Londres, Lyon y Washington (PL).- El abogado del fundador del portal Wikileaks Mark Stephens denunció hoy la persecución a la que es sometido en Suecia su representado Julian Assange, autor de las recientes filtraciones de archivos militares y diplomáticos estadounidenses. La Interpol desde su sede central en Lyon dictó hoy una orden de captura de grado rojo contra Assange, mientras representantes de la ultraderecha norteamericana piden la muerte del creador de Wikileaks.

Wikileaks inició el domingo la publicación de 250 mil documentos diplomáticos secretos que ponen al descubierto la estrategia en política exterior del gobierno de Estados Unidos. Con anterioridad, también sacó a la luz los diarios de guerra en Afganistán y los videos acerca de los abusos cometidos por el ejército estadounidense en Iraq. Las más recientes revelaciones de WikiLeaks desencadenaron una verdadera tempestad diplomática.

La fiscalía de Suecia continúa imputando al australiano, la figura visible del sitio alternativo, delitos de violación y acoso sexual de dos mujeres, cargos que ha negado Assange en ocasiones anteriores. Su abogado, desde su oficina en Londres, afirmó que las autoridades suecas rechazan cualquier diálogo con su defendido, no obstante tramitan su arresto. En correo electrónico enviado a la Fiscalía sueca, Stephens subrayó que se trata de una persecución y no un proceso.

Por su parte, la Policía Internacional (Interpol) también emitió este miércoles desde su sede en Lyon (Francia) un pedido de detención contra el australiano de 39 años, cuyo paradero se desconoce. Según el abogado, Assange aún no ha recibido confirmación oficial de los cargos en su contra, lo cual, afirmó, constituye un requisito legal para el derecho europeo.

La Interpol desde su sede central dictó hoy una orden de captura de grado rojo contra Julian Assange. El cofundador de WikiLeaks tiene también “difusión roja” pública por parte de Suecia.

Wikileaks y su fundador figuran en el blanco de una tenaz persecución del Pentágono y de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que están detrás de una campaña de desprestigio para ilegalizar la página web, según el sitio digital independiente libreexpresión.org.

Por otra parte, representantes de la ultraderecha norteamericana piden la muerte del fundador del sitio digital Wikileaks por filtrar secretos de la diplomacia norteamericana. Thomas Flanagan, asesor del primer ministro canadiense, Stephen Harper, vertió su ira contra el australiano, al comentar ante las cámaras de la televisora CBC que vería bien el asesinato del fundador de la página web.

Creo que Obama debería usar un drone (avión no tripulado) o algo parecido, sugirió el asesor de origen estadounidense como mecanismo para desaparecer a Assange. Ante el reclamo del conductor por lo inusual del comentario, Flanagan señaló estar muy molesto con los fundadores de Wikileaks.

También el ex candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos Mike Huckabee pidió una condena a muerte para el australiano de 39 años. Huckabee, uno de los comentaristas más seguidos de la televisora Fox, explicó que por el daño causado a años de trabajo de la diplomacia estadounidense, y por poner en peligro vidas de muchos funcionarios, una pena menor a la capital sería demasiado ligera.

Para el ex gobernador de Arkansas, el fundador de Wikileaks tiene las manos manchadas de sangre, pese a que no se conoce de ninguna muerte relacionada con el caso. También el presentador de la Fox William O´Reilly abogó de manera directa por la ejecución de los miembros de Wikileaks.

Por su parte, Sarah Palin, ex gobernadora de Alaska y ex compañera de fórmula de John McCain en las pasadas elecciones presidenciales estadounidenses, comparó a Assange con un líder de Al Qaeda. ¿Por qué no se le persigue con la misma urgencia con que perseguimos a Al Qaeda y a los líderes talibanes?, se preguntó Palin, actualmente una de la figuras más prominentes dentro del movimiento conservador Tea Party.

El defensor de Assange subrayó que investiga si existe algún nexo entre la postura de la justicia sueca y la amenaza estadounidense de juzgar a los responsables de las revelaciones.

Aunque los países concernidos parecieron cerrar filas y calificaron a WikiLeaks de “libelo que pone en peligro la vida de muchas personas”, importantes diarios de diversas naciones siguieron publicando el contenido de las notas. En el caso de Francia, la más reciente revelación señala que un año antes de ser elegido presidente, Nicolás Sarkozy prometió a diplomáticos norteamericanos enviar tropas a Iraq para terminar de resolver el conflicto en ese país árabe. De esa manera se distanciaba por completo de la postura de su antecesor, Jacques Chirac, quien se negó de forma rotunda a sumar a Francia en la invasión a Iraq.

Por otro lado, el Congreso estadounidense tiene en agenda una ley que permitiría a funcionarios gubernamentales denunciar actos de corrupción, despilfarro y mala gestión sin necesidad de hacerlo de dominio público, indica hoy el diario USA Today.

La iniciativa busca establecer una vía de canalizar las insatisfacciones e incomodidades de los empleados públicos sin que tengan que recurrir a medios de prensa y filtrar informaciones sensibles para llamar la atención sobre el problema.

Según el rotativo, el Senado debe aprobar la normativa esta semana y pasarla rapidamente a la Cámara de Representantes, donde tampoco encontrará mucha resistencia. Además, el presidente Barack Obama tiene previsto firmar la normativa para evitar nuevos escándalos como el generado por la página electrónica Wikileaks con la publicación de 250 mil documentos del departamento de Estado.

Hasta que esta ley sea aprobada, Wikileaks seguirá siendo la opción más segura para quienes deseen denunciar una anomalía sin convertirlo en un suicidio profesional, señaló el director del Proyecto de Responsabilidad Gubernamental, Tom Devine.

De acuerdo con Devine, en las actuales circunstancias, muchos empleados públicos se arriesgan a perder sus puestos por revelar malas conductas de sus jefes y, por eso, recurren a mecanismos extremos.

La nueva normativa también prevé el establecimiento de una comisión para revisar los casos en que trabajadores sientan que fueron afectados por tener una actitud crítica ante lo mal hecho por sus jefes.