El Estado Plurinacional de Bolivia presentará ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya una demanda de invalidación del acuerdo de la 16 Conferencia de partes de la Convención sobre cambio climático, aprobado en México sin consenso pleno. Los delegados de Bolivia no quisieron ser “cómplices de la forma cómo se lleva al planeta y a la humanidad hacia su desaparición” y por ello no firmaron la Declaración de Cancún, que es peor que el denominado “entendimiento de Copenhague” de diciembre de 2009.

La 16 Convención Marco de las partes de la ONU para el Cambio Climático (CMNUCC) aprobó el 11 de diciembre el Acuerdo de Cancún, un paquete mínimo de medidas para contrarrestar la crisis climática, que incluye sólo promesas de reducción de emisiones de CO2 y de financiamiento.

Las negociaciones no fueron transparentes ni abiertas, y el texto final fue impuesto por un pequeño grupo de países desarrollados, los cuales se negaron a aprobar nuevos compromisos de reducción de emisiones en un segundo período del Protocolo de Kyoto.

El acuerdo de Cancún dice casi lo mismo que el Acuerdo de Copenhague, rechazado porque no responde a las necesidades del planeta y sólo favorece a las potencias y a las grandes corporaciones transnacionales.

Los textos de la COP 16 hablan de continuar negociando un segundo período de compromisos dentro del Protocolo de Kyoto, pero dejan la puerta abierta para que se desmantele el único tratado internacional sobre reducción de emisiones de cumplimiento obligatorio.

Los delegados de Bolivia llevaron a Cancún las propuestas acordadas por 35 mil personas en la histórica Conferencia Mundial de los Pueblos de Cochabamba en abril de 2010. “Bolivia llegó a Cancún de buena fe, con propuestas concretas, buscando soluciones justas y dispuestos a ceder en muchas cosas, salvo la vida de los pueblos del mundo”. Pero el documento aprobado en Cancún sólo refleja las posiciones de los países desarrollados y excluye prácticamente todas las propuestas del Estado Plurinacional de Bolivia.

Por ejemplo, Bolivia exigió a los países industrializados que inviertan en la restauración del planeta la misma cantidad de dinero que gastan en la compra de armamento. Pero las potencias optaron por crear un “Fondo Verde” de apenas 100 mil millones de dólares para apoyar a las naciones en desarrollo.

Se trata de un “maquillaje de los industrializados para no asumir sus responsabilidades frente al problema”. La trampa está en que sólo un 20 por ciento de esos recursos proviene de las arcas públicas y el restante 80% son créditos, inversión privada y bonos del mercado de carbono.

En los hechos, las naciones desarrolladas, principales responsables del calentamiento global, dieron marcha atrás en sus compromisos de reducción de emisiones y de financiación, y descargaron sus responsabilidades sobre las espaldas de las naciones en vías de desarrollo, las más afectadas por el cambio climático.

El Estado Plurinacional de Bolivia rechazó el documento, y por lo tanto no había consenso para su adopción. “Desde el momento en que uno, dos o 10 países no aceptan un documento, ese documento es inválido, pero la Conferencia aprobó el texto sin respetar los procedimientos de la convención marco sobre el cambio climático, y por tanto el Estado Plurinacional va a hacer una demanda ante la Corte Internacional de Justicia del Haya”, anunció el Presidente Evo Morales.

La Declaración de Cancún fue aprobada de forma arbitraria; “no se ha respetado el principio del consenso y se ha cometido un atropello muy grande violando las reglas del multilateralismo, por lo que iniciaremos las acciones legales que correspondan”, confirmó el embajador de Bolivia en la ONU Pablo Solón.