La Contraloría General del Estado (CGE) denunció al ex acalde de La Paz Juan del Granado por la presunta comisión de los delitos de Uso Indebido de Influencias, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas, Contratos Lesivos al Estado y Conducta Antieconómica, al suscribir dos adendas del contrato de construcción de los Puentes Trillizos que encarecieron la obra en más de 40 por ciento.

El contrato original suscrito el 13 de julio de 2007 estipulaba un precio de 14.383.319 dólares. La cláusula décima séptima establecía que, por tratarse de un contrato llave en mano, bajo ningún aspecto, fundamento o variable se podía realizar un reajuste de precios.

Mediante una primera adenda suscrita el 13 de marzo de 2008, el Gobierno Municipal de La Paz pagó anticipos equivalentes al 31% del valor del contrato original en dólares ($us 4.520.504), además del anticipo del 20% previsto en el contrato original.

El Decreto Supremo 29603 del 11 de junio de 2008, que regula la modificación de precios de las contrataciones estatales por la “subida de precios de los materiales”, prohibió cualquier modificación de los contratos “Llave en Mano”.

A pesar de ello, el 18 de junio de 2009 el Gobierno Municipal y la Asociación Accidental Progreso suscribieron una segunda adenda para que el contrato suscrito en dólares sea expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV´s).

Los argumentos fueron la supuesta devaluación del dólar respecto del boliviano en forma imprevista, el incremento de precios de insumos del proyecto y el riesgo en la conclusión del proyecto. A tal efecto, invocaron el Artículo 33 de la Ley 1178, que se aplica en casos en los que se procure mayor beneficio para la entidad.

Según el Banco Central de Bolivia, la devaluación del dólar se produjo desde junio de 2005, dos años antes a la suscripción del Contrato original. Anteriormente, el Concejo Municipal había rechazado unánimemente un contrato modificatorio, bajo los mismos planteamientos.

Ante una consulta del concejal Hernán Paredes, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas señaló que los contratos llave en mano no podrían sufrir modificaciones.

Al 2 de septiembre de 2010, esta adenda incrementó el precio del contrato en $us 4.509.711, es decir un 40%, de los cuales la Municipalidad a esa fecha habría pagado la suma de $us 3.010.921.

Por esas razones, el gerente departamental de La Paz de la CGE Jaime Prudencio Gutiérrez presentó la demanda contra Del Granado, acusándolo de la presunta comisión de los delitos de “Uso Indebido de Influencias”, “Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas”, “Contratos Lesivos al Estado” y “Conducta Antieconómica”. Acusó también a Juan Héctor Ascui Sandoval, representante de AAP y responsable de la suscripción de las adendas del 13 de marzo de 2008 y del 18 de junio de 2009.

Gabriela Niño de Guzmán García, Miguel Quispe Callisaya, Jhenny Cárdenas Villanueva, Rosario Aguilar Rodríguez, Nicolás Huallpara Aruquipa y Martín Rengel Luna, entonces Concejales Municipales, fueron acusados de los delitos de “Incumplimiento de deberes” y “Conducta antieconómica”, por haber omitido su función de fiscalización sobre las adendas.