La corta memoria de los ya de por sí ocultados episodios catastróficos de la historia del petróleo boliviano, favorece la profundización de las letales consecuencias. La – de momento – tibia reacción del pueblo boliviano ante el Decreto 0676 , aprovado por el gobierno de Evo Morales el 20 de octubre de 2010, que multiplica por dos las áreas petroleras del país, se emmarca en esta amnesia generalizada que olvida los tristes acontecimientos de la historia contemporánea para tropezar una y otra vez con las misma piedra.

Un decreto para la invasión

Bolivia, con más de un siglo de historia petrolera y siglos de condena por la política extractivista de sus recursos, renueva su apuesta entregando sus tierras más ricas y bien conservadas del país a las transnacionales petroleras. La nueva ofensiva negra, adornada con los más repetidos argumentos de progreso económico para el país, sirve en bandeja millones de hectáreas de áreas protegidas amazónicas y chaqueñas, así como los últimos territorios indígenas sin invadir para que las nuevas “socias”, – con capital y domicilios deslocalizados – machaquen el territorio en la actividad más nociva del planeta.

Entre otras áreas de importancia biológica mundial, el decreto 0676 convierte en bloque petrolero más de 690 mil hectáreas del “hot spot” en biodiversidad Parque Nacional Madidi; 723 mil hectáreas en el parque nacional y territorio indígena Isiboro Sécure, 154 mil hectáreas del Parque Nacional Aguaragüe; 100 mil hectáreas del área de manejo integrado de Iñao.

La mágica fórmula del nuevo decreto de Evo, presume de la más rentable estrategia para el Estado, pero recuerda demasiado a la nefasta “capitalización” aplicada por sus antecesores neoliberales. La empresa estatal YPFB, se adjudicó en 2007 33 áreas de interés hidrocarburífero, varias de ellas en el interior de áreas protegidas intactas. Ahora, el Decreto abre las puertas para que las corporaciones privadas ingresen en estos territorios asociadas a YPFB para inciciar la fase de exploración sísmica. En los oscuros años de la entrega -“a precio de gallina muerta”- de todas las empresas estatales, similares argumentos embaucaron al pueblo boliviano a desprenderse de todo a cambio de promesas extranjeras.

Los pasivos ambientales están ahí

Existen y están presentes en cada una de las concesiones petroleras del país – y del continente. Sin embargo, paradójicamente ningún decreto petrolero los menciona, a pesar de ser éstos aprobados bajo la envoltura del “interés nacional”.

Los pasivos ambientales, son aquellas externalidades que las petroleras transfieren a los ecosistemas, a los habitantes y a las generaciones futuras. Difíciles de cuantificar- inconmesurables-, la degradación territorial, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de ríos y acuíferos, no son cuantificados en el precio del barril, ni en las regalías que percibe – y presume- el Estado. Son la golosina envenenada de la economía extractivista. Pan para hoy, hambre para mañana o peor, dinero para hoy, cáncer para mañana.

Los pasivos ambientales son la indigesta cuenta que nos llega a la mesa tras un banquete y nos corta la digestión. La clase política se deshace de ellos tras agotar el mandato, así como las empresas lo hacen vendiendo activos y cambiando de nombre. En Bolivia se los encuentra en los abortos de ganado en las orillas del Desaguadero, o en los pacús y surubís con mercurio de los ríos del Chapare. Dejan rastro por la historia del petróleo pero se olvidan con demasiada facilidad. Se los hunde en el olvido, pero resurgen bajo las piedras, transformados en malnutrición o enfermedad.

Refrescando la memoria del vertido

Ya en el profundo socavón neoliberal, se justificó la privatización para limpiar los desmanes ambientales de YPFB. De hecho, uno de los argumentos utilizados para defender la capitalización de YPFB, que significó la partición y entrega de la empresa petrolera estatal a tres consorcios transnaciononales en 1996, se refiere a los impactos ambientales que generó la empresa estatal y que sólo podrían ser enfrentados por las empresas capitalizadas. Previo al proceso se encargó una auditoría. En los resultados preliminares, las capitalizadas debían asumir una responsabilidad ambiental de 8 millones de dólares. Sin embargo, el resultado de una segunda auditoría ambiental en 1999 resultó que los pasivos ambientales ascendían a 30 millones de dólares. Estos errores cometidos en el proceso de capitalización generaron una abultada deuda ambiental para el Estado.

