La 16 Conferencia de partes de la Convención Marco sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (CMNUCC) fue en realidad una cumbre económica capitalista en la cual se desarrollaron y perfeccionaron nuevos mecanismos e instrumentos para lucrar con el clima y con los bienes naturales. En Cancún el capitalismo verde parió un “Fondo Verde” administrado el Banco Mundial y apuntaló el mercado de carbono y la privatización de los bosques.

El acuerdo de la COP 16 aprobado el 11 de diciembre en Cancún contiene importantes compromisos en cuanto a mitigación y protección de los bosques; crea un fondo de financiamiento para apoyar a los países subdesarrollados; y garantiza que no habrá un vacío entre el primero y un posterior período del Protocolo de Kyoto, destacó el secretario general de la ONU Ban Ki-moon.

Si bien los acuerdos de la COP hablan de continuar negociando un segundo período de compromisos de reducción de emisiones dentro del Protocolo, al mismo tiempo dejan la puerta abierta para que se desmantele este único instrumento internacional de cumplimiento obligatorio que fenece en 2012.

El acuerdo de la COP 16 incluye un paquete mínimo de medidas para contrarrestar la crisis climática, y sólo promesas de financiamiento y reducción de emisiones de CO2. Más que una “victoria del multilateralismo”, como afirma la ONU, se trata de una victoria de las naciones ricas que dieron marcha atrás en sus compromisos y obligaciones de reducción de emisiones y financiación, al tiempo que se aseguraron una nueva fuente de lucro y especulación financiera: el mercado de carbono.

El acuerdo de Cancún es igual o peor que el Entendimiento de Copenhague de diciembre de 2009. “El paradigma de mitigación ha cambiado de legalmente vinculante a otro sistema de promesas y revisiones que es voluntario”, evaluó Meena Raman de Third World Network. Este acuerdo “no representa un paso adelante, es un paso atrás”, sentenció el embajador boliviano Pablo Solón.

No fue una negociación, fue una imposición

En la COP15 de Copenhague, Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua impugnaron el documento propuesto por Estados Unidos, China, India y Sudáfrica, y al plenario no le quedó otra opción que cerrar la Conferencia sin aprobar el texto por falta de consenso. Según las normas de Naciones Unidas, todos los acuerdos de la Convención deben ser adoptados por consenso y aprobados de forma unánime por los Estados participantes.

El 27 de enero de 2010, el representante de la Casa Blanca Michael Froman y la comisionada para acción climática de la UE Connie Hedegaard comenzaron a delinear una estrategia para evitar que “países poco constructivos”, como Venezuela y Bolivia, frustren nuevamente un acuerdo en la Conferencia de Cancún.

En principio, Froman propuso “neutralizar, captar o marginar” a los estados rebeldes, según cables filtrados por WikiLeaks. El 11 de febrero, Hedegaard planteó dividir al bloque de naciones en desarrollo y aseguró que los miembros de la Alianza de Pequeños Estados Insulares “podrían ser nuestros mejores aliados”, reveló WikiLeaks.

Pershing se entrevistó con embajador de las Maldivas en EE.UU. Abdul Ghafoor Mohamed y le ofreció financiamiento. Ghafoor le respondió que si se daba “ayuda tangible” a su país, otros países afectados se darían cuenta de “las ventajas que podían obtenerse mediante la conformidad” con la agenda de Washington. Uno de los primeros en ceder a las presiones del Departamento de Estado fue el primer ministro etíope Meles Zenawi.

El responsable adjunto de cambio climático de EE.UU. Jonathan Pershing doblegó a Maldivas con un paquete de ayuda de 50 millones de dólares, y luego muchas naciones africanas acosadas por las deudas capitularon frente a las generosas ofertas del Programa de Reducción de Emisiones de Carbono por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD en inglés).

Así, la feroz ofensiva diplomática de EE.UU. (con tratos confidenciales, presiones personales y sobornos) comenzó a aislar al bloque rebelde liderado por Bolivia mucho antes de que comience la COP16 en México.

Los delegados de Bolivia llegaron a Cancún con propuestas concretas acordadas por 35 mil personas en la histórica Conferencia Mundial de los Pueblos celebrada en Cochabamba en abril de 2010. Estaban decididos a ceder en muchas cosas y a concertar de muy buena fe un punto de encuentro, pero las potencias no estaban dispuestas a escuchar y mucho menos a “negociar”.

