Millones de pobladores indígenas en todo el mundo han sido expulsados de sus tierras para darle espacio a las grandes compañías petroleras, metalúrgicas, madereras, y farmacéuticas. Pero son pocos los observadores del proceso que se dan cuenta que eso también ha ocurrido por una causa aparentemente más noble que la explotación del petróleo, el cobre, los medicamentos o la madera: la conservación del suelo. Este conflicto entre las comunidades indígenas y ONGs conservacionistas se está haciendo cada vez más amargo, aunque hay algunas señales prometedoras en el horizonte.

En la actualidad, la lista de empresas responsables por la destrucción de culturas, presentada por los líderes indígenas en casi todos los continentes, no incluye solamente a Shell, Texaco, Freeport y Bechtel sino también a grupos “benefactores” como Conservation International (CI), The Nature Conservancy (TNC), Worldwide Fund for Nature (WWF), y Wildlife Conservation Society (WCS). Incluso una organización respetada y generalmente más sensible como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) podría aparecer en la lista.

A comienzos de 2004, se convocó por noveno año consecutivo una reunión de las Naciones Unidas para exigir la aprobación de una resolución que proteja los derechos humanos y territoriales de los pueblos indígenas. El Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas dice, en una parte, “Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento expresado libremente y con pleno conocimiento de los pueblos indígenas interesados y previo acuerdo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, con la posibilidad de regreso”.

Durante la reunión, una de las delegadas indígenas se puso de pie y dijo que si bien las industrias extractoras seguían representando una amenaza al bienestar e integridad cultural de su pueblo, ya no eran el principal antagonista. Su nuevo y principal enemigo, dijo, es “la conservación”. Aunque probablemente falso, fue un comentario retórico hiriente que conmovió a la comunidad internacional conservacionista, al igual que la avalancha de estudios y artículos críticos que le siguió, donde se la llama al orden por su maltrato de los pueblos indígenas.

Luego, seis meses más tarde, durante el III Congreso de la UICN en Bangkok, Tailandia, el jefe Masai Martin Saning‘o se puso de pie frente a un grupo de dedicados conservacionistas y declaró “somos enemigos de la conservación”. Los Masai no siempre se sintieron así, explicó. De hecho, “nosotros éramos los conservacionistas originales”, señaló. El salón se quedó en silencio mientras Saning‘o explicaba que “no queremos ser como ustedes. Queremos que ustedes sean como nosotros. Estamos aquí para cambiar su idea de la conservación. Ustedes no pueden lograrlo sin nosotros”.

La respuesta de los grandes grupos conservacionistas, lamentablemente, ha sido negar que son parte del problema, y a la vez generar sofisticados mensajes de relaciones públicas sobre sus muchas reformas, sin siquiera pedir disculpas. Esta estrategia de reparación de imagen está dirigida principalmente a las preciadas fuentes de financiación, que ya no son individuos y fundaciones de familias sino grandes fundaciones, el Banco Mundial, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés), gobiernos extranjeros, USAID, y, más recientemente, empresas transnacionales.

Con ese tipo de respaldo financiero y político, los grandes grupos conservacionistas emprendieron una ambiciosa iniciativa mundial para incrementar la cantidad de Áreas Protegidas (AP). En 1962, había unas 1,000 áreas protegidas oficialmente en todo el mundo. Hoy existen por lo menos 108,000 áreas de este tipo. La superficie de suelos protegidos se ha duplicado desde 1990, cuando la Comisión Mundial de Parques se fijó la meta de proteger el 10 por ciento de la superficie del planeta. Esa meta ha sido superada, ya que el 12 por ciento de toda la tierra, con un área total de 18.8 millones de kilómetros cuadrados (11.75 millones de millas cuadradas), está actualmente bajo la protección de la conservación. Esa área es mayor que toda la superficie de tierra del África e igual a la mitad de tierra dedicada al cultivo en el planeta.

A primera vista, este nivel de conservación del suelo parece, sin lugar a dudas, bueno. Pero el panorama se vuelve borroso cuando consideramos los impactos sobre los pueblos indígenas que han vivido en esas tierras durante milenios. En África, por ejemplo, durante la década de 1990, Chad incrementó su área protegida del 1 al 9.1 por ciento de su territorio nacional. Toda esa superficie estaba habitada por lo que hoy son unos 600,000 “refugiados del conservacionismo”. Ningún país que yo conozca, además de Chad y la India (con 1.6 millones de estos refugiados) está siquiera contándolos; los cálculos a nivel mundial van desde cinco millones a decenas de millones.

