El gobierno de Evo Morales se gana la confianza y la lealtad de las Fuerzas Armadas sin escatimar esfuerzos ni recursos. El Presidente confió a los militares la ejecución de los principales programas sociales de su administración, les repartió cargos y cuotas de poder y consolidó sus viejos privilegios. Los comandantes del alto mando de las FF.AA. se niegan a desclasificar archivos de las dictaduras, desacatando abiertamente al menos tres órdenes judiciales, pero Morales los exime de culpa y los legisladores del MAS los condecoran con la “Medalla al Mérito Democrático”.

Evo Morales cuidó con mucho esmero su relación con las FF.AA. desde su primer año de gobierno, replicando en parte la estrategia adoptada por Víctor Paz Estenssoro a partir de 1960. Al igual que el MNR, el MAS restauró progresivamente las prerrogativas de las Fuerzas Armadas como principal garantía “del orden” y le encargó trabajos en zonas rurales con el fin de acercarlos a la población civil.

Los militares bolivianos están acostumbrados a la buena vida. En los años 60 del siglo pasado medraron de la millonaria ayuda norteamericana y de los presupuestos públicos de defensa, [1] y ahora son los mimados del primer Estado Plurinacional. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 2007 los militares lograron mayores ingresos que profesionales y directivos de empresas privadas y públicas.

Lo más curioso es que el gobierno de Morales parece reeditar el viejo “pacto militar-campesino” urdido durante el gobierno de Barrientos para sofocar las rebeliones obreras y los focos guerrilleros. [2]

El ex oficial de Ejército Juan Ramón Quintana es uno de los principales operadores políticos del gobierno de Evo Morales. Su misión siempre ha sido garantizar la fidelidad de los militares distribuyendo cuotas de poder en diferentes reparticiones públicas, como por ejemplo la Aduana, la Prefectura de Pando y la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (ADEMAF).

La ADEMAF fue creada en junio de 2010 con el objetivo de sentar presencia militar en las fronteras. Su director Juan Ramón Quintana asegura que en cinco meses de labor esa institución estatal recuperó el “espíritu territorial en las poblaciones fronterizas de Pando, Beni y Santa Cruz”.

La administración de Morales prevé crear un Fondo de Defensa con recursos provenientes de la exportación del gas, petróleo y de la explotación de otros recursos naturales para renovar el equipo bélico de las Fuerzas Armadas.

El Ejecutivo también planea instituir una Autoridad Marítima, Fluvial y Lacustre a cargo del Comandante General de la Armada Boliviana, con poderes plenos sobre los espejos de agua, cuerpos de agua, fondo y subsuelo de los espacios acuáticos del Estado Plurinacional de Bolivia, incluyendo la superficie, suelo y subsuelo de los espacios ribereños con influencia en el espacio acuático del Estado.

En la actualidad, los militares se encargan de las tareas de coordinación y logística del millonario programa gubernamental Bolivia Cambia, Evo Cumple, y también del pago de bonos sociales.

Por otro lado, el gobierno presentó el anteproyecto de Ley de Seguro Social Militar que garantizará que la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL) se mantenga como institución de prestación de salud, pero con el agregado de un rango legislativo que permita su fortalecimiento.

También está listo el anteproyecto de Ley del Sistema Educativo Militar que fortalece especialmente a la Universidad de la Fuerzas Armadas para dar rango académico a la formación de los oficiales de esa institución.

Evo saca cara por los militares

El Ministerio de Defensa y la propia Corte Suprema de Justicia ordenaron a las Fuerzas Armadas desclasificar los archivos de las dictaduras de Barrientos, Ovando, Banzer, Natusch Busch y García Meza, pero el Alto Mando se niega sistemáticamente a publicar esos documentos que ayudarían a encontrar los restos de decenas de dirigentes políticos asesinados, entre ellos Marcelo Quiroga Santa Cruz, desaparecido en la dictadura de García Meza.

En abril de este año, la Corte Suprema de Justicia ordenó al comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas que desclasifique los archivos del departamento II del Cuartel de Miraflores, pero hasta la fecha la comisión de fiscales que investiga las desapariciones forzosas no ha podido acceder a la documentación secreta.

Pese a ello, la Asamblea Legislativa bajó control del oficialismo condecoró a las Fuerzas Armadas con la “Medalla al Mérito Democrático” que paradójicamente lleva el nombre de Marcelo Quiroga Santa Cruz.

El lunes de esta semana, el Presidente en persona salió en defensa de las FF.AA. y aseguró que no ocultan documentos clasificados que den pistas sobre la ubicación de los restos mortales de Quiroga Santa Cruz.

Morales aseguró que desde que asumió el mando en enero de 2006 busca documentos que ayuden a encontrar los restos de Quiroga en coordinación con el Alto Mando. “Nos hemos movilizado, hasta dijimos que vamos a pagar plata si alguien sabe dónde están, pero hicieron desaparecer los documentos, y luego me informaron que lo que quedaba siguen haciendo desaparecer”, confesó el Presidente.

Según Morales, sólo los jueces y fiscales que “quieren proyectarse con miras a las elecciones de tribunos y supremos” creen que las FF.AA. y el Mando Militar están ocultando documentos. “Seamos serios… en época de las dictaduras iban a botar muertos en el monte… y ahora no hay nada que ocultar…”, afirmó el Presidente.

“Eso es muy grave; (Morales) le pone caso cerrado a las investigaciones en sentido figurado. Estaría desahuciando toda esperanza de los familiares de hallar a sus seres queridos y el trabajo que se pretende hacer”, lamentó el fiscal Milton Mendoza.

“Es una actitud antidemocrática decirle al país que no tiene derecho a la memoria, es como decirle a los familiares que no tienen derecho a seguir buscando los restos de sus seres queridos; es contradictorio que el Presidente sea el encargado de desahuciar las esperanzas del pueblo”, criticó el ex defensor del Pueblo Waldo Albarracín.

Si el Presidente sabe que lanzaban cuerpos a la selva desde aviones y si está tan seguro de que las FF.AA. no ocultan nada será muy importante que revele sus fuentes información, planteó el fiscal Mendoza. El Ministerio Público solicitará a Morales que formalice sus declaraciones.

Notas:

[1] Los oficiales se beneficiaron masivamente de los programas norteamericanos. Según Robert P. Case, entre 1950 y 1960 fueron entrenados 1.273 oficiales y suboficiales. A fines de 1963, Bolivia contaba con más diplomados de Fort Bragg (US Army Special Warfare School) que cualquier otro país del América Latina. “El embrollo boliviano, Turbulencias sociales y desplazamientos políticos 1952 – 1982”, Jean Pierre Lavaud.

[2]. El rol de las Fuerzas Armadas en el gobierno del MAS, Nina Guevara, http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2010032307