En Cancún se reprodujo el esquema de negociación de la OMC, donde la voluntad de unos pocos se impone sobre las necesidades de la población mundial, denunció la Alianza Social Continental (ASC) y otras organizaciones sociales como Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe (ATALC).

Los países desarrollados y sus agencias intensificaron la guerra sucia contra Bolivia, acusándola de ser la principal responsable de un eventual fracaso en la COP16. La presidenta de la COP desmereció las posiciones del ALBA, tildándolas de posturas más ideológicas y políticas que ambientales. Mientras tanto, algunas potencias intentaban “marginar, neutralizar o coaptar” a Cuba y Venezuela.

Los gobiernos más pequeños fueron “presionados, acosados, tentados con pequeños sobornos, insultados y coaccionados para que aceptaran el juego de las naciones ricas y emergentes-ricas”, describe Soumya Dutta de Diálogos Sudasiáticos sobre la Democracia Ecológica.

Un Grupo Informal (GI) de países desarrollados redactó un “acuerdo” global en reuniones poco transparentes, marginando a los “países poco constructivos”. Naciones pequeñas “aceptaron el acuerdo solamente por la plata, pese a que con la plata no vamos a reducir la temperatura”, se quejó el Presidente Morales. Luego algunos países como Papúa Nueva Guinea sugirieron que si no había posibilidades de alcanzar un acuerdo por consenso, éste debería aprobarse por votación.

Finalmente, la estrategia imperial fracturó al bloque ALBA y los socios de Bolivia terminaron refrendando un acuerdo que excluye prácticamente todas las otras propuestas del Acuerdo de los Pueblos. El acuerdo de Cancún no hace ninguna mención a los derechos de la tierra, a un acuerdo para discutir esto en un nivel multilateral; tampoco al Tribunal de Justicia Climática, ni a los impactos de la guerra en el cambio climático.

El Presidente Morales admitió que Bolivia fue aislada en Cancún, incluso por sus aliados del ALBA. “La revolución democrática cultural es muy diferente a la revolución de Cuba y a la revolución de Venezuela… Siempre en los eventos internacionales hay diferencias… (pero) esto no significa que Cuba o Venezuela nos abandonen, ya que el proyecto de la ALBA es un espacio de integración y de comercio justo” que continuará a pesar de las controversias, explicó Morales.

“Han conseguido marginarnos, pero no me molesta y estoy feliz y contento; eso viví en Chapare, lo viví como parlamentario y ahora lo estamos viviendo en el mundo. Los principios y los valores no se negocian y jamás Bolivia va a negociar los principios de los pueblos del mundo”, declaró el Presidente de Bolivia.

“No queremos ser cómplices de la forma cómo se lleva al planeta y a la humanidad hacia su desaparición; no podemos apoyar esto pues significaría que estamos de acuerdo con una situación que el Presidente Evo Morales ha descrito como un ecocidio y un genocidio”, justificó Solón.

No sólo Bolivia rechazó el resultado de la conferencia de Cancún “sino también nosotros y muchas otras organizaciones no gubernamentales”, declaró el presidente de los Amigos de la Tierra Alemania Hubert Weigner. “Bolivia tiene toda la razón… el resultado de Cancún es más que cuestionable”, dijo el periodista Werner Eckert.

Según el canciller cubano Bruno Rodríguez, Bolivia “habló a nombre de todos los pueblos y movimientos sociales de Latinoamérica” que exigían una acción real y eficaz para proteger el futuro de la humanidad y de la Madre Tierra.

¿Por qué Bolivia no firmó el acuerdo de Cancún?

La renovación del protocolo de Kyoto era una de las condiciones “innegociables” para lograr un resultado exitoso en Cancún, advirtieron los delegados de Brasil, India, China y Sudáfrica. No se admitirá un documento que no garantice el segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kyoto, señaló el negociador de Brasil Luiz A. Figuereido. [1]

Brasil apoyó un segundo período en el que se establezcan metas de reducción de emisiones de entre el 25% y 40%, como recomienda el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC en inglés). Rusia y Japón manifestaron que no participarán en un segundo periodo de compromisos del protocolo. Sin embargo, el representante de Rusia Alexander Bedritsky dijo que su país está dispuesto a reducir sus emisiones del 15% al 25% de aquí a 2020. El primer ministro de Japón Ryu Matsumoto se comprometió a recortar sus emisiones en un 25%. Estados Unidos dijo que reduciría sus emisiones de forma “similar” a los países industrializados, entre ellos la UE y Japón. [2]

Al final, el Grupo de Trabajo sobre el Protocolo de Kyoto acordó continuar negociando un segundo período de compromisos, pero sin explicitar fechas ni mecanismos para alcanzar ese objetivo. De esta forma, postergó la negociación del segundo período del protocolo hasta la Conferencia de Durban de Sudáfrica en 2011.