Los refugiados del conservacionismo existen en todos los continentes menos en la Antártida, y según la mayoría de las opiniones, viven en circunstancias mucho peores que las anteriores, expulsados de las tierras en las que habían prosperado, a menudo durante miles de años, en condiciones que incluso quienes los desalojaron reconocen que eran ecológicamente sustentables.

Aunque hay que distinguirlos de los “refugiados ecológicos”—las personas forzadas a abandonar sus una vez fértiles asentamientos debido al calor insoportable, la sequía, la erosión, las inundaciones, las enfermedades, u otras consecuencias del caos climático—los refugiados del conservacionismo son desalojados de sus tierras contra su voluntad, mediante el uso de la fuerza o pacíficamente mediante el uso de métodos menos coercitivos.

Han llegado a definir los métodos más benignos “desalojo gentil”. Y muy a menudo su reasentamiento ocurre por orden o con la aprobación de una gran organización internacional no gubernamental (o BINGO, por sus siglas en inglés) cuya misión oficial incluye la palabra “conservación”.

La razón de ser de estos “desplazamientos internos”, como se llama oficialmente a estos desalojos, generalmente incluye la percepción de una amenaza a la diversidad biológica de un área geográfica importante, designada en varias ocasiones por una o más BINGO como una “zona ecológica sensible”, una “eco-región”, un “ecosistema vulnerable”, un “corredor biológico”, o un “paisaje viviente”. Los grandes parques y reservas que generalmente son creados por el gobierno del país anfitrión, a menudo involucran un canje de deuda por naturaleza, o un incentivo financiero similar, combinado con una propuesta de la organización que perdona la deuda para hacerse cargo del manejo o de pagar el manejo del parque o reserva y fijar las reglas del uso y habitación humanos.

En países donde estos desalojos de áreas protegidas son ilegales o por cualquier otro motivo difícil, el proceso se disfraza con términos como “reasentamiento voluntario”, “eco-gestión”, o “Proyecto Integrado de Conservación y Desarrollo” (PICD) diseñado y manejado por quien ejecuta el desalojo.

Se ofrecen incentivos a los refugiados, entre los que se incluyen promesas de indemnización que con demasiada frecuencia no se cumplen. En algunos casos se imponen restricciones incompatibles con los estilos de vida de los pobladores a quienes se les permite permanecer dentro del área protegida o en sus límites. Y en muchos casos, las comunidades quedan en el limbo durante muchos años, bajo amenazas de expulsión a discreción de las autoridades locales.

De las masacres al desalojo

La práctica de desalojar a la población de las áreas protegidas y los parques nacionales comenzó en Estados Unidos en 1864, con la expulsión militar de los indios Miwok de los territorios donde habían vivido durante cuatro mil años en el valle Yosemite. El valle y sus comunidades Miwok habían sido “descubiertos” por colonos blancos durante la fiebre del oro de California. Las expulsiones de otros pueblos continúan hasta el día de hoy, si bien bajo circunstancias menos violentas que las atroces masacres de los Miwok. Un incidente más reciente es la expulsión inminente de algunas tribus indígenas de la región de los Montes Azules de Chiapas en México, una acción que comenzó a mediados de los años setenta y que sería muy fácil que todavía pudiera terminar en una guerra civil.

Conservation Internacional (CI), una organización fundada en 1987, está profundamente involucrada en esa controversia, y no precisamente del lado de las tribus. CI es actualmente la más grande y más odiada de todas las BINGO, tanto por su profunda arrogancia institucional como por diferentes incidentes particulares.

La ciencia apócrifa dice que el término “refugiado del conservacionismo” fue pronunciado por primera vez por un funcionario de CI que, cuando se dio cuenta de la enormidad del problema social que las políticas de su organización estaban creando, acuñó el término. El término refugiado es técnicamente inadecuado, ya que muchas comunidades indígenas nunca han establecido límites legales reconocidos por los poderes coloniales. Ahora, sin embargo, muchos indígenas están demarcando los territorios donde han vivido durante milenios. Esto ayudará a proteger sus tierras y, en el caso de que se produzca el desalojo, les permitirá reclamar el reconocimiento de su condición de refugiados según el derecho internacional.