Posteriormente, el Decreto Supremo 24412, el Estado asume la responsabilidad de los pasivos ambientales, para hacer “más atractivos los bienes estatales transferidos” . La ampliación de la frontera petrolera al interior de la Amazonía, la construcción de mega infraestructuras de exportación y, sobretodo, la identificación de las transnacionales por el pueblo como organizaciones usurpadoras del país, generó un nuevo escenario de conflictos socio-ambientales y territoriales de las poblaciones más directamente afectadas.

De esta época destacan conflictos ambientales como el derrame del Desaguadero (Transredes, 2000, Montoya, 2002), Repsol en el TIPNIS (Gavaldà, 1999), Gasoducto Bolivia-Brasil (Crespo y Guardia, 2000), Gasoducto San Miguel-Cuiabá (OICH y Ceades, 2004) o el ingreso de petroleras en áreas protegidas (Gavaldà, 2003).

Conflictos ambientales del petróleo

Existe insuficiente documentación sobre los conflictos generados por la indústria petrolera. Un repaso documental realizado en 2008 recopiló una muestra de publicaciones que rompen el aislamiento regional de los conflictos, para, al menos en el plano comunicativo, socializar un conflicto ambiental desconocido para el público urbano. La temática del conflicto es abordada normalmente desde una perspectiva sociológica, o antropológica también en conflictos ubicados en territorios indígenas. Se hacen cuestionamientos alrededor de las estrategias de movilización y resistencia, el empoderamiento de las comunidades o el deficitario rol que cumple el Estado en su papel de mediador entre las comunidades y la empresa petrolera.

A continuación, una cronología incompleta de conflictos documentados:

Campesinos del Chapare y los pasivos ambientales de Chaco S.A (1996-)

Rotura del Gasoducto Yabog de Transredes a su paso por el río Pilcomayo, en febrero de 1997, lo trasladan al puente ferroviario generando quejas de Villamontes (1998)

Universitarios contra la exploración sísmica de Maxus en el Valle Sajta (1998)

Campesinos, yuracarés y moxeños contra la actividad de Repsol en el TIPNIS (1996-2000)

Derrame de Transredes en el Desaguadero (1999- )

Incendio en el pozo Madrejones (1999-2000)

Contaminación de Chaco SA en la comunidad Ipa- Villamontes (2000)

Contaminación en la quebrada Los Monos (2000)

Campesinos evitan entrada de Andina S.A en el interior en PN Amboró (2000)

Contaminación petrolera en el PN Aguaragüe (2003)

Construcción Gasoducto Empalme San Alberto-Yacuiba (2002)

Erosión generada por la “Perforación Exploratorio Timpoy X-1” por Chaco S.A en el PN Aguaragüe

Marcha de pobladores de San Alberto del Gran Chaco por servidumbres y remediación de impactos de Petrobras (2005)

Negativa rotunda de la comunidad Tentayapi a entrada de Repsol-YPF en su TCO (2005,2010) Incendio mortal en el pozo Surubí de Repsol-YPF (2005)

Petrobras intenta realizar los proyectos “Sísmica 2D Río Hondo Sur y Sísmica 2D Río Hondo Norte” en el interior de la RB Pilón Lajas ( 2005).

Impunidad Petrolera en Bolivia

Que el gobierno boliviano siga apostando por el ingreso de más corporaciones petroleras en su territorio, facilita también que se agudice la sensación de impunidad reinante para estas compañías, que hasta el momento, han eludido con satisfacción cualquier intento de ser enjuiciadas. De hecho, las corporaciones transnacionales se han constituido en complejas instituciones ramificadas, que sobrepasan las fronteras favoreciendo una impunidad corporativa. Los presidentes y cuerpos directivos de las empresas, toman decisiones desde lejanos e impenetrables despachos. Cuando los accidentes ocurren, los afectados no tienen donde recurrir y mucho menos a quien denunciar. Tampoco tienen un estamento judicial con voluntad de molestar a los poderes económicos.

