser inconsistente, e incluso incorrecto, esto prueba que se trata de la construcción y deconstrucción constante de nuevos discursos. Bajo la bandera de la protección de los Derechos Humanos se emprenden un sinnúmero de cruzadas que incluso justifican la acción armada en pro de la defensa de Derechos Humanos en territorios ajenos. De acuerdo con Habermas, la política intervencionista basada en los Derechos Humanos comete un error conceptual. Subestima y discrimina la tendencia, en cierto sentido “natural” a la autoafirmación. Quiere normar un potencial de violencias que no es normable.

La diferencia está en que mientras EE.UU. fomenta la imposición global de los Derechos Humanos como la misión nacional de una potencia mundial que persigue esas metas bajo una política imperialista, la mayoría de los Estados europeos interpreta la política de los Derechos Humanos como un proyecto de judicialización radical de las relaciones internacionales, pero que sin embargo ya hoy cambia los parámetros de la política imperialista. A los Derechos Humanos se les da un valor de orientación de valor moral.

Sí, los Estados usan los Derechos Humanos para manejar las situaciones de poder, pero también los violan a discreción, y mantienen el discurso de Derechos Humanos cuando en realidad hablan de Derecho de “mis” humanos; en otras palabras un Estado estará dispuesto a violar los Derechos Humanos en territorios ajenos en aras de garantizar el respeto de los Derechos Humanos de sus ciudadanos, y a su vez violará los derechos humanos de ciudadanos extranjeros con el fin de garantizar los Derechos Humanos en su territorio. Esto no solo demuestra la doble moral del discurso de los Derechos Humanos sino también lo poco universales que éstos pueden ser.

Hablar de Derechos Humanos nos hace cuestionar qué es lo que nos hace humanos. Hablamos de Derechos Humanos cuando nos referimos a los derechos que acompañan a cualquier persona por el hecho de ser humana. Por su parte, se considera que una acción es inhumana si atenta contra unos valores comunes a todos los individuos. Olvidamos que únicamente los seres humanos somos capaces de causar tanto daño a nuestra propia especie, solo los humanos somos capaces de actuar con extrema maldad y sevicia. Esto obedece a lo que sí nos hace humanos y nos diferencia de otros seres: la facultad de decidir o el libre albedrío. Cuando actuamos decidimos entre ser humanos o inhumanos y ser inhumano no es otra cosa que el resultado de una decisión.

Además, ¿qué tan comunes y arraigados se encuentran esos valores en esa diversidad de culturas que hoy habita en el planeta? Humano, propio del hombre, como ser imperfecto, ello implica hacer referencia tanto a aspectos positivos desde el punto de vista de la ética, como negativos. Sin embargo, a los ojos de la moral jurídica el ser inhumano es el resultado de una valoración ética negativa; es decir que ser inhumano es violar los Derechos Humanos y por lo tanto bajo la premisa de la conducta moral éticamente ideal debemos ser castigados o aleccionados por nuestras acciones negativas.

Lo cierto es que la protección de los Derechos Humanos no garantiza ni la paz ni el orden y mucho menos se constituyen en un atajo para convertirnos en mejores seres humanos, pero su importancia radica en que se traducen en un código de conducta ideal de la raza humana. Detrás de cada derecho existe un valor jurídico que se pretende proteger y que a su vez puede ser violado. Ante esta eventual situación, la ciencia jurídica establece generalmente una sanción. En ese orden de ideas, si la gran debilidad del Derecho Internacional es que carece de mecanismos para hacer efectivas las sanciones causadas a las violaciones de su ordenamiento, no es diferente cuando se habla de violaciones a los Derechos Humanos. Dado que en estos casos únicamente se puede hablar de una sanción moral o política, dicha sanción se convierte en un elemento esencial del manejo del poder detrás de los Derechos Humanos, pues condiciona la conducta de los Estados. No obstante, no es lo suficientemente efectiva como para poner in por sí misma a la violación, es decir que la sanción a nivel internacional no pone in a la trasgresión, y la víctima sigue siendo la víctima.