Para ser justos, CI no es la única BINGO que ha aprobado el desalojo de pueblos indígenas de los bosques y sabanas. The Nature Conservancy, Worldwide Fund for Nature, Wildlife Conservation Society, y la IUCN que tiene su sede en Suiza, todas ellas, han promovido activamente la creación de nuevas áreas protegidas y subsecuentemente han ignorado los derechos a la tierra de los pobladores humanos de esas áreas.

Y sin embargo, desde entonces estas cinco BINGO han emitido fuertes declaraciones a favor de los pueblos indígenas y sus derechos territoriales. Y algunas, más notablemente las oficinas de WWF en Suiza, Reino Unido y Canadá, han empezado a trabajar estrechamente con las comunidades indígenas, a menudo en sociedad con agencias de asistencia como CARE.

Mientras los pueblos indígenas esperan por los cambios prometidos en esas nuevas declaraciones, la comunidad internacional de derechos humanos y la conservacionista siguen seriamente enfrentadas sobre el asunto, cada lado culpando al otro por las crisis que perciben. Los biólogos de conservación, muchos de los cuales todavía creen que los seres humanos y la biodiversidad son por naturaleza incompatibles, sostienen que el permitir que las poblaciones se reproduzcan, cacen y recolecten en áreas protegidas, los convierte en agentes de destrucción de la tierra virgen y la diversidad biológica.

Por otro lado, los grupos de defensa de los derechos humanos como Cultural Survival, First Peoples Worldwide, Earthrights International, Survival International, y el Forest Peoples Program acusan a las BINGO de destruir las culturas indígenas, cuya diversidad argumentan es esencial para la preservación de la diversidad biológica. El papel destructivo de la tala industrial de “desarrollo”, la minería, la agricultura comercial, la bioprospección, y el turismo comercial parece casi ausente en ese debate.

“Soluciones” de mercado

La propaganda que se le ha dado a las “soluciones” a esta infeliz disputa ha sido imparable y engañosa. Las BINGO presentan los planes de co-gestión, el ecoturismo, la bioprospección, y las asociaciones con la industria—que involucran actividades como la cosecha de nueces para los helados Ben and Jerry’s o aceites vegetales para The Body Shop—como la mejor manera de proteger el suelo y la comunidad con un sólo programa. Los sitios web y los informes anuales de las BINGO presentan bellísimas fotografías de pueblos nativos con vestimentas tradicionales cosechando plantas medicinales. Pero es muy difícil hallar nombres o rostros de indígenas entre las fotos de los directores de las BINGO, que se están volviendo cada vez más corporativos en los últimos años.

Estas soluciones “de mercado”, que pueden haber sido implementadas con las mejores intenciones sociales y conservacionistas, comparten un lamentable resultado, indescifrable detrás de la cortina de humo de la lustrosa propaganda. En casi todos los casos, los pueblos indígenas son desplazados a lo más bajo de la economía monetaria, donde casi siempre se les suele contratar como aprendices de guardabosques (nunca supervisores), porteros, camareros, cosechadores, y, si se las arreglan para aprender una lengua europea, como guías ecoturísticos. Bajo este modelo, la conservación se convierte en desarrollo, y las comunidades nativas son asimiladas por las culturas nacionales.

La asimilación implica invariablemente asumir un lugar permanente en la sociedad debajo del último escalón, en la medida en que comunidades enteras de pueblos indígenas pasan de ser independientes y autosustentables a ser profundamente dependientes y pobres. Los pueblos y personas que gradualmente se vuelven dependientes de los mercados comerciales, los contratistas empleadores y los gobiernos que operan bajo el rubro mal definido como “desarrollo” son luego presas fáciles de cualquier colonizador, en particular cuando está promocionando algo aparentemente muy bueno y valioso como la conservación.

Los observadores que han seguido de cerca los procesos en las zonas evacuadas en casi todos los continentes, han notado otras consecuencias lamentables. Los desalojados, privados de sus derechos de usufructo, son empujados a acciones desesperadas de supervivencia, calificadas como “criminales” por los conservacionistas. Acostumbrados a cazar sus presas con armas tradicionales para el uso de su propia comunidad, los nativos expulsados a menudo compran rifles y empiezan a cazar mayor cantidad de animales para vender en el creciente mercado mundial de “carne de animales silvestres”, que está en demanda en los menús de los elegantes restaurantes de toda Europa.