Algunos episodios de impunidad petrolera en Bolivia:

– 1998: La construcción del Gasoducto Bolivia-Brasil es militarizada para impedir huelga de trabajadores bolivianos que denunciaban trato discriminatorio. Desalojan la escuela y el hospital de Carmen Rivero Torres para albergar un millar de trabajadores. Varias menores de edad quedan embarazadas (Enron-Shell y Petrobras)

– Octubre 1999: Incendio del Pozo Madrejones arde durante 3 meses, desalojando poblaciones cercanas (Pluspetrol)

– Enero 2000: Derrame de 29.000 barriles de crudo en el río Desaguadero. 127 comunidades aymaras y 3 comunidades de Urus Muratos contaminadas (Enron-Shell) – 2002: En la construcción del Gasoducto a Cuiabá muere atropellado un joven de una comunidad Chiquitana por un auto de la empresa constructora. – Octubre 2003: La represión en la guerra del gas mata a 67 vecinos del Alto por evitar un contrato de exportación de gas del pozo Margarita ( Repsol-YPF, BG, Total). – Junio 2005: Incendio de una deflagración de gas del Pozo Surubí (Repsol YPF) quema mortalmente a una familia que pescaban en un humedal.

– 2005: Denuncias por trato de esclavos a familias que vigilan el Gasoducto Yacuiba Rio Grande (Repsol YPF y Petrobras).

Ninguna de estas causas han prosperado en la justicia, dando a entender que existen condiciones prácticas en Bolivia que garantizan la impunidad petrolera, porque “en el negocio del petróleo todo es efímero, hasta la identidad. Las empresas cambian sus nombres, venden sus acciones o se ocultan en una serie de acuerdos a fin de lograr condiciones de impunidad” (Maldonado y Almeida, 2006).

Posiciones contra el olvido

Las comunidades indígenas y campesinas que resisten a la nueva embestida petrolera en Bolivia, ejercen un papel determinante para recuperar la memoria social erosionada. Como ya vivió el país en 1995, los portavoces del poder – político o económico- intoxicarán al pueblo con ilusiones de progreso monetario y desarrollista. Justificarán el sacrificio de los bosques y las culturas por el interés público. Prometerán de nuevo un futuro en el país de las maravillas. Sin embargo, las comunidades locales ya han conocido el significado real de la apertura petrolera en sus territorios. Lecos, yurakarés, chimanes y moxeños se han pronunciado contra carreteras o concesiones petroleras, sean estatales o extranjeras. Posiciones como las de la comunidad Tentayapi, que obstaculiza con su rotunda y legítima negativa, las espectativas productivas del Bloque Caipipendi de Repsol-YPF, emergen como un antídoto al alzeheimer gubernamental. Ojalá la memoria se refresque antes de volver a tropezar.

BIBLIOGRAFIA Castro, Miguel, “Gas en territorio guaraní de Itika Guasú”, Las piezas del conflicto, Plural Editores, La Paz, 2005

Crespo, Miguel Ángel/ Guardia, Henri, Problemática Socioambiental del Gasoducto Bolivia-Brasil, Probioma y Olca, Santa Cruz, 2000

CEDIB. La gestión de los recursos naturales no renovables de Bolivia. Cochabamba : CEDIB. 2005. 101 p.

CEJIS. Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social. Hidrocarburos, Derechos Indígenas y Medio Ambiente. Santa Cruz : CEJIS. Septiembre 2004. 87 p.

Gavaldà, Marc, Las Manchas del Petróleo Boliviano, Fobomade-Olca, La Paz, 1999

Gavaldà, Marc, La Recolonización. Repsol en América Latina, invasión y resistencias, Icaria, Barcelona, 2003

Gavaldà, Marc, Viaje a Repsolandia, Tutuma Edicions, Barcelona, 2006

OICH-CEADES, Guía Metodológica para la Vigilancia Social de la Industria Extractiva en Territorios Indígenas: La experiencia del Pueblo Chiquitano en el Gasoducto Lateral Cuiabá”, Ceades y Oxfam GB, Santa Cruz, 2004

Transredes S.A., “Derrame OSSA-2 al Río Desaguadero” Transredes, Oruro, 2000 Montoya, Juan Carlos, Efectos ambientales y socioeconómicos por el derrame de petróleo en el Río Desaguadero, PIEB, La Paz, 2002