Las leyes de cualquier naturaleza (social, económica, educativa, etc.) impuestas por el Estado expresan los intereses materiales, ideológicos y políticos de la clase social que en determinado momento tiene en sus manos el control de la economía y del poder político. Así, la ley educativa Siñani Pérez no es simplemente una suma de capítulos y artículos que se pueden modificar, suprimir o aumentar, pensando que así se logrará cambiar sustancialmente su contenido de clase.

Frecuentemente, las tendencias políticas reformistas parten del principio de que modificando gradualmente las partes de una ley se puede terminar cambiando el contenido de clase de la misma. Otras veces, las masas asumen que para preservar derechos y conquistas no hay otro camino que modificar determinados artículos considerados peligrosos o apelar al recurso de la reglamentación en su aplicación.

Se constata este extremo en las visitas que se hacen a las unidades educativas y en la atención que prestan las masas al debate que se está desarrollando en torno al problema educativo. ¿Cómo entender esta actitud de las masas si no conocen el contenido de dicho documento, más allá de la millonaria campaña publicitaria que desarrolla el gobierno con la manifiesta intención de crear una opinión pública favorable para volcarla contra sus críticos del magisterio?

No cabe duda que se trata de una actitud instintiva; sin tener una razón lógica, las masas intuyen que todo lo que hace el gobierno es malo y que les va a provocar mucho daño. Esta actitud es parte del proceso de emancipación del control del gobierno que los explotados están viviendo de manera cada vez más acelerada. Los maestros en particular ven que sus conquistas económicas, sociales y profesionales se verán afectadas con la aplicación de la nueva ley “Siñani Pérez”, porque ya han sufrido en carne propia las consecuencias de la aplicación de la reforma imperialista (Ley 1565) y de la “participación popular”.

Sin embargo, ambas posturas (del reformismo y de las bases del magisterio) confunden inevitablemente a los combatientes al mostrarles una falsa perspectiva que, al mismo tiempo, puede conducir a la derrota porque, en última instancia, se termina aceptando la ley que pretenden imponer la clase dominante y su Estado. Sólo como ejemplo, es útil recordar que cuando se discutía la reforma educativa del Banco Mundial (ley 1565), las tendencias reformistas encabezadas por el PCB manejaron la tesis de que corrigiendo 13 artículos de esa ley, en sentido de lograr mayores garantías para preservar las conquistas del magisterio, ya se había logrado transformar sustancialmente la misma convirtiéndola de mala en buena. La experiencia posterior demostró hasta la saciedad la falsedad de esa tesis.

La naturaleza imperialista de esa ley, que tuvo como finalidad reducir hasta lo mínimo el costo educativo orientándola hacia su privatización, no ha podido consolidarse plenamente sólo gracias a la resistencia del magisterio y de la población, pero ha tenido un costo alto porque su fracaso ha agravado mucho más la crisis educativa en el país.

Ahora, cuando se discute el proyecto de ley educativa “Siñani – Pérez”, esas mismas tendencias empiezan a manejar la idea de que el proyecto tiene aspectos malos y buenos, que es posible plantear el debate en sentido de cambiar o aminorar lo negativo, de manera que se pueda “consensuar” una ley buena. En este sentido, dirigentes sindicales oficialistas y gobierno introducen en el proyecto de ley el artículo 2 (disposiciones generales), haciendo concesiones a la educación privada, a los convenios educativos, al magisterio y a los estudiantes.

Por este camino se termina en la capitulación, creando en la conciencia de las bases la ilusión de que el referido artículo 2 ya es una garantía del respeto de las conquistas económicas, sociales y profesionales de los maestros, y que en la correspondiente reglamentación todavía habrá la posibilidad de marcar con claridad los espacios donde tienen que moverse la participación comunitaria popular y el magisterio para establecer una relación “complementaria” y armónica entre ellos.

No es así; una ley, como ya hemos dicho, expresa un contenido de clase, el tipo de estado y de educación que se pretende implantar en el país, y en definitiva la clase de hombres y mujeres que se busca formar. Lo demás, la estructura del sistema educativo (organización curricular, organización administrativa, apoyo técnico – pedagógico, la participación comunitaria popular) no es más que la ejecución de los fundamentos que se plantean.

Por todo lo dicho, lo fundamental en el actual debate educativo es discutir en torno a las bases, fines y objetivos de la educación. En definitiva, corresponde discutir los objetivos ideológicos, políticos, sociológicos, filosóficos, epistemológicos, etc., del proyecto que el gobierno está afanosamente aprobando en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sólo la deliberación en torno a este aspecto permitirá al magisterio y al país desnudar la verdadera naturaleza reaccionaria del gobierno del MAS y descubrir el contenido retrógrado, anticientífico y etnocentrista de su proyecto educativo.

La corriente revolucionaria polariza con el gobierno en este debate. Las posiciones de ambos extremos son diametralmente opuestas, en la medida en que la reforma del gobierno repite las bases fundamentales de la fracasada reforma imperialista en materia educativa, mientras la corriente revolucionaria ratifica su análisis sobre la naturaleza de la crisis universal de la educación y señala con claridad cuál es el camino para superar la misma: cambiar radicalmente las bases materiales de funcionamiento de la sociedad capitalista. No se trata, pues, de una discusión puramente pedagógica sino de un debate esencialmente político.

No hay que olvidar que el gobierno del MAS, por su defensa intransigente de la gran propiedad privada de los medios de producción, está condenado a desarrollar una franca política burguesa. En esta medida, está predestinado no sólo a defender los intereses materiales de la clase dominante nativa sino también los del imperialismo encarnado en las transnacionales que hacen millonarias inversiones en este país. Esta defensa no se limita sólo al plano económico y social sino que también se expresa en la política educativa.

En la concepción educativa oficialista, los niños y jóvenes “vivirán bien” cuando adquieran “competencias” y habilidades para desarrollarse plenamente en las actividades productivas de su entorno predominantemente capitalista. De esta forma, los postulados de la escuela productiva, científica y tecnológica, y la excesiva especialización en todos los niveles de la educación de la ley Siñani Pérez terminan fatalmente reproduciendo los postulados de la educación conductista y funcionalista que desarrolló el capitalismo en los países metropolitanos.

El reto es explicar de manera didáctica este problema teóricamente denso, de tal modo que sea accesible para las grandes mayorías de los explotados. Se trata de demostrar objetivamente las limitaciones políticas del gobierno, que a pesar de sus poses antiimperialistas, repite los aspectos esenciales de la reforma educativa imperialista que vive los últimos momentos de su fracaso.

En el escenario político actual, el debate en torno al problema educativo –junto a la ley de pensiones, la ley laboral que tozudamente busca imponer el Ejecutivo y al incremento de los sueldos y salarios como respuesta a la subida espectacular que se está produciendo en los precios de los artículos de primera necesidad–, puede convertirse en un componente importante del programa de lucha de los trabajadores, y tornarse en un factor más que impulse a los explotados a expresarse como fuerza material protagonizando movilizaciones callejeras una vez que concluyan las cortas vacaciones de fin de año.

* Profesor de Filosofía y dirigente de la trotskista Unión Revolucionaria de Maestros (URMA).