Crítica a la universidad de los derechos humano

Hacíamos referencia a esa especie de dualidad que caracteriza a los Derechos Humanos, por un lado su necesaria conexión con el Estado y por otra su universalidad.

Mientras que el Estado es un presupuesto para las teorías tradicionalistas, la teoría crítica internacional busca proporcionar un teoría social del Estado, lo que implica tener en cuenta la influencia de actores no estatales en él, por ejemplo la iglesia, prensa, sistema educativo, cultura, etc. Por lo tanto, el Estado debe ser concebido como algo inseparable de la sociedad civil. En ese sentido,…si bien la teoría crítica no se ha dirigido directamente al nivel internacional, esto no implica que las relaciones internacionales estén más allá de los límites de su incumbencia. Los escritos de Kant, Hegel y Marx en particular han demostrado que lo que pasa a nivel internacional es de inmenso significado para lograr una emancipación universal (Devetak, 1996: 147).

La importancia de la universalidad de los Derechos Humanos consiste en que mientras más extenso sea su reconocimiento en términos geográficos, mejor se puede ejercer el liderazgo hegemónico al que hace referencia Cox (Devetak, 1996: 160).

Dicho liderazgo se expresa en términos de intereses generales y universales, más que en servir los intereses propios. Es así como se forma la dominación: cuando un interés particular se muestra como universal.

Esto está ligado a la racionalización moral-práctica planteada por Linklater (1990), que se refiere a cómo se construye el orden y el consenso social y a la racionalización estratégica referida a cómo manipular y controlar a otros bajo condiciones de conflicto actual o potencial. La soberanía no tiene un significado o una caracterización fijas, sino que se constituye a partir de una lucha política continua sobre el significado de los límites y la constitución de identidades.

Durante mucho tiempo las identidades se construyeron con base en discursos políticos y actos cívicos, por lo que eran extremadamente nacionalistas. Hoy en día, por el contrario, las identidades se construyen con base en experiencias nacionalistas exitosas que buscan expandirse traspasando las fronteras nacionales. La identidad propuesta por la cultura occidental puede caracterizarse (Aguirre, 2003: 164) por ser ideológica y propagandística pues propone un mundo libre (libre empresa, ciudadanos libres, libre mercado); ideológica económica (capitalismo); y político culturalista: la cultura europea y norteamericana se constituyen en el factor que busca ser predominante en la civilización mundial. No se trata entonces de valores compartidos universalmente sino de la propagación de valores compartidos por algunas sociedades dominantes.

El trato igual es el trato que se dan los desiguales que a la vez son conscientes de su co-pertenencia… el respeto recíproco e igual para todos exigido por el universalismo sensible a las diferencias quiere una inclusión no niveladora ni clasificadora del otro en su alteridad.

Los Derechos Humanos tienden a la universalidad como ningún otro derecho, pero si furtivamente parte de ese discurso es afectado por una concepción del bien que no es universal, es decir “etnocéntrica”, ya no será compartida por otras culturas y por lo tanto su aceptación no sólo será más difícil, sino que su efectividad también se verá afectada por cierta carencia de peso moral.

Todas las acciones encaminadas al reconocimiento de los Derechos Humanos (sean llevadas a cabo por la sociedad civil, las ONG, los gobiernos o las Organizaciones Internacionales) tenderán a ser universales, el problema es que mientras más universales sean más lejos están del ser humano al que buscan proteger. Lo cierto es que la gran mayoría de humanos que habitan la tierra desconoce no sólo la existencia de los Derechos Humanos consagrados en documentos internacionales sino que ignora cómo hacerlos efectivos, o incluso, conociéndolos, sabe que la posibilidad de efectivizar esos derechos frente a Estados institucionalmente débiles es como luchar contra molinos de viento. El punto aquí es nuevamente de índole moral, a saber; si esas personas ignoran sus derechos fundamentales lo más probable es que sean víctimas de la manipulación que se realiza a través del discurso que se hace sobre los mismos y finalmente, que pese a las movilizaciones que se inicien en su nombre, es muy poco probable que vaya a sentir en carne propia que ellos se hacen efectivos en su vida cotidiana. La percepción de la mayoría de los ciudadanos es que los Derechos Humanos existen, pero demasiado lejos, pues lamentablemente son muy pocos los seres humanos que los ven o los viven.