El Grupo de Trabajo de Coordinación a Largo Plazo abrió la posibilidad de negociar un nuevo acuerdo que reemplace al Protocolo de Kyoto. El capítulo 3 conocido como 1b1 hace referencia a un listado de compromisos en un documento que todavía no existe (FCCCSB/2010ux) y que se negociará más adelante. Es decir, no precisa cuáles son los compromisos de los países del anexo 1 en cuanto a metas de reducción de emisiones, en qué periodo de tiempo y con qué año base.

“No vinimos aquí a aprobar un cheque en blanco en el cual los países Anexo 1 pongan lo que quieran, sin saber siquiera si eso que van a poner tiene relación con la meta que fijan en el capítulo de Visión Compartida”, declaró Solón y rechazó el documento.

1. Metas insuficientes

En el grupo de Visión Compartida se acordó limitar la temperatura en dos grados centígrados, pese a que elIPCC advirtió que esa meta, ya consignada en el Acuerdo de Copenhague, solo garantiza el 50% de probabilidades de que no haya un impacto irreversible para la vida en el planeta.

Los países signatarios del acuerdo reconocen que los recortes de emisiones deben mantener la temperatura global por debajo de 2º C, y que lo ideal sería menos de 1,5º C. Además, asumen compromisos no vinculantes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que oscilan entre 13% y 17% antes de 2020, tomando en cuenta los niveles de 1990.

Bolivia previno que dichas promesas suponen un aumento de entre tres y cuatro grados centígrados. En ese caso, la cifra de 300 mil muertos por año debido a desastres naturales podría ascender a más de un millón para 2020; entre 20% y 30% de las especies estaría en peligro de desaparecer; las sequías e inundaciones afectarían diferentes regiones del planeta; grandes extensiones de bosques serían afectadas; se extenderían los desiertos; se agravaría el derretimiento de los polos y los glaciares; muchos Estados insulares desaparecerían, y se reduciría la producción de alimentos en el mundo.

Actualmente ya se sufren serios impactos con un incremento promedio de la temperatura de 0,8ºC. Por tanto, no podemos aceptar duplicar o triplicar ese incremento que sería catastrófico para la vida humana y la naturaleza, se pronunció la delegación de Bolivia.

2. El falso “fondo verde”

“Es el momento de lanzar un fondo verde que sirva de piedra angular de una estructura mejorada para el financiamiento”, anunció con bombos y platillos el jefe de la delegación de Estados Unidos Todd Stern. La cumbre de Cancún aprobó el famoso fondo verde, y creó mecanismos de financiamiento, transferencia de tecnología y adaptación, pero no garantizó recursos necesarios para su funcionamiento.

La Convención de cambio climático establece que los “países desarrollados proporcionarán recursos financieros nuevos y adicionales para cubrir los gastos de los países en vías de desarrollo”. Pero los países desarrollados ahora hablan de “movilizar” fondos necesarios para garantizar las acciones de mitigación y adaptación en los países en vías de desarrollo, contrariando el espíritu de la Convención.

El capítulo 4 del acuerdo señala que los países desarrollados “movilizarán” conjuntamente 100 billones de dólares para el año 2020. Las preguntas que quedan en el aire son: ¿Cómo conseguirán esos fondos; será dinero nuevo y adicional, o créditos e inversiones del sector privado?

Bolivia exigió absoluta claridad sobre este tema, que es parte de la deuda climática de los países del Anexo 1, responsables históricos del un 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero acumuladas en la atmósfera.

La propuesta del Estado Plurinacional de Bolivia es que los países desarrollados destinen el mismo monto que invierten en su presupuesto de defensa para atender el cambio climático. Ese monto (1.500.000 millones de dólares) es 15 veces superior al que ofrecen “movilizar”.

Hedegaard señaló que parte de los 30 mil millones de dólares de ayuda prometida al Sur para el período 2010-2012 llegaría en forma de garantías de préstamos. Pershing aclaró que “los donantes tienen que equilibrar la necesidad política de proveer un financiamiento real con las restricciones prácticas de presupuestos limitados”.