Los pigmeos Batwa de Uganda entran a veces a hurtadillas en el bosque Mgahinga, del que fueron expulsados en 1991, para recoger plantas medicinales y leña arriesgándose a ser baleados a primera vista por los guardias pagados de las tribus vecinas. Y grupos mucho menos deseables—colonizadores, hacheros renegados, cazadores de animales exóticos, agricultores de cultivos comerciales de tala y quema, y rancheros ganaderos—se están mudando a estas zonas sin vigilancia en todo el mundo, que a falta de sus custodios tradicionales han caído rápidamente en el caos y la decadencia. En dichas zonas la biodiversidad disminuye casi a cero ya que las especies o se van o perecen.

Los conservacionistas internacionales emiten entonces comunicados de prensa lamentando la extinción y culpando a los mismos cazadores ilegales y ladrones de madera creados por sus propias políticas y acciones. A decir verdad, todo parece indicar que es justamente la presencia indígena la que ofrece la mejor protección que las áreas protegidas puedan recibir. Ésta es una lección que las BINGO han tardado en aprender o aceptar.

Los pueblos indígenas en todo el mundo empezaron a protestar contra la “conservación excluyente”, y la consecuente destitución económica y de otros tipos a fines de la década de 1980. En 1991, millones de ciudadanos nativos ecuatorianos, que fueron expulsados de sus territorios de origen por su propio gobierno actuando en nombre de intereses extranjeros, salieron a las calles y paralizaron el país durante días. Uno a uno, los gobiernos de los países andinos y de la amazonía se fueron dando cuenta que sus poblaciones indígenas estaban dispuestas a rebelarse contra el conservacionismo internacional, como parte de su resistencia a la incursión extranjera. El conservacionismo se había convertido en una nueva forma de colonialismo. Tenían razón.

En la política nacional todos esos países —Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Surinam, y las Guyanas— los enojados indígenas se transformaron en una fuerza a tener en cuenta. Los pueblos indígenas y sus organizaciones comenzaron a llamar al orden a las BINGO. Pero los líderes del conservacionismo internacional continuaron negando la realidad, incapaces todavía de reconocer su papel en la generación de la pobreza y nuevos elementos criminales.

¿Señales positivas entre las BINGO?

La creación y defensa de la “conservación fortificada” fue inspiración de muchos de los antepasados del ambientalismo estadounidense, más notablemente, de John Muir, quién usualmente asociaba a los indios con la “suciedad” y la “depravación”, y Samuel Bowles, que promovía el desalojo de los pueblos indígenas de las zona con bellos paisajes.

Así que no debería sorprender a nadie encontrar rastros de esa filosofía todavía hoy en algunos grupos conservacionistas estadounidenses. Dicho esto, la situación podría estar cambiando, al menos en los campos en Sudamérica.

En septiembre y octubre de 2004, realicé extensas investigaciones de campo sobre el tema y encontré que los personales de CI, TNC, WCS y WWF están sumamente conscientes de que el espíritu de conservación excluyente sobrevive en las oficinas centrales de sus propias organizaciones, a la par de un sutil pero muy real prejuicio contra la sabiduría indígena “no científica”.

Luis Suárez, el reciente nuevo director de Conservation International en Ecuador, admitió que su organización había cometido errores graves contra las organizaciones indígenas en los cuatro años anteriores, no sólo en Ecuador sino también en Perú, y que en ese mismo momento CI estaba haciéndose de serios enemigos en Guyana, donde ha mostrado una gran falta de respeto hacia dos tribus que viven en un área que quieren convertir en parque nacional. El cuestionamiento público de las políticas y prácticas de CI que hizo Suárez fue lo que le consiguió su trabajo.

Erick Meneses, director del muy polémico proyecto de Vilcambamba de CI en el vecino Perú, también admitió que su organización había sido insensible a los problemas planteados por dos tribus de la zona y que se había asociado demasiado al Proyecto de Gas de Camisea, que está perforando pozos y construyendo gasoductos en toda la cordillera de Vilcambamba.

Los grandes grupos internacionales conservacionistas todavía se inclinan a pensar y actuar mundialmente, valorando los macroecosistemas por sobre los ecosistemas regionales. Al hacerlo, se han enfocado en los sistemas de manejo mundial, en lugar de enfocarse en los sistemas locales, dejando a los pueblos indígenas virtualmente impotentes, y disminuyendo la posibilidad de que su conocimiento y su ética ambiental se valoren debidamente.