Los Derechos Humanos se caracterizan entonces por ser imprescriptibles y universales. Pero ¿puede hablarse de universalidad cuando se habla de derechos? Los derechos están ligados al Estado, sea para su protección o para su consagración como tales. Si se habla de derechos reconocidos internacionalmente no se dice otra cosa que el reconocimiento que los Estados están dispuestos a realizar como un atributo de su soberanía. Esto significa que su reconocimiento depende de la disposición política de un Estado de proteger o violar las normas sin que la Comunidad Internacional pueda ejercer acciones efectivas al respecto. En el caso de los derechos fundamentales, la situación no es diferente, sino que existen claras diferenciaciones en cuanto a su implementación y en cuanto a su interpretación dependiendo del sistema jurídico del que se trate.

Quienes afirman que los Derechos Humanos son universales hablan de ideas y valores compartidos, olvidando que para decir que las ideas y los valores son compartidos es necesario hacer referencia a un proceso de interacción, por lo tanto no todas las sociedades se encuentran en el mismo momento del proceso y en muchos casos esas ideas y valores son compartidos pero como resultado de la imposición, lo que causa no pocos choques culturales y resistencia, fricciones sociales que repercuten en la misma violación de los Derechos Humanos que se trata de proteger (¡que contradicción!).

Esa necesidad de expandir los Derechos Humanos bajo la consigna de que son universales no deja de ser una dominación intelectual y política ejercida por unos frente a otros, y que naturalmente puede ser pacífica, pero que se ejerce a través de una presión constante o de condicionamientos evidentes.

Un ejemplo de ese discurso de dominación y encasillamiento es la creación de un nuevo término para medir la civilidad o civilización de las culturas y pueblos: el Índice de Desarrollo Humano (IDH), creado en 1990 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y que combina índices de esperanza de vida, educación e ingreso y que busca constituir un marco de referencia del nivel de desarrollo social y económico de los países (PNUD, 2008). El PNUD emite informes anuales globales, por región, o por país que hacen referencia al IDH respecto a diversos temas, entre ellos los Derechos Humanos. Estos informes tienen un gran impacto en la conducta que asumen los Estados al respecto. Una situación parecida se presenta con los informes que emiten las ONG, como ejemplo concreto los informes anuales de Amnistía Internacional o Human Rights Watch en temas específicos relacionados con los Derechos Humanos.

Si bien no es usual encontrar en la literatura actual referencias directas a las naciones civilizadas y no civilizadas, a partir del uso del IDH se crea un nuevo criterio de clasificación, que además es cuantitativamente medible, entre unos y otros. El discurso de los Derechos Humanos se ha convertido en una nueva forma de ejercer el poder porque pone a los Estados en una situación de presión, que los lleva a modificar su conducta, no precisamente por haber trasgredido los Derechos Humanos y pretenden enmendar la situación, sino por las consecuencias políticas que esto puede traerles a nivel internacional.

Los ejemplos que demuestran esto son muchos, baste hacer referencia a la situación de Turquía frente a la Unión Europea, o a los efectos que producen los Informes anuales mencionados. El papel que podrá asumir un Estado frente a esas publicaciones determinará el nivel de respeto que éste obtenga de sus semejantes, y por último su lugar en el juego de poder. Si un Estado quiere cambiar su situación en el sistema internacional no es tan importante que acuda a los tradicionales elementos de poder planteados por Morgenthau (1978), sino el manejo que se haga de la información de los Derechos Humanos.