Se trata de un “maquillaje de los industrializados para no asumir sus responsabilidades frente al problema”, denunció Solón. La trampa está en que sólo un 20 por ciento de esos recursos proviene de las arcas públicas y el restante 80% son créditos, inversión privada y bonos del mercado de carbono. Por esta razón, Bolivia rechazó el acuerdo de Cancún.

3. El ratón cuida el queso

El Acuerdo de Cancún menciona que los fondos del clima serán administrados por el Banco Mundial, una institución que promovió proyectos extractivos y contaminantes en todo el mundo; que endeudó a los países del Sur, y que nunca defenderá los intereses de los países en vías de desarrollo porque se alimenta con dinero de las potencias ricas. [3]

Nunca hubo consenso para entregar el fondo verde al BM, ni siquiera de manera provisional o transitoria. Sin embargo, sorprendió profundamente a la delegación boliviana que el Banco Mundial aparezca ahora en los acuerdos de Cancún como el encargado de buscar soluciones al cambio climático.

“Sólo a un grupo de lunáticos se le puede ocurrir invitar al Banco Mundial a recibir los fondos del clima, con el historial inmenso que tiene de financiamiento de los proyectos más sucios del mundo y de condicionamientos de muerte a nuestros pueblos”, criticó Grace García de COECOCEIBA, Amigos de la Tierra Costa Rica. [4]

4. Derechos de propiedad intelectual

Se ha eliminado toda referencia al tema de los derechos de propiedad intelectual del Mecanismo de Transferencia de Tecnología, un pedido reiterado de los países en vías de desarrollo.

El acuerdo propone crear un comité ejecutivo de tecnología sin mandato para evaluar asuntos relativos a temas de propiedad intelectual. ¿Cómo es posible que este comité ejecutivo no tenga entre sus atribuciones ver los problemas de propiedad intelectual, sabiendo que entre el 70 y 80% de las patentes de tecnologías de energía limpia está en manos de empresas privadas de países desarrollados?, cuestionó Bolivia.

5. Mercantilización del clima

Christiana Figueres, experta en comercio de emisiones, y el presidente del Banco Mundial Robert Zoellick, partidario de mercantilizar no sólo los árboles sino también la agricultura y la biodiversidad, fueron los principales impulsores del documento de Cancún, que garantiza plenamente los intereses del capital.

Los negociadores cumplieron al pie de la letra las recomendaciones del BM y de las corporaciones. El acuerdo de Cancún impulsa el establecimiento de nuevos mecanismos de mercado como los proyectos REDD plus, a través de los cuales los países desarrollados traspasarán su responsabilidad de reducir sus emisiones a los países en vías de desarrollo. [5]

Los proyectos REDD entrañan un nuevo conjunto de derechos de propiedad comercializables, basados en los árboles y otros servicios ambientales, explicó el director ejecutivo de la Red Indígena Ambientalista Tom Goldtooth. Estos instrumentos promueven la valoración monetaria de la capacidad de captura de carbono de los bosques para iniciar un nuevo tipo de mercado de carbono, que significará el comienzo de la mercantilización de las funciones de la naturaleza, denunciaron los representantes bolivianos.

“Proteger los bosques naturales intactos y la restauración del bosque natural degradado no es un ‘objetivo central’ del trato del REDD acordado en Cancún”, comentó el fundador de la ONG REDD-Monitor Chris Lang. “Los nuevos textos siguen viendo los bosques como simples reservas de carbono (sumideros) y se orientan hacia el comercio de emisiones”, afirmó ATALC.

El mandato de la COP13 de Bali era estudiar nuevos mecanismos y opciones que ayuden a reducir las emisiones, pero hasta ahora sólo se ha desarrollado el mercado de carbono. No se toman en cuenta otras opciones al margen del mercado, como por ejemplo nuevos impuestos, la propuesta ecuatoriana de reducción de emisiones netas evitadas, nuevos marcos regulatorios y normativos, medidas precautorias y la cuantificación del impacto de las guerras.

Bolivia propuso crear un mecanismo para detener la deforestación y degradación al margen del mercado de carbono, cuyo objetivo no sea “hacer negocios” sino salvar a los bosques garantizando infraestructura, fuentes alternativas de trabajo, sistemas regulatorios y de guarda parques, y mecanismos para apagar incendios.