Dan Campbell, director en Belice de The Nature Conservancy, confiesa: “Tenemos una organización que a veces intenta emplear modelos que no encajan con las culturas de las naciones donde trabajamos”. Y Joy Grant de la misma oficina declaró, después de un prolongado desacuerdo con los pueblos indígenas de Belice, que “la gente es la clave ahora de todo lo que hacemos”.

Éstas son señales alentadoras, aunque todavía esporádicas, de que los conservacionistas más cercanos a la tierra están empezando a comprender las consecuencias sociales de la conservación fortificada. Están intentando pasar su mensaje a los cartógrafos satelitales y a los legisladores en Washington que designan áreas protegidas colocando alfileres en mapas infrarrojos de zonas que desde el espacio se ven como territorios desocupados.

Grady Harper, un brillante cartógrafo satelital que trabaja en Venezuela para CI, cuando le pregunté por Guyana me contestó, “No tengo idea de lo que está ocurriendo en el terreno”. Si las observaciones y las opiniones de los investigadores de campo fuesen tomadas en cuenta en las oficinas centrales de CI, TNC y otras BINGO, esta historia podría tomar un curso más alentador.

Ya hay modelos positivos de trabajo de conservación socialmente sensible en todos los continentes, en particular en Australia, Bolivia, Nepal y Canadá, donde los conservacionistas internacionales han trabajado en conjunto con las comunidades indígenas y han encontrado maneras creativas de proteger el hábitat de la vida silvestre, mantener la biodiversidad, y permitir que los seres humanos prosperen en comunidades tradicionales.

Incluso en Brasil, donde fueron exterminadas muchas tribus durante el siglo pasado, existen ahora parques solamente para indígenas y reservas extractivas que al parecer están operando en forma sustentable, con el reconocimiento oficial de los límites territorriales indígenas. Sin embargo, en la mayoría de esos casos han sido los indígenas los que iniciaron la creación del área protegida (que es más probable que se denomine “área de conservación comunitaria”).

La comunidad indígena por sí misma traza entonces un mapa de los límites del área a ser protegida, fija sus propias reglas y restricciones operativas, y encuentra capital de financiamiento independiente (no de conservación) para pagar por el manejo de la reserva.

Una vez que se establece el área protegida, y se aseguran los derechos territoriales, la comunidad indígena invita a CI o a WWF a que envíen a sus ecólogos y biólogos de vida silvestre para compartir la tarea de proteger la biodiversidad, combinando la metodología científica occidental con los conocimientos ecológicos tradicionales antiguos.

Hay incluso señales de que los conservacionistas occidentales están empezando a darse cuenta que la mayoría de las áreas que han tratado de proteger eran ricas en biodiversidad precisamente porque los pueblos que vivían allí comprendían la diversidad biológica profundamente, y practicaban la sustentabilidad con la misma coherencia y claridad que cualquier biólogo experto en conservación.

Los conservacionistas también han aprendido de la experiencia amarga que los parques nacionales y las áreas protegidas rodeadas de gente enojada y hambrienta están condenados al fracaso. Como observara Cristina Eghenter de WWF luego de trabajar con las comunidades que rodeaban el Parque Nacional Kayan Mentarang en Borneo, “Resulta cada vez más evidente que los objetivos de la conservación muy difícilmente se puedan obtener o mantener a partir de políticas que generan impactos negativos en los pueblos indígenas.”

Pero es probable que no debamos depositar demasiada esperanza en su epifanía, ni en unos pocos modelos exitosos. A contracorriente de estos pequeños triunfos está la lujuria desenfrenada por energía, maderas duras, medicinas y metales estratégicos, que amenaza tanto los objetivos de la conservación como los de la supervivencia cultural. Y, al menos por el momento, las organizaciones internacionales conservacionistas, particularmente Conservation International, siguen trabajando muy cómodamente en asociación con algunas de las empresas más ambiciosas en materia de prospección mundial de recursos naturales.

Por supuesto que si CI y otras BINGO se divorciaran de esas compañías perderían millones de dólares en ingresos, y el acceso al poder sin el cual creen sinceramente que no podrían ser eficaces.

* Universidad de Berkeley, California. Del libro Guerra de Paradigmas: Resistencia de los Pueblos Indígenas a la Globalización Económica; fuente: http://opsur.org.ar/