Frente a cada reporte sobre la situación de Derechos Humanos que las Organizaciones Internacionales, las ONG u otro actor saque a la luz pública, los Estados, según su auto concepto, pueden asumir diversas posiciones frente a las situaciones mencionadas en los reportes: unos se constituyen en acusadores, otros en acusados.

El rol de acusador en muchos casos es ejercido por la Comunidad Internacional en general, pero ésta nunca será la acusada o la trasgresora, precisamente porque para ser miembro del club de la Comunidad Internacional, debe demostrarse que se vela y se protege los Derechos Humanos y que se es promotor de los mismos por fuera del propio territorio.

Un Estado acusado de ser trasgresor se encuentra ante dos opciones: hacer caso omiso de las acusaciones públicas basadas en los informes mencionados (que crecen de cualquier fuerza jurídicamente vinculante) apoyándose en su soberanía y del principio de no intervención, o también manipular el discurso respondiendo con información oficial de la situación de los Derechos Humanos en su territorio; o cambiar su imagen y así estar acreditado, por así decirlo, para formar parte de la Comunidad Internacional civilizada y no ser considerado un Estado paria. Lo más probable es que los Estados respondan positivamente a esa presión con tal de ganar legitimidad y mantenerse en el juego de las relaciones internacionales. Este juego, como sabemos, reporta grandes beneficios, sobre todo desde el punto de vista económico y comercial, por lo que cualquier Estado, actuando racionalmente, optará por demostrar, en mayor o menor medida, que cumple con la protección de los Derechos Humanos.

En otras palabras, el hecho de que los informes sirvan como base de acusación para los Estados y el condicionamiento de la conducta del Estado en cuestión (sea mediante el uso del garrote o de la zanahoria), éste último siempre podrá dar una respuesta meramente discursiva, es decir que sin necesidad de ir al fondo del asunto, que sería proteger efectivamente los Derechos Humanos, un Estado puede crear en la Comunidad Internacional la percepción de que sí los cumple. Y es ahí donde radica el engaño de los Derechos Humanos: en que parecer no es lo mismo que ser. El intercambio de información y el alcance que puedan tener los informes no causa, lamentablemente, el cumplimiento efectivo de la protección de los Derechos Humanos. Y lo más triste de esta situación es que una vez más el ser humano es víctima de sus propios derechos.

Conclusiones

Los historiadores críticos manifiestan que no se pueden analizar o estudiar hechos pasados y pretender entenderlos a cabalidad con una mentalidad actual, contrariamente tampoco se pueden estudiar ni analizar hechos actuales con mentalidades pasadas, o ajenas e impuestas. Esto sucede con los Derechos Humanos. Se parte de la característica universal del hecho se ser humano para sumir que los Derechos Humanos son universales cuando en realidad no lo son, o por lo menos no aún.

Cada evento necesita un análisis propio y si se pretende hablar de eventos a los que se les otorga la característica de universales por lo menos debe hacerse referencia a un previo diálogo entre todas las sociedades, de lo contrario no puede hablarse de interacción ni de valores comunes sino de valores propagados a través de un discurso que busca condicionar la conducta de los Estados. Por los resultados de esas conductas los Estados serán catalogados de civilizados o bárbaros.

Desde su reconocimiento como derechos fundamentales inmanentes al ser humano, los Derechos Humanos han sido mantenidos como una prioridad en la agenda internacional, sin embargo esto no quiere decir que estos derechos sean más efectivos en su aplicación. Lo que sucede es que los Derechos Humanos son utilizados para desarrollar una nueva forma de dominación a través del discurso.

Al propender por una universalización de los Derechos Humanos que limita la soberanía de los Estados olvidamos al ser humano, pues mientras más universales sean las acciones encaminadas a difundir esos valores más lejos se está del ser humano al que busca proteger.

* Fuente: Artículo publicado en la revista de Derechos Humanos del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica y disponible en el sitio Web: http://www.una.ac.cr / Enviado por www.institutoprisma.org