El planteamiento boliviano se discutió ampliamente en los debates previos, pero fue excluido del texto final de Cancún. Ahora el enfoque dominante es la valoración de los bosques en términos de su capacidad de captura de CO2. Aunque no se menciona directamente al mercado de carbono, la idea es ponerle precio a los árboles en una tercera fase de negociación.

Bolivia cuestionó: ¿Por qué no se toman en cuenta las alternativas al mercado de carbono? Si en un principio las potencias estaban de acuerdo con estudiar varias opciones, ¿por qué luego cambiaron a un debate monotemático que hace referencia únicamente al mercado de carbono?

Las potencias ricas aseguran que proteger los bosques es la forma “más rápida y barata” de reducir emisiones de CO2, pero no dicen que la deforestación de los bosques tropicales aporta sólo el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Antes de expandir los mecanismos de mercado de carbono se debería evaluar sí han funcionado realmente. Todos saben que estos artilugios del capitalismo no ayudaron a reducir realmente las emisiones, pero los países ricos insisten en expandir esa lógica mercantilista que convertirá al clima en un nuevo “activo” de la especulación financiera.

En muchos acápites del acuerdo de Cancún, sobre todo en el capítulo Ib5, se da la impresión de que existe un consenso respecto a los nuevos mecanismos de mercado, pese a que Bolivia y otros países del ALBA aclararon varias veces que no existe tal consenso.

Notas:

[1] “No hay posibilidad de vislumbrar la continuidad de la lucha contra el cambio climático sin Kyoto. Hay dificultades de adopción de nuevas metas, mas es necesario que en Cancún los países den una señal política clara de nuevos números para el protocolo… la eliminación del Protocolo significaría tener que recomenzar la negociación de reglas internacionales, lo cual sería una pérdida de tiempo delante de la urgencia de los cambios climáticos”, declaró Figuereido.

[2] Cuba defendió el principio de equidad y responsabilidades comunes, pero diferenciadas en la reducción de emisiones contaminantes, como establece la convención de la ONU sobre el cambio climático. El reclamo fue planteado en nombre de Argentina, Brasil, China, Arabia Saudita y la India, en la sesión del órgano subsidiario para el asesoramiento científico y técnico. “Se debería respetar la diferenciación entre los países en desarrollo y desarrollados establecida en la Cmnucc y no crear compromisos vinculantes de reducciones cuantificables para los países en desarrollo”, dijo el director de Medio Ambiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba Orlando Rey. El funcionario instó a la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) y a la Organización Marítima Internacional a orientarse por el principio de promoción de un sistema económico en el mundo, abierto y propicio, que conduzca al desarrollo de todas las partes, en particular de los países en desarrollo. Calificó de injusta la aplicación de medidas globales y vinculantes de reducción de emisiones en el transporte internacional para los países en desarrollo, como es la propuesta para un crecimiento neutral en carbono para 2020, y la creación de mecanismos basados en mercados globales en ese sector. Esas disposiciones, dijo, derivan en un aumento de los costos del transporte internacional, y, por ende, afectan el comercio de esos países, limitando su desarrollo económico y social. (Prensa Latina)

[3] El Banco Mundial repartió 4,4 mil millones dólares para proyectos de energía eléctrica en base a carbón, y otros 6.286 millones para proyectos de energía basados en combustibles fósiles, según Christian Aid. Se sabe que el carbón es el más sucio de todos los combustibles fósiles y el que más agrava la crisis climática. El BM ejecuta el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal y la Convención de Lucha contra la Desertificación. Además, es la principal fuente de financiamiento de proyectos de apoyo al Convenio sobre Diversidad Biológica y la Convención de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs).

[4] Jubileo Sur; Coalición contra la Deuda de Filipinas; Alianza Pan-Africana de Justicia Climática y el Foro de Organizaciones no Gubernamentales sobre el Banco Mundial de Asia (ADB) también rechazan la participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Africano de Desarrollo (ADB).

[5] Estos mecanismos aparecieron en la COP 11 de Montreal en diciembre de 2005 y se convirtieron en el eje del debate en la COP 13 de Bali. Los REDD se han convertido en una amenaza para los pueblos indígenas y las comunidades locales puesto que vulneran su derecho a la consulta previa, libre e informada, consagrada en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos Indígenas.

Fuente: Boletín N. 87 del Servicio de Noticias Ambientales (SENA) del Fobomade.