En la primera década del Siglo XXI, la existencia de Bolivia estuvo amenazada no sólo por sucesivas conmociones políticas, como la fuga, en el 2003, del presidente plutócrata, Gonzalo Sánchez de Lozada, quien amasó su fortuna a costa del Estado, sino, principalmente, por el enfrentamiento entre la separatista Nación Camba y el pluri nacionalismo étnico.

El 22-06-04, (Presidencia de Carlos Mesa), el Prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, quien ya se hacía llamar gobernador, dijo: “Ha llegado la hora de gobernarnos a nosotros mismos, de elegir de manera directa y democrática a nuestras autoridades departamentales, de administrar nuestros recursos económicos y de manejar los recursos naturales. Determinaremos el porvenir de nuestros recursos y de la tierra. Los fallos de la Corte del distrito serán inapelables”.

El 15-XII-06 (Presidencia de Evo Morales), sus palabras fueron respaldadas con el denominado “cabildo del millón”, por el número de persona que concurrió al acto. Dirigentes cívicos de Beni, Pando, Tarija y, en menor medida de Cochabamba y Chuquisaca, hicieron suyos similares planteamientos. Con ese aval, la “Nación Camba” denunció ante la ONU que el oriente boliviano sufría de colonialismo interno, en tanto sus líderes solicitaban que su región sea declarada “protectorado” de potencias europeas. Comenzaba a borrarse la línea que separa al separatismo de legítimas demandas autonómicas.

En el referéndum revocatorio del 10-08-08, el Presidente obtuvo el 67.4 % de apoyo, con el que el proyecto separatista comenzó a derrumbarse. Una marcha campesina sobre Santa Cruz y la muerte, por disparos de la policía, del terrorista húngaro-boliviano, Eduardo Rouzsa Flores, reclutado por la Nación Camba, demostró el error de no tomar en cuenta que en los últimos 60 años, la población de Santa Cruz había crecido de 40.000 a un millón 600 mil habitantes, gracias, en gran medida, a los migrantes andinos. La torpe designación de Philipp Golberg (figura clave en la fractura de Yugoslavia) como embajador de EEUU, el sólido respaldo de las FFAA y el apoyo de UNASUR a Evo sellaron la suerte de la oligarquía oriental.

Otro drama se vivió con la aprobación de la Constitución Política de Oruro, en octubre de 2008, con el reconocimiento de 36 naciones indígenas, libre determinación, propiedad exclusiva de recursos no renovables, veto sobre los renovables, uso obligatorio de idiomas nativos, autonomías departamentales, municipales, regionales e indígenas del mismo nivel y justicias comunitarias. No obstante, su mayor impulsor, el sacerdote Xavier Albó, no está contento. El quería 41 naciones. El epistemólogo y ex viceministro de planificación estratégica, Raúl Prada, planteaba el retorno al Tawantinsuyo, y el Canciller David Choquehuanca sostenía que las hormigas valen más que los seres humanos.

Pese a lo anterior, el programa industrialista del MAS para las elecciones del 2009, redujo casi a papel mojado la Constitución de Oruro. Ahora el país se debate entre aciertos del régimen, como la producción estatal de carbonato de litio, defensa de fronteras, impulso al puerto peruano de Ilo cedido a Bolivia por 99 años, además de ambiciosos proyectos mineros.

Entre los errores cabe citar la debacle de YPFB, con la pérdida de autosuficiencia energética y la importación de gasolina, diesel y GLP, la sumisión a la geopolítica de Brasil, el silencio de la demanda marítima en foros internacionales, el saqueo y destrucción de acuíferos en la mina potosina de San Cristóbal, el incremento del narcotráfico y la incapacidad de usar internamente por lo menos el 50 % de los manantiales del Silala, cuya totalidad beneficia a Chile gratuitamente desde hace 106 años. En el nuevo decenio del Siglo XXI, Bolivia debería fortalecer su raíz indo mestiza y viabilizar su in constituido Estado nacional, tarea pendiente desde su fundación, en 1825.