Dirigentes sociales vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS) tomaron por la fuerza dos sindicatos en menos de 15 días. El 26 de octubre, ocuparon las oficinas de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve), destituyeron a la dirigente elegida democráticamente en un Congreso y la reemplazaron por un líder pro oficialista. El 9 de noviembre, ocuparon la COD de Santa Cruz y posesionaron a un nuevo secretario ejecutivo allegado al MAS. Dirigentes de la COB y de la Confederación de Maestros afines al gobierno de Evo Morales quieren procesar a dos sindicalistas rebeldes de filiación trotskista.

En un Congreso celebrado en junio de este año, más de dos mil representantes vecinales de todos los distritos de la ciudad de El Alto eligieron a Fany Nina como secretaria ejecutiva de la Fejuve, contra la voluntad de militantes del MAS que intentaron por todos los medios conformar una directiva afín al gobierno.

Los acólitos del MAS dijeron que Nina no “aguantaría” en el cargo, decenas de funcionarios de las subalcaldías de la urbe complotaron contra ella y finalmente la derrocaron. El pecado de Nina fue asumir una posición crítica frente al gobierno del Presidente Evo Morales.

Cuando Nina presentó en Palacio de Gobierno el pliego de peticiones de la Fejuve (una planta petroquímica, la doble vía a Viacha, la terminal bimodal, el Palacio Consistorial y el Coliseo Cerrado, entre otras demandas), Morales le respondió que el Estado no tenía recursos para cumplir las demandas alteñas, y acto seguido la dirigente fue expulsada del Palacio.

“Por mi condición de mujer, al día siguiente (de su elección) ya había amenazas de que me iban a sacar en tres meses. Siempre me lo dijeron y ahora se cumplen los tres meses”, declaró Nina el 26 de octubre, luego de que el vicepresidente de la Fejuve Claudio Luna irrumpió en las oficinas del ente sindical acompañado de varios militantes masistas.

Luna cambio las chapas de las puertas y tomó posesión de la secretaría ejecutiva, en franca violación de los estatutos de la Federación alteña que señalan claramente que un dirigente elegido en Congreso sólo puede ser suspendido por otro Congreso. Ahora el grupo minoritario de vecinos gobiernistas intenta procesar a Nina en el Tribunal de Ética, acusándola de presentar al gobierno un pliego sin consultar a la directiva de la Fejuve.

Los golpistas no presentaron ninguna prueba de sus acusaciones al Tribunal de Honor y se constató que el pliego presentado por Nina sí fue firmado por todos los integrantes del comité ejecutivo.

El 29 de octubre Nina quiso retomar su oficina, pero se lo impidieron efectivos policiales que custodiaban la entidad. Mientras tanto, el ministro de Obras Públicas Walter Delgadillo se reunía con Luna, legitimando el “golpe” sindical.

“Hoy día está viniendo del gobierno central el atropello a esta gloriosa institución, vanguardia de lucha nacional e internacional que expulsó a Sánchez de Lozada”, lamentó la ex delegada del Congreso de la Fejuve Lidia Mamani. “Nosotros en 2003 hemos dejado la Fejuve como un instrumento de liberación de nuestro pueblo, pero hoy se convierte simplemente en un instrumento de cuoteo político”, repudió el ex dirigente vecinal Julio Quelali.

Más que una simple pugna por cuotas de poder, el golpe en la Fejuve da inicio a una nueva ofensiva antisindical del gobierno que quiere reglamentar el derecho a la protesta social, lo mismo que interon hacer las administraciones de neoliberales de Hugo Banzer y Gonzalo Sánchez de Lozada. No es nuestra intención normar las movilizaciones, pero “está bien que en la sociedad se dé un debate en torno a ese tema”, confesó el propio Vicepresidente Álvaro García Linera.

Dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) amenazaron con sancionar a los trotkystas del magisterio urbano de La Paz José Luis Álvarez y Vilma Plata en el ampliado nacional del 11 y 12 de noviembre en Cochabamba, por el solo hecho de exigir cuentas a los “vendidos” que negocian a espaldas de las bases una ley de pensiones antiobrera y pro patronal.

“Desde hace mucho tiempo José Luis Álvarez y Vilma Plata trabajan por intereses particulares desprestigiando a su confederación y a la COB, no sólo con la Ley de Pensiones, sino también con otras leyes sociales, demostrando total indisciplina sindical”, acusó el dirigente cobista Ramiro Leaño. El ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) Jorge Valdivieso, aliado político del gobierno, recomienda procesar a los trotskystas en el Tribunal de Honor.

La penalización de la protesta social y el recrudecimiento de la represión antisindical quedaron al descubierto cuando el oficialismo dio su segundo golpe, dos semanas después de la toma de la Fejuve de El Alto.

Este martes, un grupo de fabriles y trabajadores de YPFB tomaron las instalaciones de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, destituyeron al dirigente Edwin Fernández supuestamente por no contar con una resolución ministerial que avale su gestión, y posesionaron en su lugar al líder fabril Mario Vidal.

El Comité Cívico pro Santa Cruz denunció que militantes del MAS tomaron ilegal y arbitrariamente la COD e instó a las autoridades políticas, sociales e institucionales del departamento a “asumir la defensa de las instituciones cruceñas”.